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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Pleno. Sentencia 222/2021
EXP. N.º 01249-2015-PA/TC
SAN MARTÍN
REINERIO AMASIFEN ISHUIZA

RAZÓN DE RELATORÍA

En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 26 de enero de 2021, los magistrados, Miranda Canales, Blume Fortini, Sardón de Taboada han emitido, la siguiente sentencia, que declara FUNDADA la demanda de amparo que dio origen al Expediente 01249-2025-PA/TC. Los magistrados Ferrero Costa y Ramos Núñez, con voto posterior, coincidieron con el sentido de la ponencia.

Los magistrados Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera emitieron votos singulares declarando improcedente la demanda.

La Secretaría del Pleno deja constancia de que la presente razón encabeza la sentencia y los votos antes referido, y que los magistrados intervinientes en el Pleno firman digitalmente al pie de esta razón en señal de conformidad.

Flavio Reátegui Apaza Secretario Relator

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima a los 26 días del mes de enero de 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional integrado por los magistrados Ledesma Narváez, Miranda Canales, Blume Fortini, Sardón de Taboada y Espinosa- Saldaña Barrera, pronuncia la siguiente sentencia, y con el abocamiento del magistrado Ramos Núñez, conforme al artículo 30- A del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, con los votos singulares de los magistrados Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, que se agregan. Se deja constancia que los magistrados Ferrero Costa y Ramos Núñez votarán en fecha posterior.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Reinerio Amasifen Ishuiza contra la resolución de fojas 100, de fecha 3 de diciembre de 2014, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que declaró improcedente la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de noviembre de 2013, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Primer Juzgado de Paz Letrado de San Martín sede Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, el Juzgado Especializado de Familia de Tarapoto de la misma corte y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, a fin de que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones emitidas en el proceso de alimentos en etapa de ejecución, seguido en su contra por Maribel Shuña Amasifuen en representación de su hijo Weninger Amasifen Shuña (Exp.00120-1996):

Resolución 30, de fecha 10 de mayo de 2013 (f. 12), que declaró improcedente su observación a la liquidación realizada, basado en la prescripción extintiva de las pensiones devengadas, y aprobó la liquidación por la suma de S/ 19 670.00 nuevos soles por concepto de pensiones alimenticias devengadas más S/ 7.306.83 nuevos soles de intereses legales en el período comprendido entre el mes de diciembre de 1996 al mes de marzo del 2013.

Resolución 2, de fecha 13 de setiembre de 2013 (f. 4), que revocó la apelada y declaró fundada en parte su observación a la liquidación de devengados e intereses calculados y dispuso se practique nueva liquidación a partir de enero de 2006 a la fecha de lo solicitado por Maribel Shuña Amasifuen.

Manifiesta que dicho proceso culminó con sentencia favorable para doña Maribel Shuña Amasifuen, quien lo demandó por alimentos a favor de su menor hijo, ordenándosele el pago mensual de S/ 100.00 a partir del 1 de diciembre de 1996. Sin embargo, asegura que nunca se le requirió dicho pago, hasta que, en el mes de abril de 2013, se le notificó una liquidación que asciende a S/ 19 670.00 por pensiones devengadas y a S/ 7306.83 por intereses legales. En tal sentido, advierte que al habérsele solicitado abonar dicha cantidad después de haber transcurrido 16 años, ha prescrito el derecho a cobrar dicha pensión en aplicación de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil; debido a lo cual considera que se han vulnerado sus derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la igualdad, a un proceso sin dilaciones indebidas y a la adecuada motivación de las resoluciones judiciales.

El Procurador Público adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contestó la demanda solicitando se la declare improcedente, argumentando que el amparo no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales ordinarios, así como tampoco procede contra resoluciones que deriven de procedimientos regulares, como el presente caso.

El Juzgado Especializado Civil de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, con fecha 19 de agosto de 2014, declaró infundada la demanda por considerar que las cuestionadas resoluciones se encuentran debidamente motivadas y no se evidencian indicios que adviertan que se hubiese realizado un procedimiento irregular.

La Sala Superior competente, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda por fundamentos similares.

