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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
APELACION 14-2018
PASCO.

Cohecho pasivo específico

Sumilla. El donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, pueden tener una connotación económica o no y debe beneficiar directamente al sujeto activo. La entrega puede ser en forma inmediata o a futuro, y cabe la posibilidad de que se realice a una tercera persona que tenga un vínculo con el agente activo. Si bien constituye un delito de encuentro, no es necesario lograr la plena identificación de la persona que prometió o entregó el donativo, ventaja o beneficio, ya que dicho aspecto se puede acreditar a través de prueba indiciaria.

Existen suficientes pruebas indiciarias que acreditan la comisión del delito, respecto al hecho de haber dictado sentencia estimatoria en el proceso de prescripción adquisitiva, y la responsabilidad penal del acusado Janampa Oscátegui, lográndose desvirtuar la presunción de inocencia sobre la base de actividad probatoria suficiente, idónea y válida.

Lima, nueve de diciembre de dos mil diecinueve

VISTO: en audiencia pública, el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado Armando Janampa Oscátegui (foja seiscientos setenta del cuaderno de debates) contra la sentencia del treinta de julio de dos mil dieciocho (foja quinientos ochenta y uno), emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Pasco, que lo condenó como autor del delito contra la Administración Pública en la modalidad de cohecho pasivo específico (primer párrafo, del artículo trescientos noventa y cinco, del Código Penal, en adelante CP), en agravio del Estado, y le impuso quince años de pena privativa de la libertad efectiva, inhabilitación por el periodo de duración de la condena (de conformidad con el artículo treinta y seis, incisos uno y dos, del CP), doscientos cuarenta días multa, y fijó en cincuenta mil soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar a favor del agraviado, con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el juez supremo Prado Saldarriaga.

CONSIDERANDO

I. Agravios expuestos por el recurrente

Primero. El recurrente Armando Janampa Oscátegui, en su recurso de apelación (foja seiscientos setenta), planteó como pretensión única que se revoque la sentencia condenatoria y reformándola, se le absuelva de todos los cargos imputados. Para tal efecto, refirió agravios genéricos y otros específicos sobre los hechos materia del presente proceso, esto es, sobre los procesos judiciales en los que participó en su condición de juez suplente del Segundo Juzgado Mixto de Pasco.

Segundo. Como agravio general, señaló que se dictó en su contra una condena con una imputación vaga y genérica, pues no se precisó quién aceptó o de quién recibió el donativo en su condición de juez suplente del Segundo Juzgado Mixto de Pasco, tampoco se indicaron los montos o tipos de donativos o beneficios, concluye que la acusación fue genérica, vaga e incompleta, que se le condenó por indicios sin realizarse una inferencia lógica correcta.

Tercero. En cuanto al proceso de prescripción adquisitiva N.° 8-2004 o 420-2004 (primer hecho evaluado en este proceso penal), señaló que:

3.1. No se precisó quién ofreció y entregó el donativo, ni en qué consistió el mismo.

3.2. La sentencia recurrida señaló que después de cobrar sus honorarios como abogado de los demandantes, cuando fue designado como juez suplente, les dijo que los iba a favorecer, sin tenerse en cuenta que el tipo penal señala que la aceptación y/o recepción se debe realizar cuando el agente ejerce el cargo de magistrado.

3.3. Se consideraron hechos no invocados en la acusación fiscal (borrar con corrector líquido sus rúbricas, firma y posfirma de la demanda para que lo firme otro abogado, redactó la demanda y se demandó a una persona inexistente), afectando el principio de congruencia.

3.4. Se valoró la declaración del testigo Severo Carbajal Meza, la cual fue depuesta en una investigación administrativa de Control Interno del Ministerio Público, incumpliéndose lo señalado en los artículos trescientos setenta y ocho, inciso seis, y trescientos ochenta y tres, incisos uno y dos, del Código Procesal Penal (en adelante CPP). Del mismo modo, precisó que no se tomó en cuenta su versión de que el pago que se le hizo fue en diciembre de dos mil cuatro y enero de dos mil cinco.

Cuarto. Respecto a los procesos de amparo números 84-2006, 86- 2006, 129-2006, 145-2006 y 151-2006, refirió que:

4.1. No se indicó quién ofreció y entregó el donativo, ni en qué consistió este, solo se mencionaron los indicios que fueron objeto de convención probatoria y no fueron debatidos.

