TID: Alcances del agravante previsto en el numeral 4, del artículo 297, del código penal. Reconducción de tipo penal.
5 febrero, 2021
USURPACIÓN: Principio de mínima intervención y necesidad de acreditar el dolo en el delito de usurpación.
7 febrero, 2021

ROBO : La duda le favorece al reo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
NULIDAD N.º 1241-2018
UCAYALI

LA DUDA LE FAVORECE AL REO

Es un principio constitucional que permite al acusado ser absuelto en un proceso penal, en tanto que de toda la actuación de la comunidad de pruebas no genera una convicción al juzgador sobre la responsabilidad en el ilícito que se le imputa, sino que originan cognitivamente una duda respecto de la situación jurídica de este (si es responsable o inocente).

Lima, tres de junio de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la sentencia del veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (folio 274), que absolvió a Cristian Antonio Hernández Peña de la acusación fiscal por el delito de robo con agravantes (previsto en el artículo ciento ochenta y ocho, en concordancia con los incisos dos, tres y cuatro, del primer párrafo, del artículo ciento ochenta y nueve, del Código Penal), en perjuicio de Delver Yhuaraqui Amasifuen y Roger Beder Yhuaraqui Amasifuen.

Intervino como ponente el juez supremo QUINTANILLA CHACÓN.

CONSIDERANDO

PRIMERO. IMPUTACIÓN FÁCTICA

El tres de diciembre de dos mil uno, a las diecinueve horas aproximadamente, cuando el agraviado Delver Yhuaraqui Amasifuen laboraba en la mototaxi, cuyo propietario era su coagraviado Roger Beder Yhuaraqui Amasifuen, fue interceptado por el acusado Cristhian Antonio Hernández Peña y un sujeto no identificado, solicitándole sus servicios de taxista a efectos que los llevara al lugar denominado Las Palmeras en la carretera de Yarinacocha. En el camino, el agraviado Delver Yhuaraqui Amasifuen presintió que le querían robar por lo que aceleró para llegar a un lugar seguro, pero el referido procesado lo golpeó a la altura de la cabeza con un arma de fuego; frente a ello, el agraviado optó por lanzarse del vehículo, siendo esto aprovechado por los dos sujetos para llevarse ese vehículo menor.

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DEL IMPUGNANTE

El representante del Ministerio Público, al fundamentar el recurso de nulidad (folio 289), cuestionó la absolución por lo siguiente:

2.1. No se realizó una debida apreciación de los hechos ni compulsaron de forma adecuada los medios de prueba, los mismos que acreditan la responsabilidad del encausado.

2.2. Tampoco se valoró adecuadamente la sindicación del agraviado Delver Yhuaraqui Amasifuen, efectuada a nivel preliminar y judicial, la cual cumple con las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario N.° 2- 2005/CJ-116.

2.3. Se debe tener presente las amenazas de muerte contra el agraviado por parte de los amigos del procesado.

TERCERO. CUESTIÓN PRELIMINAR DE CARÁCTER PROCESAL

3.1. “La prueba es aquella actividad de carácter procesal cuya finalidad consiste en lograr la convicción del juez acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso”1. De este contexto se puede advertir lo siguiente:

a. En un proceso penal no se busca probar el hecho o un acontecimiento, pues esto ya existe en la realidad del mundo exterior, por lo que no requieren ser probados2.

b. Los hechos no constituyen en el proceso penal el objeto material sobre el cual va a recaer la actividad probatoria para pretender obtener la convicción judicial, sino simplemente se caracterizan en ser “fenómenos exteriores ya acontecidos”3 y, a decir de Asencio Mellado4, no son presenciados, por tanto, por el juez, ni susceptibles de volver a acaecer.

c. Entonces el objeto de la prueba viene determinado por las afirmaciones que respecto de tales hechos realizan las partes; esto es, que con la prueba se pretende lograr una convicción judicial acerca de la exactitud de una afirmación de hecho.

3.2. La presunción de inocencia, como garantía básica del proceso penal, alude a que por imperio constitucional nadie va a ser declarado como culpable y responsable de un delito, si no existe una sentencia judicial que lo declare así, para esto se debe haber desarrollado un proceso judicial y, dentro de este, un juicio; en ello reside la construcción de la culpabilidad. Esto significa que: “solo la sentencia judicial tiene la virtud de declarar la culpabilidad jurídicamente construida”, donde la construcción implica la adquisición de un grado de certeza.

3.3. Sin embargo, no siempre se va a lograr ello (grado de certeza), puesto que existen casos en que los medios probatorios van a generar duda en el juzgador respecto de la responsabilidad del procesado, debiéndose aplicar el in dubio pro reo (la duda favorece al reo). Este es un principio constitucional previsto en el inciso once, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado, que permite al encausado ser absuelto en un proceso penal; en tanto que de toda la actuación de la comunidad de pruebas no generan una convicción jurisdiccional al juzgador sobre la responsabilidad penal en el ilícito que se le imputa, sino que originan cognitivamente una duda respecto de la situación jurídica de este (si es responsable o inocente).