Mediante auto de fecha 25 de octubre de 2017 (f. 5 del cuadernillo del Tribunal Constitucional), el Tribunal Constitucional, dispuso notificar a doña Maribel Shuña Amasifuen con la demanda, sus anexos y el recurso de agravio constitucional y conferirle el plazo excepcional de cinco (5) días hábiles para que, en ejercicio de su derecho de defensa, alegue lo que juzgue conveniente, bajo apercibimiento de ley. Sin embargo, por razón de Relatoría, de fecha 4 de diciembre de 2019, se dio cuenta que no se pudo notificar a la mencionada ciudadana, por lo que correspondía continuar con el trámite de la causa según su estado.

FUNDAMENTOS

1. Este Tribunal Constitucional, en el fundamento 4, del auto de fecha 25 de octubre de 2017, determinó que la controversia gira en torno a determinar si, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, ha prescrito el derecho a cobrar la pensión de alimentos (Expediente 120-1996).

2. De la revisión de autos se aprecia que en la Resolución 30, de fecha 10 de mayo de 2013, del proceso subyacente (fojas 12), el juez de la causa desestimó la observación del actor referido a la prescripción extintiva de las pensiones devengadas y aprobó la liquidación de las pensiones de alimentos devengadas a cargo del actor, desde el mes de diciembre de 1996 al mes de marzo de 2013. Y que, al ser apelada, mediante Resolución 2 (fojas 4), el órgano revisor precisó que el plazo de prescripción para la ejecución de la sentencia de alimentos era de 10 años conforme a lo previsto en el Código Civil, por lo que revocó la impugnada por considerar que no obstante haber obtenido sentencia favorable, la madre del alimentista dejó transcurrir el tiempo para luego de 16 años reclamar el pago de la pensión, por lo que, reformando la resolución, declaró fundada la observación y ordenó que se practique nueva liquidación desde el mes de enero de 2006.

3. En el caso de autos, tanto del escrito de apelación y de observación a la liquidación de pensiones de alimentos devengadas, presentados por el demandante, se aprecia que el actor invoca la aplicación del artículo 2001, inciso 1) del Código Civil, referido al plazo prescriptorio nacido de una ejecutoria para dilucidar la controversia del requerimiento de pago ordenado en el proceso subyacente, invocando para ello lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el Expediente 02132-2008-PA/TC (publicado el 13 de mayo de 2011).

4. Siendo así, en el presente caso, se evidencia que el principal problema que se plantea es respecto de la interpretación del artículo 2001, inciso 1) del Código Civil, que establece lo siguiente:

Artículo 2001.- Plazos prescriptorios de acciones civiles Prescriben, salvo disposición diversa de la ley:
(…)
1.- A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico.

El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales

5. En cuanto al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales el Tribunal Constitucional ha ampliado su contenido constitucionalmente protegido, precisando en sentencias tales como la recaída en el Expediente 03943-2006-PA/TC, que tal contenido se vulnera en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente.

b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas [normativa y fáctica] de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica [según corresponda].

d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva).

6. En cuanto a la motivación externa o justificación externa, cabe precisar que el control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los denominados casos difíciles, es decir, aquellos donde suele presentarse problemas respecto de la identificación de la premisa normativa, los que pueden consistir en problemas de interpretación (no se puede saber cuál es el sentido o significado de una determinada disposición), o problemas de relevancia (no se puede saber qué disposición o disposiciones resultan aplicables en el caso), o presentarse problemas respecto de la premisa fáctica (hechos), los que pueden consistir en problemas de prueba (no se puede determinar los hechos ocurridos debido, por ejemplo, a las versiones contrapuestas de las partes respecto de tales hechos), o problemas de calificación (no se puede saber si un determinado hecho coincide o no con el lenguaje jurídico establecido en una disposición ya determinada).