4.2. No existe un razonamiento deductivo o inferencial de la prueba indiciaria, tampoco fueron explicadas las reglas de la experiencia que utilizó el Colegiado Superior, por lo que solo existe una simple sospecha.

4.3. No es correcto sostener que si se emite una resolución judicial discrepante con el criterio del Tribunal Constitucional, esta haya tenido como único motivo la recepción o aceptación de dádivas o prebendas económicas.

4.4. Si bien el condenado en un caso aplicó la sentencia del Tribunal Constitucional N.° STC 7320-2005-PA/TC para rechazar una, en los otros cinco casos (que son materia de acusación), al advertir que la indicada resolución no tenía carácter vinculante, no la aplicó.

4.5. El argumento del Ministerio Público, respecto a que la comisión del delito se acreditó con el desbalance patrimonial de S/ 47 101,47, determinado en la pericia policial N.° 246-2014- DIRINCRI, fue desvirtuado en juicio oral cuando presentó sus boletas de pago (como asistente registral y luego como juez suplente), así como el de su cónyuge.

4.6. La pericia contable oficial señaló que al mes de abril de dos mil siete, la sociedad conyugal de la cual forma parte, tuvo un saldo favorable de S/ 74 339,92.

4.7. La perito oficial no ratificó solo el extremo del rubro de egresos, los cuales no estaban documentados.

Quinto. Por último, en cuanto al proceso N.° 282-2005, sobre medida cautelar para funcionamiento de casinos y tragamonedas, precisó que:

5.1. La sentencia recurrida indicó que Raquel Concepción García Rodríguez, representante legal de la empresa demandante, sería quien ofreció y entregó el donativo, pero no se indicó por qué no pudo ser alguna otra persona vinculada a la empresa demandante.

5.2. No se indicó cuál fue el donativo, solo se hace una reproducción del texto del tipo penal en forma genérica, no se especificó en qué consistió dicha prebenda.

5.3. Se utilizó una pericia contable realizada en otro proceso sin que se haya efectuado el procedimiento de prueba trasladada.

5.4. No se valoraron las pericias oficiales y de parte que desvirtuaban la pericia policial.

II. Hechos acreditados en la sentencia impugnada

Sexto. De conformidad con la sentencia recurrida del treinta de julio de dos mil dieciocho (foja quinientos ochenta y uno), emitida por la Sala Penal Especial, se acreditó que el procesado Armando Janampa Oscátegui se desempeñó como juez suplente del Segundo Juzgado Mixto de Pasco, desde el dieciocho de octubre de dos mil cinco hasta el once de julio de dos mil seis. En dicha condición, conoció y dictó resoluciones judiciales en los siguientes procesos:

6.1. Caso prescripción adquisitiva, expediente N.° 8-2004 seguido por Severo Carbajal Meza y Teodoro Oscátegui Deudor contra Cisneros Máximo sobre prescripción adquisitiva, en donde el cuatro de mayo de dos mil seis dictó sentencia estimatoria a pesar de haber sido abogado defensor de la parte demandante.

6.2. Caso tragamonedas, expediente N.° 282-2005-C de acción de amparo seguida por la empresa Portic Perú S. A. C., contra el Ministerio de Industria, Turismo Integración y Negocios Comerciales Internacionales, sobre suspensión de los efectos legales de la Ley N.° 27153, y su modificatoria Ley N.° 27796 y Decreto Supremo N.° 009-2002-MINCETUR, en la que dictó medida cautelar que disponía la suspensión de los efectos legales de dichas normas a favor de la empresa demandante, permitiendo la autorización y licencia para la apertura del negocio de tragamonedas, y contravenía la sentencia del Tribunal Constitucional STC N.° 9165-2005-AA/TC.

6.3. Casos buses camión, expedientes números 84-2006, 86-2006, 129-2006, 145-2006 y 151-2006, sobre acciones de amparo seguidas por las empresas de transportes Turismo Las Brisas S. A., Transportes Huaynate, Transportes Turismo Judith E. I. R. L., Marcelo Hermanos y Transportes Alcimar S. R. L., contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en las cuales dictó medidas cautelares de no innovar a favor de los demandantes, con fechas ocho, veintidós, veinticuatro y veintiséis de mayo, y uno de junio de dos mil seis, respectivamente, contraviniendo su propio criterio jurisdiccional emitido anteriormente en el expediente N.° 85- 2006, también sobre acción de amparo presentado por la empresa de transportes Carhuamayo contra el Ministerio aludido, en la que con fecha siete de abril de dos mil seis, declaró improcedente la demanda en aplicación de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en su sentencia N.° 7320- 2005-PA/TC, por la que se prohibía la circulación de los llamados “buses camión”, la cual tenía carácter de precedente vinculante.

