Motivación de las decisiones judiciales. La obligación de responder alegaciones esenciales.

Corte Suprema de Justicia de la República 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente

SENTENCIA
CASACIÓN N° 29403-2019
DEL SANTA

SUMILLA: La afectación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales se materializa cuando las instancias de mérito no se pronuncian sobre todas las alegaciones expuestas por los sujetos procesales y, particularmente, cuando los sentidos asumidos en sus pronunciamientos no se encuentran respaldados en material probatorio suficiente e idóneo, originando una motivación incongruente y la falta de observancia al Principio de Tutela Jurisdiccional Efectiva, que, entre otros derechos, comprende aquél por el que los justiciables reciban del órgano judicial la respuesta adecuada, suficiente y objetiva a sus planteamientos, originando lo contrario la nulidad de las sentencias de mérito, al amparo de lo previsto en el artículo 171°del Código Procesal Civil.

Lima, trece de octubre de dos mil veinte.-

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.

VISTA; la causa número veintinueve mil cuatrocientos tres guion dos mil diecinueve Del Santa, en audiencia pública a través de la plataforma virtual Google Hangouts Meet llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos Pariona Pastrana-Pesidente, Toledo Toribio, Yaya Zumaeta, Bustamante Zegarra y Linares San Román, y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

1. Objeto del recurso de casación

En el presente proceso sobre nulidad de acto jurídico y otros, la demandante Corporación Servimar Sociedad Anónima Cerrada, con fecha quince de julio de dos mil diecinueve, ha interpuesto el recurso de casación obrante de fojas cuatrocientos noventa y tres a quinientos doce del cuaderno de excepciones, contra el auto de vista contenido en la resolución número veintiuno de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, corriente de fojas cuatrocientos setenta y dos a cuatrocientos setenta y siete del mismo cuaderno, que confirmó el auto apelado de primera instancia expedido por el Tercer Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa mediante resolución número nueve de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, obrante de fojas trescientos setenta y cuatro a trescientos setenta y ocho de los mismos autos, que declaró fundada la excepción de cosa juzgada propuesta por la demandada Tecnológica Alimentos Sociedad Anónima y, en consecuencia, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso.

2. Causal por la que se ha declarado procedente el recurso de casación

Mediante auto calificatorio de fecha cinco de mayo de dos mil veinte, corriente de fojas ciento setenta y uno a ciento setenta y cinco del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, se declaró PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la demandante Corporación Servimar Sociedad Anónima Cerrada, por la causal de infracción normativa del inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, del artículo 12° de l Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 50° inciso 6 y 122° inciso 3 del Código Procesal Civil. Se expone que el auto impugnado transgrede el derecho a la debida motivación por ser aparente o inexistente, pues la Sala de mérito de forma errada y fuera de contexto ha llegado a la conclusión que la recurrente es parte del proceso sobre declaración judicial de nulidad de compra venta y otros, tramitado en el expediente N° 32559-2007-0-1801-JR- CI-03, seguido en el Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde según la recurrida la empresa fue incorporada como tercera, situación que niega, pues es ajena a dicha relación procesal. Afirma también que tomó conocimiento de ese proceso en la etapa de ejecución de sentencia y cuando se ordenó el desalojo del inmueble materia del presente proceso, ante lo cual formuló oposición, la misma que rechazada. Agrega que de la información extraída del sistema integrado de consulta de expedientes, se prueba que no es parte del proceso y que sin existir medio probatorio alguno la Sala Superior llegó a la conclusión que Corporación Servimar Sociedad Anónima Cerrada es parte del proceso, pese a que la parte que propuso la excepción no ha presentado ningún medio probatorio que acredite que haya sido admitida al proceso como tercera legitimada. Además, sostiene que los demandados no han cumplido con presentar las copias certificadas pertinentes respecto del otro proceso, por lo que la recurrida ha sido resuelto con orfandad de pruebas, siendo que la conclusión arribada por la instancia de mérito no tiene fundamentación o motivación suficiente.

3. Asunto jurídico en debate

En el caso particular, la cuestión jurídica en discusión consiste en verificar, por un lado, si el auto de vista que se impugna ha respetado o no los cánones mínimos de motivación, de congruencia procesal y de valoración de la prueba que, como derechos implícitos del derecho continente del debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, deben observarse en todo proceso judicial; y, de otro lado, si en virtud de la decisión de las instancias judiciales, que han convergido en estimar la excepción de cosa juzgada propuesta, se ha producido la afectación a la tutela jurisdiccional efectiva que tiene toda persona para el ejercicio de sus derechos o intereses.

II. CONSIDERANDO:

Referencias principales del proceso judicial

PRIMERO.- Antes de la absolución de la denuncia planteada y para contextualizar el caso particular, es pertinente iniciar el examen que corresponde a este Supremo Tribunal con el sumario recuento de las principales actuaciones vinculadas con el desarrollo de la presente causa judicial. Así tenemos:

1.1. Materialización del ejercicio del derecho de acción

El doce de junio de dos mil trece, Corporación Servimar Sociedad Anónima Cerrada (en adelante SERVIRMAR) acudió al órgano jurisdiccional interponiendo demanda sobre nulidad de acto jurídico y otros1, subsanada por escritos de fechas veinticuatro de julio de trece de agosto de dos mil trece2, planteando el siguiente petitorio: pretensión principal: la nulidad del acto jurídico de compra venta supuestamente celebrado el catorce de mayo de dos mil siete y de la escritura pública de fecha veinticinco de mayo de dos mil siete, celebrada por la Compañía de Productos Agromarinos Sociedad Anónima Cerrada (en adelante COAPRO) y la empresa Tecnológica de Alimentos Sociedad Anónima (en adelante TASA), por incurrir en las causales de fin ilícito, ser jurídicamente imposible e ir contra el orden público y las buenas costumbres; y, pretensiones accesorias: la nulidad de la minuta y escritura pública que contienen el acto jurídico materia de nulidad, la cancelación de los asientos C0001, D0004 y E0002 del once de junio de dos mil siete y el último del diecisiete de julio de dos mil siete, del Rubro Títulos de Dominio de la Partida Electrónica N° 02001542 del R egistro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Chimbote, así como el pago de costas y costos del proceso.