CUARTO. ANÁLISIS DEL PRESENTE CASO

4.1. El agraviado Delver Yhuaraqui Amasifuen (quien resulta ser el sujeto pasivo de la acción, ya que bajo su cargo se encontraba el bien sustraído y en él recayó la conducta delictiva), en su manifestación preliminar (folio 7) narró los hechos imputados (se encontraba trabajando en su motocar, solicitándole dos sujetos el servicio de taxi con destino al lugar conocido como Las Palmeras; al estar a unas cuadras de dicho sitio, uno de ellos le dijo que se detuviera, presintiendo que le iban a asaltar decidió acelerar, originando que le golpearan en la parte posterior de su cabeza, momentos en que observó que un sujeto de estatura alta portaba un arma de fuego; ante ello, se arrojó del vehículo, dejando que estos individuos se la llevaran con previos disparos al aire), no haciendo (en ese momento) una sindicación contra el encausado Cristhian Antonio Hernández Peña, limitándose a decir que los podría reconocer si es que los volviera a ver.

4.2. El agraviado Delver Yhuaraqui Amasifuen, al prestar su ampliación de manifestación preliminar (folio 9), debido a la intervención policial al procesado Cristhian Antonio Hernández Peña como uno de los supuestos autores del presente hecho, señaló que ya había ubicado a dicho procesado tres días antes (no aportó dato alguno sobre cómo llegó a dar con él), habiéndole hecho vigilancia en su domicilio, dándose aviso a la policía; lo sindicó como la persona que al momento de los hechos portaba el arma de fuego y le causó la herida en su cabeza.

4.3. De lo expuesto, se desprende que el agraviado Delver Yhuaraqui Amasifuen recién en su manifestación ampliatoria (es decir, quince días después de su primera declaración) efectuó una sindicación incriminatoria contra el procesado Cristhian Antonio Hernández Peña; sin embargo, para que tenga entidad probatoria de enervar la presunción de inocencia que le protege al referido imputado, debe ser analizada a la luz del Acuerdo Plenario N.° 02- 2005/CJ-116, donde se verificará si cumple con las garantías de certeza que en ella se establecieron, siendo estas la ausencia de incredibilidad subjetiva5, verosimilitud6 y persistencia en la incriminación7. La carencia de uno de estos implica la imposibilidad de enervar el referido principio constitucional.

4.4. En cuanto a la verosimilitud, apreciamos de la comunidad de las pruebas el acta de reconocimiento (folio 13) donde el agraviado Delver Yhuaraqui Amasifuen reconoció al procesado Hernández Peña como la persona que portaba el arma de fuego y lo golpeó en la cabeza. Sin embargo, esta prueba preconstituida fue elaborada sin observancia del protocolo de reconocimiento, previsto en el artículo ciento cuarenta y seis del Código de Procedimientos Penales, puesto que de la misma acta no se describe que el agraviado haya descrito previamente a la persona objeto de reconocimiento; además, esta persona no fue presentada junto a otras de similares características físicas, como para estimar que esa diligencia no haya sido direccionada por motivaciones subjetivas, en donde se tendría la única finalidad de reconocer al acusado. Por lo expuesto, el acta de reconocimiento no constituye una prueba de cargo válida para ser apreciada por este Tribunal, a efectos de ser valorado como un elemento de prueba que corrobora la incriminación.

4.5. En esa misma línea, se tiene el Certificado Médico Legal N.° 002305-L (folio 20), en el cual se anotaron las lesiones que presentó el agraviado Delver Yhuaraqui Amasifuen (hematoma 3×3 y herida contuso cortante de 0,5 cm en cuero cabelludo región occipital derecha), como producto de los hechos imputados. Con esta prueba científica se corrobora el elemento objetivo de violencia ejercida por uno de los agentes del delito, que según la tesis fiscal (en base a la versión del referido agraviado), sería el procesado. Sin embargo, esta única prueba es insuficiente para respaldar la sindicación contra el acusado, porque para ello se necesitan otras corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria.

4.6. Esto tampoco se va conseguir con la declaración del otro agraviado, Roger Beder Yhuaraqui Amasifuen (quien resulta ser el sujeto pasivo del delito, pues es el propietario del bien sustraído y el titular del bien jurídico lesionado), puesto que en sus declaraciones (folios 51 y 245) se limitó a replicar lo afirmado por su hermano, el agraviado Delver Yhuaraqui Amasifuen (además de afirmar que era el propietario de la motokar y el día de los hechos la prestó a su hermano para que trabaje en ella); de modo que constituye un testigo referencial8 (también denominado testigo indirecto) respecto a la presunta autoría del acusado en estos hechos.

