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TID: Suspensión de la pena contravino los principios de legalidad y consenso.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.º 1664-2018
HUÁNUCO

Sentencia fundada

El beneficio concedido no fue convenido entre las partes y se otorgó fuera de los presupuestos materiales que fija el artículo 57 del Código Penal. El colaborador fue condenado mediante sentencia conformada del trece de noviembre de dos mil quince a doce años y diez meses de pena privativa de la libertad, que vencería el veintiocho de febrero de dos mil veintiséis, pero se suspendió la ejecución de la pena que le faltaba cumplir y se redujo al término de cuatro años, bajo imposición de reglas de conducta. No obstante, según los alcances del citado artículo del Código Penal, la pena solo podrá ser suspendida cuando no sea superior a cuatro años y el plazo de suspensión es de uno a tres años. La Sala Superior, incluso, impuso una sanción no acorde con las normas sustantivas. En suma, no solo inobservó el artículo 34.2 del Decreto Supremo número 007-2017-JUS, también inaplicó el artículo 57 del Código Penal.

–SENTENCIA DE CASACIÓN–

Lima, dieciséis de noviembre de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público contra el auto de vista del once de septiembre de dos mil dieciocho (foja 322), que revocó la resolución de primera instancia del catorce de mayo de dos mil dieciocho (foja 246), que desaprobó el acuerdo de colaboración eficaz realizado por la señora fiscal especializada en los delitos de tráfico ilícito de drogas de la provincia de Leoncio Prado, el colaborador con clave número 014-2013 y su abogado defensor, por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, en perjuicio del Estado y, reformándolo, aprobó en parte el acuerdo de beneficios y colaboración celebrado el veintitrés de junio de dos mil diecisiete por el representante del Ministerio Público, el colaborador eficaz identificado con clave número 014-2013 y su abogado defensor; otorgó el beneficio de suspensión de la pena por el periodo de cuatro años, bajo las siguientes reglas: a) prohibición de frecuentar lugares de dudosa reputación, b) prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez y c) comparecer mensualmente al Juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades; queda subsistente la reparación civil fijada en la suma de S/ 50 000 (cincuenta mil soles), que deberá ser pagada conforme al acuerdo pactado, en diez armadas el último día hábil de cada mes a partir de la aprobación judicial del acuerdo; también quedó sometido a las obligaciones genéricas de los colaboradores, bajo apercibimiento de revocarse el beneficio otorgado en caso de incumplimiento, de conformidad con lo establecido por el numeral 5 del artículo 480 del Código Procesal Penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo Coaguila Chávez.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ I. Procedimiento en primera instancia

Primero. La representante del Ministerio Público presentó requerimiento de audiencia privada sobre el acuerdo de colaboración eficaz (foja 1), a fin de que se fije fecha para su realización en audiencia privada, donde debía sustentarse el acuerdo y aprobarse que el colaborador con clave número 14-2013 se acoja a dicho mecanismo premial.

Segundo. Luego de la observación al trámite realizado (foja 3) e instalada y celebrada la audiencia, se emitió la sentencia de colaboración eficaz del diecinueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 133), que resolvió desaprobar el acuerdo de beneficios y colaboración del colaborador con clave número 014-2013, del veintitrés de junio de dos mil diecisiete.

Tercero. Contra la referida decisión, la titular de la acción penal y el colaborador eficaz con clave 14-2013 interpusieron recursos de apelación (fojas 144 y 151, respectivamente). Mediante resolución del trece de noviembre de dos mil diecisiete (foja 155), se les concedió apelación.

§ II. Procedimiento en segunda instancia

Cuarto. Luego del trámite respectivo, la Sala Superior, por resolución del dieciséis de marzo de dos mil dieciocho (foja 208), declaró nula la decisión de primera instancia.

§ III. Procedimiento en primera instancia

Quinto. Realizada nuevamente la audiencia, se emitió el auto resolutivo del catorce de mayo de dos mil dieciocho (foja 246), que resolvió desaprobar el acuerdo de colaboración eficaz realizado por la fiscal, el colaborador con clave número 014-2013 y su abogado defensor, en el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, en perjuicio del Estado.