Séptimo. A partir de los hechos acreditados, la sentencia recurrida estableció que el procesado Armando Janampa Oscátegui dictó las resoluciones antes indicadas, a cambio de aceptar y recibir dádivas económicas por parte de los demandantes, para lo cual señaló que:

7.1. En el caso de prescripción adquisitiva, expidió sentencia ilegal y arbitraria, favoreciendo a los demandantes a cambio de haber aceptado y recibido dádivas económicas de ellos, para hacerse de un bien inmueble de manera ilegal, lo que se acreditó con la declaración de Severo Carbajal Meza ante el jefe del Órgano de Control del Ministerio Público, quien mencionó que el procesado, cuando fue juez, le dijo que por haber pagado sus honorarios con anticipación se comprometió a sacar la sentencia y así lo hizo.

7.2. En los procesos denominados buses camión, dictó medidas cautelares de no innovar, a favor de empresas de transporte, permitiendo la circulación de los llamados “buses camión”, contradiciendo sin mayor fundamento la decisión que dictó en el expediente N.° 85-2006-C, en la que con fecha siete de abril de dos mil seis (con anterioridad a las medidas cautelares), declaró improcedente la demanda de acción de amparo de la Empresa de Transportes Turismo Carhuamayo contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para lo cual aplicó la sentencia del Tribunal Constitucional N.° 7320-2005- PA/TC, de carácter vinculante, la cual ratificó la constitucionalidad del Decreto Supremo 006-2004-MTC, que prohíbe la prestación del servicio interprovincial de personas en ómnibus carrozados sobre chasis de camión, tema que fue de connotación nacional. Además, señaló que las medidas cautelares fueron calificadas en un lapso de veinticinco días, lo que resulta muy breve en atención a la carga procesal que tenía el Juzgado Mixto de Pasco, conforme con lo señalado por el propio acusado.

7.3. En lo referente al caso tragamonedas, en el que se dictó una medida cautelar de suspensión de los efectos legales de la Ley N.° 27153, su modificatoria Ley N.° 27796 y Decreto Supremo N.° 009-2002-MINCETUR, también contravino el precedente vinculante establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional N.° 9165-2005-AA/TC, utilizando el mismo formato que en las otras medidas cautelares.

Octavo. La Sala Penal Especial señaló que todos esos datos indiciarios, conforme con las reglas de la experiencia, permiten inferir en forma inequívoca que la expedición de las resoluciones por el acusado, obedecieron a haber aceptado y recibido prebendas económicas de los representantes de las empresas demandantes.

Noveno. De otro lado, como aspectos relevantes en cuanto a la valoración probatoria que efectuó, precisó que no se evaluó la pericia contable realizada a nivel preliminar en el proceso por lavado de activos, ya que no fue postulado como prueba trasladada por el fiscal superior interviniente, constituyéndose solo en una prueba documental que proporcionó un indicio periférico sobre la culpabilidad del acusado. Asimismo, precisó que la pericia contable oficial no tiene ningún valor probatorio, pues la perito contable Quillatupa Machuca no la ratificó en juicio oral (la Sala Penal Especial ordenó poner en conocimiento dicho acto de la perito ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno, en tanto que dicha conducta sería ilegal).

III. Delimitación del ámbito de pronunciamiento

Décimo. En la audiencia de apelación llevada a cabo el siete de noviembre de dos mil diecinueve, la defensa técnica del sentenciado Armando Janampa Oscátegui reiteró su pretensión de revocatoria y solicitó que se absuelva a su defendido de los cargos en su contra. Así, los agravios propuestos están referidos a cuestionar la suficiencia probatoria que conllevó a determinar la responsabilidad penal en su caso; en consecuencia, este será el margen de evaluación de la presente resolución, salvo las cuestiones que de oficio sean declarables por este Tribunal Supremo, de conformidad con las normas pertinentes del CPP.

