Conclusión anticipada. Indefensión material. Abogado negaba parte de los cargos.
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ROBO: Absolución – La presencia en lugar de los hechos no basta para fundamentar responsabilidad penal.
3 febrero, 2021

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 2399-2018
JUNÍN

NUEVO JUICIO ORAL

La sentencia de mérito cometió infracción a las normas de procedimiento penal y al derecho a la prueba, por lo que corresponde declarar nulo el juicio oral.

Lima, veintidós de octubre de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Claudia Cecilia Lau Buendía contra la sentencia del dos de julio de dos mil dieciocho, en el extremo que la condenó como autora del delito contra la fe pública, en la modalidad de uso de documento público falso, en perjuicio del Estado, representado por la Oficina de Normalización Previsional, le impuso cuatro años de pena suspendida por el período de prueba de dos años y fijó el monto de tres mil soles como pago por reparación civil.

Intervino como ponente el juez supremo BALLADARES APARICIO.

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES DE RELEVANCIA

Primero. Para comprender las circunstancias que propiciaron el presente proceso penal, corresponde precisar lo siguiente:

1.1. Este proceso penal es producto de la remisión de copias que se ordenó en el proceso penal signado con Expediente N.° 00703-2010-0-1501-JR-PE-05, que se siguió contra Silverio Fernández Huamán y otros, por presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y uso de certificado médico falso, el cual fue declarado prescrito (folio 85).1 En aquella oportunidad, a pedido del fiscal, la Sala Superior remitió copias para que se investigue a Claudia Cecilia Lau Buendía, por presuntamente haber confeccionado certificados médicos falsos para ser presentados ante la Oficina de Normalización Previsional (en adelante ONP).

1.2. La investigación motivó la interposición de una denuncia penal contra Claudia Cecilia Lau Buendía, Lina Paola Lau Buendía, Gisela Lau Buendía, Mario de la Cruz Soto, Nancy Romero de la Cruz y Alicia Romero de la Cruz, como presuntos autores del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación y uso de documento falso, así como el delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de asociación ilícita, en perjuicio del Estado, precisándose que el primer delito afecta a la OPN (folio 167). La denuncia data del diecinueve de febrero de dos mil catorce.

1.3. El juez penal aperturó instrucción mediante auto del treinta de junio de dos mil catorce (folio 179), contra Claudia Cecilia Lau Buendía, Lina Paola Lau Buendía, Gisela Lau Buendía, Mario de la Cruz Soto, Nancy Romero de la Cruz y Alicia Romero de la Cruz, por el delito de elaboración y uso de documento falso en perjuicio de la ONP; y, contra Lina Paola Lau Buendía, Gisela Lau Buendía, Mario de la Cruz Soto, Nancy Romero de la Cruz y Alicia Romero de la Cruz, por delito contra la tranquilidad pública, asociación ilícita, en perjuicio del Estado. Este auto fue aclarado el treinta de junio de dos mil catorce (folio 205).

1.4. El fiscal supremo en lo penal, a través del dictamen del treinta de septiembre de dos mil dieciséis (folio 390), opinó no haber mérito para pasar a juicio oral contra los acusados.

1.5. La Sala Superior, a través del auto del veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis (folio 410), decidió elevar en consulta al fiscal supremo.

1.6. La Fiscalía Suprema en lo Penal emitió el dictamen motivo de consulta el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (folio 421), en el cual desaprobó el dictamen de primera instancia y ordenó se emita dictamen acusatorio.

1.7. Mediante dictamen superior del veintidós de mayo de dos mil diecisiete (folio 431) se formuló acusación contra Lina Paola Lau Buendía, Gisela Lau Buendía, Mario de la Cruz Soto, Nancy Romero de la Cruz y Alicia Romero de la Cruz, como presuntos autores del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos y uso de documento falso, así como por delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de asociación ilícita, ambos en perjuicio del Estado.