Se sustenta el petitorio argumentando principalmente que: a) de acuerdo a los antecedentes, el predio “Huanchaquito” – La Caleta – distrito de Chimbote, de 3,052.25 metros cuadrados, fue adquirido por COAPRO en abril de mil novecientos noventa y siete, lo que aparece inscrito en el Asiento C0008 de la Ficha N° 00024203, hoy Partida Electrónica N° 02001542, tomando posesión del predio recién el dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Luego COAPRO entregó la posesión a Héctor Manuel Pio Ramírez Otoya mediante “Contrato de Entrega de Posesión con promesa de compra” del cuatro de febrero de dos mil doce. Esta última persona conjuntamente con Hernán Soto Herrera, mediante escritura pública de fecha veinticuatro de julio de dos mil dos, constituyeron la empresa H&H Construcciones Navales Sociedad Anónima Cerrada (en adelante H&H), la misma que el once de noviembre de dos mil dos adquirió la propiedad y posesión de COAPRO. Luego H&H suscribió con SERVIMAR un “Contrato de Asociación en Participación”, a efectos de ejecutar el negocio de varadero de embarcaciones en el predio sujeto a materia, obteniendo la posesión de una parte del predio, por 1,171.12 metros cuadrados. Asimismo, el treinta y uno de octubre de dos mil seis H&H y COAPRO suscribieron una transacción extrajudicial dando por resuelta la venta del once de noviembre de dos mil dos y restituyéndose las prestaciones con excepción de la posesión.

Posteriormente, el tres de noviembre de dos mil seis SERVIMAR con COAPRO celebraron una compra venta, donde la primera adquirió la propiedad del predio “Huanchaquito”, declarando la vendedora cancelado el precio y subrogándose la demandante en la deuda que mantenía su vendedora con el Banco de Crédito, por lo que desde el tres de noviembre de dos mil seis SERVIMAR tiene la propiedad y continúa la posesión, pero ahora del íntegro del predio de 3,052.25 metros cuadrados. También precisa que el treinta de enero de dos mil trece recibió una notificación del expediente N° 32559-2007, advirtiendo que TASA había adquirido por minuta del catorce de mayo de dos mil siete y escritura pública del día veinticinco del mismo mes y años, el predio sujeto a materia por la suma de trescientos mil con 00/100 dólares americanos (US$ 300,000.00), reconociéndose en dicho documento que el predio se encontraba en posesión de terceros, como era el caso de la recurrente; b) TASA conocía de la inexactitud de registros públicos por lo que ha actuado de mala fe, deviniendo en nulo el acto jurídico por ser ilícito, más aún cuando por hechos ilegales se le pretende despojar, siendo que antes de los seis meses que COAPRO vendiera a SERVIMAR y declarara en dicho acto que continuaba en la posesión, las demandadas celebraron la compra venta cuestionada; c) se pretende impedir que la actora ejerza su derecho de propiedad adquirido de buena fe de COAPRO, siendo que los representantes legales de ésta última en complicidad con TASA han cometido el delito de estelionato; y, d) se presenta la causal de objeto jurídicamente imposible desde que COAPRO transfirió a SERVIMAR el tres de noviembre de dos mil seis, quien sabiendo de su falta de inscripción, de manera dolosa y en complicidad con TASA suscribió la compra venta cuestionada, cuando el predio ya era de propiedad ajena.

1.2. Formulación del medio de defensa

Las piezas procesales componentes del cuaderno de excepciones ponen de manifiesto que la codemandada TASA, mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil trece3, propone las excepciones de falta de legitimidad para obrar de la demandante y de cosa juzgada.

Se expresan como fundamentos sustanciales de los medios de defensa postulados los siguientes: a) se presenta la falta de legitimidad para obrar de la demandante debido a la falta de convocatoria a conciliación extrajudicial y porque pretende la nulidad de un acto jurídico del cual ella no es parte, ni nunca existió con ella algún vínculo o relación comercial, ni con TASA; b) sobre lo pretendido por la actora ya existe cosa juzgada e incluso con pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el expediente N° 4387-2011, proceso que fue seguido por H&H contra TASA y COAPRO por la misma materia y hechos, y en el que participó la accionante como parte del mismo, por lo que se trata del mismo acto jurídico, partes y pretensiones resueltas por la instancia máxima de justicia, deviniendo en válido el contrato de compra venta celebrado entre TASA y COAPRO en mayo de dos mil siete; y, c) tanto H&H y SERVIRMAR son empresas con intereses comunes y con la misma representación y manejo, que intentan tanto en el proceso resuelto como en el presente perjudicar y dilatar innecesariamente y de mala fe que TASA haga uso de su legítimo derecho de propiedad.

1.3. Absolución de las excepciones propuestas

La demandante SERVIMAR mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil catorce4, absuelve el traslado de los medios de defensas de falta de legitimidad para obra del demandante y cosa juzgada, pretendiendo la declaración de infundabilidad o improcedencia.

Funda la absolución alegando sustancialmente que: a) existe disposición que establece que las pretensiones de nulidad de acto jurídico no son materias conciliables, y que de acuerdo al artículo IV del Código Procesal Civil (sic), tiene interés y legitimidad para accionar dado que las empresas demandadas, a sabiendas que la recurrente tenía la posesión y la propiedad del predio sujeto a materia, celebraron el acto jurídico materia del presente proceso para proceder a desalojarla, causándoseles perjuicios económicos y la vulneración de su derecho de propietaria, todo lo cual les otorga legitimidad para obrar; y, b) es falso que haya sido parte en el expediente N° 32559-2007, prueba lo cual es que la resolución número cincuenta y seis emitida en dicho proceso declara improcedente la oposición que formuló la recurrente por ser tercera, y que habiendo sido la recurrente tercera en dicho proceso no se configura el principio de la cosa juzgada (sic), por no existir la identidad del proceso previsto en el artículo 452° del Código Procesal Civil.

