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ROBO CON AGRAVANTES : Principio de jerarquía en la determinación del quantum de la pena.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 2266-2018
LIMA SUR

PRINCIPIO DE JERARQUÍA, INCONCURRENCIA DE CAUSALES DE DISMINUCIÓN DE LA PUNIBILIDAD Y ACLARACIÓN DE LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA PENA IMPUESTA

1. No se valoraron de forma correcta la inconcurrencia de causales de disminución de la punibilidad, la gravedad del hecho punible, las condiciones personales del agente, la concurrencia de circunstancias agravantes específicas y los límites de la bonificación procesal; sin embargo, la Fiscalía Suprema en lo Penal manifestó su conformidad con la pena impuesta. De modo que, en aplicación del principio de jerarquía, corresponde confirmar la pena privativa de libertad impuesta.

2. El estado de salud del procesado o las patologías que este al parecer presenta (virus de inmunodeficiencia humana, tuberculosis y alergia) no son causales de disminución de la punibilidad reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico, sino circunstancias que operan al momento de evaluar las condiciones del agente en el proceso de identificación de la pena concreta parcial. Por ello, no resulta posible imponer al impugnante una pena privativa de libertad por debajo del marco punitivo previsto por el legislador para el delito de robo con agravantes.

3. El procesado recurrente viene cumpliendo una pena privativa de libertad impuesta en otro proceso penal, que vence el uno de enero de dos mil veinte. De modo que, la pena impuesta a través de la sentencia recurrida debe computarse una vez cumplida la pena antes impuesta.

Lima, catorce de octubre de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por la representante del Ministerio Público (folio 216) y la defensa del procesado Aldo Miguel Cerrón Quinto (folio 224), contra la sentencia conformada del veintiuno de junio de dos mil dieciocho (folio 206), que condenó a Aldo Miguel Cerrón Quinto como coautor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes específicas, en perjuicio de Wilder García Villalobos, en el extremo que impuso a dicho procesado trece años con nueve meses de pena privativa de libertad.

Intervino como ponente el juez supremo BALLADARES APARICIO.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

PRIMERO. Conforme se desprende de la acusación fiscal (folio 130):

1.1. El veinticinco de julio de dos mil catorce, a las veinte horas, aproximadamente, Wilder García Villalobos transitaba por la avenida Velasco, en el distrito de Villa El Salvador. En tal circunstancia, fue interceptado por Aldo Miguel Cerrón Quinto, quien lo cogió del cuello por la parte posterior, con la finalidad de reducirlo, mientras otros dos sujetos no identificados, uno armado con un cuchillo, le rebuscaban los bolsillos y sustraían su billetera, ciento cincuenta soles, un libro de apuntes y un teléfono celular, entre otros bienes; además, lo agredieron en el cuerpo y rostro, con la finalidad de eliminar su resistencia. Luego dichas personas huyeron del lugar, ante lo cual el agraviado solicitó la ayuda de los efectivos policiales y, por la información de una vecina del lugar, llegaron al domicilio de Aldo Miguel Cerrón Quinto y lo intervinieron cuando raudamente intentaba ingresar.

1.2. Dichos hechos fueron tipificados por el representante del Ministerio Público como delito de robo con agravantes específicas, previsto en el artículo ciento ochenta y ocho, y el inciso uno, del segundo párrafo, del artículo ciento ochenta y nueve, del Código Penal. Además, solicitó se imponga a Aldo Miguel Cerrón Quinto veintitrés años con cuatro meses de pena privativa de libertad, como coautor del ilícito descrito, y el pago de cuatro mil soles por concepto de reparación civil.

1.3. El delito de robo y las circunstancias agravantes del mismo se encuentran previstas en los artículos ciento ochenta y ocho y ciento ochenta y nueve del Código Penal, modificados por los artículos uno, de las Leyes números 27472 y 30076, publicadas el cinco de junio de dos mil uno y el diecinueve de agosto de dos mil trece, respectivamente, que establecen:

Artículo 188.- Robo
El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.
Artículo 189. Robo agravado
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: […]
La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido:
1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima […].

FUNDAMENTOS DE LOS IMPUGNANTES

SEGUNDO. La representante del Ministerio Público, al fundamentar el recurso de nulidad propuesto (folio 216), señaló que:

2.1. No existe discusión sobre la responsabilidad del procesado, debido a que este se sometió a la conclusión anticipada del juicio oral.

2.2. La Sala Superior debió imponer la pena privativa de libertad prevista para el delito de robo con agravantes, siguiendo los criterios expuestos en los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal.

2.3. El delito de robo con las agravantes imputadas a Aldo Miguel Cerrón Quinto está sancionado con una pena privativa de libertad de entre veinte y treinta años; de modo que, considerando que dicho procesado se sometió a la conclusión anticipada del juicio oral, debía imponérsele diecinueve años, cinco meses y veintiocho días de pena privativa de libertad.

2.4. No se garantizó su derecho a la motivación de resoluciones judiciales y conculcó el principio de legalidad al imponer el procesado Aldo Miguel Cerrón Quinto una pena privativa de libertad por debajo del mínimo legal.

TERCERO. La defensa del procesado Aldo Miguel Cerrón Quinto, al fundamentar el recurso de nulidad propuesto (folio 224), señaló que:

3.1. No se debe castigar en forma pasional, sino de forma reflexiva, para la mejora y el aseguramiento en línea preventiva en general; esto se concreta en las modernas teorías que fundamentan la pena.

