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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
COMPETENCIA N.º 06-2020
LIMA

Contienda de competencia

Desde las notas esenciales de la jurisdicción y del delito de función militar policial, es pertinente analizar los hechos objeto de ambos procesos penales y, sobre esa base, determinar el órgano jurisdiccional competente. Teniendo como presupuesto constitucionalmente relevante lo expuesto con anterioridad, la opción por uno u otro órgano jurisdiccional, sin duda, estará en función de aquella norma jurídico-penal que se ajuste más exactamente al supuesto de hecho y exprese de modo más completo la valoración que efectúe el ordenamiento jurídico.

Lima, nueve de noviembre de dos mil veinte

VISTOS: la contienda de competencia incoada por el Tribunal Superior Militar Policial-Policía Nacional del Perú contra el Juzgado de Investigación Preparatoria de Nazca, a fin de que la causa penal incoada contra el mayor PNP Rolando Quintero Yaranga, el SOS PNP Jaime Benito Lucana Anampa, el SOB PNP Raymundo Abraham Aquije Castro, el SOT1 PNP César Ernesto Bellido Flores, el SOT3 Arnulfus Alejandro Tapia Vera, el SO2 PNP José Junior Magallanes Fernández y el SO2 PNP José Luis Guzmán Muñoz por el delito de desobediencia y hurto de material destinado al servicio, en agravio del Estado-Policía Nacional del Perú.

Intervino como ponente el señor juez supremo Coaguila Chávez.

ANTECEDENTES

Primero. El fiscal militar policial, mediante Disposición número 002- 2017/FMP14-LIMA, del veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete (foja 345), formalizó investigación preparatoria contra el mayor PNP Rolando Quintero Yaranga, el SOS PNP Jaime Benito Lucana Anampa, el SOB PNP Raymundo Abraham Aquije Castro, el SOT1 PNP César Ernesto Bellido Flores, el SOT3 Arnulfus Alejandro Tapia Vera, el SO2 PNP José Junior Magallanes Fernández y SO2 PNP José Luis Guzmán Muñoz por los delitos de desobediencia y hurto de material destinado al servicio, en agravio del Estado-Policía Nacional del Perú; previstos y penados en los artículos 117 y 13, respectivamente, del Código Penal Militar Policial.

Segundo. Por su parte, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica formalizó la investigación preparatoria (como obra según copia), seguido contra los mismos imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública-peculado, previsto y sancionado en el artículo 387 del Código Penal.

El proceso contra los referidos imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública-peculado, previsto y sancionado en el artículo 387 del Código Penal, está a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Nazca (Expediente número 343-2016).

Tercero. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la defensa técnica de los procesados Bellido Flores, Aquije Castro y Tapia Vera solicitó al 14.° Juzgado Militar Policial que requiera al Juzgado de Investigación Preparatoria de Nazca la remisión del Expediente número 343-2016, seguido contra dichos imputados por el delito de peculado, por tratarse de efectivos policiales en actividad que cometieron el delito en acto de servicio y contra bienes jurídicos de la institución policial.

Cuarto. El 14.° Juzgado Militar Policial, por auto del siete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 464), declaró infundada la contienda de competencia solicitada.

Quinto. El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, el Tribunal Superior Militar Policial del Centro resolvió declarar fundada la apelación interpuesta por la defensa técnica de los procesados Quintero Yaranga, Bellido Flores, Aquije Castro y Tapia Vera contra la resolución del siete de septiembre de dos mil dieciocho, dispuso que el a quo solicite la remisión del proceso al juez del fuero común y que, en caso de que dicho magistrado sostenga su competencia, eleve la incidencia a dicha instancia.

El diez de octubre de dos mil diecinueve, el juez penal unipersonal de Nazca resolvió sostener la competencia del fuero común a cargo del Juzgado Penal Unipersonal de Nazca, y declaró improcedente la remisión de copias certificadas solicitadas por el 14.° Juzgado Militar Policial del Tribunal Superior Militar Policial del Centro, al considerar que el proceso se encuentra en la etapa de juzgamiento.

Sexto. El presidente del Tribunal Supremo Militar Policial, mediante oficio del primero de julio de dos mil veinte (foja 515), se dirigió al presidente de la Corte Suprema de Justicia y solicitó que se dirima la contienda de competencia entre el fuero militar policial y el fuero común.