1.4. Auto de primera instancia

Mediante resolución número nueve de feca veintinueve de agosto de dos mil diecisiete5, el Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa emite el auto de primera instancia declarando fundada la excepción de cosa juzgada, y en consecuencia nulo todo lo actuado y por concluido el proceso, conforme al numeral 5 del artículo 451°del Código Procesal Civil.

Se fundamenta la decisión judicial exponiéndose principalmente que: i) existen dos procesos, uno terminado y el otro en trámite, siendo que en ambos procesos los demandados son TASA y COAPRO, en el proceso de Lima la demandante es H&H y SERVIMAR es incorporada en calidad de tercera, y en el presente proceso la demandante es SERVIMAR; ii) en el marco del artículo 453° del Código Procesal Civil se tiene que en el primer proceso de Lima la ahora demandante participó en calidad de tercera e invocó su interés legítimo de acuerdo al artículo 101° del mismo texto normativo, por lo que sí hay identidad de partes en ambos procesos; iii) en cuanto a la oposición declarada improcedente que refiere la demandante, se observa que ello alude a la oposición al requerimiento de desalojo, como se desprende de la resolución número cincuenta y seis adjuntada por la actora, por lo que ella ha sido una tercera con interés respecto a la pretensión hecha valer en el expediente N° 32559-2007, siendo que sus derechos dependían de los de la demandante de aquel proceso H$H, que buscaban, al igual que ahora, la nulidad del contrato de compra venta del veinticinco de mayo de dos mil siete, por lo que ambos procesos también revelan identidad de prensiones; iv) respecto al interés para obrar de la demandante y la tercera, ya no existe, dado que lo hicieron valer en el anterior proceso, en donde quedó agotado, al haberse expedido un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia; y, v) en relación a la excepción de falta de legitimidad para obrar, habiéndose declarado fundada la excepción se cosa juzgada, el juzgador se abstiene de resolverla, conforme al artículo 450°del Código Procesal Civil.

1.5. Recurso de apelación

La actora SERVIMAR mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil dieciocho6, interpone recurso de apelación contra el auto de primera instancia que declaró fundada la excepción de cosa juzgada.

Son agravios principales del recurso vertical los siguientes: a) no existe identidad de partes, pues en el último proceso no interviene H&H, tampoco hay identidad de pretensiones, dado que el proceso de Lima versa sobre reivindicación de inmueble y entrega de embarcaciones pesqueras, incumpliéndose lo previsto por el artículo 452° del Código Procesal Civil; b) en el proceso de Lima sobre reivindicación, puede haberse hecho referencia o nombrado al acto jurídico que se pretende anular en el presente proceso, lo que no significa que en el primer proceso se haya resuelto o expedido sentencia pronunciándose sobre la nulidad del acto jurídico cuestionado, desde que dicha pretensión no fue discutida en el proceso de Lima; y, c) en el auto apelado no existe pronunciamiento sobre la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandante, inobservándose el inciso 4 del artículo 122°del Código Procesal Civil, por lo que deviene en nulo.

1.6. Auto de segunda instancia

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa mediante resolución número veintiuno de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve7, confirma el auto apelado que declaró fundada la excepción de cosa juzgada, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso.

Constituyen argumentos principales de la decisión superior los siguientes: i) por resolución número dieciséis se requirió a las demandadas presenten copias certificadas de la demanda, contestación de demanda, sentencia de primera instancia, sentencia de vista y sentencia casatoria de los actuados del expediente N° 32559-2007-0-1801-JR-CI-03, lo que no fue cumpli do; ii) correspondiendo verificar si se cumplen con los presupuestos de la triple identidad, se tiene en cuanto a la identidad de partes, que tanto en el expediente N° 32559-2007 como en el presente proceso las demandadas son las empresas TASA y COAPRO, mientras que en posición de demandante en el primer proceso figura H&H e incorporada como tercera SERVIMAR, y en el presente proceso la demandante es SERVIMAR; iii) de acuerdo al artículo 452° del Código Procesal Civil, la cosa juzgada se puede extender a los terceros cuyos derechos deriven de las partes, siendo que en el expediente N° 32559-2007 SERVIMAR intervino en calidad de tercera y por resolución número cincuenta y seis se declaró improcedente la oposición que formuló, siendo que sus derechos dependían de los de la demandante H&H, que pretendía al igual que la ahora demandante la nulidad del contrato de compra venta del catorce de mayo de dos mil siete y de la escritura pública del veinticinco de mayo de dos mil siete; iv) en ambos procesos se pretende la nulidad de acto jurídico de compra venta del predio “Huanchaquito” con un área de 3,052.25 metros cuadrados y cancelación de asientos registrales, pues así se desprende del segundo considerando de la casación N° 4387-2011-Lima, emitida en el primer proceso, por lo que estamos ante una identidad de pretensiones de nulidad de acto jurídico, donde el interés para obrar de la demandante y la tercera, ya no existe, por cuanto éstas los hicieron valer en el primer proceso, el que concluyó con sentencia casatoria; v) el auto apelado no incurre en error de hecho y derecho como se denuncia, estando debidamente motivado tanto en su aspecto fáctico y jurídico, al cumplirse la triple identidad, ya que en el proceso de Lima la demandante del proceso actual fue incorporada en calidad de tercera, siendo además falso que el expediente N° 32559-2007 haya versado sobre reivindicación; y, vi) la omisión de pronunciamiento sobre la excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandante no causa agravio a la apelante, sino a la excepcionante, por lo que conforme al principio de legalidad y de trascendencia, previsto en el artículo 171° del Código Procesal Civil, no existiendo agravio que afecte a la apelante ni siendo posible el pedido de nulidad basado en un agravio ajeno, deviene desestimable también este extremo del recurso.

Anotaciones acerca del recurso de casación

SEGUNDO.- Contextualizado el caso, es pertinente hacer referencia a algunos apuntes acerca del recurso extraordinario de casación que delimitan la actividad casatoria de esta Sala Suprema.