Sobre la Prescripción de la ejecución de las pensiones alimenticias devengadas

7. En el Expediente 02132-2008-PA/TC, el Tribunal declaró fundada la demanda de amparo, mediante la cual se solicitaba se deje sin efecto las resoluciones que declararon la prescripción de la ejecución de sentencia de las pensiones alimenticias devengadas. En ese sentido estableció que la pretensión tenía por finalidad dejar sin efecto las resoluciones judiciales en que no debió aplicarse el artículo 2001, inciso 4) del Código Civil que establece un plazo de prescripción de 2 años para aquella acción que pretenda el cobro de la pensión fijada en una sentencia, sin antes verificarse la interrupción de la prescripción, y además que no debió omitirse pronunciamiento respecto de la Ley 27057, que establece la improcedencia del abandono de la instancia en todos los procesos referidos a los derechos de niños y adolescentes.

8. Así, el Tribunal en el fundamento 40 de la mencionada sentencia, determinó que la norma contenida en el inciso 4 del artículo 2001 del Código Civil, en la cual se establecía que prescribía a los dos años la acción que provenía de aquella pensión alimenticia a favor de menores de edad fijada en un fallo, no superaba los exámenes de necesidad y ponderación, resultando incompatible con la Constitución, pues este pudo haber sido conseguido mediante otras medidas igualmente idóneas, pero menos restrictivas del aludido derecho fundamental, como por ejemplo el establecimiento de un plazo de prescripción mayor, más aún si el inciso 1) del mencionado artículo 2001 del Código Civil establece la prescripción de la acción que nace de una ejecutoria en un plazo de 10 años (subrayado nuestro).

Análisis del caso en concreto

9. Teniendo en cuenta lo establecido en la sentencia emitida en el expediente 02132-2008-PA/TC, este Tribunal Constitucional considera que la aplicación del artículo 2001, inciso 1) del Código Civil, en el sentido que prescribe a los 10 años la acción que proviene de aquella pensión alimenticia a favor de menores de edad fijada en una sentencia, plasmado como argumento sustentatorio en la Resolución de vista 2, de fecha 13 de setiembre del 2013 –que declaró fundada en parte la observación a la liquidación de devengados e intereses practicados y dispuso se practique nueva liquidación a partir de enero de 2006 a la fecha de lo solicitado por Maribel Shuña Amasifuen–, resultaba correcta, al argumentar que:

CUARTO.- (…) Entonces tenemos que lo que se sanciona con la prescripción es la negligencia para reclamar un derecho ante los tribunales o fuera de ellos, lo que ocasiona la extinción del derecho de acción, ello en respuesta a la posibilidad de acciones perpetuas que originan inseguridad e inestabilidad jurídica. En este contexto queda claro que el plazo que corresponde para la ejecución de la sentencia referida a la pensión alimenticia es de diez años, conforme a lo determinado en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil.

SEXTO.- Que, se considera más bien peligrosa la interpretación al señalar que un justiciable que ha obtenido una sentencia favorable no haga efectivo el cobro de la pensión sancionada y deje pasar el tiempo sine die para mucho tiempo después pretender hacerlo efectivo, obteniendo como consecuencia de ello montos exorbitantes de los procesos de esta naturaleza. Es por ello que el legislador, con dicha imposición, lo que ha pretendido es imponer a quien se encuentra en la representación del menor accionar presurosamente en busca del cumplimiento de una obligación alimentaria ya sancionada por sentencia firme y no pretender postergar dicha obligación hasta que los montos se conviertan en exorbitantes para el obligado (…).

10. Resulta importante indicar que,en el presente caso, es la acotada Resolución 2 – que revocó los alcances de la Resolución 30 y se pronunció sobre la invocada prescripción del inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, tal como inicialmente había propuesto el actor– la resolución firme sobre la cual corresponde a este Tribunal Constitucional efectuar el control constitucional respectivo.

11. Cabe precisar que la Resolución 2 corrigió la aplicación e interpretación de la prescripción del cobro de las pensiones alimenticias devengadas en el proceso de alimentos seguido en su contra, en atención a lo que señala el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil.

12. En tal sentido, lo que pretende el actor es que, en base a la decisión arribada, se ordene finalmente la prescripción total de sus adeudos y no de un período como ha sido finalmente resuelto, al ordenar una liquidación de devengados a partir del año 2006 hasta el momento de la solicitud de la demandante en el proceso subyacente.