Decimoprimero. Específicamente, en cuanto al aspecto probatorio, se debe analizar si existen medios suficientes (directos o indiciarios) que acrediten la concurrencia de los elementos típicos del delito materia de acusación y si los mismos vinculan al acusado Armando Janampa Oscátegui. Ello por cuanto en la sentencia recurrida se precisó que la condena se basó en pruebas indiciarias, las cuales surgieron desde los hechos no cuestionados por las partes procesales que, en esencia, fueron los siguientes:

11.1. Su desempeño como juez suplente del Segundo Juzgado Mixto de Pasco, desde el dieciocho de octubre de dos mil cinco al once de julio de dos mil seis.

11.2. Las resoluciones judiciales que dictó en los procesos de amparo números 282-2005, 151-2006, 86-2006, 84-2006, 129- 2006 y 145-2006; y en el proceso de prescripción adquisitiva número 08-2004 o 420-2004.

Se indicó que dichas decisiones judiciales fueron emitidas en contra de la ley y jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, por lo que se infiere que las mismas fueron emitidas por el acusado en virtud de haber recibido un donativo o beneficio.

FUNDAMENTOS

IV. Sobre el delito de cohecho pasivo específico

Decimosegundo. El delito por el cual el procesado Armando Janampa Oscátegui fue condenado es el de cohecho pasivo específico, que conforme con la modificación establecida por la Ley N.° 266431 (vigente a la fecha en que ocurrieron los hechos) señala en el primer párrafo, del artículo trescientos noventa y cinco, del CP, que:

El magistrado […] que solicite y/o acepte donativo, promesa o cualquier otra ventaja, a sabiendas de que es hecha con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años e inhabilitación conforme con los incisos uno y dos, del artículo treinta y seis, del Código Penal, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa.

Decimotercero. El tipo penal mencionado constituye un delito especial, pues el agente activo solo puede ser aquella persona que tenga un cargo determinado (en el presente caso, el de un magistrado del Poder Judicial), que va a decidir un caso sometido a su competencia. Respecto al delito materia de acusación, se precisa que el término aceptar se debe entender como ‘admitir’ o ‘consentir’, y el de recibir implica ‘tomar’ o ‘aceptar’2. Constituye un delito de mera actividad, ya que no es necesario que el sujeto activo emita su decisión objeto de influencia ilícita o logre beneficiarse con la dádiva.

Por otro lado, el donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, pueden tener una connotación económica o no y debe beneficiar directamente al sujeto activo. La entrega puede ser en forma inmediata o a futuro, y cabe la posibilidad de que se realice a una tercera persona que tenga un vínculo con el agente activo. Si bien constituye un delito de encuentro, no es necesario lograr la plena identificación de la persona que prometió o entregó el donativo, ventaja o beneficio, ya que dicho aspecto se puede acreditar a través de la prueba indiciaria. En cuanto al elemento subjetivo, es de comisión dolosa.

V. Caso buses camión

Decimocuarto. Sobre las medidas cautelares que el acusado Janampa Oscátegui dictó en los procesos de amparo números 84- 2006, 86-2006, 129-2006, 145-2006 y 151-2006, debe precisarse que el citado fue objeto de denuncia penal por el delito de prevaricato conforme con lo dispuesto en la resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 335-2007-MP-FN, del dieciséis de marzo de dos mil siete (ver fojas treinta y cuatro y treinta y cinco del cuaderno de medios de prueba), el cual fue conocido por la Sala Penal Mixta de Pasco, proceso penal que derivó en la sentencia condenatoria del veintiséis de febrero de dos mil nueve (conforme con el boletín de condenas y copias fedateadas obtenidas por en esta instancia suprema, que obran en el cuadernillo formado en esta instancia suprema).

Decimoquinto. El hecho materia de dicho proceso consistió en que Armando Janampa Oscátegui cuando se desempeñaba como juez suplente del Segundo Juzgado Mixto de Pasco, concedió medidas cautelares de no innovar a favor de las empresas de transportes Huaynate S. A., Judith E. I. R. L., Las Brisas S. A., Marcelo Hermanos S. R. L. y Alcimar S. R. L., autorizándolos a brindar el servicio de transporte interprovincial de pasajeros de vehículos ómnibus carrozados sobre chasis de camión; en contravención con el Decreto Supremo N.° 006-2004-MTC (que fue declarado constitucional por sentencia del Tribunal Constitucional N.° 7320-2006-PA/TC), hecho que fue calificado como delito de prevaricato, tipificado en el artículo cuatrocientos dieciocho del CP.

