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HOMICIDIO CALIFICADO: Revisión infundada. Coartada no corroborada

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
REV. SENTENCIA NCPP N.º 269-2014
PUNO

CAUSAL DE REVISIÓN: PRUEBA INVÁLIDA

La causal prevista en el numeral tres, del artículo cuatrocientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal, exige que un elemento de prueba sea falso o carezca de un requisito esencial para su validez desde una perspectiva formal, lo cual requiere un aporte probatorio específico, no un razonamiento alternativo a su valoración. No se refiere a un cuestionamiento de la propia prueba que obra en el expediente, a partir de un análisis distinto al efectuado por el órgano jurisdiccional en sede declarativa de condena. Es decir, el accionante está obligado positivamente a ofrecer pruebas que acrediten directamente o, a partir de ellas, la falsedad o invalidez de las pruebas que sirvieron de sustento a su condena.

CAUSAL DE REVISIÓN: PRUEBA NUEVA

Conforme con la causal prevista en el numeral cuatro, del artículo cuatrocientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal, los nuevos hechos o medios de prueba deben tener la capacidad de derrotar o anular la tesis incriminatoria que fue materia de análisis en el juicio originario, develando el error al que se arribó por desconocimiento de la nueva información, en cuyo supuesto la decisión de condena hubiese sido distinta.

Lima, veintinueve de octubre de dos mil veinte

VISTA: la demanda de revisión interpuesta por el sentenciado PEDRO PABLO SUPO CONDORI contra: i. La sentencia de primera instancia del catorce de enero de dos mil trece, expedida por el Juzgado Penal Colegiado de la Zona Sur, de la Corte Superior de Justicia de Puno, que lo condenó como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de la menor identificada con iniciales S. D. L. V., a veinte años de pena privativa de la libertad efectiva y fijó en diez mil soles el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar a favor de la parte agraviada; y, ii. La sentencia de vista del veintitrés de mayo de dos mil trece, emitida por Sala Penal de Apelaciones de la referida Corte, que confirmó la primera sentencia citada.

Ponencia de la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

1. El sentenciado PEDRO PABLO SUPO CONDORI planteó demanda de revisión1 sobre el fundamento de las causales previstas en los numerales tres y cuatro, del artículo cuatrocientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal. Alegó lo siguiente:

1.1. En cuanto a la causal prevista en el numeral tres, expresó que su condena se sustentó, básicamente, en el examen y la valoración indiciaria de una pericia de grafotecnia efectuada sobre una “nota manuscrita”, que fue incorporada al proceso sin la observancia de las reglas mínimas de validez probatoria. Añadió que dicha prueba se admitió de oficio, pese a que en dos resoluciones expedidas en juicio oral se le declaró prohibida por ser sorpresiva, en razón de que no se presentó en fase de control de acusación, ni fue admitida en juicio oral. Por lo tanto, es una prueba ilícita que invalida todo el proceso penal, incluida la condena, máxime si su invalidez fue declarada judicialmente por la misma “justicia de Puno”.

1.2. Con relación a la causal prevista en el numeral cuatro, sostuvo que en el juicio originario se declaró como hecho probado que el accionante habría matado a la menor identificada con iniciales S. D. L. V. el treinta de marzo de dos mil diez. No obstante, el sentenciado nunca estuvo en dicho lugar ni participó en el acto criminal. Agregó que, dentro de la carpeta fiscal, estaba oculta una investigación que no fue comunicada al órgano jurisdiccional, signada con el número 502-2010-529, realizada por la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa, en la que se concluyó que los días veintinueve, treinta y treinta y uno de dos mil diez, se encontraba internado en la Clínica de Rayos X Ecografía 2000, en la ciudad de Arequipa. Para acreditar su afirmación, ofreció como pruebas nuevas, las siguientes:

1.2.1. Las diligencias efectuadas en el caso N.º 2010-529, realizadas por la Fiscalía Provincial Corporativa de Arequipa.

1.2.2. Las declaraciones de los fiscales Antonio Alberto Chacón Rossel y Luis Alberto Arancibia Agostinelli, encargados de la mencionada investigación.

1.2.3. Informe de la Gerencia de la Clínica de Rayos X de Arequipa, del veintisiete de junio de dos mil once, dirigida a la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Puno, con Oficio N.º 006-11-RAYOS X ECOGRAFÍA 2000-ARE-RX, obrante en la Carpeta Fiscal N.º 2706014502-2010-529-0.

Sobre la base de lo anotado, el demandante solicitó que este Tribunal Supremo determine su absolución y, consecuentemente, decrete su libertad inmediata.

PROCEDIMIENTO DE LA DEMANDA ANTE ESTA SEDE

2. Mediante auto de calificación del treinta de marzo de dos mil quince2, se admitió a trámite la demanda de revisión de sentencia incoada, por las causales establecidas en los numerales tres y cuatro, del artículo cuatrocientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal.