2.1. El recurso de casación tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo precisa el artículo 384° del Código Procesal Civil. En materia de casación es factible el control de las decisiones jurisdiccionales, con el propósito de determinar si en ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al proceso regular, teniendo en consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y garantías que regulan al proceso como instrumento judicial, precaviendo sobre todo el ejercicio del derecho a la defensa de las partes en conflicto.

2.2. El recurso extraordinario de casación tiene por objeto el control de las infracciones que las sentencias o autos puedan cometer en la aplicación del derecho, partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la calificación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No basta la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial o relevante sobre el resultado de lo decidido. Así también, habiéndose acogido entre los fines de la casación la función nomofiláctica, debe precisarse que ésta no abre la posibilidad de acceder a una tercera instancia, no se orienta a verificar un reexamen del conflicto ni a la obtención de un tercer pronunciamiento por otro Tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, constituyendo antes bien un recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados fines, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República.

2.3. Por causal de casación se entiende al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso8, debiendo sustentarse en aquellas previamente señaladas en la ley, pudiendo por ende interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, por infracción de la ley o por quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta de congruencia de lo decidido con las pretensiones formuladas por las partes y la falta de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso9, por lo que en tal sentido si bien todas las causales suponen una violación de la ley, también lo es que éstas pueden darse en la forma o en el fondo.

2.4. Debemos incidir señalando que la infracción procesal se configura cuando en el desarrollo de la causa no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han soslayado o alterado actos del procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano judicial deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en evidente quebrantamiento de la normatividad vigente y de los principios procesales.

Evaluación de la causal casatoria de naturaleza procesal

TERCERO.- Al constituir principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso, el cual está conformado por un conjunto de derechos esenciales y garantías de las cuales goza el justiciable, como la motivación de las resoluciones judiciales, congruencia procesal y valoración de los medios probatorios, asuntos que sustentan las denuncias resumidas en el apartado 2 de la Sección I de este pronunciamiento, referidas a la infracción normativa del inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 50° inciso 6 y 122° inciso 3 del Código Procesal Civil, es pertinente evocar a manera ilustrativa algunos apuntes legales, doctrinales y jurisprudenciales sobre los principios constitucionales implicados, que permitirán una mejor labor casatoria de este supremo tribunal, en relación a la denuncia que sustenta la procedencia del recurso. Así tenemos:

3.1. El debido proceso (o proceso regular) es un derecho complejo, desde que está conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los individuos perezcan ante la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina: “(…) por su naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se refieren a las estructuras, característica del Tribunal o instancias de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa”10. Dicho de otro modo, el derecho al proceso regular constituye un conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que incluyen el derecho a ser oportunamente informado del proceso (emplazamiento, notificación, tiempo razonable para preparar la defensa), derecho a ser juzgado por un juez imparcial que no tenga interés en un determinado resultado del juicio, derecho a la tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional (publicidad del debate), derecho a la prueba, derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso y derecho al juez legal.

3.2. Así también, el derecho al debido proceso, consagrado en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 11, comprende a su vez, entre otros derechos, el de motivación de las resoluciones judiciales, esto es el de obtener una resolución fundada en derecho, mediante decisiones en las que los Jueces expliciten en forma suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, dispositivo que es concordante con lo preceptuado por el inciso 3 del artículo 122° del Código Procesal Civil12 y artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial13. Además, la exigencia de motivación suficiente prevista en el inciso 5 del artículo 139° de la Carta Fundamental 14, garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una valoración racional de la fundamentación fáctica de lo actuado y la aplicación de las disposiciones jurídicas pertinentes, y no de una arbitrariedad de los magistrados, por lo que en ese entendido es posible afirmar que una resolución que carezca de motivación suficiente no solo infringe normas legales, sino también principios de nivel constitucional15.

3.3. La reiterada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una motivación extensa de las alegaciones expresadas por las partes, y que tampoco cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación, sino que basta que las resoluciones judiciales expresen de manera razonada, suficiente y congruente los motivos que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su conocimiento, como para considerar que la decisión se encuentra adecuadamente motivada16.

3.4. Asimismo, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales tiene como una de sus expresiones al principio de congruencia, el cual exige la identidad que debe mediar entre la materia, las partes, los hechos del proceso y lo resuelto por el juzgador, en virtud a lo cual los Jueces no pueden otorgar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni fundar sus decisiones en hechos no aportados por los justiciables, con obligación entonces de pronunciarse sobre las alegaciones expuestas por las partes, tanto en sus escritos postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios, de tal manera que cuando se decide u ordena sobre una pretensión no postulada en el proceso, y menos fijada como punto controvertido, o a la inversa, cuando se excluye dicho pronunciamiento, se produce una incongruencia, lo que altera la relación procesal y transgrede las garantías del proceso regular. En el sentido descrito, se tiene que la observancia del principio de congruencia implica que en toda resolución judicial exista: 1) coherencia entre lo peticionado por las partes y lo finamente resuelto, sin omitir, alterar o excederse de dichas peticiones (congruencia externa); y, 2) armonía entre la motivación y la parte resolutiva (congruencia interna), de tal manera que la decisión sea el reflejo y externación lógica, jurídica y congruente del razonamiento del juzgador, conforme a lo actuado en la causa concreta, todo lo cual garantiza la observancia del derecho al debido proceso, resguardando a los particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico número once de la sentencia número 1230-2003-PCH/TC.

La aplicación del referido principio rector significa que el juez está obligado a dictar sus resoluciones de acuerdo al sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes, por lo que en ese orden de ideas, en el caso del recurso de apelación, corresponde al órgano jurisdiccional superior resolver en función de los agravios y errores de hecho y de derecho en los que se sustenta la pretensión impugnatoria expuesta por el apelante, con la limitación que el propio Código Procesal Civil prescribe.17 Es en el contexto de todo lo detallado que este Supremo Colegiado verificará si se han respetado o no en el asunto concreto las reglas de la motivación.