Séptimo. Se fijó el nueve de noviembre del año en curso como fecha para la vista de la causa, mediante decreto del veintidós de octubre del presente año (foja 3), y se llevó a cabo la deliberación de la causa, por lo que corresponde dictar la resolución dirimente respectiva.

FUNDAMENTOS

Octavo. Imputación fáctica

El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, aproximadamente a las 06:30 horas, el personal policial del Departamento Desconcentrado Contra la Corrupción se reunió en la ciudad de Nazca con la fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, para trasladarse en dos grupos a la estación de servicios Petroperú Full Grifos Perú S. A. C., ubicada en la Panamericana Sur Km 217 y a las instalaciones de la Comisaría PNP de Protección de Carreteras- Comprcar de Nazca, a fin de realizar un operativo simultáneo e intervenir a conductores y operadores de los vehículos Comprcar- Nazca, los cuales no estarían abasteciendo con la cantidad de galones de combustible que el Comando de la PNP dispuso.

Efectivos policiales de la Unidad Anticorrupción, acompañados del representante del Ministerio Público, intervinieron en las instalaciones del grifo Full Grifos Perú al SOT3 Arnulfus Alejandro Tapia Vera y al SO2 PNP José Luis Guzmán Muñoz, conductor y operador del vehículo de placa de rodaje LID-7444, quienes abastecían su unidad con menor cantidad de combustible; asimismo, en las instalaciones de la Comprcar-Nazca, se intervino a las tripulaciones de los vehículos de placa de rodaje LID- 738, CN-1246 y CN-1248, quienes los abastecieron con menor cantidad de combustible de la dotación que les correspondía; en ese sentido, fueron intervenidos el SOB PNP Raymundo Abraham Aquije Castro, el SOT1 PNP César Ernesto Bellido Flores, el SOT3 Arnulfus Alejandro Tapia Vera y el SO2 PNP José Junior Magallanes Fernández, y se encontraron indicios de responsabilidad en el mayor PNP Rolando Quintero Yaranga, comisario, y en el SOS PNP Jaime Benito Lucana Anampa, quien tenía en su poder las tarjetas de abastecimiento de los vehículos patrulleros.

Noveno. Tipificación de los hechos

Por los hechos expuestos, la Fiscalía Militar Policial número 14, mediante disposición fiscal del veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, formalizó investigación preparatoria por los delitos de desobediencia y hurto de material destinado al servicio, en agravio del Estado-Policía Nacional del Perú, previstos y penados en los artículos 117 y 135 del Código Penal Militar Policial. El proceso se encuentra a cargo del 14.º Juzgado Militar Policial.

Los artículos 117 y 135 del Código Penal Militar Policial establecen:

Artículo 117º. Desobediencia

El militar o el policía que omite intencionalmente las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos o cualquier otro documento que norma las funciones de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, siempre que atente contra el servicio, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cinco años.

Artículo 135. Hurto de material destinado al servicio

El militar o el policía que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente perteneciente al Estado y destinado al servicio militar o policial, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido [….]

Décimo. Por su parte, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica formalizó la investigación preparatoria seguida contra los imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública- peculado, previsto y sancionado en el artículo 387 del Código Penal.

El proceso está a cargo del Juzgado Penal Unipersonal de Nazca y signado con el Expediente número 343-2016, seguido contra los referidos imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública-peculado, previsto y sancionado en el artículo 387 del Código Penal (vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos), que señala:

Artículo 387. Peculado doloso y culposo

El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.

Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impositivas tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa […].

Undécimo. Como se señala en la Contienda de Competencia número 37-2009-LIMA, caso Ariza Mendoza, fundamento sexto:

El artículo 173° de la Constitución permite definir un concepto constitucional de delito de función militar policial desde una perspectiva material, objetivo-subjetiva, de suerte que la institucionalidad de la jurisdicción militar se erija como un ‘fuero’ material o de causa, no personal, que comprenda, exclusivamente, el ámbito penal militar y policial [artículo II, primer párrafo, LOFFMP].

Así, el hecho delictivo militar-policial debe estar expresa o taxativamente contemplado en un tipo delictivo tipificado en el código de la materia (artículo IV.- Principio de legalidad del Código Penal Militar Policial).

