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ROBO CON AGRAVANTES: Motivación insuficiente como causal de nulidad.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 1702-2018
LIMA

MOTIVACIÓN INSUFICIENTE COMO CAUSAL DE NULIDAD

Al presentarse en la argumentación un vicio de motivación, ello genera la nulidad de la sentencia. Debiéndose realizar un nuevo juicio oral por otro Colegiado.

Lima, veintidós de agosto de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica de la empresa Multiservicios Especializados Roz S. A. C., contra la sentencia del siete de junio de dos mil dieciocho (folio 1427), en el extremo que absolvió a Martha Pastora Valencia Salas y Jakelyne Dehicy Valencia Salas de la acusación fiscal por el delito de robo con agravantes (previsto en el artículo ciento ochenta y ocho, en concordancia con los incisos tres y cuatro, del primer párrafo, del artículo ciento ochenta y nueve, del Código Penal), en perjuicio de la referida empresa, y las empresas Solution Project S. A. C y La Huaca Representaciones y Negociaciones S. A. C.

Intervino como ponente el juez supremo BALLADARES APARICIO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. IMPUTACIÓN FÁCTICA

El once de febrero de dos mil trece, al promediar las seis horas con treinta minutos aproximadamente, las procesadas Martha Pastora Valencia Salas y Jakelyne Dehicy Valencia Salas en compañía de una mujer y siete hombres no identificados, ingresaron de manera violenta y premunidos con arma de fuego y cuchillos al inmueble donde funcionaban las empresas agraviadas (ubicado en la avenida Surco N.° 286, urb. Los Rosales, Santiago de Surco), cuando el vigilante William Fernández Cerna y su esposa disponían abrir la puerta principal del inmueble; los amenazaron y agredieron, bajaron la llave general de la luz y al ingresar de manera violenta a la oficina sustrajeron equipos de telecomunicaciones, cuarenta y dos equipos de Nextel, el sistema de cámara de vídeo, la central de cámara, la central de cámara de video, ocho computadoras completas, cinco máquinas impresoras, una impresora planillera, un scanner multiuso, una fotocopiadora, todo el sistema contable, un grupo electrógeno, una máquina de lavar autos, un router de internet, un servidor de la información de la cartera de clientes, un vehículo marca Toyota placa de rodaje N.º TGI-822, la suma de cien mil soles, diversas herramientas y el acervo documentario y contable de la empresa, para luego darse a la fuga a bordo de dos vehículos.

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DEL IMPUGNANTE

La defensa técnica de la empresa Multiservicios Especializados Roz S. A. C., al fundamentar el recurso de nulidad (folio 1450), alegó que:

2.1. La Sala Superior no realizó una correcta valoración de las pruebas actuadas a lo largo de la investigación y del proceso. Sostuvieron que el testigo William Fernández Cerna incurrió en contradicciones porque en un principio dijo que una laptop sustraída era de propiedad de Eduardo Sánchez, luego hizo referencia de una computadora que le había regalado el señor Carlos Augusto Eduardo Hernando Frías, cuando se trataban de dos equipos diferentes, sin embargo la sala no tuvo el mínimo cuidado al interrogarlo para que haga la precisión.

2.2. Existe una indebida motivación al valorar las declaraciones preliminares de Manuel Augusto Robles Cabrera, Jaulis Cáceres Dopun, Víctor Moisés Barba Cuadros y Anabella Bocanegra Guerrero.

2.3. Algunos de los testigos no solo trabajan para Carlos Augusto Eduardo Hernando Frías, sino también para las otras empresas que ocupaban el mismo lugar, y no lo conocían personalmente.

2.4. La demanda de divorcio contra la acusada Martha Pastora Valencia Sala contradice el argumento del Colegiado Superior respecto al rencor y odio como supuesto de origen de la denuncia; sin embargo, el proceso de divorcio se había iniciado dos años antes de la denuncia por este delito.

2.5. No hubo pronunciamiento respecto de las vistas fotográficas que obran en autos, las cuales acreditan las condiciones en las que habrían quedado los ambientes de las empresas producto de los hechos imputados; tampoco del Informe Pericial de Inspección Criminalística, donde se detallaron los signos de violencia en las oficinas de las empresas agraviadas.