3. Luego de recibido el expediente principal, mediante decreto del catorce de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó oficiar a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Arequipa, a fin de que remitan la información respecto a la investigación N.º 2010-529, y sobre la situación laboral de los fiscales Antonio Alberto Chacón Rosel y Luis Alberto Arancibia Agostinelli, la misma que se reiteró mediante los decretos del veintisiete y veintiocho de setiembre, y veinte de noviembre de dos mil diecisiete.

Posteriormente, mediante oficio del once de diciembre de 2017, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Arequipa comunicó sobre la situación laboral de los fiscales mencionados y remitió información del caso N.º 502-2020-529, de lo que se advirtió que se trataba de un proceso penal de estafa, en el cual el accionante no estuvo inmerso. Ante dicha situación, el demandante, el trece de julio de dos mil dieciocho, presentó un escrito para subsanar el número correcto de la carpeta fiscal, a fin de solicitar copias de su actuación.

Después de dichas diligencias, se programó la audiencia de actuación de pruebas para el día nueve de octubre de dos mil diecinueve, de conformidad con el numeral tres, del artículo cuatrocientos cuarenta y tres, del Código Procesal Penal.

4. Posteriormente, mediante decreto del uno de octubre de dos mil veinte, se programó la audiencia de revisión para el nueve de octubre del mismo año, que se llevó a cabo con la presencia del accionante y su defensa técnica, así como del representante del Ministerio Público.

En esta audiencia, la defensa técnica del demandante solicitó, en síntesis, que su pretensión se declare fundada. Sostuvo que la sentencia se fundamentó en una prueba inválida —pericia de grafotecnia efectuada sobre una “nota manuscrita”— pues fue actuada sin las garantías mínimas de un debido proceso. Añadió que presentó como prueba nueva una investigación fiscal realizada en la ciudad de Arequipa, que concluyó que el treinta de marzo de dos mil diez, el accionante se encontraba internado en la Clínica de Rayos X Ecografía 2000. Por su parte, el representante del Ministerio Público discrepó con la posición de la defensa técnica y sostuvo que la demanda del revisionista debe declararse infundada.

5. Concluida la audiencia, los integrantes de este Tribunal Supremo, en sesión secreta y producida la votación, dictaron la presente sentencia, cuya lectura íntegra se programó para el veintinueve de octubre de dos mil veinte, de conformidad con el numeral cinco, del artículo cuatrocientos cuarenta y tres, del Código Procesal Penal.

HECHOS MATERIA DE CONDENA

6. La sentencia condenatoria del catorce de enero de dos mil trece declaró probado el factum de imputación formulado en contra del entonces procesado, Pedro Pablo Supo Condori. Los hechos consistieron en lo siguiente:

El veintiséis de febrero de dos mil diez, el sentenciado Pedro Pablo Supo Condori suscribió un contrato de alquiler del inmueble ubicado en la avenida El Ejército N.º 273-Puno, con su propietario Néstor Maquera Merma, supuestamente para efecto de abrir una bodega. Posteriormente, el veintinueve de marzo de dos mil diez, el sentenciado se contactó con la menor agraviada, identificada con iniciales S. D. L. V., en los avisos publicitarios de empleo, ubicados al costado de los rieles en la ciudad de Juliaca. En este lugar, el señor Juan Carlos Zea Claverías se encontró con el sentenciado Supo Condori y le dijo que estaba buscando una niñera para el cuidado de su bebé, ante lo cual el último mencionado se ofreció a ayudarlo con ese propósito.

Luego de cinco minutos, retornó con una chica y le indicó al señor Claverías que: “Esta chica quiere trabajar”. Al percatarse de su minoría de edad, el citado testigo le dijo que no podía trabajar y que tenía que tener la autorización de sus padres. La menor señaló que tendría que conversar con sus padres y obtendría el permiso; sin embargo, se retiró del lugar conjuntamente con el sentenciado, mientras que el señor Claverías se quedó con su esposa para continuar en la búsqueda de una niñera.

El sentenciado y la menor identificada con iniciales S. D. L. V., de dieciséis años de edad, se dirigieron al domicilio de esta última, ubicado en Juliaca. Al llegar al lugar, la menor indicó a su hermana mayor que converse con el sentenciado, quien esperaba afuera y le propuso un trabajo en la ciudad de Puno para realizar labores de cajera, supuestamente, en el restaurante turístico ubicado por inmediaciones de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. Su hermana mayor, María Lidia Leonardo Vilca, respondió que si quería trabajar que ella (la menor) vea lo conveniente. Luego, ambas salieron hacia el exterior, donde se encontraba esperando el sentenciado.