13. Es este último cuestionamiento, respecto del cual el Tribunal Constitucional emitirá pronunciamiento.

14. En el presente caso, se observa que se incurre en una omisiónen la motivación, al determinar en la parte resolutiva que se practique una nueva liquidación de devengados e intereses a partir de enero del año dos mil seis hasta la fecha de la solicitud de doña Maribel Shuña Amasifuen, sin justificar ni sustentar cómo se llega a determinar la contabilización de dicho parámetro de tiempo para restablecer la vigencia del cobro de las pensiones devengadas, deficiencia que debe ser corregida a fin de dotar a la resolución de vista de una adecuada motivación con respecto a todos los puntos resolutivos.

15. A mayor abundamiento, es importante señalar a modo de entender la especial protección que deben llevar estos tipos de procesos, que a la actualidad el artículo 2001 inciso 1) del Código Civil, fue modificado por el artículo único de la Ley 30179, publicada el 6 abril 2014 (no aplicable al caso de autos por ser posterior a los hechos) al establecer que prescribe a los quince años, la acción que proviene de la pensión alimenticia.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo por haberse vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

2. Declarar NULA la Resolución 2, de fecha 13 de setiembre de 2013, que revocó la apelada y declaró fundada en parte su observación a la liquidación de devengados e intereses practicados y dispuso se practique nueva liquidación a partir de enero de 2006 a la fecha de lo solicitado por Maribel Shuña Amasifuen; y, en consecuencia, ORDENAR se expida una nueva resolución teniendo en cuenta lo expresado en la presente sentencia.

3. Remitir los actuados al Juzgado Especializado de Familia – Tarapoto de la Corte Superior de Justicia San Martín, para los fines de Ley.

Publíquese y notifíquese. SS.

MIRANDA CANALES;  BLUME FORTINI;  SARDÓN DE TABOADA

VOTO DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA

Estoy de acuerdo con el sentido de la ponencia, en la medida que 1. declara FUNDADA la demanda de amparo por haberse vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales; 2. declara NULA la Resolución 2, de fecha 13 de setiembre de 2013, que revocó la apelada y declaró fundada en parte su observación a la liquidación de devengados e intereses practicados y dispuso se practique nueva liquidación a partir de enero de 2006 a la fecha de lo solicitado por Maribel Shuña Amasifuen; y, en consecuencia, ORDENA se expida una nueva resolución teniendo en cuenta lo expresado en la sentencia; y 3. Remite los actuados al Juzgado Especializado de Familia – Tarapoto de la Corte Superior de Justicia San Martín, para los fines de Ley.

Lima, 29 de enero de 2021

S.

FERRERO COSTA

VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ

Emito el presente voto con fecha posterior, a fin de precisar el sentido de mi voto y expresar que coincido con el sentido de la ponencia presentada que declara FUNDADA la demanda de amparo por haberse vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Declarar NULA la Resolución 2, de fecha 13 de setiembre de 2013, que revocó la apelada y declaró fundada en parte su observación a la liquidación de devengados e intereses practicados y dispuso se practique nueva liquidación a partir de enero de 2006 a la fecha de lo solicitado por Maribel Shuña Amasifuen; y, en consecuencia, ORDENAR se expida una nueva resolución teniendo en cuenta lo expresado en la presente sentencia.

Lima, 5 de febrero de 2021.

S.

RAMOS NÚÑEZ

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ

Con el debido respeto por la decisión de mis colegas magistrados, en el presente caso, considero que lo que corresponde es declarar IMPROCEDENTE la demanda. Mis razones son las siguientes:

1. Con fecha 19 de noviembre de 2013, el recurrente interpone demanda de amparo contra el juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Tarapoto, la jueza del Juzgado de Familia de Tarapoto y el procurador público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 30 y 2, de fechas 10 de mayo y 13 de setiembre de 2013 (folio 4 y 12), recaídas en el proceso de alimentos 120- 1996, que, en ejecución de sentencia, dispusieron la liquidación de devengados e intereses legales. Manifiesta que dicho proceso culminó con sentencia favorable para doña Maribel Shuña Amasifuen, quien lo demandó por alimentos a favor de su menor hijo, ordenándosele el pago mensual de S/ 100.00 a partir del 1 de diciembre de 1996. Sin embargo, asegura que nunca se le requirió dicho pago, hasta que en el mes de abril de 2013 se le notificó una liquidación que asciende a S/ 19 670.00 por pensiones devengadas y a S/ 7306.83 por intereses legales. En tal sentido, advierte que al habérsele solicitado abonar dicha cantidad después de haber transcurrido 16 años, ha prescrito el derecho a cobrar dicha pensión en aplicación de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil; debido a lo cual considera que se han vulnerado sus derechos a la tutela procesal efectiva, al debido proceso, a la igualdad, a un proceso sin dilaciones indebidas y a la adecuada motivación de las resoluciones judiciales.

2. Ahora bien, de la revisión de autos se aprecia que en la resolución 30 del proceso subyacente (fojas 12), el juez de la causa aprobó la liquidación de las pensiones de alimentos devengadas a cargo del actor, desde el mes de diciembre de 1996 al mes de marzo de 2013. Y que, al ser apelada, mediante resolución 2 (fojas 4), el órgano revisor precisó que el plazo de prescripción para la ejecución de la sentencia de alimentos era de 10 años conforme a lo previsto en el Código Civil, por lo que revocó la impugnada por considerar que no obstante haber obtenido sentencia favorable, la madre del alimentista dejó transcurrir el tiempo para luego de 16 años reclamar el pago de la pensión, por lo que, reformando la resolución, ordenó que se practique nueva liquidación desde el mes de enero de 2006.

3. Siendo ello así, se puede concluir que lo puntuablemente objetado no tiene sustento directo en el contenido constitucionalmente protegido de alguno de los derechos fundamentales invocados, en la medida en que se pretende que la justicia constitucional efectúe una revisión de lo resuelto por los jueces ordinarios en torno a la prescripción extintiva de las pensiones alimenticias adeudadas, por lo que es de aplicación el artículo 38 del Código Procesal Constitucional.

4. Por lo demás, ese ha sido el criterio que el Tribunal Constitucional ha formulado en causas análogas, como puede ser la expresada en el fundamento 4 de la resolución emitida en el Expediente 08012-2006-PA/TC, donde se indicó que “si bien el plazo de prescripción aplicable a la pretensión […] aplicable [sería] el artículo 2001°, inciso 1) del Código Civil; [sin embargo] conforme ha establecido este Tribunal mediante el proceso de amparo no procede evaluar la corrección o no de la interpretación y aplicación de la legislación ordinaria realizada por las instancias del Poder Judicial en uso de las atribuciones constitucionalmente reconocidas, pues ni el Tribunal es una Corte de Casación ni corresponde al Juez Constitucional decidir en última instancia sobre materias que son de competencia ratione materiae de la jurisdicción ordinaria, puesto que la jurisdicción constitucional de la libertad no constituye una cuarta instancia, adicional a las establecidas al interior de cada proceso ordinario”.

5. En consecuencia, toda vez que los hechos y el petitorio no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, mi voto es por declarar IMPROCEDENTE la demanda, conforme lo establece el artículo 38 del Código Procesal Constitucional.

S.

LEDESMA NARVÁEZ

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Con el debido respeto, me aparto de lo resuelto por mis colegas por las razones que a continuación expongo:

Sobre la importancia de la convencionalización del Derecho y su relación con el principio del interés superior del niño

1. A propósito de las incidencias del caso concreto, consideramos que comprender la actuación del juez constitucional desde el parámetro de una Constitución “convencionalizada”, o dicho con otras palabras, dentro de una lógica de “convencionalización del Derecho”, resulta insoslayable. Y es que en contextos como el latinoamericano la convencionalización del Derecho ha sido, indudablemente, un importante elemento para proteger los derechos de las personas, y a la vez, para democratizar el ejercicio del poder que desempeñan las autoridades involucradas en esta dinámica.