Decimosexto. De lo expuesto, se advierte que el indicado marco fáctico es el mismo que uno de los hechos que en el presente proceso se atribuyen al procesado, específicamente, el caso denominado buses camión, por lo que este Tribunal Supremo, en aplicación de la garantía del non bis ídem material3, determina que existe sobre este extremo imputado identidad de hechos, sujeto y fundamento (triple identidad), en tanto que:

16.1. En ambos casos, el procesado es Armando Janampa Oscátegui.

16.2. Se trata de decisiones emitidas en los mismos procesos de amparo de las empresas de transportes contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

16.3. Los bienes jurídicos tutelados en ambos procesos penales son los mismos; así, el bien jurídico general en los delitos de cohecho pasivo específico (artículo trescientos noventa y cinco del CP) y prevaricato (artículo cuatrocientos dieciocho del CP), lo constituye el correcto desempeño del funcionario público, por cuanto se encuentran en el mismo título de delitos contra la Administración Pública.

La consecuencia de la configuración de la triple identidad antes aludida, es determinar que existe cosa juzgada sobre este extremo fáctico, por lo que corresponde archivar la causa penal sobre dicho extremo referido al caso buses camión.

VI. Caso tragamonedas

Decimoséptimo. En lo que respecta al caso tragamonedas (acción de amparo número 282-2005), la Fiscalía de la Nación, a través de la resolución del nueve de febrero de dos mil once (ver fojas veintiocho a treinta y tres del cuaderno de medios de prueba), declaró fundada la denuncia penal contra Armando Janampa Oscátegui por el delito de prevaricato, por haber declarado fundada la demanda de acción de amparo de la empresa Fortic S. A. C. contra el entonces Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, declarando inaplicables la Ley N.° 27153 y su modificatoria Ley N.° 27796, así como su reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 009-2002-MINCETUR, ordenando se otorgue las autorizaciones y licencias correspondientes a la accionante en su negocio de tragamonedas.

Decimoctavo. Conforme puede verse, en virtud de la resolución que emitió el procesado sobre el denominado caso tragamonedas, se inició un proceso penal al acusado por el delito de prevaricato, ello con anterioridad a este proceso; en consecuencia, este Tribunal Supremo concluye que sobre dicho extremo fáctico nos encontramos ante la afectación a la garantía del non bis in ídem procesal4, pues se presenta una triple identidad (sujeto, hecho y fundamento):

18.1. Se trata de la misma persona, esto es, el acusado Armando Janampa Oscátegui.

18.2. Estamos ante el mismo hecho, el cual fue haber emitido la resolución judicial que contravino el mandato expreso de la ley e incumpliendo jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional.

18.3. Se tiene el mismo fundamento, ya que los bienes jurídicos son los mismos (ver fundamento 16.3 de la presente resolución).

La consecuencia de la configuración de la triple identidad antes aludida, determina la afectación a la garantía constitucional del non bis in ídem procesal, por lo que corresponde archivar la causa penal para este proceso, sobre el extremo referido al caso tragamonedas, debiéndose continuar en el estado que se encuentre el expediente penal iniciado a mérito de lo resuelto por la Fiscalía de la Nación en el caso 03-2007-Pasco del nueve de febrero de dos mil once (de acuerdo con la información que se registra a foja veintiocho).

VII. Caso prescripción adquisitiva

Decimonoveno. En lo concerniente al caso denominado prescripción adquisitiva, este Tribunal Supremo advierte que existe suficiencia probatoria para sostener el fallo condenatorio que es materia de revisión, ello en virtud a los siguientes fundamentos:

19.1. El acusado se desempeñó como juez suplente del Segundo Juzgado Mixto de Pasco entre el dieciocho de octubre de dos mi cinco hasta el diez de octubre de dos mil seis, lo que fue objeto de convención probatoria, conforme con la audiencia de control de acusación del dieciocho de agosto de dos mil diecisiete (ver foja treinta del cuaderno de debates). Con lo que se acredita que el acusado Janampa Oscátegui tenía la condición de magistrado de la Corte Superior de Justicia de Pasco, esto es, tenía la calidad especial de sujeto activo que requiere el tipo penal materia de acusación.

19.2. El acusado, en el expediente N.° 08-2004, el cuatro de mayo de dos mil seis (ver foja ochenta y cinco del cuaderno de medios de prueba), en el proceso de prescripción adquisitiva, dictó sentencia estimatoria a favor de los demandantes Teodoro Oscátegui Deudor y Severo Carbajal Meza, a pesar de que en dicho proceso él se apersonó como su abogado antes de que ejerza el cargo de juez, lo cual no fue cuestionado por el acusado en tanto fue objeto también de convención probatoria. Constituye un indicio de participación delictiva, ya que a pesar de tener conocimiento de su impedimento, dictó sentencia.