Con esta clase de testigo “si bien es cierto no está prohibido de recibir, debe procederse con sumo cuidado y extraer del mismo los datos que la autoridad judicial debe de verificar”9. Entonces, la apreciación valorativa de esta testimonial debió servir para corroborar la sindicación efectuada por su coagraviado; sin embargo, no tiene la capacidad objetiva para que pueda conseguir ello, pues –como ya se indicó–, este testigo solo repitió lo mismo que afirmó su coagraviado, no aportando ningún dato adicional (referido a la vinculación del acusado en los hechos) que permita reforzar esa sindicación.

4.7. En ese sentido, la sindicación del agraviado Delver Yhuaraqui Amasifuen no se encuentra corroborada periféricamente con medios de pruebas objetivos y obtenidos válidamente; en consecuencia, no resulta verosímil. A esto se suma que en su ampliación de manifestación (folio 9) y declaración preventiva (folio 48), no aportó dato alguno sobre cómo pudo ubicar al acusado Cristhian Hernández Peña, teniendo en cuenta que en su primera declaración indicó no conocer a los agentes del delito, manifestando únicamente sus características.

4.8. Por otro lado, tenemos que el acusado Cristhian Antonio Hernández Peña durante el proceso penal (folios 11, 28 y 208, respectivamente) alegó ser inocente, postulando como tesis de defensa que al momento de los hechos estuvo en su cuarto acompañado de su enamorada Ingrid Paola Ríos Reategui; incluso –refiere– que el día de su intervención se llevó a cabo cuando estaba dentro de su cuarto con ella. Tesis de defensa que se encuentra respaldada por la testimonial de Ingrid Paola Ríos Reategui (folio 53), quien afirmó lo mismo que el procesado.

4.9. En ese sentido, la sindicación incriminatoria no cumple con la garantía de certeza de la verosimilitud, careciendo de objeto analizar la ausencia de incredibilidad subjetiva y persistencia en la incriminación; pues, como se explicó anteriormente, la carencia de una de estas garantías establecidas en el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116 significa la imposibilidad de enervar la presunción de inocencia del imputado; de modo que, se ha generado duda respecto de su culpabilidad, por lo que se debe aplicar el principio constitucional de “la duda favorece al reo”, estipulado en el inciso once, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado.

4.10. Por tanto, corresponde confirmar la absolución del acusado Cristhian Antonio Hernández Peña por estos hechos, al encontrarse la sentencia cuestionada conforme a ley.

DECISIÓN

Por estos fundamentos:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintitrés de mayo de dos mil dieciocho (folio 274) que absolvió a Cristhian Antonio Hernández Peña de la acusación fiscal por el delito de robo con agravantes (previsto en el artículo ciento ochenta y ocho, en concordancia con los incisos dos, tres y cuatro, del primer párrafo, del artículo ciento ochenta y nueve, del Código Penal), en perjuicio de Delver Yhuaraqui Amasifuen y Roger Beder Yhuaraqui Amasifuen.

II. DISPUSIERON se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas a esta instancia, devuélvanse los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.


1 GIMENO SENDRA. Fundamentos del derecho procesal penal. Madrid: Civitas, 1981, p. 214.
2 SERRA DOMÍNGUEZ. “Contribución al estudio de la prueba”. En Estudios de derecho procesal. Barcelona, 1969, p. 359.
3 GIMENO SENDRA, V. Fundamentos del derecho procesal. Madrid: Civitas, 1981, p. 214
4 En: La prueba prohibida y la prueba preconstituida en el proceso penal. Lima: INPECCP, 2008,
p. 2. En esta misma línea, GIMENO SENDRA, V., p. 214; SENTIS MELENDO, S. Valoración de la prueba, “R. D. Proc. ib-filip”, núms. 2-3, 1976, p. 288; SERRA DOMÍNGUEZ, M., p. 359.
5 Alude a que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición que, por ende, le nieguen aptitud para generar certeza.
6 Esto no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria.
7 Está referido a la coherencia y solidez del relato del coimputado; y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso. El cambio de versión del coimputado no necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto de las declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y análisis, el juzgador puede optar por la que considere adecuada.
8 Arsenio Oré, sobre este tipo de testigo, refiere que “es aquel que ha tenido conocimiento de los hechos por otros medios que se interponen a su posible percepción directa. […] ha llegado conocer los hechos (de relevancia jurídica) por el relato de otro sujeto que sí ha podido percibir directamente lo sucedido”. Ver en: Derecho procesal penal peruano. Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, 2016, p. 528.
9 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: IDEMSA, 2004, p. 687.

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ:

Pin It on Pinterest