En la conversación que mantuvo el sentenciado Supo Condori, con la hermana mayor, este le indicó que, efectivamente, estaba buscando una persona que le ayude con dicho trabajo, cuya contraprestación económica sería de trescientos cincuenta soles y, si se acostumbra y iba bien en el trabajo, le aumentaría cincuenta soles. Su horario sería de lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la noche, mientras que los sábados y domingos iba a descansar.

La hermana de la víctima, en señal de autorización para que trabaje su hermana menor, firmó en un pequeño retazo de papel. Por su parte, el sentenciado Pedro Supo Condori escribió en un papel su nombre y teléfono, proporcionando datos falsos; es decir, otorgando un nombre que no le correspondía: “Juan”. También anotó el número de otra persona, de Juan Carlos Zea Claverías, y su propio número, pero distorsionando el último dígito. Luego se despidió y acordaron que al día siguiente (treinta de marzo de dos mil diez) la menor viajaría a Puno para iniciar con su trabajo.

A tempranas horas del treinta de marzo de dos mil diez, cuando la menor se encontraba en su domicilio, recibió una llamada telefónica a su celular. La hermana mayor logró escuchar que la víctima respondió: “Ya estoy yendo para allá”, por lo que presumió que se trataba de Supo Condori, quien quería saber su ubicación y si ya estaba viajando a la ciudad de Puno.

La menor agraviada salió apurada y se dirigió a dicha ciudad para iniciar con el trabajo pactado. Al llegar, se suscitaron varias llamadas entre ella y el sentenciado. Luego de encontrarse, el condenado llevó a la menor al inmueble que había alquilado, ubicado en la avenida El Ejército N.º 273, lugar en el que regentaba un local nocturno, es decir, una cantina que atendía con damas de compañía. Sometió a la víctima y la obligó a realizar dicha función, pero ante la resistencia de la menor, la agredió físicamente, la maltrató y la obligó a ingerir bebidas alcohólicas, durante toda la mañana y la tarde del día treinta de marzo de dos mil diez. Ante la férrea resistencia de la víctima, procedió a golpearla al extremo de dejarla moribunda y, estando aún con vida, la descuartizó, seccionando sus miembros en siete partes.

Posteriormente, el treinta y uno de marzo de dos mil diez, ante la llamada de los vecinos del lugar, en la tercera y quinta cuadra del jirón Nueve de Octubre, cercanas al lugar donde el sentenciado había alquilado y tenía su local, la policía acudió y encontró partes del cuerpo de la víctima, hasta ese entonces NN.

Luego de realizar los peritajes respectivos, a través de las huellas dactilares tomadas de sus dedos y comparadas con el registro Reniec, se acreditó que el cadáver pertenecía a la víctima identificada con las iniciales S. D. L. V., de dieciséis años de edad. En esos momentos solo se encontraron sus muslos, la pierna izquierda, los brazos, las manos y algunas partes de las vísceras. Posteriormente, el diez de abril de dos mil diez, se produjo un segundo hallazgo, también cerca del lugar donde el sentenciado había alquilado su local. Se encontró una caja de cartón amarrada con alambre, en cuyo interior se halló el tórax y la pelvis de la menor antes referida.

De acuerdo con los peritajes realizados, se determinó que dichas partes corporales también correspondían al cuerpo de la menor identificada con las iniciales S. D. L. V. El sentenciado descuartizó a la víctima cuando esta todavía se encontraba con vida, para ello utilizó una sierra eléctrica con la cual seccionó el cuerpo en cortes uniformes y, luego, intentó desaparecerlos en fechas distintas. Cabe precisar que la cabeza y el pie derecho de la agraviada no fueron hallados.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

7. El accionante instó su absolución y, en esa lógica, solicitó se decrete su inmediata libertad. Al haberse invocado las causales de revisión de sentencia previstas en los numerales tres y cuatro, del artículo cuatrocientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal, por una cuestión metodológica, su análisis se realizará de forma individual.

Aunque cabe precisar que la pretensión no debate el deceso de la víctima ni las causas de su muerte. La controversia radica en sostener que el revisionista no estuvo vinculado con los hechos objeto de condena. Entonces, este es el conflicto jurídico a dilucidar y, en esa línea, se constituye en el horizonte del análisis de los argumentos planteados que sustentan cada causal de revisión.

SOBRE EL SUPUESTO DE INVALIDEZ DE LA PRUEBA

8. El demandante reclamó que el Informe Pericial Grafotécnico3 efectuado sobre el manuscrito que el accionante entregó a María Lidia Leonardo Vilca, hermana mayor de la víctima, no es válido; y, básicamente, se habría construido su responsabilidad penal sobre su valor probatorio.

9. Para absolver el cuestionamiento es patente precisar que el numeral tres, del artículo cuatrocientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal establece como supuesto de revisión de sentencia, si se demuestra que un elemento de prueba –apreciado como decisivo en esta– carece del valor probatorio que se le asignara, por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación.