También se formuló acusación contra Claudia Cecilia Lau Buendía, como presunta autora del delito contra la fe pública, falsificación de documentos y uso de documento falso, en perjuicio del Estado, ONP.

1.8. Llevado a cabo el control de acusación, se emitió el auto superior de enjuiciamiento (folio 571).

1.9. En la segunda sesión de audiencia (folio 945), el fiscal superior retiró la acusación a Claudia Cecilia Lau Buendía, Lina Paola Lau Buendía, Gisela Lau Buendía, Nancy Romero de la Cruz y Alicia Romero de la Cruz, por el delito de falsificación de documentos en perjuicio del Estado y la ONP; asimismo, retiró acusación a favor de Nancy Romero de La Cruz, Lina Paola Lau Buendía, Guisela Lau Buendía y Alicia Romero de la Cruz2, por el delito de uso de documento público falso en perjuicio del Estado, ONP, y por delito de asociación ilícita para delinquir, también en perjuicio del Estado.

En la tercera audiencia (folio 950), se aceptó el retiro de acusación.

1.10. En la cuarta audiencia de juicio oral (folio 950), la Fiscalía acusó a Claudia Cecilia Lau Buendía y Alicia Romero de la Cruz, por delito contra la fe pública, en la modalidad de uso de documento falso.

1.11. La sentencia impugnada, emitida el dos de julio de dos mil dieciocho (folio 966), absolvió a Alicia Romero de la Cruz de la acusación por uso de documento público falso; asimismo, condenó a la recurrente por el mencionado delito. Esto último motiva el pronunciamiento en grado.

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Segundo. El veinticinco de octubre de dos mil cinco, ante la entidad agraviada –ONP–, se presentó un pedido de pensión de invalidez a favor de Silverio Fernández Huamán, generándose el Expediente Administrativo N.° 016000333505 en el cual se anexaba un certificado médico de invalidez con diagnóstico “Lumbago no especificado”, correspondiente a Silverio Fernández Huamán, del veinticuatro de octubre de dos mil cinco, presuntamente suscrito por los médicos Percy Perales Gutiérrez –médico del Servicio de Traumatología–, y César Reyes Luján –jefe del Servicio de Emergencia–, ambos del hospital Daniel Alcides Carrión, precisándose que el segundo de los mencionados, por el cargo que ocupaba, no podía visar descansos médicos.

Luego de someterse a pericias el documento se concluyó que las firmas no correspondían a sus titulares, como se verifica del Dictamen Pericial N.° 090/2009 del Expediente N.° 703-2010-1051-JR-PE-05, seguido en el Quinto Juzgado Penal de Huancayo, el cual dio origen al presente.

Por su parte, los profesionales de salud cuyos nombres aparecen el documento no reconocieron sus firmas y a través del Oficio N.° 2674-2005-D-UTES-DAC-HYO se informó que ambos galenos no estaban autorizados para evaluar y certificar casos de invalidez y que esa función pertenecía a una comisión. Por tal motivo se emitió una resolución administrativa que denegó la pensión solicitada por Silverio Fernández Huamán.

De los recaudos remitidos por la Sala Penal (a cargo del proceso al que se refiere el numeral 1.1. del considerando precedente), se tiene que Claudia Cecilia Lau Buendía admitió que el certificado de invalidez le fue proporcionado por Mario de la Cruz Soto, quien trabajaba en el hospital Daniel Alcides Carrión, previo pago de doscientos soles, indicándole esta persona que el documento era auténtico. Por su parte, Nancy Romero de la Cruz y Alicia Romero de la Cruz declararon que laboraban para Cecilia Claudia Lau Buendía, quien les enviaba a tramitar documentos a la ONP, recibiendo a cambio quince soles. La recurrente, en la computadora de su oficina, registraba información para elaborar las cartas poder, para que así aquellas puedan realizar los trámites ante la ONP. La apoderada en el expediente de Silverio Fernández Huamán fue Nancy Romero de la Cruz, a cuyo nombre se expidió el certificado médico legal.