Sexto. Contra la citada decisión el colaborador eficaz con clave 14- 2013 interpuso recurso de apelación (foja 276). El recurso se concedió mediante auto del veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (foja 282).

§ IV. Procedimiento en segunda instancia

Séptimo. Luego del trámite respectivo, la Sala Superior emitió la resolución de vista del once de septiembre de dos mil dieciocho (foja 322), que revocó la resolución de primera instancia del catorce de mayo de dos mil dieciocho (foja 246), que desaprobó el acuerdo de colaboración eficaz realizado por la señora fiscal especializada en los delitos de tráfico ilícito de drogas de la provincia de Leoncio Prado, el colaborador con clave número 014-2013 y su abogado defensor, por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, en perjuicio del Estado; y, reformándolo, aprobó en parte el acuerdo de beneficios y colaboración celebrado el veintitrés de junio de dos mil diecisiete por el representante del Ministerio Público, el colaborador eficaz identificado con clave número 014-2013 y su abogado defensor, y otorgó el beneficio de suspensión de la pena por el periodo de cuatro años, bajo el cumplimiento de reglas de conducta.

Octavo. Frente a la resolución de vista acotada, el representante del Ministerio Público interpuso recurso de casación a través del escrito del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (foja 340).

Noveno. Mediante auto del tres de octubre de dos mil dieciocho, el Tribunal Superior admitió la citada impugnación (foja 344) y dispuso elevar los actuados a esta Sede Suprema.

§. V. Procedimiento en la instancia suprema

Décimo. Cumplido el traslado a las partes recurridas, este Tribunal de Casación (al amparo del artículo 430, numeral 6, del Código Procesal Penal) emitió el auto de calificación del doce de abril de dos mil diecinueve (foja 39 del cuadernillo supremo), por el que declaró bien concedido el recurso de casación interpuesto por el titular de la acción penal. Se trató de una casación excepcional, prevista en el artículo 427, numeral 4, del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 429, numerales 2 y 3, del citado cuerpo legal. El numeral 2 se concedió en atención a la voluntad impugnativa.

Decimoprimero. Instruidas las partes procesales sobre la admisión del recurso de casación (notificación, foja 47 del cuadernillo supremo), se emitió el decreto del veintiuno de septiembre de dos mil veinte (foja 79 del cuadernillo supremo), que señaló el veintiuno de octubre del presente año como fecha para la audiencia de casación.

Decimosegundo. Realizada la audiencia de casación, se celebró inmediatamente la deliberación de la causa en sesión privada. Efectuada la votación, por unanimidad, corresponde dictar la presente sentencia casatoria, cuya lectura se programó en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

§. VI. Sobre el recurso de casación interpuesto

Decimotercero. Según trasciende de los considerandos 3.2 a 3.6 de la ejecutoria suprema de calificación, se declaró bien concedido el recurso de casación, a fin de que se desarrolle si existió una correcta interpretación del Decreto Supremo número 007-2017-JUS y del artículo 57 del Código Penal. Del mismo modo, se alude a que no se habrían tomado en cuenta las modificaciones del artículo 474 del código adjetivo para su aplicación. Todo ello en atención a que el Colegiado Superior se habría apartado del acuerdo de colaboración eficaz, plasmado en el acta respectiva, que se celebró entre la Fiscalía y el colaborador eficaz con número 014-2013; de ese modo, se afectó el principio de congruencia procesal y, finalmente, se impuso una pena que transgrede la norma sustantiva.

Decimocuarto. El Tribunal Constitucional, sobre el ámbito de la colaboración eficaz, señala que: “El instituto de la colaboración eficaz centra en la figura del colaborador, también denominado “arrepentido”, la posibilidad de alcanzar los fines para el cual fue creado. Y es en las exigencias que se imponen para conceder el beneficio que su regulación puede comprometer derechos fundamentales reconocidos en la Ley Fundamental1”.

Decimoquinto. Ahora bien, es necesario precisar que mediante el Decreto Supremo número 007-2017-JUS se aprobó el reglamento del Decreto Legislativo número 1301, decreto legislativo que modificó el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz; así, el numeral 2 del artículo 34 del referido decreto supremo refiere que: “Si el juez penal competente aprueba el acuerdo, dictará la sentencia de colaboración eficaz, en los mismos términos descritos en el acta de Beneficios y Colaboración eficaz”.

