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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
NULIDAD N.º 3-2019
AMAZONAS

NO HABER NULIDAD EN LA CONDENA

En el proceso se actuaron suficientes pruebas que acreditan la responsabilidad del impugnante en la comisión del delito de peculado doloso con agravantes, lo que permite enervar su derecho a la presunción de inocencia y considerar válida la restricción impuesta a su derecho a la libertad individual.

Lima, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve

VISTO: recurso de nulidad interpuesto por el procesado Roger Reninger Trigoso Tafur (folio 2557) contra la sentencia del diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho (folio 2498), que condenó al citado procesado como autor del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso con agravantes, en perjuicio del Estado, representado por el Banco de Materiales, y le impuso cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el período de prueba de tres años, inhabilitación por el plazo de un año y el pago de seis mil soles por concepto de reparación civil, más la devolución del monto apropiado.

Intervino como ponente el juez supremo BALLADARES APARICIO.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

PRIMERO. Según el dictamen acusatorio (folio 772), los dictámenes complementarios (folios 1336 y 1068) y la requisitoria oral (folio 2485):

1.1. El nueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Herbert Arrascue Guevara, en su condición de jefe del Departamento Operativo Zona Oriente del Banco de Materiales del Perú, tras realizar una labor de supervisión rutinaria en la agencia del Banco de Materiales de Chachapoyas, encontró una seria de irregularidades en las carteras de crédito. Concretamente se evaluó quince carpetas de préstamos de materiales de construcción, de las cuales cinco no fueron encontradas, pues desaparecieron maliciosamente; las otras diez carpetas tenían documentación adulterada y suplantada, pues los croquis de los inmuebles que servían de garantía para el otorgamiento del crédito no correspondían a los presuntos clientes, ni a las direcciones de los prestatarios o garantes; incluso algunos croquis están referidos a terrenos ubicados en otra jurisdicción y los contratos y/o pagares no están suscritos por el cliente o garante.

a) Los acusados Roger Reninger Trigoso Tafur y Virginia Vela García preparaban las carpetas de crédito totalmente falsas, con personas fantasmas, falsificando firmas en los documentos, consignando direcciones inexistentes, estructurando planos de inmuebles que no existen, que no tienen su identificación concreta en el espacio geográfico y obteniendo libretas electorales de otras jurisdicciones.

b) Las conductas descritas les permitió apropiarse ilícitamente de los caudales del Banco de Materiales, por la suma de treinta y seis mil doscientos cincuenta y un soles con ochenta céntimos (S/ 36 251.80).

1.2. Estos hechos fueron tipificados por el representante del Ministerio Público como delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso con agravantes, previsto en el artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal. Además, solicitó se imponga al procesado Roger Reninger Trigoso Tafur doce años de pena privativa de libertad y el pago de seis mil soles por concepto de reparación civil (folio 1386).

1.3. El artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal, modificado por el artículo único de la Ley N.º 26198, publicada el trece de junio de mil novecientos noventa y tres, establece:

Artículo 387.- El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años.

Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de la libertad será no menor de cuatro ni mayor de diez años.

Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años.

FUNDAMENTOS DEL IMPUGNANTE

SEGUNDO. El procesado Roger Reninger Trigoso Tafur, al fundamentar el recurso de nulidad propuesto (folio 1557), señaló –en lo esencial1– que:

2.1. El recurrente señaló durante el plenario que prestó servicios en el Banco de Materiales de Chachapoyas durante el período comprendido entre marzo y diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, siendo sus funciones el mejoramiento y ampliación de las viviendas siniestradas a consecuencia del desastre natural que sufrió esta región del país; por ello, adquirieron materiales de construcción, como cemento, fierros, calaminas y agregados.

2.2. El Área Técnica, a cargo de Watson López Padilla, tenía por función la elaboración y revisión de los expedientes respecto a las solicitudes de préstamos de materiales de construcción.