El control de las decisiones jurisdiccionales y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales aplicado al caso concreto

CUARTO.- Desarrollados los supuestos normativos, jurisprudenciales y teóricos precedentes, corresponde determinar si la resolución judicial recurrida ha transgredido el derecho al debido proceso en su elemento medular de motivación, congruencia y valoración probatoria y, para ello, el análisis debe efectuarse a partir de los propios fundamentos o razones que sirvieron de base a la misma, por lo que cabe realizar el examen de los motivos o justificaciones expuestos en la resolución materia de casación, abarcando incluso el auto de primera instancia, para cuyo efecto este supremo tribunal debe verificar si el paso de las premisas fácticas y jurídicas a las conclusiones arribadas en las sentencias de mérito, han sido lógica o deductivamente válidas, sin devenir en contradictoria; no sin antes dejar anotado que la función de control de este tribunal de casación es de derecho y no de hechos, precisando adicionalmente que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso sólo pueden ser evaluados para contrarrestar las razones expuestas en las resoluciones finales de instancias, más no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis.

4.1. El derecho de defensa se expresa en tres modalidades, a saber: i) defensa de fondo; ii) defensa previa; y, iii) defensa de forma18. Dentro de este último mecanismo se encuentran las excepciones procesales, que constituyen medios de defensa formales cuyo propósito es impedir que en el proceso se emita pronunciamiento de fondo en torno a lo que ha sido planteado como asunto jurídico discutido; en virtud a ello es que no corresponde, a través de las excepciones, argumentar aspectos sobre el derecho reclamado (sobre la pretensión demandada), toda vez que lo contrario implicaría contravenir la finalidad misma de tales mecanismos de defensa.

4.2. La excepción de cosa juzgada se encuentra regulada en el artículo 446°inciso 8 del Código Procesal Civil19, institución procesal que tiene como finalidad que no se pueda volver a discutir ante un órgano jurisdiccional una decisión dada por este, así como el deber de cumplir lo expresado en dicho fallo, lo que refleja su carácter de obligatoriedad. La excepción de cosa juzgada supone la existencia de dos procesos: un proceso que ha terminado con decisión firme y otro proceso en trámite.

4.3. A partir del texto normativo que se desprende del artículo 452° del Código Procesal Civil20, tenemos que se presenta la identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar sean los mismos. La identidad de objeto está referida a que el beneficio jurídico que se reclama en el nuevo juicio es el mismo reclamado anteriormente. La Identidad de causa de pedir implica el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. El objeto es “lo que se pide”, la causa es el “por qué se pide”, vale decir el motivo legal que da vida al nuevo juicio; y, la identidad legal de personas significa que para que exista cosa juzgada deben, además, haberse ventilado esos juicios entre las mismas personas, física y jurídicamente consideradas21. Esta excepción permite denunciar que el interés para obrar del demandante ya no existe, dado que lo hizo valer en el anterior proceso, en donde quedó totalmente agotado al haberse expedido un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia22.

QUINTO.- En el caso concreto, las instancias de mérito, respecto de la excepción que han resuelto, propuesta por la codemandada TASA, determinaron que la actividad jurisdiccional se circunscribía en verificar si se cumplían con los presupuestos de la triple identidad o no, según los alcances que sobre la cosa juzgada habían delineado en sus pronunciamientos, entendiéndose que a partir de ello el juicio lógico-jurídico y evaluación del material probatorio debió orientarse a dilucidar cada uno de los argumentos de defensa de los sujetos procesales, que se centraron en afirmar, por el lado de la excepcionante, que en el expediente N° 32559-2007 tramitado ante el Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, ya culminado, la empresa demandante participó como parte del mismo, proceso en el que se indica se ventiló la misma pretensión nulificante; y, por el lado de la empresa accionante, que ha sido una tercera ajena al mencionado proceso. Por ello y siguiendo la línea de la actividad casatoria fijada en la primera parte del cuarto considerando de esta sentencia casatoria, se transcriben los fundamentos medulares de las decisiones de los órganos de justicia del proceso.

5.1. El análisis del Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa se ha centrado básicamente en lo siguiente: “SEXTO: (…) Ahora con respecto a la identidad de las PARTES, en ambos procesos antes mencionados los demandados son TASA Y COAPRO; mientras que en la posición de demandante, en el primer proceso se encuentra H&H NAVALES e incorporado en calidad de tercero CORPORACION SERVIMAR SAC, mientras que en el segundo proceso el cual se encuentra en trámite, el demandante es CORPORACIÓN SERVIMAR SAC. (…) y como es de verse en el PRIMER PROCESO (Expediente N° 32559-2007 incoado ante el Tercer J uzgado Civil de Lima que fue elevado en Casación a la Corte Suprema en el Expediente N° 4387- 2011-0-5001-SU-DC-01), el demandante CORPORACIÓN SERVIMAR SAC se le emplazó a estar presente en dicho proceso y participó en calidad de tercero, es decir invocó su interés legítimo de acuerdo al artículo 101° del CPC. En consecuencia sí habría identidad de las partes en ambos procesos (…) por tanto, habiendo sido un tercero con interés respeto (sic) a la pretensión hecha vale (sic) en el expediente N° 32559-2007, seguido por H&H Con strucciones Navales SAC contra Tecnológica de Alimentos S.A. (…) siendo que sus derecho (sic) dependía de los de la demandante H&H (…), que buscaba, al igual que la ahora demandante, la nulidad del contrato de compraventa de 25 DE MAYO DEL 2007”.

5.2. Por su parte, la Sala Superior de origen en el examen realizado respecto a la excepción de cosa juzgada propuesta por la codemandada TASA, argumentó en la misma línea del juzgado de primera instancia que: “9.- En cuanto, al requisito de identidad de partes se advierte que tanto en el expediente N° 32559-2007-0-1801- JR-CI-03 seguido por ante el Tercer Juzgado Civil de Lima como en el presente proceso los demandados son las Empresas TASA y COAPRO, mientras que en posición de demandante en el primer proceso figura H&H Construcciones Navales SAC e incorporado como tercero Corporación SERVIMAR SAC, y en el presente proceso, el demandante es Corporación SERVIMAR SAC. (…). 12.- De la revisión y análisis de las piezas procesales del expediente N°32559-2007-0-1801-JR-CI-03 (…) y el expediente N° 00899-2013-0-2501-JR-CI-03 y de los actuados, se verifica que se cumple con el requisito de la triple identidad, (…) 13.- (…) siendo que en dicho proceso, la hoy demandante fue incorporada en calidad de tercero, y mediante resolución cincuenta y seis (…) se declaró improcedente la oposición formulada por SERVIMAR (…)”.