Decimosexto. En este punto, también es importante señalar que el mismo decreto supremo, en el numeral 1 del artículo 1, refiere que la colaboración eficaz: “Es un proceso especial autónomo, no contradictorio, basado en el principio del consenso entre las partes y la justicia penal negociada, que tiene por finalidad perseguir eficazmente la delincuencia”.

Decimoséptimo. De lo citado es posible inferir que la decisión del órgano jurisdiccional sobre la aceptación de la colaboración eficaz se enmarcará en los mismos términos del acta negociada entre las partes, es decir, el fiscal y el colaborador. Así, el órgano jurisdiccional debe encuadrar su decisión en estos términos: aprobarla o desaprobarla. La sentencia no puede exceder los márgenes del acuerdo.

Decimoctavo. Dicho marco se mantendrá cuando la decisión sea impugnada ante la Instancia Superior, en clara consonancia con el principio de congruencia, conocido también como de correlación, lo que importa un deber exclusivo del juez, por el cual debe expresar los fundamentos de una respuesta coherente en la resolución que se dicta, con base en las pretensiones y defensas traducidas en agravios formulados por los justiciables en su recurso impugnativo, y que, de esa manera, la decisión a la que arriben se pueda justificar en razones diversas a las alegadas por las partes. Tal principio se encuentra reconocido en el numeral 1 del artículo 409 del Código Procesal Penal.

§ VII. Análisis del caso concreto

Decimonoveno. En el caso, la situación jurídica del colaborador era la de sentenciado, motivo por el que se acogió a la colaboración eficaz, para lo cual brindó información sobre el clan familiar de los hermanos Ramos Veramendi, lo cual fue plasmado en el acta del veintitrés de junio de dos mil diecisiete, cuyo beneficio solicitado era el de remisión de pena. El Juzgado Colegiado desaprobó el acuerdo.

Vigésimo. Sin embargo, ante el recurso impugnativo del colaborador eficaz, la decisión del Colegiado Superior, luego de aprobar en parte el acuerdo, contravino los principios de legalidad y de consenso, pues otorgó el beneficio premial de suspensión de la ejecución de la pena, pese a que la etapa procesal donde correspondería su aplicación había precluido al momento de emitir sentencia, sin que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 57 del Código Penal.

Vigesimoprimero. El beneficio concedido no fue convenido entre las partes y se otorgó fuera de los presupuestos materiales que fija el artículo 57 del Código Penal. El colaborador fue condenado mediante sentencia conformada del trece de noviembre de dos mil quince a doce años y diez meses de pena privativa de la libertad, que vencería el veintiocho de febrero de dos mil veintiséis, pero se suspendió la ejecución de la pena que le faltaba cumplir y se redujo al término de cuatro años, bajo imposición de reglas de conducta. No obstante, según los alcances del citado artículo del Código Penal, la pena solo podrá ser suspendida cuando no sea superior a cuatro años y el plazo de suspensión sea de uno a tres años. La Sala Superior, incluso, impuso una sanción no acorde con las normas sustantivas. En suma, no solo inobservó el artículo 34.2 del Decreto Supremo número 007-2017-JUS, también inaplicó el artículo 57 del Código Penal.

Vigesimosegundo. En tal sentido, ante las falencias anotadas debe quedar claramente establecido que la sentencia no podrá exceder los términos del acuerdo y la decisión solo podrá ser aprobatoria o desaprobatoria, de acuerdo con el artículo 477, numeral 4, del Código Procesal Penal. El control judicial no podrá reemplazar la voluntad de las partes ni buscar que el acuerdo se modifique: el juez ha de realizar una verificación tendente a evitar que el principio de legalidad se vulnere, sea por exceso o por defecto.

Vigesimotercero. Aquel motivo es suficiente para causar la nulidad de la decisión emitida en la Instancia Superior, dado que este Supremo Tribunal enmarca o limita el rol del Colegiado Superior, por lo que es posible emitir decisión de fondo al respecto.