2.3. Cuando se hizo cargo de la jefatura del Banco de Materiales de Chachapoyas encontró a Bernardo Gonzales Carrasco como proveedor de la entidad, de modo que no puedo existir pacto con este para perjudicar al Estado.

2.4. Rolando Rodríguez Vásquez, uno de los autores de la pericia contable practicada, señaló que no tuvieron acceso a las carpetas de créditos ni a los documentos contables, como boletas, facturas y otros, para elaborar la pericia materia de debate; además, señaló que los acusados no cumplieron con aplicar correctamente el Reglamento Único de Adquisiciones y que la pericia contable principalmente estaba dirigida a establecer si se cumplió o no con dicho Reglamento, no habiendo sido enfático en si realmente se ocasionó perjuicio económico.

2.5. El informe debatido en el juicio oral apenas tiene tres páginas.

2.6. No se evidenció de forma fehaciente que el recurrente se haya apropiado de los causales del Estado; además, una vez presentada la denuncia, el Banco de Materiales del Perú no dispuso la realización de una auditoría.

2.7. Al elaborarse el informe pericial contable los peritos designados debían cotejar las supuestas irregularidades encontradas con la información proporcionada por Bernardo Gonzales Carrasco.

FUNDAMENTOS PRELIMINARES

A. DERECHOS A LA LIBERTAD INDIVIDUAL, LIBERTAD PERSONAL Y SUS LÍMITES

TERCERO. El derecho a la libertad individual, consagrado en los artículos dos, inciso veinticuatro, de la Constitución Política del Perú, siete de la Convención Americana de Derechos Humanos, nueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y nueve de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un derecho continente que engloba otros derechos entre los que se encuentra el derecho a la libertad personal, el cual garantiza la protección de la libertad del individuo contra la interferencia arbitraria e ilegal del Estado y la defensa del individuo detenido2.

3.1. Este derecho –como todo derecho fundamental– no es absoluto, pues puede ser objeto de limitaciones, restricciones o intervenciones constitucionalmente admitidas, en función a la necesidad de tutelar otros bienes jurídicos relevantes en el Estado Constitucional; por ejemplo, otros derechos, principios, bienes o valores constitucionales.

3.2. Una de dichas limitaciones es por mandato de sentencias condenatorias3, siempre que estas resoluciones judiciales sean emitidas en un proceso donde se garanticen los derechos a la presunción de inocencia, tutela jurisdiccional, prueba, defensa, motivación de resoluciones judiciales y debido proceso de los justiciables, entre otros derechos.

3.3. Además, estas restricciones deben ser conformes con los mandatos de la Constitución Política del Estado, la Convención Americana de Derechos Humanos, los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad.

B. DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

CUARTO. El derecho a la presunción de inocencia, consagrado en los artículos dos, inciso veinticuatro, literal e, de la Constitución Política del Perú, ocho, inciso dos, de la Convención Americana de Derechos Humanos, once, inciso uno, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y catorce, inciso dos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, garantiza que toda persona inculpada de un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca judicialmente su responsabilidad.

4.1. Sobre este derecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso J. vs. Perú4, precisó que:

La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi [carga de la prueba] corresponde a quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Por otro lado, el principio de presunción de inocencia implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa.

4.2. Además, dicho Tribunal Interamericano, en el caso Cantoral Benavides vs. Perú5, estableció que:

El principio de la presunción de inocencia, tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla.

4.3. Dichos criterios jurisdiccionales son compartidos por este Tribunal y forman parte de la doctrina jurisprudencial de las Salas Supremas en lo Penal; de modo que resultan plenamente aplicables.

FUNDAMENTOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

QUINTO. Para que se emita una sentencia condenatoria resulta indispensable la existencia de una actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias y tutelando el contenido constitucional de los derechos a la prueba y defensa, entre otros derechos, que permita evidenciar de forma plena la concurrencia de todos los elementos del delito y la participación del acusado en el ilícito que se le imputa, según lo descrito precedentemente. Ello evita la existencia de arbitrarias restricciones al derecho a la libertad individual de los justiciables y permite tutelar su derecho a la presunción de inocencia, conforme también se indicó precedentemente.