5.3. Como se aprecia, las argumentaciones glosadas en los pronunciamientos finales de los órganos de instancia, transcritos en sus partes pertinentes en los apartados inmediatos precedentes, revelan que sus análisis y criterios asumidos han sido convergentes respecto del asunto principal en discusión: la configuración de la cosa juzgada, asumiendo como cierta que la hoy demandante SERVIMAR fue una tercera en el proceso seguido por H&H contra TASA y COAPRO, a que alude el Expediente N° 32559-2007, por lo que también existiría identidad de parte del lado activo; sin embargo, se advierte que las premisas fijadas no se han respaldo en una valoración probatoria adecuada y han dejado incontestados agravios denunciados por la parte perjudicada en su recurso de apelación, afectando el principio de congruencia procesal.

SEXTO.- En efecto, advierte esta Sala de casación que los pronunciamientos finales del juez de primera instancia y del órgano superior de justicia no revelan estricta observancia a los parámetros de un proceso regular, en sus expresiones de debida y suficiente motivación, congruencia procesal y evaluación probatoria, por lo siguiente:

6.1. Las reglas que sobre las excepciones se han regulado, establecen, entre otras, que: “Sólo se admitirán los medios probatorios documentales que se ofrezcan en el escrito en que se proponen las excepciones o en que se absuelven” (artículo 448° del Código Procesal Civil), lo que debe ser concordado con lo contemplado en el artículo 197° del mismo Código, e n cuanto prevé que: “Todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión”.

6.2. Fluye del escrito de excepciones que la proponente TASA, en cuanto al medio de defensa de la cosa juzgada, ofreció como medio probatorio las principales piezas procesales del expediente N° 4387-2011-0-500 1-SU-DC-01 (identificación asignada en sede casatoria del proceso que pretende oponerse), para probar que la demandante fue parte en el mencionado proceso y que por ello se cumpliría con la identidad subjetiva; en tanto que la excepcionada, SERVIMAR, ofreció como medio probatorio la resolución número cincuenta y seis del veinte de mayo de dos mil trece, contenida en el expediente N° 32559-2013 (identificación asignada en sede de instancia), con el fin de acreditar que fue una tercera ajena a dicho proceso, por lo que en su posición no se configuraría la identidad de parte activa.

6.3. Siendo ese el escenario probatorio propuesto por las partes, se aprecia que el juez de la causa resolvió lo concerniente a la excepción de cosa juzgada sin que del auto apelado se desprenda una actividad valorativa de los medios probatorios que respaldarían sus afirmaciones, conforme a lo previsto en el referido artículo 197° del Código Procesal Civil, a pesar que, de acuerdo a las reglas de la sana crítica probatoria y en atención al principio de unidad de la prueba que subyace en el precepto legal precitado, la actividad probatoria debe desenvolverse mediante un mecanismo de confrontación y constatación de los medios probatorios incorporados al proceso. Efectivamente, en el auto apelado no se observa de modo objetivo el material probatorio que soporte debidamente las afirmaciones circunscritas a que en el proceso seguido por H&H contra TASA y COAPRO, ante el Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente N° 32559-2007 (ya culminado), SERVIMAR haya sido incorporada en calidad de tercera y menos que se le haya emplazado oportunamente en dicho proceso para ejercite el derecho que pueda corresponder a su interés y/o que participó en calidad de tercera, como se afirma en el auto apelado.

6.4. Asimismo, sostiene el juzgador de instancia que los efectos de la cosa juzgada le alcanzarían a SERVIMAR en su calidad de tercera, al asumir que sus derechos dependen de los de H&H, conforme a lo previsto por el artículo 453° del Código Procesal Civil que erróneamente invoca, cuando tal supuesto normativo se encuentra contenido en el artículo 123° del mismo Código23; sin evaluar por lo demás que de acuerdo al texto del citado precepto legal, la extensión de la cosa juzgada a terceros tiene como condición que éstos hayan sido citados con la demanda, lo que no se acredita con prueba alguna que se cite en el auto apelado. Además, la mención del juzgador a la resolución número cincuenta y seis emitida en el expediente N° 32559-2007, que corre en copia a fojas cuarenta y seis y cuarenta y siete del cuaderno de excepciones, se efectuó para afirmar que su contenido estaba vinculado al requerimiento de desalojo dictado en tal proceso, situaciones que revelan que la decisión asumida por el juez de primera instancia no ha sido adoptada en base a una adecuada valoración de medios probatorios, a lo que se suma que de las piezas componentes del cuaderno de excepciones no se desprende que el juez de mérito haya desarrollado una actividad que, en su calidad de director del proceso, trasluzca el ejercicio de sus facultades coercitivas, con el propósito que se cumpla con la presentación de las copias de las principales piezas del expediente tramitado en la Corte Superior de Justicia de Lima.

6.5. Por su parte, la Sala Superior parte precisando en el punto 7 que requirió a las demandadas, mediante resolución número dieciséis24, que presenten copias certificadas de la demanda, contestación de demanda, sentencia de primera instancia, sentencia de vista y sentencia casatoria de lo actuado en el expediente N° 32559-2007, y que amplió el plazo concedido para cumplir lo ordenado, mediante resoluciones números diecisiete25 y dieciocho26 por cinco días más, y que ellas no cumplieron con el requerimiento efectuado, procediendo a resolver las excepciones con solo lo existente en autos; sin embargo, no consideró que el doce de febrero de dos mil diecinueve TASA adjuntó copia de la resolución número ochenta y uno emitida por el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima en el expediente N° 32 559-200727, en la que se ordenaba la expedición de las copias certificadas requeridas, situación frente a la cual, advirtiendo la aparente inoperancia de las partes, el cuerpo procesal civil le facultaba a adoptar otras medidas para tener a la vista las copias requeridas o, en su caso, el propio expediente judicial, desde que éste había culminado e incluso pedir informes, de acuerdo a lo previsto por los artículos 239° y 240° del Código Procesal Civil.