Esta causal exige que un elemento de prueba sea falso o carezca de un requisito esencial para su validez desde una perspectiva formal, lo cual requiere un aporte probatorio específico, no un razonamiento alternativo a su valoración. No se refiere a un cuestionamiento de la propia prueba que obra en el expediente, a partir de un análisis distinto al efectuado por el órgano jurisdiccional en sede declarativa de condena. Es decir, el accionante está obligado positivamente a ofrecer pruebas que acrediten directamente o, a partir de ellas, la falsedad o la invalidez de las pruebas que sirvieron de sustento a su condena.

10. En este caso, el accionante expresó que la pericia citada no es válida porque fue incorporada de oficio, pese a que fue declarada prueba prohibida y no fue presentada en etapa de control de acusación, ni admitida en juicio oral. Para sostener su pretensión, a su demanda anexó los registros de audiencia de juicio oral, del uno de octubre y tres de diciembre de dos mil doce, en cuyas sesiones se emitieron las resoluciones números 08-2012 y 15-2012, respectivamente (sobre dichos anexos no obra pronunciamiento alguno en el auto de admisión de revisión de sentencia, sin embargo, esta omisión tampoco fue objeto de cuestionamiento por el accionante).

11. Nótese que los fundamentos de su pretensión radican en actos acaecidos durante el transcurso del juicio oral y, por ende, del proceso penal originario. Están orientados a polemizar la incorporación de un medio de prueba en el acto de juzgamiento, cuya admisión también fue objetada en su recurso de apelación. En esa línea, dado el marco de la acción de revisión planteada, en esta vía no es posible examinar presuntos vicios en la formación del juicio histórico y jurídico de las sentencias emitidas. Por tanto, los argumentos orientados a sustentar esta causal de revisión, deben ser desestimados.

12. Sin perjuicio de ello, habiéndose admitido la demanda de revisión de sentencia, cabe anotar que mediante la Resolución N.º 08-20124, citada previamente, no se declaró la invalidez del Informe Pericial Grafotécnico efectuado sobre el manuscrito5, conforme señaló el accionante. Dicha resolución declaró improcedente el recurso de reposición planteado por el representante del Ministerio Público, contra la decisión que declaró fundada la objeción formulada por la defensa técnica, respecto al manuscrito (no sobre la pericia de grafotecnia) que se pretendía poner a la vista de la testigo María Lidia Leonardo Vilca (hermana de la víctima).

Es más, cabe especificar que la fundabilidad de la mencionada objeción fue declarada por mayoría, en función del argumento que solo pueden actuarse los medios de prueba ofrecidos en la etapa de control de acusación. Por lo tanto, la resolución que fue materia de recurso de reposición tampoco se pronunció sobre el Informe Pericial Grafotécnico, del que el accionante pretende su invalidez.

13. Posteriormente, en la sesión de audiencia del tres de diciembre de dos mil doce, mediante la Resolución N.º 15-20126, el Juzgado Penal Colegiado de Puno, entre otros, decidió admitir de oficio: “El examen ampliatorio de la testigo María Lidia Leonardo Vilca, respecto del manuscrito que ha sido materia de peritaje de grafotecnia en la etapa de investigación preparatoria y ha sido actuado en este juicio oral”. Sobre este punto, caben anotar tres cuestiones relevantes:

13.1. En primer lugar, el Tribunal de Juzgamiento tiene habilitada la facultad de disponer, de oficio o a pedido de parte, la actuación de nuevos medios probatorios si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad, de conformidad con el numeral dos, del artículo trescientos ochenta y cinco, del Código Procesal Penal.

13.2. En segundo lugar, la mencionada decisión no fue cuestionada por la defensa de la parte agraviada, el representante del Ministerio Público, ni la defensa técnica del sentenciado; por el contrario, expresaron su conformidad.

13.3. Finalmente, la admisión de oficio estuvo relacionada con el: “Examen ampliatorio de la testigo María Lidia Leonardo Vilca respecto del manuscrito que ha sido materia de peritaje de grafotecnia en la etapa de investigación preparatoria y ha sido actuado en este juicio oral” y no sobre el Informe pericial grafotécnico propiamente dicho.

14. Al margen de lo indicado, cabe anotar que en la sesión de audiencia de juicio oral, del seis de noviembre de dos mil doce7, las especialistas Érica Mercedes Velásquez Chahuares y Erika Milagros Cáceres Paco, autoras del informe pericial en mención, ratificaron su contenido en los debates orales. Una de sus conclusiones fue que el texto manuscrito “Juan 951-877-226/950-862-865”, “proviene del puño gráfico de Pedro Pablo Supo Condori”.