Tercero. La acusación subsumió el hecho precedente en el artículo cuatrocientos veintisiete del Código Penal, uso de documento público falso.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

Cuarto. La defensa, en su recurso de nulidad (folio 1000), argumentó lo siguiente:

4.1. Se configura un escenario de insuficiencia probatoria al no ser suficiente que se infiera la existencia de un indicio de mala justificación, pues se requiere que este indicio esté corroborado periféricamente.

4.2. Nancy y Alicia Romero de la Cruz nunca declararon que conocían que el certificado médico legal era falso y menos sobre cómo se obtuvo. Estas personas no declararon en juicio y su versión sobre los hechos tampoco fue incorporada al debate oral a través de la lectura de piezas.

4.3. Otro error en la sentencia radica en que se haya considerado a Alicia Romero de la Cruz como la persona que actuaba como apoderada de Silverio Fernández Huamán, cuando en realidad el poder lo tenía su hermana Nancy Romero de la Cruz.

4.4. En ningún momento se sometió a debate la declaración de Silverio Fernández Huamán, pese a que era fundamental para el esclarecimiento de los hechos. La fiscalía se desistió de su concurrencia al juicio y no pidió se oralice su versión preliminar.

4.5. Se produjo un error de derecho en la calificación de la conducta, habiéndose omitido aplicar el principio de especialidad, por consiguiente se debió emplear la norma penal descrita en el artículo cuatrocientos treinta y uno, que sanciona la expedición de certificado médico falso.

4.6. El presente proceso es consecuencia de un proceso mayor, el tramitado en el Expediente N.° 703-2010 correspondiente a la Primera Sala Superior Penal de Junín, el cual concluyó con el archivamiento por prescripción de la acción penal; en este proceso se aplicó el artículo cuatrocientos treinta y uno del Código Penal. Este criterio debe aplicarse en el presente caso.

4.7. El documento que se alega falsificado no es público debido a que la sola suscripción por un funcionario no determina de modo automático tal condición, y en el presente caso el certificado médico legal ha sido suscrito por personas que no tenían la competencia funcional para certificar el estado de invalidez, tal como lo exige el Decreto Ley N.° 19990 y sus modificaciones.

ANÁLISIS DEL SUPREMO COLEGIADO

Quinto. Las normas procesales son de orden público y, en consecuencia, de obligatorio cumplimiento. Este Tribunal, en la sentencia de Casación N.° 1135- 2016/Cuzco desarrolló la importancia del principio de inmediación en materia procesal penal, pues constituye una manifestación del derecho a la prueba.

Sexto. En el presente caso, se precisa lo siguiente:

6.1. El once de octubre de dos mil diecisiete se instaló el juicio oral (folio 629), el cual fue quebrado debido a una huelga de trabajadores del Poder Judicial (folio 635).

6.2. Un segundo juicio oral se inició el once de abril de dos mil dieciocho (folio 891), el Colegiado estuvo compuesto por los señores Alcibiades Pimentel Zegarra, Carlos Abraham Carvo Castro y Milena Anaya Castro. En esa primera audiencia, con presencia de las acusadas Lina Paola Lau Buendía, Gisella Lau Buendía y Claudia Cecilia Lau Buendía se resolvió una solicitud de adecuación de tipo penal.

En la segunda audiencia, con presencia de las mismas acusadas (folio 897) pero como juez superior Víctor Lazarte Fernández reemplazando a Carlos Abraham Carvo Castro, se expusieron los cargos y se les preguntó si se acogían a los alcances de la Ley de Conclusión Anticipada del Juzgamiento.

En la tercera sesión de audiencia, con la misma concurrencia de acusadas (folio 918), se preguntó a las partes procesales si tenían nueva prueba que ofrecer. El representante del Ministerio Público se limitó a señalar que se remitía a los descritos en la acusación, mientras que la defensa presentó una pericia de parte. En esta audiencia, la única que aceptó declarar fue Claudia Cecilia Lau Buendía.