6.6. Sobre el particular, es necesario precisar que si bien la fuente de prueba está constituida por las personas y cosas relacionadas con los hechos materia de proceso, que se encuentran en una etapa pre-procesal, cierto es que una vez que se inicia el proceso esta podría ser ofrecida por las partes para probar sus afirmaciones, para cuyo propósito se recurre a los medios de prueba que son los instrumentos para demostrar lo que se alega. Siendo las partes quienes deben remitirse a la fuente de prueba para ofrecer sus medios probatorios, si la fuente ha sido citada en el proceso, como sucede en el caso concreto (a las partes le corresponde la carga de la prueba), y si bien éstas no ofrecieran suficientemente los medios probatorios y estos -como aquí- son indispensables para llegar al convencimiento de las afirmaciones efectuadas por los sujetos procesales, el juzgador puede hacer uso de los mecanismos que le otorga la ley procesal para cumplir con su deber de verificación de los hechos alegados, ejercicio que encuentra justificación en la falta de certidumbre sobre la ocurrencia de los hechos que sirven de supuesto a las normas que apoyan la resolución de la controversia y en la necesidad de obtener información sobre la participación y calidad jurídica procesal que pudo otorgársele a SERVIMAR en el expediente N°32559-2007.

6.7. En ese mismo sentido, los actuados en referencia se aprecian vitales para resolver el medio de defensa planteado, desde que con ellos se hacía posible afirmar o negar si la empresa demandante SERVIMAR fue o no parte o tercero legitimado, más todavía si la sola condición de “tercero” que le otorgan los órganos jurisdiccionales, tampoco responde a una base probatoria, desconociéndose qué medios probatorios conllevaron a asumir con suficiencia tal afirmación, pues, como ya se ha mencionado, la resolución número cincuenta y seis y la sentencia casatoria28 emitidas en el expediente N° 23559-2007, no parece n proporcionar objetivamente por sí solas la certidumbre sobre la verdad de los hechos esgrimidos por los justiciables, siendo incluso que al recurso de casación se ha acompañado el texto de las resoluciones números cincuenta y siete, cincuenta y ocho, sesenta y dos, sesenta y cuatro, sesenta y siete, sesenta y ocho y sesenta y nueve29 emitidas en el expediente N° 23559-2007, con las que parece evidenciarse que SERVIMAR no fue parte en el aludido proceso.

6.8. Igualmente, se desprende de la mencionada resolución número cincuenta y seis del expediente N° 23559-2007, que esta se emitió en virtud a un escrito presentado por SERVIMAR, a través del cual se oponía al requerimiento de desalojo, aludiendo ser poseedora y propietaria del predio sujeto a materia, habiendo precisado el juzgador en dicha causa judicial que tal pedido se formulaba en etapa de ejecución de sentencia, esto es cuando las cosas ya estaban decididas en última instancia y que por ello dicha empresa debía hacer valer sus argumentos en vía de acción. A lo indicado se suma que de acuerdo a la descripción de hechos que se efectúa en el punto I de la ejecutoria suprema N° 4387-2011-LIMA, los actuados harían alusión a procesos acumulados, lo que se corrobora con el auto de vista número tres de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, emitido por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (obtenido del Sistema Integrado Judicial), en relación a la absolución de apelación de auto emitido en el expediente N° 32559-2007, en cuyo primer considerando se hizo tal precisión (acumulación) y se efectuó un breve recuento de los pronunciamientos emitidos, todo lo cual refuerza la necesidad de tenerse a la vista dichos actuados, incluso para determinar también si entre los procesos enfrentados se presentan las mismas pretensiones, desde que en las causas acumuladas del expediente de la Corte Superior de Justicia de Lima se habrían planteado la nulidad de actos jurídicos y la reivindicación, entre otras pretensiones, y si éstas fueron fijadas como puntos controvertidos y resueltas por las instancias de mérito del proceso culminado en aquella Corte Superior.

6.9. De otro lado, se observa que en el escrito a través del cual se propusieron las excepciones, TASA, en cuanto a la cosa juzgada, afirmó que SERVIMAR fue parte en el proceso signado como expediente N° 32559-2007 , y no tercera, como consideran los órganos de instancia, además de haber afirmado que conjuntamente con H&H son empresas con intereses comunes y con la misma representación y manejo, situaciones que tampoco han sido evaluadas ni absueltas debidamente por los órganos de mérito, quienes sin la suficiente motivación han dado por sentado que SERVIMAR fue tercera en aquel proceso y que tenía interés respecto a la pretensión ejercitada por H&H, aseveraciones que tampoco responden a una probanza objetiva que sustente a la resolución cuestionada. Similar situación se aprecia en cuanto a la defensa contenida en el escrito de absolución a la excepción, en el que la empresa demandante afirmó que de acuerdo a la resolución número cincuenta y seis fue tercera ajena a dicho proceso y que su interés reside en las aseveraciones de ser la poseedora y propietaria del predio cuya reivindicación se ordenó en el expediente N° 23559- 2007. Adicionalmente, la actora en el recurso de apelación denunció que el juez del proceso expresó vagamente la existencia de dos procesos y que en el actual proceso (en trámite) no interviene H&H30, posturas que, a pesar de su relevancia, no han merecido el pronunciamiento debido, no obstante la exigencia constitucional y legal que compele a resolver los asuntos sometidos a deliberación, previa evaluación de los argumentos de defensa esgrimidos por los sujetos procesales.

6.10. Precisamente este derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente planteadas por las partes y fijadas por los órganos de mérito, garantiza que los jueces justifiquen sus decisiones, asegurando la sujeción de la potestad de impartir justicia a la Norma Fundamental y a la ley, de tal manera que con una actuación judicial apegada a dichas normas concretiza el cumplimiento de la finalidad contemplada en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, según el cual se debe atender a que la finalidad especifica del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, lo que implica el establecer de manera clara y fehaciente los elementos sobre los cuales se emitirá una decisión que ponga fin al proceso.