Al haberse admitido y actuado en el contradictorio, su validez se determinó a nivel intraprocesal. La demanda de revisión no está orientada a corregir errores in judicando y conforme con la causal invocada, la pretensión no puede sustentarse en las mismas pruebas que justificaron la decisión que finalizó la relación procesal penal. En efecto, la revisión de sentencia no es un medio impugnativo, sino una acción cuyo fundamento debe tener estricta correspondencia con la causal materia de análisis. Dado que en este extremo la causal invocada es la prevista en el numeral tres, del artículo cuatrocientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal; conforme con lo ya anotado, los argumentos presentados no tienen la categoría para invalidar una sentencia con calidad de cosa juzgada.

15. En el supuesto negado de que el citado informe pericial sea inválido, esto no tiene mayor incidencia en el constructo jurídico que sustenta la responsabilidad penal del hoy accionante. Contrario con lo señalado en la demanda de revisión, su condena no se erigió, básicamente, sobre el valor probatorio otorgado a la pericia de grafotecnia efectuada sobre el manuscrito; sino en un universo de instrumentales que, aún en ausencia de la citada prueba, acreditan sin atisbo de duda alguna su vinculación con los hechos declarados probados. Estos medios de prueba se enumerarán en líneas posteriores.

SOBRE LA CAUSAL DE PRUEBA NUEVA

16. El demandante sostuvo que los días veintinueve, treinta, y treinta y uno de marzo de dos mil diez se encontraba internado en la Clínica de Rayos X Ecografía 2000, en la ciudad de Arequipa. Así, al no encontrarse en la ciudad de Puno, no sería el autor del suceso criminal atribuido. Para sustentar su afirmación ofreció, en calidad de prueba nueva, lo siguiente:

16.1. Las diligencias efectuadas en el Caso N.º 2010-529, realizada por la Fiscalía Provincial Corporativa de Arequipa.

16.2. Las declaraciones de los fiscales Antonio Alberto Chacón Rossel y Luis Alberto Arancibia Agostinelli, encargados en la mencionada investigación.

16.3. Informe de la Gerencia de la Clínica de Rayos X de Arequipa, del veintisiete de junio de dos mil once, dirigida a la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Puno, con Oficio N.º 006-11-RAYOS X ECOGRAFÍA 2000-ARE-RX, que obra en la Carpeta Fiscal N.º 2706014502-2010- 529-0.

17. Conforme con la causal prevista en el numeral cuatro, del artículo cuatrocientos treinta y nueve, del Código Procesal Penal, los nuevos hechos o medios de prueba deben tener la capacidad de derrotar o anular la tesis incriminatoria que fue materia de análisis en el juicio originario, develando el error al que se arribó por desconocimiento de la nueva información, en cuyo supuesto la decisión de condena hubiese sido distinta. Sobre este punto, el profesor SAN MARTÍN8, en la misma perspectiva, sostiene: “Significa que los hechos –en tanto elementos de prueba– o los medios de prueba –o, mejor dicho, medios de valoración […]– anulen o eliminen el efecto incriminador de los que corren en la causa originaria […], por el desconocimiento de estos nuevos datos, cuya presencia hubieran cambiado el signo de las valoraciones y las conclusiones judiciales”.

18. Dicho esto, en el auto admisorio de la demanda de revisión no se hizo referencia alguna sobre el último informe señalado (fundamento 16.3 de la presente sentencia). No obstante, ello no fue objetado por el accionante. Tampoco se ha reiterado su valor probatorio en la audiencia de actuación de pruebas ni en la audiencia de revisión.

De otro lado, dicho informe, según los propios términos de la demanda de revisión, forma parte de la Carpeta Fiscal N.º 2706014502-2010-529-09, la misma que contiene las actuaciones del Ministerio Público, a las cuales la defensa técnica tuvo acceso. Es más, el informe en mención fue conocido por el entonces procesado, debido a que en su recurso de apelación hizo referencia de él; sin embargo, conforme consta en el acta de control de acusación del treinta y uno de julio de dos mil doce, no lo ofreció y, menos aún, pese a haber hecho mención en su apelación, tampoco lo ofreció en segunda instancia, al margen de que pueda haberse admitido o no.

19. De otro lado, la finalidad del ofrecimiento de las diligencias efectuadas, supuestamente, en el caso N.º 2010-529, por la Fiscalía Provincial Corporativa de Arequipa, así como las declaraciones de los fiscales encargados de ellas, Antonio Alberto Chacón Rossel y Luis Alberto Arancibia Agostinelli, es acreditar que el accionante no se encontraba los días veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo de dos mil diez en la ciudad de Puno.