3.2. Debió imponerse a su patrocinado una pena privativa de libertad menor a la dispuesta en la sentencia recurrida, en razón de que el recurrente padece de la enfermedad del sida.

3.3. La pena privativa de libertad impuesta es excesiva, desproporcional e inhumana.

ANÁLISIS DEL CASO

CUARTO. El ámbito de impugnación del presente caso se limita al análisis del quantum de la pena impuesta al procesado Aldo Miguel Cerrón Quinto, debido a que este, informado por el Tribunal de Instancia y con el asesoramiento de su defensa técnica, se acogió a los alcances de la conclusión anticipada del debate oral (folio 194); por ello, es necesario verificar si la Sala Superior tuvo en cuenta lo descrito en los considerandos precedentes.

QUINTO. Con relación a los agravios denunciados por la representante del Ministerio Público:

5.1. El Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida en el Expediente N.° 02920-2012-PHC/TC, precisó que

[…] el artículo 5 de la LOMP regula la autonomía funcional de los fiscales, y establece que ‘Los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben sujetarse a las instrucciones que pudieren impartirles sus superiores’.

5.2. Conforme al citado dispositivo y acorde con el criterio jurisprudencial del Máximo Interprete de la Constitución, los fiscales de menor grado o rango deben sujetarse a las instrucciones de sus superiores, dado que el Ministerio Público es un órgano orgánica y jerárquicamente estructurado; esto es, “[…] en aplicación del precitado artículo 5 de la LOMP, cuando un actuado llega a conocimiento del fiscal superior o supremo, es el criterio de este el que debe primar sobre el criterio de los fiscales de menor jerarquía”.

5.3. En el caso de autos, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, en su dictamen fiscal (folio 19 del cuadernillo formado en esta Instancia), opinó que no hay nulidad en la sentencia recurrida, en el extremo de la pena impuesta, debido a que, a su criterio, correspondía atenuar las penas en razón a las enfermedades que al parecer el procesado presenta.

5.4. Lo descrito pone de manifiesto que si el máximo representante del Misterio Público, a través de su máxima instancia, estima que la pena privativa de libertad se encuentra acorde a Derecho, no es viable que este órgano jurisdiccional decida lo contrario, en aplicación del principio de jerarquía, descrito precedentemente.

SEXTO. Respecto a los agravios denunciados por el procesado Aldo Miguel Cerrón Quinto:

6.1. El Colegiado Superior no evaluó la inconcurrencia de causales de disminución de la punibilidad, la gravedad del hecho punible, las condiciones personales del agente, la concurrencia de circunstancias agravantes específicas y los límites de la bonificación procesal por conclusión anticipada del juicio oral, pues impuso una pena por debajo del mínimo legal sin que concurra ninguna causal de disminución de punibilidad; en concreto, correspondía imponer al procesado recurrente una pena privativa de libertad superior a la dispuesta en la sentencia recurrida. Sin embargo, reiteramos, la Fiscalía Suprema en lo Penal manifestó su conformidad con la pena impuesta, por lo que no puede incrementarse la pena.

6.2. Ahora bien, con relación a las circunstancias de atenuación alegadas por la defensa técnica del impugnante, el estado de salud del procesado o las patologías que este al parecer presenta, esto es, el virus de inmunodeficiencia humana, tuberculosis y alergia (folio 196), no son causales de disminución de la punibilidad reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico, sino circunstancias que operan al momento de evaluar las condiciones del agente en el proceso de identificación de la pena concreta parcial. Por ello, no resulta posible imponer al impugnante una pena privativa de libertad por debajo del marco punitivo previsto por el legislador para el delito de robo con agravantes.

6.3. Además, en relación con los demás argumentos esgrimidos:

a) Estos son subjetivos y están orientados a cuestionar la pena prevista por el legislador para el delito de robo con agravantes, lo cual solo puede ser analizado vía control de constitucionalidad de la norma penal (control concentrado o control difuso) o realizando un control de convencionalidad de la legislación; sin embargo, ello no fue solicitado ni argumentado por el recurrente, ni se estima necesario para resolver la controversia.

b) No se vulneró ninguno de los derechos alegados por el recurrente, pues resulta legítima la restricción impuesta a su derecho a la libertad individual.

c) Los argumentos expuestos por el recurrente son desestimados, en razón de que se tuvieron en cuenta las circunstancias descritas en el recurso de nulidad y que se sometió a la conclusión anticipada del juicio oral.

6.4. Por último, con relación a la fecha de cumplimiento de la pena impuesta a través de la sentencia impugnada, el recurrente cumple a la fecha una pena privativa de libertad de cinco años, impuesta en otro proceso penal, según aparece de su certificado judicial de antecedentes penales (foja 171), la cual vence el uno de enero de dos mil veinte. De modo que, la pena impuesta en la sentencia recurrida debe computarse una vez cumplida la pena antes impuesta, esto es, desde el dos de enero de dos mil veinte.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, de conformidad con el dictamen de la Fiscalía Suprema en lo Penal:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia conformada del veintiuno de junio de dos mil dieciocho (folio 206), que condenó a Aldo Miguel Cerrón Quinto como coautor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo con agravantes específicas, en perjuicio de Wilder García Villalobos, en el extremo que impuso a dicho procesado trece años con nueve meses de pena privativa de libertad que, computándose desde el dos de enero de dos mil veinte, en que cumple la pena impuesta en el Expediente N.° 2-2015, vence el uno de octubre de dos mil treinta y tres.

II. DISPUSIERON se notifique la presente ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, devuélvanse los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.

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