SÉPTIMO.- En esa perspectiva, las instancias de mérito al no haber desarrollado la actividad valorativa de los medios probatorios en el marco contemplado por el artículo 197° del Código Procesal Civil y haber omitido pronunciarse sobre argumentos esgrimidos en el escrito de formulación de excepciones y en el de absolución de los mismos, han generado decisiones de instancia con un vicio de motivación incongruente, que lesiona el contenido normativo del debido proceso en sus vertientes de motivación, congruencia y valoración, al no haber dado respuesta a los argumentos alegados por las partes, correspondiendo por tanto declarar fundado el recurso de casación por la infracción procesal admitida y, en consecuencia, anular el auto de vista y declarar la insubsistencia del auto apelado, por recoger similar pronunciamiento y contener los mismos vicios que los apreciados en el órgano de segundo grado, a efectos que se emita nuevo pronunciamiento atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente pronunciamiento, con las garantías de un debido proceso.

OCTAVO.- Por último, corresponde también precisar que lo decidido de modo alguno comporta la apreciación negativa o positiva por parte de este Supremo Tribunal de casación respecto a la estimación de la excepción de cosa juzgada dilucidada por las instancias de mérito, sino que éste simplemente se limita a sancionar con nulidad las resoluciones recurridas, por las razones ya anotadas.

III.- DECISIÓN:

Por tales fundamentos y de acuerdo a lo regulado además por los artículos 171° y 396°del Código Procesal Civil, RESOLVIERON:

PRIMERO.- DECLARAR FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la empresa demandante Corporación SERVIMAR Sociedad Anónima Cerrada, inserto de fojas cuatrocientos noventa y tres a quinientos doce del cuaderno de excepciones.

SEGUNDO.- DECLARAR NULO el auto de vista contenido en la resolución número veintiuno de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, corriente de fojas cuatrocientos setenta y dos a cuatrocientos setenta y siete del cuaderno de excepciones, expedido por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa, e INSUBSISTENTE el auto apelado contenido en la resolución número nueve del veintiuno de agosto dos mil diecisiete, obrante de fojas trescientos setenta y cuatro a trescientos setenta y ocho del mismo cuaderno.

TERCERO.- ORDENAR el reenvío del expediente al Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa, a fin que emita nueva resolución teniendo en cuenta las consideraciones plasmadas en la presente Ejecutoria Suprema.

CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la demandante Corporación SERVIMAR Sociedad Anónima Cerrada contra la Compañía de Productos Agromarinos Sociedad Anónima-COAPRO y Tecnológica de Alimentos Sociedad Anónima-TASA, sobre nulidad de acto jurídico y otro; y los devolvieron; interviene como ponente el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta.

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1 Inserta en copia certificada de fojas 211 a 233 del cuaderno de excepciones.
2 Insertos en copias certificadas de fojas 329 a 332 y a fojas 337 y 338 del cuaderno de excepciones.
3 Inserto de fojas 21 a 27 del cuaderno de excepciones.
4 Inserto de fojas 48 a 51 del cuaderno de excepciones.
5 Inserta de fojas 374 a 378 del cuaderno de excepciones.
6 Inserto de fojas 407 a 414 del cuaderno de excepciones.
7 Inserta de fojas 472 a 477 del cuaderno de excepciones.
8 Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, página 359.
9 De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano Americanas, México D.F, 1940, página 222.
10 Faúndez Ledesma, Héctor, “El Derecho a un juicio justo”. En: Las garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza) Lima. Instituto de Estudios Internacionales de la PUCP y Embajada Real de los Países Bajos, página 17.
11 Artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
12 Artículo 122° inciso 3) del Código Procesal Civil.- Las resoluciones contienen: (…) 3. La mención sucesiva de los puntos sobre
los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado.
13 Artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.
14 Artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
15 El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1480-2006-AA/TC ha puntualizado que: “(…) el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (…) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo y decididas por los jueces ordinarios”.
16 STC N° 3943-2006-PA/TC, del 11 de diciembre de 2006.
17 STC N° 7022-2006-PA/TC, del 19 de junio de 2007, Fundamentos 9 y 10.
18 MONROY GÁLVEZ, Juan F. “La Formación del Proceso Civil Peruano”. Escritos Reunidos. Comunidad. Segunda Edición Diciembre 2004.
19 Artículo 446° del Código Procesal Civil
“El demandado sólo puede proponer las siguientes excepciones: (…) 8. Cosa Juzgada; (…)”.
20 Artículo 452° del Código Procesal Civil
“Hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, el petitorio y el interés para obrar, sean los mismos.”
21 Manual del Proceso Civil, todas las figuras procesales a través de sus fuentes doctrinarias y jurisprudenciales, Tomo II, páginas 148 y 149.
22 TICONA POSTIGO, Víctor. Análisis y comentarios al Código Procesal Civil. Tomo1, Grijley, Lima 1996, página 577.
23 Artículo 123° del Código Procesal Civil
“La cosa juzgada sólo alcanza a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. Sin embargo, se puede extender a los terceros cuyos derechos dependen de los de las partes o a los terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, si hubieran sido citados con la demanda”.
24 De fecha 12 de noviembre de 2018, corriente a fojas 433 del cuaderno de excepciones.
25 De fecha 28 de diciembre de 2018, corriente a fojas 449 del cuaderno de excepciones.
26 De fecha 22 de enero de 2019, corriente a fojas 455 del cuaderno de excepciones.
27 Obrante a fojas 462 del cuaderno de excepciones.
28 Corriente en copia simple de fojas 10 a 20 del cuaderno de excepciones.
29 Insertas de fojas 484 a 492 del cuaderno de excepciones, que también aparecen insertas dentro del recurso de casación de fojas 506 a 508 del mismo cuaderno.
30 De acuerdo al escrito presentado por SERVIMAR el 08 de agosto de 2017, inserto de fojas 393 a 395 del cuaderno de excepciones, la empresa H&H habría sido integrada al proceso principal, del que deriva el cuaderno de excepciones, en calidad de denunciada civil.

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