Vigesimocuarto. En tal sentido, al realizar el control del acuerdo de colaboración eficaz, dado que únicamente corresponde determinar si se lo aprueba o no, se tiene que, en efecto, el hecho descubierto:

a) No constituye un delito que genere una especial connotación y gravedad.

b) No se capturó a una banda ni al cabecilla de la organización, pues no existe una identificación categórica del presunto cabecilla del clan familiar Ramos Veramendi; la detención de quien hacía de conductor y copiloto no significa que se detuviera a un líder o cabecilla de especial importancia para la organización; tampoco se identificó o detuvo al financista de la droga a nivel internacional.

c) No se capturó un fuerte cargamento de droga, ya que, conforme señala el colaborador, el clan familiar tenía por objeto realizar el transporte de 100 a 120 kg de droga, pero en ninguna de las dos intervenciones en las que el colaborador brindó información se logró incautar tales cantidades; incluso, el delito por el que se condenó al colaborador tiene una mayor connotación, pues hubo pluralidad de agentes y se incautaron 118,300 kg de alcaloide de cocaína.

Por ello, no corresponde que el acuerdo de colaboración eficaz sea aprobado y así se declara. La decisión del a quo debe ser confirmada.

Vigesimoquinto. Finalmente, en cuanto a la situación jurídica del procesado, se tiene que se ordenó la inmediata libertad del colaborador con clave número 014-2013 y, de acuerdo con la decisión arribada, corresponde ordenar su ubicación y captura, a fin de que continúe cumpliendo la condena pendiente en la cárcel pública que determine la autoridad competente; asimismo, el juez de investigación preparatoria deberá realizar el cómputo de la sanción que le falta por cumplir al referido colaborador.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces supremos que integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público contra el auto de vista del once de septiembre de dos mil dieciocho (foja 322), que revocó la resolución de primera instancia del catorce de mayo de dos mil dieciocho (foja 246), que desaprobó el acuerdo de colaboración eficaz realizado por la señora fiscal especializada en los delitos de tráfico ilícito de drogas de la provincia de Leoncio Prado, del colaborador con clave número 014-2013 y su abogado defensor, por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado, en perjuicio del Estado; y, reformándola, aprobó en parte el acuerdo de beneficios y colaboración celebrado el veintitrés de junio de dos mil diecisiete por el representante del Ministerio Público, el colaborador eficaz identificado con clave número 014-2013 y su abogado defensor; otorgó el beneficio de suspensión de la pena por el periodo de cuatro años, bajo las siguientes reglas: a) prohibición de frecuentar lugares de dudosa reputación, b) prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez y c) comparecer mensualmente al Juzgado, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades; queda subsistente la reparación civil fijada en la suma de S/ 50 000 (cincuenta mil soles), que deberá ser pagada conforme al acuerdo pactado, en diez armadas el último día hábil de cada mes a partir de la aprobación judicial del acuerdo; también quedó sometido a las obligaciones genéricas de los colaboradores, bajo apercibimiento de revocarse el beneficio otorgado, conforme a lo establecido por el numeral 5 del artículo 480 del Código Procesal Penal, en caso de incumplimiento; en consecuencia, CASARON el referido auto de vista del once de septiembre de dos mil dieciocho (foja 322) y, SIN REENVÍO, confirmaron la resolución de primera instancia del catorce de mayo de dos mil dieciocho (foja 246), que desaprobó el acuerdo de colaboración eficaz realizado por la señora fiscal especializada en los delitos de tráfico ilícito de drogas de la provincia de Leoncio Prado, el colaborador con clave número 014-2013 y su abogado defensor, por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado en perjuicio del Estado; y habiéndose ordenado la libertad del colaborador con clave número 014-2013, ORDENARON girar capturas en el día para lograr su internamiento en cárcel pública; DISPUSIERON que, una vez ubicado, el juez de investigación preparatoria competente realice el cómputo de la pena que le resta cumplir al colaborador con clave número 014-2013.

II. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por intermedio de la Secretaría de esta Sala Suprema; acto seguido, se notifique a todas las partes personadas en la instancia, incluso a las no recurrentes, y se devuelva.

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