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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.º 535-2020
LIMA

Incumplimiento del deber de esclarecimiento y nulidad de sentencia condenatoria

Esta Sala Penal Suprema advierte que no se dio cumplimiento al deber de esclarecimiento.

A fin de dilucidar objetivamente los hechos delictivos atribuidos a JOSÉ LUIS MOSCOSO RAMÍREZ, resulta imprescindible que, en un nuevo juicio oral, se reciban las declaraciones de la víctima Juan Llerena Toro y la testigo Flor de María Espinoza Riqueros, así como de los ciudadanos Jonathan Gómez Monroy y Roxana Pillaca Gonzales, que expidieron las constancias de trabajo a su favor.

Su estadía en España solo podrá ser corroborada con datos oficiales, por lo que deberá solicitarse información a la Superintendencia Nacional de Migraciones sobre sus ingresos y salidas del país.

Por lo tanto, en aplicación del artículo 298, primer párrafo, numeral 1, y último párrafo, del Código de Procedimientos Penales, se declarará nula la sentencia condenatoria impugnada y se dispondrá la realización del juicio oral y las diligencias respectivas.

Por otro lado, al decretarse la nulidad de la sentencia condenatoria impugnada, concierne reinstaurar su estatus procesal anterior. Se dispone su libertad, la cual solo se ejecutará si no se dictó otra orden de detención en su contra.

Lima, quince de febrero de dos mil veintiuno

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el encausado JOSÉ LUIS MOSCOSO RAMÍREZ contra la sentencia del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (foja 364), emitida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de Juan Llerena Toro, a diez años de pena privativa de libertad y fijó como reparación civil la suma de S/ 1000 (mil soles), que deberá abonar a favor del agraviado.

Intervino como ponente el señor juez supremo COAGUILA CHÁVEZ.

CONSIDERANDO

§ I. Expresión de agravios

Primero. El procesado JOSÉ LUIS MOSCOSO RAMÍREZ, en su recurso de nulidad del primero de octubre de dos mil diecinueve (foja 378), denunció la vulneración de los principios jurisdiccionales de la motivación de las resoluciones judiciales, el debido proceso y a no ser privado del derecho a la defensa. Señaló que el agraviado Juan Llerena Toro no lo sindicó como autor del robo en su perjuicio ni ratificó su versión en sede judicial y, si bien precisó que la persona que lo redujo tenía estatura baja, era trigueño y poseía cabello ondulado, ello no se condice con sus características físicas, pues mide 1.86 metros, tiene cabellera lacia y fisonomía blanca. Sostuvo que no conoce a Flor de María Espinoza Riqueros ni concurrió al juicio oral, y que en el contrato adjunto no se consignaron datos reales, entre ellos, su dirección, toda vez que no ha residido en el distrito de Pueblo Libre. Afirmó que en la fecha del robo atribuido no estuvo en la ciudad de Lima, Perú, y que con el certificado de trabajo emitido por el restaurante El Cortijo, demostró que estuvo laborando como ayudante de cocina en la ciudad de Madrid, España, desde el veintidós de enero de dos mil tres hasta el nueve de diciembre de dos mil cinco.

Además, solicitó su absolución de los cargos fiscales.

§ II. Imputación fiscal

Segundo. Conforme a la acusación fiscal del veinticinco de febrero de dos mil ocho (foja 149), los hechos incriminados fueron los siguientes:

2.1. El veintiséis de julio de dos mil cinco, aproximadamente a las 13:00 horas, cuando el agraviado Juan Llerena Toro se encontraba fuera de su vehículo en la avenida Guardia Civil, distrito de San Borja (frente a Indecopi), fue interceptado por un sujeto premunido de un arma de fuego, quien lo amenazó, lo arrojó al suelo y lo despojó de su celular; luego se acercó a la unidad, retiró el autorradio y le arrebató la cartera a su pareja sentimental.

2.2. Después, el asaltante se dio a la fuga en el auto de placa de rodaje número AQJ-013; sin embargo, cuando circulaba por la cuadra siete de la avenida Canadá, colisionó con dos vehículos. En ese momento, él y sus acompañantes se bajaron del auto y huyeron de la zona.

2.3. Se solicitó información sobre la procedencia del aludido automóvil. Se descubrió que su verdadera placa de rodaje era AQJ-075. Asimismo, la propietaria Flor de María Espinoza Riqueros aseveró que lo alquilaba a tiempo completo a JOSÉ LUIS MOSCOSO RAMÍREZ y presentó el contrato respectivo.

§ III. Fundamentos del Tribunal Supremo

Tercero. En el caso, la víctima Juan Llerena Toro declaró en sede preliminar (foja 8), ocasión en la que puntualizó las circunstancias de tiempo y lugar en que se perpetró el asalto en su perjuicio, precisó las características físicas del ejecutor y anotó detalles del vehículo en el que se dio a la fuga.