19.3. Asimismo, se advierten varias irregularidades en la tramitación del indicado proceso civil, los que a continuación se detallan:

a) El acusado dictó sentencia estimatoria a pesar de haber patrocinado a la parte demandante en el mismo proceso.

b) No aplicó el inciso dos, del artículo cuatrocientos ocho, del Código Procesal Civil, vigente en ese momento, que disponía la elevación obligatoria en consulta cuando la parte perdedora está representada por curador procesal y no fue impugnada.

c) El trámite realizado en dicho proceso adolecía de varios vicios procesales que implicaron la nulidad de todo lo actuado, como así lo pronunció la Sala Mixta Descentralizada de Pasco por resolución del dieciocho de abril de dos mil siete (ver foja noventa del cuaderno de medios de prueba).

d) El acusado Janampa Oscátegui, en su declaración en juicio oral (ver transcripción realizada en las páginas doce y treinta y seis de la sentencia de primera instancia), reconoció que sustrajo varias piezas procesales, entre ellas la resolución en la que inicialmente se inhibía de conocer el proceso por haber sido abogado de los demandantes, un escrito de apersonamiento firmado por su hermana y una cédula de notificación que había recibido personalmente. Todos estos datos constituyen indicios de comisión delictiva.

19.4. Analizadas dichas circunstancias, tenemos que el acusado aprovechó su condición de juez suplente para favorecer a los demandantes, a pesar de saber que estaba prohibido de resolver el proceso al haber sido su abogado en la etapa postulatoria, no aplicó las normas contenidas en el Código Procesal Civil respecto a la admisibilidad de la demanda y a la elevación de oficio respecto a la sentencia estimatoria (conocimiento exigible por ser abogado y estudiante de la maestría de Derecho Civil, conforme lo expresó en juicio oral); asimismo realizó conductas temerarias para borrar las huellas de su ilícito proceder, como sustraer piezas procesales, conducta que constituyó delito contra la fe pública por el que fue condenado en su oportunidad.

19.5. Asimismo, el testigo Severo Carbajal Meza (parte demandante en el proceso de prescripción adquisitiva), en su declaración dada en la etapa de investigación preliminar del presente caso, ante la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito Fiscal de Pasco (ver acta de foja cuarenta y seis del cuaderno de medios de prueba), señaló que el acusado Janampa Oscátegui fue su abogado, con quien se reunió luego que fuera designado como juez suplente, y que los seguía asesorando y se comprometió a ayudarlos.

Vigésimo. Todas las circunstancias expuestas permiten inferir razonablemente que el acusado se reunió, antes de emitir sentencia estimatoria, con la parte demandante para recibir una ventaja o beneficio, pues las irregularidades expresadas en la tramitación del expediente y la inusual intervención del acusado a favor de los demandantes denotan un interés ilegítimo que no puede sostenerse si no es por haber recibido una ventaja o beneficio. Es pertinente resaltar, que la comisión de los delitos de corrupción en general se hacen en forma subrepticia; es decir, la entrega del medio corruptor se hace de tal manera de que se hace difícil obtener prueba directa para identificar al agente, lo que no impide que se tengan pruebas indiciarias que acrediten que efectivamente se produjo dicha entrega, como en el presente caso, en el que se acreditó que el acusado tuvo un encuentro con la parte demandante antes de dictar la sentencia estimatoria. En consecuencia, de conformidad con los artículos trescientos noventa y nueve y cuatrocientos veinticinco, inciso tres, literal b, del CPP, sobre este extremo fáctico deberá declararse infundada la apelación y confirmarse la sentencia condenatoria.

VIII. Dosificación de la sanción penal

Vigesimoprimero. Para la presente sentencia, se tiene que de los tres hechos imputados se determinó que solo respecto a uno corresponde establecer responsabilidad penal al acusado Janampa Oscátegui, por lo que debe modificarse la pena impuesta. A tal efecto, debe considerarse lo siguiente:

21.1. Conforme con el texto modificado por la Ley N.° 26643, el delito cometido tiene tres penas conjuntas: privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años, inhabilitación conforme con los incisos uno y dos, del artículo treinta y seis, del CP, y días multa no menor de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco.