2. Así, la apuesta por la “convencionalización del Derecho” permite, desde la diversidad, construir o rescatar lo propio (que, por cierto, no es excluyente o peyorativo de lo distinto). En este sentido, facilita acoger y sistematizar aportes de la normativa y jurisprudencia de otros países, así como las buenas prácticas allí existentes, elementos de vital relevancia para enriquecer el quehacer jurisdiccional. Conviene entonces aquí resaltar que la convencionalización del Derecho no implica la desaparición o el desconocimiento de lo propio. Implica más bien su comprensión dentro de un escenario de diálogo multinivel, para así enriquecerlo y potenciarlo.

3. Ahora bien, es también pertinente indicar que esta “convencionalización del Derecho” se extiende más allá del circuito interamericano de protección de derechos humanos, esto es, no se agotan en el respeto de lo previsto en la Convención Americana o en la interpretación vinculante que de dicha Convención desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comprende, además, a los tratados internacionales y las distintas convenciones suscritas por los Estados (en este caso, el Convenio 87 de las OIT), la interpretación vinculante de las mismas o aquello que hoy se nos presenta como normas de lus Cogens. Todo ello sin que se deje de reconocer en modo alguno la relevancia de lo propio, si existe, como elemento central para la configuración o el enriquecimiento, según fuese el caso, de un parámetro común de protección de derechos.

4. Asimismo, no debe olvidarse que todo esto parte de una idea de la interpretación de la Constitución y del Derecho como “concretización”, por lo que la dinámica aquí señalada le permite al juez o jueza constitucional desarrollar una perspectiva de su labor a la cual podemos calificar como “principalista”, o sustentada en la materialización de ciertos principios. Ello posibilita a los juzgadores(as) contar con una compresión dinámica de su labor, comprensión no cerrada a una sola manera de entender las cosas para enfrentar los diferentes problemas existentes, problemas ante los cuales cada vez se le pide más una respuesta pronta y certera de estos juzgadores.

5. Siendo así, y a modo de síntesis, bien puede señalarse que en un escenario tan complejo como el que toca enfrentar a los jueces y juezas, la apuesta por un Derecho Común deviene en un poderoso aliado para la configuración, el enriquecimiento y la validación de las respuestas a dar a determinados y graves problemas que se presentan en la realidad.

6. Ahora bien, en función de los hechos del presente caso, considero necesario referirme al derecho-principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes. A estos efectos, quiero empezar recordando al trato que este Tribunal Constitucional les brinda, tanto al referirse a ellos, como a la protección que se les debe.

7. El principio de interés superior del niño1 se encuentra reconocido por el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. En este último artículo se señala que “toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de entidades como el Congreso, el Gobierno, la judicatura ordinaria o Poder Judicial, el Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos”. Es más, la ratificación del valor de la protección y la deferencia interpretativa a favor de niños, niñas y adolecentes ha sido una constante en numerosos pronunciamientos de este mismo Tribunal Constitucional sobre el particular (por ejemplo, en STC Exp. N.º 1817-2009-HC, STC Exp. N.º 4058- 2012-PA, STC Exp. N.º 01821-2013-HC y STC Exp. N.º 4430-2012-HC).

8. Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño ha indicado, acertadamente, que el interés superior del niño puede concebirse como un derecho, como un principio interpretativo y como una norma de procedimiento2. Efectivamente, ha señalado que es un concepto triple, pudiendo ser:

“a) Un derecho: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo.

c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos.”

9. De este modo, de la noción de interés superior del niño se desprende una pretensión directamente invocable y exigible, relacionada con la preferencia o prevalencia jurídica e interpretativa a favor de los intereses de las niñas, los niños y los adolescentes. Ello incluso se impone o debe imponer sobre los derechos de los adultos u otros bienes constitucionales valiosos3.

10. En este sentido, como ha tenido ocasión de señalar este Tribunal, este principio “predispone al juzgador, prima facie, la obligación de brindar prevalencia a los derechos e intereses de los menores (sic), a no ser que existan razones poderosísimas y absolutamente necesarias en una sociedad democrática, que justifiquen el establecimiento de una regla de precedencia en sentido inverso” (STC Exp. Nº 01665- 2014-HC, f. j. 21).