Es imprescindible que el sujeto activo del delito sea un militar o policía en situación de actividad (artículo 7, inciso 2, del Código Penal Militar Policial). Ello incide en la tipificación del delito y permite calificar formalmente el delito de función militar-policial como un delito especial: el hecho solo puede ser perpetrado por un sujeto cualificado determinado.

La conducta del militar o policía debe haberse realizado en acto de servicio o con ocasión de él (artículo 7, apartado 3, del citado código). El vínculo funcional entre conducta y actividad policial del agente es lo que fundamenta y explica su tipificación formal y material en el Código Penal Militar Policial y la necesidad de que el sujeto activo sea militar o policía en actividad y que su conducta concreta se vincule necesariamente a las funciones que en ese momento desempeñaba.

El bien jurídico afectado debe ser privativo de la institución castrense o policial. El delito de función militar-policial ha de afectar aquellos fines constitucionales y legales encargados a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, en cuanto tales, con exclusión de los demás órganos e instituciones públicas, es decir, deben relacionarse con la existencia, organización, operatividad y cumplimiento de los fines institucionales del cuerpo castrense y policial (artículo 7, apartado 1, del Código Penal Militar Policial).

Duodécimo. Desde las notas esenciales de la jurisdicción y del delito de función militar-policial, es pertinente analizar los hechos objeto de ambos procesos penales y, sobre esa base, determinar el órgano jurisdiccional competente. Teniendo como presupuesto constitucionalmente relevante lo expuesto con anterioridad, la opción por uno u otro órgano jurisdiccional, sin duda, estará en función de aquella norma jurídico-penal que se ajuste más exactamente al supuesto de hecho y exprese de modo más completo la valoración que efectúe el ordenamiento jurídico.

Lo que integra el objeto de ambos procesos penales, común y militar- policial, son los mismos hechos atribuidos, en donde se reclama la concurrencia aparente de varios tipos legales: común y militar-policial; lo que implica tanto el derecho penal como la aplicación de los criterios interpretativos propios del concurso aparente de leyes o unidad de la ley, para determinar la competencia.

Es relevante resaltar que:

La vis atractiva en materia de definición del conocimiento de un asunto por la jurisdicción ordinaria o la militar policial corresponde a la primera, siempre y cuando el hecho objeto del proceso jurisdiccional no esté claramente incardinado en el CJMP o se configura como un delito de función militar policial [Contienda de competencia número 37-2009-LIMA. Último párrafo del fundamento octavo].

Decimotercero. El tipo penal militar policial de hurto de material destinado al servicio, regulado en el artículo 135 del Código Penal Militar Policial, tiene como notas esenciales: los elementos normativos relevantes de análisis, el comportamiento típico de apoderarse ilegítimamente y la acción de sustracción.

La sustracción es la vía ejecutiva que va a generar el apoderamiento, y por sustracción se entiende el proceso ejecutivo que da inicio al desapoderamiento del bien mueble al ámbito de control del propietario o poseedor. La aprehensibilidad y el desplazamiento (remoción), o en su caso la reconducción, expresan el contenido de la sustracción […]. Los criterios de desapoderamiento y apoderamiento delimitan los contenidos de la sustracción.1

En ese orden de ideas, desde la imputación concreta de los hechos no era posible que los imputados realizaran la acción de sustracción, en la medida en que los hechos están referidos a que algunos de ellos: “Se encontraban abasteciendo con menor cantidad de dotación de combustible”, y otro: “Tenía en su poder las tarjetas de abastecimiento de los vehículos patrulleros”. En el caso concreto, esto quiere decir que recibían menor cantidad de combustible de lo debido, y, por otro lado, contaban con la documentación autoritativa (tarjeta de abastecimiento) para el abastecimiento de combustible de los vehículos patrulleros. En ese sentido, no realizaban la acción de sustracción que exige el tipo penal, como proceso ejecutivo previo al desapoderamiento del bien mueble.

En cambio, el tipo penal de peculado tiene como elementos normativos relevantes los verbos rectores de apropiarse y utilizar.