21.2. Con respecto a la pena de inhabilitación, se debe mencionar que con la modificación del artículo trescientos noventa y cinco del CP realizada por Ley N.° 25489, se incorporó al tipo penal como pena conjunta la de inhabilitación, conforme con los incisos uno y dos, del artículo treinta y seis, del Código Sustantivo mencionado. Por lo tanto, dicha pena no es accesoria sino principal, su duración debe establecerse conforme con el Acuerdo Plenario N.° 2-2008/CJ-116, así como al texto original del artículo cuatrocientos veintiséis del CP, que se encontraba vigente a la fecha de los hechos; esto es, no menor de uno ni mayor de tres años, conforme con los incisos uno y dos, del artículo treinta y seis, del Código Sustantivo mencionado.

21.3. En atención a las características personales del acusado Janampa Oscátegui (edad, grado de instrucción y profesión), deberá reducirse la pena concreta establecida en su contra dentro de los límites que se establecen en la Ley.

Vigesimosegundo. Respecto al monto de la reparación civil, se debe precisar que su determinación se realiza por criterios distintos a la imputación de responsabilidad penal, de tal forma que al no expresar agravios el recurrente sobre dicho extremo, se deberá confirmar el monto señalado por la Sala Penal Especial.

IX. Otros agravios propuestos por el recurrente

Vigesimotercero. En cuanto a los agravios señalados por la defensa técnica del acusado Janampa Oscátegui, solo se toman en cuenta los referidos al proceso en el que se dictó sentencia estimatoria en el proceso de prescripción adquisitiva, frente a lo cual este Tribunal Supremo afirma que:

23.1. La imputación del representante del Ministerio Público fue objeto de control de acusación en la audiencia realizada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete (foja treinta del cuaderno de debates), en la que el juez de Investigación Preparatoria declaró la validez formal de la acusación y se aprecia que la defensa técnica del acusado que concurrió no hizo ninguna observación. Entonces, se declaró que la acusación cumplía con los requisitos formales establecidos en el artículo trescientos cuarenta y nueve del CPP.

23.2. Respecto a que no se precisó quién ofreció y entregó el presunto donativo, se debe mencionar que se llegó a determinar, por versión del testigo Severo Carbajal Meza, que el acusado se reunió con la parte demandante después de ser designado como juez suplente, y se comprometió a ayudarlos con su demanda de prescripción adquisitiva; como se ha mencionado anteriormente, los actos realizados en dicho proceso constituyen indicios que bajo un análisis lógico, solo se explican que fueron motivados por haber recibido un beneficio.

23.3. En cuanto a que la declaración del testigo Carbajal Meza, que fue considerada como medio probatorio incriminatorio, se tomó en una investigación administrativa a cargo del Órgano de Control Interno del Ministerio Público, se debe mencionar que dicha argumentación no es válida, pues dicha declaración se tomó en el marco de las investigaciones preliminares dispuestas por la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Distrito Fiscal de Pasco, mediante disposición del veinticuatro de setiembre de dos mil quince (foja treinta y seis), por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico, delito que es objeto del presente proceso penal.

23.4. Se debe precisar que conforme con el Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, una de sus funciones es la de investigar las denuncias formuladas contra jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones, con excepción de los magistrados supremos, lo que sucedió en el presente caso. En consecuencia, dicha manifestación fue tomada en relación con los hechos materia de acusación, y tienen validez por haber sido realizadas en forma espontánea y bajo la supervisión del representante del Ministerio Público. No fue tomada en un proceso administrativo por presunta inconducta funcional, sino como indagaciones preliminares sobre la comisión de un delito.

23.5. Si bien es cierto que el testigo Carbajal Meza en juicio oral se presentó a declarar en la audiencia del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho (ver página sesenta y dos de la sentencia impugnada), el Colegiado Superior advirtió que no ofreció respuestas claras y afirmaba que no recordaba nada, razones por las que en aplicación del principio de inmediación, al considerar que ocultaba la verdad, la descartó para ser valorada como prueba de descargo y optó por recurrir a su manifestación dada a nivel preliminar. Es pertinente mencionar que dicha manifestación constituye un indicio que al hacerse el análisis correspondiente, se llega a determinar que se convierte en una prueba indiciaria incriminatoria.