SEXTO. En ese entender, evaluando la concurrencia de los elementos del delito, las pruebas actuadas, la participación del acusado Roger Reninger Trigoso Tafur en el ilícito juzgado y los agravios denunciados por este, se aprecia que la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, emitió la sentencia recurrida valorando correctamente las pruebas obrantes en autos y garantizando los derechos del recurrente, debido a lo siguiente:

6.1. La conducta antijurídica imputada al procesado Roger Reninger Trigoso Tafur se encuentra acreditada con:

a) El Informe N.° 001-CCPPCC-AGPP-RRV-95 (folio 683), que establece que del análisis de los expedientes de préstamos se desprende que hay evidencias de que las guías de remisión de materiales no se encuentran firmadas por los prestatarios y solamente llevan la firma del procesado Roger Reninger Trigoso Tafur; y, en algunas de las guías de remisión de materiales la firma del cliente no coincide con la declaración jurada de inscripción de estos. Además, concluye que en la tramitación de los préstamos de materiales de construcción (como cemento, fierro y calaminas) se evidenció actos irregulares; esto totalizado en treinta y seis mil doscientos cincuenta y un soles con ochenta céntimos (S/ 36 251.80).

b) En los expedientes peritados (folios 72 a 500) se detallan quince préstamos efectuados a personas naturales para la entrega de cemento, fierro y calaminas, siendo los beneficiarios Daniel A. Romero Olivos, Salomé Chingo Vega, Celestina Tocas Huaripata, Severino Dávila Chilcón, Antenor H. Ilas Bustamante, Renulfo Barboza Linares, Isaías Bustamante Sánchez, Presvistero Gallirgos Galindo, José Manuel Delgado Olivera, Primitivo Córdova Ramírez, Gilberto Carranza Centurión, Arnulfo Villalobos Vásquez, Lorenza L. Benites García, José Demetrio Rodríguez Guevara y Juan Carlos Silva Escalante; sin embargo:

i) Juan Carlos Silva Escalante (fojas 54 y 2413) indicó no posee ningún bien en el departamento de Chachapoyas y se sorprendió cuando se enteró, por intermedio de su hermana Aura Silva de Escalante, que supuestamente había presentado un expediente para el préstamo de materiales, cuando no presentó dicha solicitud, ni reunía los requisitos para ello; además, precisó que toda la documentación referida al recojo de material de construcción que supuestamente realizó es falsa y que las firmas consignadas en su carpeta (folios 478, 482 y 493-reverso) son visiblemente falsas.

ii) Gilberto Carranza Centurión (folio 2419) señaló que los documentos que aparecen en su carpeta no son suyos; además, que no ha tenido ni tiene terreno en el departamento de Amazonas y que las firmas consignadas en los documentos de préstamo no le pertenecen.

iii) En la diligencia de Inspección Ocular realizada para ubicar la vivienda de José Demetrio Rodríguez Guevara (folio 636), el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco, en presencia del representante del Ministerio Público, se contrastó que el supuesto inmueble que este tenía, según lo descrito en su carpeta de préstamo (folio 453 a 475), no existe o es inubicable; además, al preguntarse a los vecinos del lugar se recibió información de que dicha persona no reside en el lugar, ni es conocido por los pobladores del sector.

iv) En la diligencia de Inspección Ocular realizada para ubicar la vivienda de Arnulfo Villalobos Vásquez (folio 637), el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco, en presencia del representante del Ministerio Público, se contrastó la inexistencia de la vivienda de dicho supuesto prestatario, según el detalle descrito en su carpeta de préstamo (folios 406 a 426); además, al preguntarse al gobernador del lugar se advirtió que dicha persona no reside ni es conocida en el sector.