La apropiación, a diferencia de la sustracción, supone que el sujeto activo del delito posee ya consigo el bien o caudal del cual entra en disposición personal contraviniendo sus deberes de función. Apropiarse es hacer suyo caudales o efectos que pertenecen al Estado, apartándolo de la esfera funcional de la administración pública y colocándose en situación de disponer de los mismos.2

La fuente generadora de la apropiación puede recaer tanto en actos materiales de incorporación de los caudales o efectos al patrimonio del autor, acrecentando su masa patrimonial, como en actos de disposición inmediata (venta, alquiler, préstamo, uso con ánimo de propietario, entrega a terceros, donaciones, etc.); en general, a través de numerosos actos que, como expresión del poder del funcionario o servidor público, impliquen actividad comercial que ponga de manifiesto la ilícita disposición del patrimonio público que realiza el sujeto activo, en el ámbito concreto de apropiación […]. No es elemento necesario del tipo exigir que el agente haya alejado el bien de la esfera física de dominio de la administración y lo haya incorporado en la propia suya, en términos espaciales de desplazamiento de lugar […] asunto que tiene gran importancia para evaluar los desplazamientos ilícitos de caudales al interior de la administración pública con dolo de pecular y que ya consuman el delito. 3

Desde los hechos expuestos en la imputación, el abastecimiento con menor cantidad de dotación de combustible implica que no hubo apoderamiento del combustible no abastecido, en términos espaciales de lugar, lo que es irrelevante en el ámbito de apropiación que desarrolla el tipo penal de peculado. Por lo que los hechos deberán ser investigados por el Juzgado en la jurisdicción penal ordinaria.

Desde el análisis de los elementos normativos relevantes de los tipos penales regulados en el artículo 135 del Código Penal Militar Policial, y el artículo 387 del Código Penal, en atención a las características típicas del hecho atribuido a los imputados, debe resolverse el concurso aparente de leyes a favor del último artículo, porque el contenido delictivo de la figura penal queda abarcado y sancionado de modo más completo.

Decimocuarto. El artículo 387 del Código Penal (Decreto Legislativo número 635) comprende en todos sus aspectos a la acción atribuida a los imputados. El tipo ilícito de peculado incluye la mayor parte de los elementos del hecho. Por lo que el enjuiciamiento de los hechos atribuidos se deberá realizar por la jurisdicción penal ordinaria.

Por otro lado, en la jurisdicción penal militar-policial también se les imputa el delito de desobediencia (artículo 117 del Código Penal Militar Policial), que importa la vulneración de un bien jurídico institucional propio de la Policía Nacional del Perú. En ese sentido, dicha imputación deberá seguir a cargo de la jurisdicción penal militar-policial.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DIRIMIERON LA COMPETENCIA para el conocimiento del proceso imputado al mayor PNP Rolando Quintero Yaranga, al SOS PNP Jaime Benito Lucana Anampa, al SOB PNP Raymundo Abraham Aquije Castro, al SOT1 PNP César Ernesto Bellido Flores, al SOT3 Arnulfus Alejandro Tapia Vera, al SO2 PNP José Junior Magallanes Fernández y al SO2 PNP José Luis Guzmán Muñoz por el delito de desobediencia y hurto de material destinado al servicio, en agravio del Estado-Policía Nacional del Perú: i) a favor del fuero común (Juzgado de Investigación Preparatoria de Nazca-Juzgado Penal Unipersonal de Nazca de la Corte Superior de Justicia de Ica), para el conocimiento del delito de peculado por apropiación, previsto en el artículo 387 del Código Penal, y ii) se continúe el conocimiento por el fuero militar policial (14.° Juzgado Militar Policial) del delito de desobediencia (artículo 117 del Código Penal Militar Policial).

II. DECLARARON SIN EFECTO el procesamiento penal en sede militar por el delito de hurto de material destinado al servicio (artículo 135 del Código Penal Militar Policial).

III. DISPUSIERON que se transcriba la presente ejecutoria a ambos órganos jurisdiccionales para los fines de ley. Hágase saber.


1 ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra el patrimonio. Volumen I. Hurto, robo, abigeato. Primera edición. Octubre 2000. Editorial Grijley, pp. 150-151
2 ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la Administración Pública. Cuarta edición. Enero 2007. Editorial Grijley, p. 490.
3 ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra la Administración Pública. Cuarta edición. Enero 2007. Editorial Grijley, pp. 490-491.

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