23.6. En cuanto a la mención sobre hechos no invocados en la acusación fiscal (se borraron con corrector líquido las rúbricas, firma y posfirma que el acusado Janampa Oscátegui puso en la demanda; y que se demandó a una persona inexistente), son hechos periféricos que se desprenden de la misma revisión del expediente número 08- 2004 sobre prescripción adquisitiva, no afectándose el derecho de defensa del acusado, puesto que en su declaración dada en juicio oral reconoció haber desprendido varios actuados procesales de dicho proceso judicial.

Vigesimocuarto. El artículo cuatrocientos noventa y siete del Código Procesal Penal dispone que las costas estarán a cargo de la parte vencida en el proceso, por lo que, al no advertirse motivos justificados para disponer una exoneración, estas deben imponerse.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. NULO los extremos de la acusación fiscal del dos de junio de dos mil siete, referido a los casos denominados buses camión y tragamonedas, por afectación a la garantía constitucional del non bis in ídem, cuyos efectos solo se extienden a este proceso penal (por lo que, en caso se esté ejecutando una sanción penal o llevándose a cabo un proceso penal por los referidos hechos en un proceso judicial distinto a este, estos no se verán afectados por esta decisión); en consecuencia, SIN EFECTO los extremos condenatorios de la sentencia impugnada del treinta de julio de dos mil dieciocho sobre los referidos hechos, ORDENÁNDOSE su archivo.

II. INFUNDADO, en parte, el recurso de apelación interpuesto por el acusado Armando Janampa Oscátegui contra la sentencia del treinta de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Pasco; en consecuencia, CONFIRMARON la referida sentencia respecto al hecho denominado prescripción adquisitiva, que condenó a Armando Janampa Oscátegui como autor de delito contra la Administración Pública- cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

III. REVOCARON el extremo de la pena impuesta de quince años de pena privativa de la libertad, inhabilitación y los días-multa establecidos; y, REFORMÁNDOLO, impusieron a Armando Janampa Oscátegui ocho años de pena privativa de la libertad (cuya ejecución se computa desde el treinta de mayo de dos mil diecisiete y vencerá el veintinueve de mayo de dos mil veinticinco), inhabilitación por el plazo de un año (de conformidad con los incisos uno y dos, del artículo treinta y seis, del Código Penal, contados desde la presente resolución); y doscientos días multa a razón del veinticinco por ciento de su remuneración diaria (la cual deberá ser pagada de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarenta y cuatro del Código Sustantivo mencionado).

IV. CONFIRMAR el monto de la reparación civil en la suma de cincuenta mil soles a favor de la parte agraviada.

V. CONDENARON al recurrente al pago de las costas procesales; y ORDENARON su liquidación al secretario del Juzgado de Investigación Preparatoria competente.

VI. MANDARON leer la presente sentencia de apelación en audiencia pública y los devolvieron.


1 Publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de junio de 1996.
2 SALINAS SICCHA, Ramiro. Delitos contra la Administración Pública. Segunda edición. Lima: Grijley, 2011, pp. 496 y 497. HUGO ÁLVAREZ, Jorge y HUARCAYA RAMOS, Betty. Delitos contra la Administración Pública. Lima: Gaceta Jurídica, julio de 2018, p. 366.
3 El Tribunal Constitucional estableció en las sentencias recaídas en los expedientes números 2050-2002-AA/TC, 3495-2011-PHC/TC y 929-2014-PHC/TC, que la garantía del non bis in ídem se encuentra implícitamente reconocido en el inciso dos, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política (cosa juzgada), el cual tiene dos vertientes: material, por el que está prohibido que sobre la misma infracción recaigan dos sanciones al mismo sujeto; y, procesal, que consiste en no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho con el mismo objeto. Asimismo, se estableció como requisito para establecer que una resolución tenga la calidad de cosa juzgada, la concurrencia de los siguientes elementos: identidad de sujeto, identidad de hecho e identidad de fundamento (Exp. STC. N.° 2600- 2009-PHC/TC).
4 Al respecto, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 10192-2006-PHC/TC, señaló: “Desde esta vertiente, dicho principio presupone la interdicción de un doble proceso penal por la misma conducta. Lo que pretende es proteger a cualquier imputado del riesgo de una nueva persecución penal, con abstracción del grado alcanzado por el procedimiento simultáneo o sucesivamente, por la misma realidad histórica atribuida. Lo inadmisible es, pues, tanto la repetición del proceso como una doble condena o el riesgo de afrontarla: lo cual se yergue como límite material frente a los mayores poderes de persecución que tiene el Estado, que al ejercer su ius puniendi debe tener una sola oportunidad de persecución”.

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