20. Ahora bien, antes de evaluar la viabilidad de la pretensión, es importante precisar que el tiempo transcurrido desde la admisión de la demanda hasta el presente acto, se debe a que esta Alta Corte, por intermedio de la Secretaría de la Sala Penal Transitoria, procuró obtener copias de las diligencias fiscales del caso signado, supuestamente, con el número 2010-529, que habrían sido realizadas por la Fiscalía Provincial Corporativa de Arequipa. Ante la insistencia reiterada del accionante de recopilar la citada información, se realizaron sendos requerimientos en ese sentido, cuyo resultado finalizó con la remisión de copias de un proceso penal de estafa, en el cual el accionante no estuvo inmerso10.

Ante ello, el propio demandante, mediante escrito11 del siete de agosto de dos mil dieciocho, precisó que los actos investigativos recabados en la ciudad de Arequipa, obran entre las páginas seiscientos ochenta y nueve y setecientos siete de la Carpeta Fiscal N.º 276014502-2010-529-0, que se encuentra en la oficina del archivo del Ministerio Público de Puno; es decir, en la misma carpeta fiscal del proceso penal originario, en la cual obran las diligencias realizadas por el titular de la acción penal para obtener las pruebas de cargo y descargo, que culminaron con la acusación en contra del hoy accionante.

21. Entonces, estas diligencias no constituyen parte de una carpeta fiscal o de una investigación independiente que se haya realizado por parte del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Arequipa. Por el contrario, conforme fluye del Oficio N.º 895-2010-1FPPC-5DI-MP-AR, suscrito por el fiscal provincial penal de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Arequipa, Antonio Alberto Chacón Rossell, es el diligenciamiento de un exhorto solicitado por los representantes del Ministerio Público de Puno. En mérito del exhorto se realizó la diligencia de constatación fiscal en el establecimiento de Rayos X Ecografía 2000 y se tomó la declaración del médico cirujano Percy
Z. Cuba Gonzales.

22. Cabe puntualizar que el acta fiscal de constatación y la declaración de Percy Zenovio Cuba Gonzales también obran en la Carpeta Fiscal N.º 276014502-2010-529-0, a cuyo contenido tuvo acceso la defensa técnica del entonces procesado. El conocimiento de su existencia en el proceso penal originario se corrobora con la Resolución número tres, del diecinueve de marzo de dos mil trece, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno12, que declaró inadmisible un conjunto de pruebas ofrecidas por el hoy accionante en segunda instancia. Entre estas, se declararon inadmisibles las declaraciones de los fiscales mencionados, cuya pertinencia estuvo orientada al acta de constatación fiscal y la declaración del médico cirujano Percy Zenovio Cuba Gonzales —esta última también fue rechazada—. Por lo tanto, no constituyen prueba nueva.

23. Sin perjuicio de ello, el fiscal Antonio Alberto Chacón Rossell no participó en las diligencias mencionadas, tan solo suscribió el oficio en mención en calidad de titular del despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Arequipa. La comunicación se dirigió a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Arequipa, con la finalidad de que dicho órgano lo remita a la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Puno. Su ausencia en las actuaciones fiscales materia del exhorto fue confirmada por el citado fiscal en la audiencia de actuación de pruebas del nueve de octubre de dos mil diecinueve.

24. Conforme con la comisión librada en el exhorto, se realizó la diligencia de constatación el dieciséis de mayo de dos mil once. En este acto participó el fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Arequipa, Luis Alberto Arancibia Agostinelli, en cuya acta, entre otros, dejó constancia que: i. La empresa Rayos X Ecografía 2000 S. R. L. no tiene clasificación de clínica. ii. No elaboraban historias clínicas. iii. El cuaderno de atención diaria no se tuvo a la vista.

En la misma línea se pronunció en su declaración realizada en la audiencia de actuación de pruebas del nueve de octubre de dos mil veinte, realizada en el marco del trámite de la presente demanda, donde ratificó que la diligencia se efectuó debido a un exhorto, respecto a “exámenes realizados a una persona”, cuyos datos no tenían en ese momento porque estaban en otro lugar. De esta manera, el acta en mención no acredita que el representante del Ministerio Público haya constatado in situ, que el accionante estuvo internado en dicho establecimiento que, por lo demás, no es una clínica, sino un laboratorio de análisis clínicos, como así quedó fijado.

25. Por su parte, la declaración del médico cirujano Percy Zenovio Cuba Gonzales, del dieciséis de mayo de dos mil once, también fue tomada por el fiscal adjunto Luis Alberto Arancibia Agostinelli, conforme este último también lo reconoció en la audiencia de actuación de pruebas.

Del contenido de la citada declaración se advierte que el médico nombrado expresó que el veintinueve de marzo de dos mil diez, realizó, al hoy sentenciado, una ecografía renal. El treinta de marzo le realizó una ecografía de próstata y vesical, concluyó que tenía infección urinaria y ordenó tratamiento médico. El treinta y uno de marzo, ante la mejoría de su sintomatología, expidió un certificado médico, teniendo en consideración los días anteriores, es decir, desde el veintinueve de marzo. Finalmente, declaró que cumple con adjuntar copia legalizada del cuaderno de ecografías y consultas de la entidad en que labora, en las que se verificaría los días de atención del demandante.