v) En la diligencia de Inspección Ocular realizada para ubicar la vivienda de Primitivo Córdova Ramírez (folio 638), el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco, en presencia del representante del Ministerio Público, se contrastó que el supuesto inmueble que este tenía, según lo descrito en su carpeta de préstamo (folio 358 a 381), no existe; además, al preguntarse al gobernador del lugar señaló que dicha persona no reside en el lugar, ni es conocido en el sector.

vi) En la diligencia de Inspección Ocular realizada el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco (folio 639), en presencia del representante del Ministerio Público, para ubicar los inmuebles de Daniel Romero Olivos, Celestina Tocas Huaripata, Juan Carlos Silva Escalante, Antenor Ilas Bustamante, Renulfo Barboza Linarez, Presvitero Gallirgos Galindo, José Manuel Delgado Olivera, Gilberto Carranza Centurión, se contrastó que no se pudo ubicar en el lugar a los citados beneficiarios, ni se encontró sus viviendas o materiales que se les entregó, según el detalle descrito en sus carpetas de préstamos; además, los efectivos policiales Elio Oyarce Chávez y Jorge Capto Tuesta señalaron que ninguno de los supuestos beneficiarios son conocidos en los sectores de Pedro Ruiz o Jazán.

vii) La diligencia de Inspección Ocular practicada el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cinco (folio 641), en presencia del representante del Ministerio Público, para ubicar la vivienda de Lorenza Luz Benites García, se contrastó que no existe el supuesto inmueble que esta tenía, según lo descrito en su carpeta de préstamo; además, al preguntarse a las personas que residen en el lugar se advirtió que dicha persona no reside en el lugar, ni es conocida; incluso indicaron que no vieron llegar al lugar los materiales que aparentemente se entregó a Lorenza Luz Benites García.

c) Las guías de remisión (folios 573, 586 y 592) donde el proveedor Inversiones Gonzales entrega material de construcción a clientes fantasma, como Isaías Bustamante Sánchez, Previstero Garlligos Galindo, Renulfo Barboza Olivares, Antenor Ilas Bustamante y Primitivo Córdova Ramírez, sin embargo, las firmas allí consignadas no son similares a las consignadas por los supuestos beneficiarios en sus carpetas de crédito.

d) La declaración de Watson López Padilla (folio 18) quien señaló que vio los expedientes mal elaborados o con documentación incompleta, lo que informó al procesado, pero este le dijo «yo siga con el trabajo normal porque él era el único responsable de lo que sucediera con los documentos porque era funcionario de confianza del Banco de Materiales y que si yo insistía en seguir reclamando de los documentos él me iba a sacar del trabajo, así como el me había traído fácilmente, me podía sacar».

e) La declaración de Consuelo Tuesta Herrera (folio 7), quien señaló que el procesado impugnante era el encargado de dar conformidad a las solicitudes de crédito, mientras que Watson López Padilla era quien elaboraba los contratos y pagarés que suscribía el procesado, el cliente y/o el garante.

6.2. Estas pruebas –entre otras, a criterio de la Sala Superior, compartido por este Tribunal– acreditan que las carpetas de préstamos de las cuales era responsable el acusado tenían documentación adulterada y suplantada, pues los croquis de los inmuebles que servían de garantía para el otorgamiento del crédito no correspondían a los presuntos clientes, ni a las direcciones de los prestatarios o garantes; incluso algunos croquis están referidos a terrenos ubicados en otra jurisdicción y los contratos y/o pagarés no están suscritos por el cliente o garante.

6.3. Ahora bien, con relación a los agravios denunciados por el impugnante, estos son desestimados, por lo siguiente:

a) Se efectuó una debida apreciación de los hechos materia de inculpación y valoró adecuadamente las pruebas de cargo y descargo ofrecidas.

b) El encausado negó haber participado en el hecho delictivo, lo que es ratificado en el recurso de nulidad propuesto; sin embargo, sus argumentos son considerados como medios de defensa para evadir su responsabilidad y, en lo sustancial, no restan valor probatorio a las pruebas que acreditan su responsabilidad en el hecho ilícito que se le imputa, pues son propios de una evaluación parcial de las pruebas actuadas.