2.6. Es imposible acreditar la preexistencia de los bienes sustraídos, toda vez que también sustrajeron todo los documentos que estaban en las oficinas y que consistían en facturas, recibos, balance de cartera de clientes y otros.

2.7. Los testigos han reconocido a las encausadas como las agentes del delito. Además, la Sala citó una prueba inexistente que es la denuncia de las procesadas contra Carlos Augusto Eduardo Gonzalo Hernando Frías, por el delito de defraudación, fraude procesal y abuso de firma en blanco, lo cual concluyó con la prescripción del proceso judicial.

TERCERO. SUSTENTO NORMATIVO

Previo a analizar el objeto de impugnación (si la decisión absolutoria de las encausadas se encuentra justificada objetivamente, es decir, si se cumplió con la motivación exigida), debemos tener en consideración los siguientes preceptos legales:

3.1. El inciso cinco, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado, establece que las decisiones judiciales deben ser debidamente motivadas.

3.2. El artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales prevé las causas de nulidad de la sentencia.

3.3. El artículo doscientos ochenta del Código de Procedimientos Penales señala que la sentencia deberá apreciar la confesión del acusado y demás pruebas producidas en la audiencia, así como los testimonios, peritajes y actuaciones de la instrucción.

CUARTO. ANÁLISIS DEL PRESENTE CASO

4.1. Habiendo observado los medios probatorios incorporados al proceso y los fundamentos expuestos por la Sala Superior en la sentencia cuestionada (folio 1427), que concluyó en una decisión absolutoria, no compartimos la motivación que se realizó para sustentar dicha decisión, por lo siguiente:

a. No se valoró debidamente las siguientes testimoniales:

i) De los testigos presenciales como William Fernández Cerna (vigilante quien resguardaba el local de las empresas agraviadas), Manuel Robles Cabrera, Dopun Jaulis Cáceres, Víctor Barba Cuadros, Esther Anabella Bocanegra Guerrero, quienes detallaron cómo se suscitaron los hechos, reconociendo a las procesadas Martha Pastora Valencia Salas y Jakelyne Dehicy Valencia Salas como las personas que formaron parte del grupo de sujetos que ingresaron y sustrajeron los objetos materiales, como documentos, cámaras, cables, dinero, elementos de telecomunicaciones y un vehículo; identificando los roles funcionales que cada acusada tuvo en el plan criminal.

ii) El testigo referencial Luis Alberto Ortiz Ramos, quien fue el efectivo policial que participó en la detención preliminar de las procesadas, señaló que cuando las conducía a la dependencia policial, aceptaron su responsabilidad, manifestándole Jakelyne Dihicy Valencia Salas a Martha Pastora Valencia Salas que entregará las cosas, no obstante esta última le respondió que tenía derecho sobre las cosas porque eran de su esposo (siendo este, de acuerdo a la propia manifestación de la procesada, Carlos Augusto Eduardo Gonzalo Hernando Frías, gerente general de una de las empresas agraviadas), pero al entrevistarse con su abogado cambiaron de versión.

b. La Sala Superior le restó entidad probatoria a los testigos presenciales antes citados, sosteniendo que sus versiones se contradecían; sin embargo, al realizar la valoración respectiva de dichas pruebas personales, no consideraron dos aspectos. El primero, al momento de desarrollarse el hecho delictivo, los testigos se encontraban reducidos en lugares distintos de las oficinas; segundo, estaban sometidos en un contexto de puesta en peligro de su integridad corporal, incluso de sus vidas, al encontrarse amenazados con armas de fuego y cuchillos. Ante esta situación, no se les podría exigir solidez y uniformidad entre sus versiones. Lo que debió prevalecer para construir un juicio de valor, era advertir si manifestaron o no el mismo núcleo del hecho objeto de acusación.