26. Evidentemente, dicha declaración solo puede ser corroborada con el registro de atenciones que él mismo presentó. Sin embargo, este Tribunal advierte que la copia adjuntada13 no contiene algún dato que permita determinar que pertenece al cuaderno o libro en el que se registren las atenciones de la empresa Rayos X Ecografía 2000 S. R. L. Si bien obra copia legalizada en la carpeta fiscal, la certificación notarial no hace referencia a la procedencia de dicha copia. Es más, se revelan correcciones en los números 29 y 30 (el 9 fue escrito sobre el número 8, el 30 sobre el número 29 y se resaltó el número 1 en la fecha 31 de marzo), lo que evidenciaría alteración del documento en cuanto a las fechas. Por lo tanto, no se genera convicción de su certeza.

En estas condiciones, en el caso, la causal invocada por el accionante no cumple con las exigencias de acreditar una situación fáctica sobreviniente (ex novo) que se haya desconocido en el desarrollo del proceso penal originario. Tampoco constituye una evidencia de hechos o pruebas con categoría de determinar la inocencia del demandante o que ponga en cuestión la certeza de culpabilidad determinada en el fallo de condena.

27. Llegado a este punto, es pertinente subrayar que, entre los principios que rigen el proceso de revisión, se tiene el de trascendencia, en virtud del cual el argumento del accionante expuesto en la demanda debe estar edificado sobre hechos y medios de prueba suficientemente sólidos, que tengan la consistencia para modificar una sentencia con calidad de cosa juzgada. Esto significa que, al existir un hecho o una circunstancia que se pueda encuadrar conforme con este principio, dentro de una de las causales de revisión, debe tener una relación de causa-efecto sobre la que, si no se hubiera presentado, la sentencia demandada no habría resultado gravosa para el accionante.

28. En este caso, el accionante pretende su absolución sobre la base del mérito de la declaración del médico cirujano Percy Zenovio Cuba Gonzales14; sin embargo, aún en el supuesto de otorgarle fiabilidad a su declaración, existe abundante prueba analizada en sede declarativa de condena que acredita que, al momento de ocurridos los hechos, se encontraba en la ciudad de Puno y, además, su entera responsabilidad en el evento criminal atribuido. Sobre su vinculación, es pertinente citar las siguientes pruebas, razonadas por el Juzgado Penal Colegiado de Puno, para sustentar su decisión condenatoria:

A. Declaración de Juan Carlos Zea Claverías y el Reconocimiento fotográfico15 efectuado por este. Señaló que el veintinueve de marzo de dos mil diez, junto a su esposa, fue a Juliaca a buscar niñera. En ese momento se presentó Pedro Pablo Supo Condori acompañado de la mejor agraviada, a quien presentó para dicho puesto. No obstante, no fue contratada como niñera porque era menor de edad.

B. Declaración de María Lidia Leonardo Vilca (hermana mayor de la víctima) y Reconocimiento fotográfico16 respecto a Pedro Supo Condori. Señaló que el veintinueve de marzo de dos mil diez se entrevistó con Pedro Supo Condori, quien le solicitó permiso para que su hermana menor identificada con las iniciales S. D. L. V. (agraviada) trabaje con él en un restaurante que administraba en la ciudad de Puno. Añadió que el sentenciado le entregó un papel donde figuraba el nombre “Juan” con un número de celular, a fin de que se contacte con él.

C. Declaraciones de Néstor Maquera Merma y su esposa Sujey Yarasca Gómez, así como el contrato de alquiler del inmueble ubicado en la avenida El Ejército N.º 27317. Con estas pruebas se acreditó que los mencionados testigos suscribieron un contrato de alquiler con Pedro Supo Condori, respecto al inmueble de referencia, en cuyo lugar se descuartizó a la agraviada.

D. Informe Pericial de Biología Forense N.° 50-201018, elaborado por el perito Saúl Abel Inofuente Ramos y ratificado en los debates orales. En su contenido se dejó constancia de que en el inmueble ubicado en la avenida El Ejército N.º 273, al aplicarse el reactivo luminol, dio resultado positivo para restos de sangre (en diferentes lugares del primer, segundo y tercer nivel).

E. Prueba de ADN elaborada por la perito bióloga Yanina Nicolás Cuba19, que concluyó que los restos de sangre contenidos en el retaso de gasa, con manchas pardo rojizas, correspondiente a la pared del nivel uno, pertenecería a la víctima identificada con iniciales S. D. L. V., con una probabilidad de 99.99%.

F. Declaración de Waldir Fredy Tito Calla, quien expresó que vendió un equipo celular al sentenciado, con el número de abonado 950-862-866.

