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PECULADO – Aplicación retroactiva de la ley penal y quantum de la pena

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 77-2019
LAMBAYEQUE

Suficiencia probatoria y presunción de inocencia

Sumilla. La presunción de inocencia de los acusados se desvirtúa plenamente si con los medios de prueba incorporados al proceso se determina que participaron en el evento delictivo; por lo que corresponde ratificar la condena en la sentencia cuestionada.

Lima, trece de noviembre de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el encausado Juan Martín Niño Vílchez contra la sentencia condenatoria del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho (foja quinientos setenta y uno), que lo condenó como autor del delito contra la Administración Pública-peculado, en perjuicio del Estado peruano; y, como tal, le impusieron cuatro años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspendió por el término de dos años. De conformidad, en parte, con el dictamen de la fiscal suprema en lo penal. Y oído el informe oral.

Intervino como ponente el juez supremo Prado Saldarriaga.

CONSIDERANDO

Primero. El encausado Juan Martín Niño Vílchez ha interpuesto recurso de nulidad (foja quinientos ochenta y cinco) para lo cual cuestiona la decisión de la Sala Superior de condenarlo, a pesar de no existir elementos de prueba suficientes que demuestren su responsabilidad penal, y sin tomar en cuenta que el recurrente nunca participó ni ostentó título de habilitación alguno en la administración pública. Además, señala que no se ha llevado a cabo una pericia contable que pueda demostrar su responsabilidad penal.

Segundo. Según la acusación fiscal se le imputa al procesado Juan Martín Niño Vílchez, en su condición de administrador y operador del centro autorizado de recaudación del Banco de Materiales, haberse apropiado de la suma de tres mil ochocientos diecinueve soles con doce céntimos, obtenidos de la recaudación de las deudas canceladas por los usuarios de dicha entidad bancaria.

Tercero. El ámbito del recurso impugnatorio se delimita al cuestionamiento de la condena impuesta al encausado Juan Martín Niño Vílchez. Por lo que, de cara a los agravios planteados por el recurrente, este Supremo Tribunal evaluará si existe prueba suficiente que acredite la responsabilidad de dicho encausado como autor del delito imputado.

Cuarto. De la revisión y análisis de autos se advierte que la materialidad del delito contra la Administración Pública-peculado doloso por apropiación (previsto en el primer párrafo, del artículo trescientos ochenta y siete, del Código Penal; Modificado por la Ley número veintiséis mil ciento noventa y ocho) se encuentra acreditado con: a) el estado de cuenta del cajero Banmat (código número 140101000009 CAR FERREÑE), que arrojó como pagos no registrados la suma de tres mil ochocientos diecinueve soles con doce céntimos (véase a foja sesenta y ocho); b) las copias certificadas de los arqueos de cobranza Caja Banmat (véase a foja veintinueve), a través de los cuales se advierten las observaciones sobre los pagos no registrados en perjuicio del Banmat.

Quinto. La vinculación del recurrente con dicho ilícito se sustenta con la siguiente documentación: a) el contrato de administración de Caja-Banmat (foja veintidós) a través del cual se demuestra la vinculación funcionarial que se estableció entre el Banco de Materiales y el encausado Niño Vílchez, quien asumió el cargo de administrador de los fondos de la entidad financiera agraviada; y b) la carta notarial remitida al encausado mediante la cual se le requirió la devolución de la suma de tres mil ochocientos diecinueve soles con doce céntimos indebidamente apropiada.

Sexto. Si bien frente a dicho juicio de culpabilidad concurre la negativa persistente del acusado (en su declaración instructiva y plenaria a fojas doscientos veintiocho y quinientos cincuenta y uno, respectivamente) y los agravios contenidos en su recurso de nulidad; no obstante, el primer ámbito es un argumento natural del derecho de defensa que asiste a toda persona sometida a un proceso penal, el cual se ha desvirtuado plenamente con los medios de prueba desarrollados anteriormente y los argumentos descritos por la Tercera Sala Superior Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en la sentencia recurrida (véase el apartado primero sobre la valoración de los medios probatorios).

Séptimo. En cuanto al cuestionamiento que realiza respecto a la inexistencia de una pericia contable, ello se encuentra superado con la existencia de los arqueos y los controles de cobranza (véanse las observaciones anotadas a fojas veintinueve y cincuenta y tres, respectivamente) que acreditan el perjuicio económico sufrido por la entidad agraviada. Máxime si el encausado en sus propias declaraciones reconoció que se apropió indebidamente de un monto menor al imputado que se encontraba bajo su custodia.

Ahora bien, cabe precisar que si bien la Sala Superior para subsumir la conducta ilícita invocó la norma penal más favorable al reo (conflicto en el tiempo de leyes penales), esto es, el primer párrafo, del artículo trescientos ochenta y siete, del Código Penal (modificado por la Ley número veintiséis mil ciento noventa y ocho); no obstante, se aprecia que su aplicación no supuso su aplicación puesto que la pena finalmente impuesta no se corresponde con las circunstancias genéricas (el recurrente no registra antecedentes penales) que concurren en la realización del ilícito penal. Por lo tanto, corresponde disminuirle la pena privativa de la libertad impuesta, conforme con el principio constitucional de la aplicación retroactiva de la Ley en cuanto le sea favorable al procesado.

Octavo. Por otro lado, este Supremo Tribunal advierte que la pena de inhabilitación impuesta, pese a que no fue objeto del recurso, por aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad debe ser objeto de pronunciamiento, puesto que al ser concurrente con la privación de la libertad, su duración debe ser adecuada a lo previsto en el artículo treinta y ocho del Código Penal. Por lo tanto, si la pena principal impuesta es de cuatro años de privación de la libertad, cuya ejecución se ha suspendido, le corresponde una dimensión menor a los dos años de inhabilitación impuesta; por ello, resulta procedente modificar y disminuir la pena de inhabilitación impuesta por el Colegiado. En ese sentido, corresponde reformar la pena de inhabilitación impuesta tomando en cuenta las consideraciones expuestas y en mérito a lo previsto en el artículo treinta y ocho del Código Penal.

Noveno. En tal sentido, al haberse enervado la presunción de inocencia que el acusado Juan Martín Niño Vílchez ostentaba al inicio de la investigación judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, se determina que la sentencia condenatoria se encuentra conforme a Ley.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia condenatoria del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho (foja quinientos setenta y uno), que condenó a Juan Martín Niño Vílchez como autor del delito contra la Administración Pública- peculado, en perjuicio del Estado peruano. HABER NULIDAD en la misma sentencia en el extremo de la sanción punitiva impuesta de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida; y, reformándola, la rebajaron a dos años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución se suspendió por el término de un año bajo el cumplimiento de determinadas reglas de conducta. HABER NULIDAD en el extremo de la pena de inhabilitación (incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público) por el término de dos años; y, reformándola, la disminuyeron a un año de inhabilitación. Y los devolvieron.

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