c. En la sentencia cuestionada se observa que se realizó una valoración conjunta de todas las testimoniales a la luz del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ- 116, concluyendo que estas no tienen entidad probatoria; sin embargo, la Sala inobservó la interpretación doctrinaria que en dicho acuerdo se estableció: Son tres las garantías de certeza de una prueba personal (ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación), cuyo cumplimiento permitirá calificarla como prueba válida de cargo, siempre y cuando esa testimonial fue expuesta por un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos. En el presente caso, se está ante una pluralidad de testigos presenciales. De modo que, no se expuso las razones y justificaciones objetivas para concluir si resultaba válido ampararse en el referido acuerdo plenario para valorar dichas pruebas.

d. Una de las razones –de carácter relevante– que permitió concluir que no está acreditada la materialidad del delito imputado (robo con agravantes), fue la no demostración de la preexistencia de los bienes sustraídos. Este motivo tampoco fue justificado objetivamente, pues no se consideró que los testigos narraron –de manera uniforme– que también se robaron varios documentos que estaban en las oficinas de las empresas agraviadas (hecho que forma parte de la imputación fáctica del representante del Ministerio Público); lo que podía implicar que también se habrían sustraído los documentos que demostraban la preexistencia de los referidos objetos, más aun si consideramos que los hechos se suscitaron en oficinas, que de acuerdo a las máximas de las experiencias, es el lugar donde se acondicionan diferentes tipos de documentación.

En esa misma línea, tampoco se valoró las tomas fotográficas (folios 106-123) del interior de las oficinas de las empresas agraviadas; en estas se registraron cómo quedaron dichos lugares luego de producido los hechos. Tampoco se consideró el Informe Pericial N.° 880-2013 (folio 92), donde se detalla que en el lugar de los hechos se aprecia signos de violencia, a excepción de la puerta de ingreso.

e. La Sala no le dio mayor valor probatorio a la declaración de Carlos Augusto Eduardo Gonzalo Hernando Frías, porque –argumentó– su denuncia fue interpuesta con un motivo espurio (venganza), al haber tenido –antes de la presente causa- procesos judiciales con las acusadas; sin embargo, tampoco se motivó objetivamente este supuesto, pues no se analizó si estos procesos judiciales le perjudicaron o no al referido testigo, para estimar que por venganza incriminó a las procesadas por este delito. Tampoco se observó que la empresa de Carlos Augusto Eduardo Gonzalo Hernando Frías no es la única agraviada, sino también se encuentra la empresa recurrente cuya representante es Rocío Barrios Begazo, quien no tienen ninguna relación con las acusadas, de modo que no existiría motivo alguno para incriminarlas por un delito no cometido.

4.2. Con lo expuesto, y de acuerdo al artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales, la sentencia recurrida (folio 1427) contiene una motivación insuficiente como para respaldar la absolución, debiendo ser declarada nula. Deberá realizarse un nuevo juicio oral por un Tribunal Superior distinto al que emitió la sentencia cuestionada, quien deberá tener en cuenta las pruebas y fundamentos expuestos, y los que considere necesarios para esclarecer la situación jurídica del encausado.

4.3. En el nuevo juicio oral se debe realizar la diligencia de confrontación entre los testigos presenciales, William Fernández Cerna, Manuel Robles Cabrera, Dopun Jaulis Cáceres, Víctor Barba Cuadros, Esther Anabella Bocanegra Guerrero, y las encausadas Martha Pastora Valencia Salas y Jakelyne Dehicy Valencia Salas.

DECISIÓN

Por estos fundamentos:

I. DECLARARON NULA la sentencia del siete de junio de dos mil dieciocho (folio 1427), en el extremo que absolvió a Martha Pastora Valencia Salas y Jakelyne Dehicy Valencia Salas de la acusación fiscal por el delito de robo con agravantes (previsto en el artículo ciento ochenta y ocho, en concordancia con los incisos tres y cuatro, del primer párrafo, del artículo ciento ochenta y nueve, del Código Penal), en perjuicio de las empresas Multiservicios Especializados Roz S. A. C., Solution Project S. A. C. y La Huaca Representaciones y Negociaciones S. A. C.

II. DISPUSIERON se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, el cual deberá actuar con celo y celeridad en el ejercicio de sus funciones, y deberá tener presente lo expuesto en la presente ejecutoria.

III. ORDENARON se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, devuélvanse los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.

Intervino el juez supremo Castañeda Espinoza, por licencia de la jueza suprema Barrios Alvarado.

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