11. Todo lo hasta aquí señalado debe ser tomado en cuenta para el análisis de la pretensión analizada en la presente controversia, pues, más allá de lo alegado por el actor, una interpretación que deje al margen el principio del interés superior del niño para la resolución de este caso se encontrará reñida no solo con el plexo de derechos fundamentales incursos en esta controversia, sino también con los principios y valores que defiende el Estado Constitucional.

Análisis del caso concreto

12. En el caso de autos, este Tribunal Constitucional, determinó que la controversia gira en torno a determinar si, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, ha prescrito el derecho a cobrar la pensión de alimentos (Expediente 120-1996) y, por tanto, declarar la nulidad de las Resoluciones 30 y 2, de fechas 10 de mayo y 13 de setiembre de 2013, que, en ejecución de sentencia, dispusieron la liquidación de devengados e intereses legales.

13. De la revisión de autos se aprecia que en la resolución 30 del proceso subyacente (fojas 12), el juez de la causa aprobó la liquidación de las pensiones de alimentos devengadas a cargo del actor, desde el mes de diciembre de 1996 al mes de marzo de 2013. Y que, al ser apelada, mediante resolución 2 (fojas 4), el órgano revisor precisó que el plazo de prescripción para la ejecución de la sentencia de alimentos era de 10 años conforme a lo previsto en el Código Civil, por lo que revocó la impugnada por considerar que no obstante haber obtenido sentencia favorable, la madre del alimentista dejó transcurrir el tiempo para luego de 16 años reclamar el pago de la pensión, por lo que, reformando la resolución, ordenó que se practique nueva liquidación desde el mes de enero de 2006.

14. De lo expuesto se puede concluir que lo puntuablemente objetado no tiene sustento directo en el contenido constitucionalmente protegido de alguno de los derechos fundamentales invocados, en la medida en que se pretende que la justicia constitucional efectúe una revisión de lo resuelto por los jueces ordinarios en torno a la prescripción extintiva de las pensiones alimenticias adeudadas, por lo que es de aplicación el artículo 38 del Código Procesal Constitucional.

15. Además, una revisión de lo resuelto, como lo pretende el actor, y a la luz de los hechos expresados en este caso, tienen como trasfondo que este Tribunal, además de efectuar un reexamen de lo ya decidido por la judicatura ordinaria de acuerdo con sus atribuciones, pueda, eventualmente, transgredir derechos fundamentales del alimentista, en relación precisamente con el principio del interés superior del niño que debe, por el contrario, protegerse conforme ha sido señalado.

16. Por lo demás, lo expresado en el fundamento 14 supra ha sido el criterio que este Tribunal Constitucional ha formulado en causas análogas, como puede ser lo expresado en el fundamento 4 de la resolución emitida en el Expediente 08012-2006- PA/TC, donde se indicó que “si bien el plazo de prescripción aplicable a la pretensión […] aplicable [sería] el artículo 2001°, inciso 1) del Código Civil; [sin embargo] conforme ha establecido este Tribunal mediante el proceso de amparo no procede evaluar la corrección o no de la interpretación y aplicación de la legislación ordinaria realizada por las instancias del Poder Judicial en uso de las atribuciones constitucionalmente reconocidas, pues ni el Tribunal es una Corte de Casación ni corresponde al Juez Constitucional decidir en última instancia sobre materias que son de competencia ratione materiae de la jurisdicción ordinaria, puesto que la jurisdicción constitucional de la libertad no constituye una cuarta instancia, adicional a las establecidas al interior de cada proceso ordinario”.

17. En consecuencia, toda vez que los hechos y el petitorio no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos invocados, la demanda resulta improcedente conforme lo establece el artículo 38 del Código Procesal Constitucional.

Por tales razones, consideró que la demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE.

S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA


1 Solo por economía del lenguaje, cuando nos refiramos en adelante al “interés superior del niño” estaremos aludiendo en realidad al interés superior de la niña, el niño y los adolescentes.
2 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 14 (2013) sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1). CRC/C/GC/14, párr. 6.
3 Vide STC Exp. Nº 02132-2008-AA, f. j. 10; STC Exp. Nº 2079-2009-HC, f. j. 13; STC Exp. Nº 02132- 2008-AA, f. j. 10.

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