Además, dicho procesado reconoció que era su responsabilidad la aprobación de los préstamos, previa evaluación de las carpetas (folios 10, 2351 y 2376).

6.4. En conclusión, en autos existen suficientes pruebas que acreditan la responsabilidad del procesado Roger Reninger Trigoso Tafur en el ilícito juzgado, según se detalló precedentemente y señaló ampliamente en la sentencia impugnada, lo que permite enervar el derecho a la presunción de inocencia que le asiste. Por ello, corresponde declarar no haber nulidad en la sentencia impugnada, en el extremo que lo condenó como autor del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso con agravantes, en perjuicio del Estado, representado por el Banco de Materiales.

6.5. Finalmente, con relación a la pena privativa de libertad y reparación civil impuestas:

a) Si se tiene en cuenta la naturaleza del hecho delictivo, las condiciones personales del encausado, su nivel sociocultural, los criterios de prevención especial (en el marco del sistema carcelario actual) y general, y que el impugnante era perfectamente imputable, la pena privativa de libertad impuesta se ajusta a Derecho.

b) Este Tribunal estima que la reparación civil fue fijada teniendo en cuenta el grado de participación del impugnante, la gravedad del delito, la trascendencia del hecho y que la suma fijada no sea simbólica ni imposible de cumplir. De modo que corresponde declarar no haber nulidad en este extremo de la sentencia.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, de conformidad con el dictamen de la Fiscalía Suprema en lo Penal:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho (folio 2498), que condenó a Roger Reninger Trigoso Tafur como autor del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado doloso con agravantes, en perjuicio del Estado, representado por el Banco de Materiales, y le impuso cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el período de prueba de tres años, inhabilitación por el plazo de un año y el pago de seis mil soles por concepto de reparación civil, más la devolución del monto apropiado; con lo demás que contiene.

II. DISPUSIERON se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, devuélvanse los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.

Intervinieron los jueces supremos Guerrero López y Neyra Flores, por licencia de las juezas supremas Barrios Alvarado y Pacheco Huancas, respectivamente.


1 La disconformidad con una decisión judicial impugnada se manifiesta en agravios, los cuales son entendidos como alegación de errores de hecho o derecho en que –a criterio del impugnante– se incurrió con la resolución recurrida y que, de ser estimados, deben ser corregidos. De modo que, (i) la transcripción parcial o total de los hechos o pruebas, (ii) los calificativos o argumentos subjetivos, (iii) la cita textual de pronunciamientos jurisdiccionales –entre ellos, la propia resolución impugnada– o (iv) los argumentos carentes de claridad, concreción y congruencia, o redundantes, no constituyen fundamentos a analizar.
2 Cfr. Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, en los expedientes números 04780-2017- PHC/TC y 00502-2018-PHC/TC (acumulado), fundamento 25 y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitidas en los casos Mariza Urrutia vs. Guatemala, Bulacio vs. Argentina y Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, del veintisiete de noviembre, dieciocho de setiembre y siete de junio de dos mil tres, respectivamente.
3 Los otros casos de restricción previstos en la ley son: a) La detención judicial preliminar, en el marco de la investigación previa a la formalización de la denuncia. b) El arresto ciudadano, como una medida para aprehender al autor de un delito, cuando este se encuentra en flagrancia y no existe autoridad policial cercana. c) La prisión preventiva, después de la formalización del proceso penal y ante la concurrencia de una serie de presupuestos. d) La detención domiciliaria. e) La privación de libertad según lo dispuesto en el artículo cincuenta y tres del Código Procesal Civil. f) Las intervenciones policiales con fines de identificación, según lo dispuesto en el artículo doscientos cinco del Código Procesal Penal. Cfr. LANDA ARROYO, César (2017). Los derechos fundamentales. Colección Lo Esencial del Derecho. N.º 2. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 47.
4 Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf.
5 Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_69_esp.pdf.

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