Luego no compareció a la etapa de instrucción, según el informe final del treinta y uno de mayo de dos mil cinco (foja 128) ni al juzgamiento, conforme al acta (foja 333).

Por su parte, la testigo Flor de María Espinoza Riqueros depuso en la fase policial (foja 9) y en sede sumarial (foja 44). En tales ocasiones admitió que era propietaria del vehículo de placa de rodaje número AQJ-075, identificó a JOSÉ LUIS MOSCOSO RAMÍREZ y aseveró que le alquiló la unidad, a cambio del pago diario de S/ 50 (cincuenta soles). A la vez, adjuntó el contrato del veintitrés de julio de dos mil cinco (foja 42), en el que consta la firma de ambos.

Después no acudió al acto oral, de acuerdo al acta (foja 333).

Se advierte, entonces, que las manifestaciones del agraviado Juan Llerena Toro y la testigo Flor de María Espinoza Riqueros no fueron sometidas a contradicción por las partes procesales.

Cuarto. Se ha presentado prueba documental con el propósito de acreditar la tesis defensiva.

Su virtualidad, sin embargo, requiere el análisis de dos aspectos: el continente y el contenido, es decir, que los haya realizado la persona a quien se le atribuye y que sea cierto lo incorporado en ellos. Además, al tratarse de documentos narrativos en los que se incluyen declaraciones, al establecerse quién es su autor, queda probado que lo inserto se ha llevado a cabo; pero, adicionalmente, debe demostrarse si ello corresponde a la realidad, lo que habrá de hacerse valiéndose de cualquier otra prueba1.

En ese sentido, si bien en las constancias de trabajo (fojas 247 y 255), se señaló que JOSÉ LUIS MOSCOSO RAMÍREZ laboró en la ciudad de Madrid, España, desde el dos mil tres hasta el dos mil diez, en el juzgamiento no se recabaron las testificales de sus emitentes, Jonathan Gómez Monroy y Roxana Pillaca Gonzales, ni se presentaron otros instrumentos para acreditar de modo razonable el vínculo laboral correspondiente y con ello, su presencia en el aludido país.

Quinto. A partir de lo expuesto, esta Sala Penal Suprema observa que no se dio cumplimiento al deber de esclarecimiento.

A fin de dilucidar objetivamente los hechos delictivos atribuidos a JOSÉ LUIS MOSCOSO RAMÍREZ, resulta imprescindible que, en un nuevo juzgamiento, se reciban las declaraciones de la víctima Juan Llerena Toro y la testigo Flor de María Espinoza Riqueros, así como de los ciudadanos Jonathan Gómez Monroy y Roxana Pillaca Gonzales, quienes expidieron las constancias de trabajo a su favor.

La información proporcionada por tales órganos de prueba deberá ser valorada según los criterios de apreciación estatuidos por la jurisprudencia (ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación).

Además, los descargos esgrimidos deberán ser sometidos a un examen de verosimilitud y la prueba documental a un test de autenticidad.

Su estadía en España solo podrá ser corroborada con datos oficiales, por lo que deberá solicitarse información a la Superintendencia Nacional de Migraciones sobre sus ingresos y salidas del país.

Por lo tanto, en aplicación del artículo 298, primer párrafo, numeral 1, y último párrafo, del Código de Procedimientos Penales, se declarará nula la sentencia condenatoria impugnada y se dispondrá la realización del juicio oral y las diligencias respectivas.

El recurso de nulidad formalizado ha prosperado.

Sexto. Finalmente, el auto de apertura de instrucción del catorce de octubre de dos mil cinco (foja 30) reflejó que a JOSÉ LUIS MOSCOSO RAMÍREZ se le instauró proceso penal con mandato de comparecencia con restricciones.
Según auto del dieciocho de mayo de dos mil seis (foja 59), fue declarado reo ausente, pero no se varió la medida coercitiva personal.

En ese sentido, al decretarse la nulidad de la sentencia condenatoria impugnada, debería reinstaurar su estatus procesal anterior, empero, según el certificado judicial de antecedentes penales (foja 285), fue condenado por el delito de tráfico ilícito de drogas a siete años. La reclusión inició el quince de marzo de dos mil diecisiete y vencerá el catorce de marzo de dos veinticuatro. De este modo, no se decretará su libertad.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NULA la sentencia del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (foja 364), emitida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a JOSÉ LUIS MOSCOSO RAMÍREZ como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de Juan Llerena Toro, a diez años de pena privativa de libertad y fijó como reparación civil la suma de S/ 1000 (mil soles), que deberá abonar a favor del agraviado.

II. MANDARON que se realice un nuevo juicio oral a cargo de otra Sala Penal Superior, teniendo en cuenta lo desarrollado en la presente ejecutoria suprema. Hágase saber y los devolvieron


1 PARDO IRANZO, Virginia. La prueba documental en el proceso penal. Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch, 2008, pp. 252-253.

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