G. Reporte de llamadas entrantes y salientes entre los números de teléfono 950-010-050 (perteneciente a la agraviada) y 950-862-866 (Pedro Supo Condori)20. Se acreditó la comunicación entre el sentenciado y la víctima el treinta de marzo de dos mil diez.

H. Examen pericial del perito Ricardo López Chauca21. Sostuvo que de las llamadas del treinta de marzo (2010), las celdas ubicadas para el número 950-010-050 son: i) 5:57 celda Collao Norte sin registro de dirección. ii) 7:41 celda Juliaca, provincia de San Román, distrito de Juliaca, calle San Martín 401. iii) 9:31 celda Puno, calle Deustua 458 Plaza de Armas. iv) 9:42 celda Soldán en Puno, Jr. Bolognesi 614, horas 13:04, celda Llallahuani, sin registro de dirección.

29. Las pruebas son plurales y determinantes. Su vinculación no ha sido enervada con la presente demanda de revisión. Sin perjuicio de ello, es pertinente advertir que también se añade la pericia de grafotecnia elaborada por los peritos Érica Mercedes Velásquez Chahuares y Erika Milagros Cáceres Paco, ratificada en los debates orales, que concluyeron que el texto manuscrito “Juan 951-877-226/950-862-865” provino del puño escribiente del accionante. Y justamente esta nota fue entregada a la hermana mayor de la víctima, conforme con lo señalado en los fundamentos precedentes.

30. Por todo lo expuesto, las causales de revisión invocadas y sus argumentos han sido desvirtuados en líneas precedentes. Los elementos de prueba aportados por el accionante no han acreditado su inocencia y, en contrapartida, la construcción jurídica de la condena realizada en sede declarativa de condena se mantiene intacta, en atención a la pluralidad de elementos incorporados al contradictorio. No es esta la instancia para examinar presuntos vicios en la formación del juicio histórico y jurídico de las sentencias emitidas. La demanda promovida no puede prosperar y se declara infundada.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron:

I. Declarar INFUNDADA la demanda de revisión interpuesta por el sentenciado PEDRO PABLO SUPO CONDORI, contra: i. La sentencia de primera instancia del catorce de enero de dos mil trece, expedida por el Juzgado Penal Colegiado de la Zona Sur, de la Corte Superior de Justicia de Puno, que lo condenó como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de la menor identificada con las iniciales S. D. L. V., a veinte años de pena privativa de la libertad efectiva y fijó en diez mil soles el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar a favor de la parte agraviada; y, ii. La sentencia de vista del veintitrés de mayo de dos mil trece, emitida por Sala Penal de Apelaciones de la referida Corte, que confirmó la primera sentencia citada.

II. MANDAR que la presente sentencia de revisión se lea en audiencia pública y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas ante esta Corte Suprema. Cumplidos estos trámites, se devuelva el expediente principal al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuaderno de revisión en esta sede.

Intervino el juez supremo Bermejo Díaz por licencia del juez supremo Salas Arena.


1 Cfr. páginas 1 al 126, del cuadernillo formado en esta Suprema Corte.
2 Cfr. páginas 131 al 134, del cuadernillo formado en esta Suprema Corte.
3 Cfr. páginas 751 al 758, del Tomo IV, de la carpeta fiscal.
4 Cfr. páginas 88-89, del Tomo I, del cuaderno de debate.
5 Cfr. páginas 751-758, del Tomo IV, de la carpeta fiscal.
6 Cfr. páginas 142-143, del Tomo I, del cuaderno de debates.
7 Cfr. página 114, del Tomo I, del cuaderno de debates.
8 SAN MARTÍN CASTRO, CÉSAR. Derecho procesal penal. Lecciones. Primera edición, noviembre 2015. Lima, página 767.
9 Cfr. páginas 16 al 27, del cuadernillo formado en esta Suprema Corte.
10 Cfr. página 367 del cuadernillo formado en esta Suprema Corte.
11 Cfr. página 467 del cuadernillo formado en esta Suprema Corte.
12 Cfr. páginas 86-89, del cuaderno de impugnación.
13 Cfr. página 24 del cuadernillo formado en esta Suprema Corte.
14 Cfr. página 22 del cuadernillo formado en esta Suprema Corte.
15 Cfr. páginas 69-70, del Tomo I, de la carpeta fiscal.
16 Cfr. página 71, del Tomo I, de la carpeta fiscal.
17 Cfr. página 123, del Tomo I, de la carpeta fiscal.
18 Cfr. páginas 162-169, del Tomo I, de la carpeta fiscal.
19 Cfr. páginas 736-737, del Tomo IV, de la carpeta fiscal.
20 Cfr. página 810, del Tomo V, de la carpeta fiscal.
21 Cfr. página 127-129, del Tomo I, del cuaderno de debate.

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