En la cuarta audiencia, con presencia solo de la recurrente (folio 931), se reprogramó para la concurrencia de testigos.

En la quinta sesión, con presencia de Lina Paola Lau Buendía (folio 934), se llevó a cabo el examen del perito de parte, Roberto Edmundo Macedo Mayo.

6.3. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho se inició un tercer juicio oral, en donde se precisa que el anterior se quebró porque se produjo un segundo cambio de integrante del Colegiado, el juez superior Miguel Ángel Arias Alfaro reemplazó a Víctor Lazarte Fernández.

Lo que resalta en esta audiencia es que se resuelve convalidar el contenido de las actas de audiencia de juicio quebrado, contraviniendo el contenido del último párrafo, del artículo doscientos sesenta y siete, del Código de Procedimientos Penales, que señala “Cuando la suspensión durase más de ese término se dejará sin efecto la audiencia realizada, señalándose, a la brevedad posible, día y hora para un nuevo juicio oral”.

6.4. Cuando el Código de Procedimientos Penales emplea los términos “sin efecto”, se debe interpretar de manera restrictiva, es decir, invalidando las actuaciones realizadas en el juzgamiento debido a que su sostenibilidad claramente afecta los principios de inmediación y contradicción, sobre todo cuando –como en el presente caso–, el nuevo juzgamiento estuvo a cargo de un Tribunal con diferente conformación, plena o en parte. Es oportuno señalar que existirán actos que puedan subsistir, en tanto no estén relacionados a la actuación probatoria.

Así, se configura una causal de nulidad descrita en el numeral uno, de artículo doscientos noventa y ocho, del Código de Procedimientos Penales.

Séptimo. Ahora, avocándonos al análisis de la sentencia, también encontramos afectación al derecho a la prueba, esta vez, en su manifestación de contradicción, debido a que la sentencia justificó su razonamiento en las declaraciones de las entonces procesadas Alicia y Nancy Romero de la Cruz, empleando sus declaraciones a nivel preliminar y de instrucción (folios 124 y 223 en el caso de la primera y folios 122 y 228, en el caso de la segunda de las mencionadas); sin embargo, estas nunca fueron incorporadas al juicio oral presencialmente o a través del glose de piezas instrumentales. Leído el acta del mencionado acto procesal (folio 946), resulta que la Fiscalía solo introdujo al debate el dictamen pericial de grafotecnia y el certificado médico legal de invalidez.

Lo anterior, reiteramos, afecta el principio de contradicción, pues no se permitió a la defensa cuestionar las declaraciones que fueron empleadas para justificar la condena.

Octavo. Queda claro que el Colegiado Superior incurrió en graves infracciones de orden procesal, razón por la cual corresponde llamarles severamente la atención para que en lo sucesivo pongan mayor cuidado en la aplicación de las normas procesales.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, con lo expuesto por la Fiscalía Suprema en lo Penal:

I. DECLARARON NULA la sentencia del dos de julio de dos mil dieciocho, en el extremo que condenó a Claudia Cecilia Lau Buendía como autora del delito contra la fe pública, en la modalidad de uso de documento público falso, en perjuicio del Estado, representado por la Oficina de Normalización Previsional, le impuso cuatro años de pena suspendida por el período de prueba de dos años y fijó el monto de tres mil soles como pago por reparación civil; y reconduciendo, calificaron el ilícito cometido como delito contra la fe pública, en la modalidad de uso de certificado médico falso, en perjuicio del Estado, representado por la Oficina de Normalización Previsional; en consecuencia, dispusieron la realización de un nuevo juicio oral, por distinto Colegiado, al haberse incurrido en causal de nulidad.

II. ORDENARON se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, devuélvanse los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.


1 Un extremo de esta decisión se elevó en consulta a la Fiscalía Suprema la imputación contra Silverio Fernández Huamán y otros como presuntos autores del delito contra la fe pública, falsificación de documento, en perjuicio de la ONP.

2 La decisión en el caso de esta persona fue integrada en la segunda audiencia.

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