Principio de trascendencia de la nulidad
10 marzo, 2021
TID: Según las máximas de la experiencia acreditan la responsabilidad del imputado.
13 marzo, 2021

ROBO-Determinación de la pena y principio de igualdad

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO NULIDAD N.º 2113-2019/PIURA
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO

Determinación de la pena

Sumilla: El Tribunal Superior impuso al encausado la pena de cinco años de privación de libertad. No incorporó expresamente el beneficio premial de confesión sincera, pese a lo cual le rebajó la pena cinco años por debajo del mínimo legal, sin fundamento legal expreso. La invocación a las carencias sociales y a la ausencia de antecedentes, no importan circunstancias atenuantes privilegiadas ni autorizan a imponer una pena por debajo del mínimo legal. El principio de proporcionalidad, rectamente entendido, no puede colisionar con el de legalidad, en tanto en cuanto es la ley la que determina cómo debe medirse la pena e identificar las circunstancias atenuantes privilegiadas, las causales de disminución de la punibilidad y las reglas de bonificación procesal que podrían determinar, según los casos, una pena proporcionalmente por debajo del mínimo legal. Es verdad que al otro encausado, también cómplice primario, se le impuso una pena suspendida condicionalmente. Empero, el derecho–principio de igualdad exige que se dé una absoluta igualdad entre los términos de comparación, lo que por lo demás es prácticamente imposible cuando de criterios de medición de la pena se trata dada la variadísima casuística penológica en este ámbito –en el sub-lite su coencausado se sometió a la conformidad procesal y, como dato individual, se valoró sus circunstancias personales, no necesariamente idénticas a las del impugnante–.

Lima, veintinueve de septiembre de dos mil veinte

VISTOS: con las copias requeridas al Tribunal Superior: el recurso de nulidad interpuesto por el encausado HENRY LUIS CARRANZA RIVERO contra la sentencia de fojas cuatrocientos ochenta y nueve, de catorce de octubre de dos mil diecinueve, en el extremo en cuanto lo condenó como cómplice primario del delito de robo con agravantes en agravio de Jorge Clever Arce Corahua a cinco años de pena privativa de libertad y al pago de dos mil soles por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS

§ 1. DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATIVA DEL IMPUTADO

PRIMERO. Que el encausado Carranza Rivero en su escrito de recurso de nulidad formalizado de fojas quinientos cinco, de quinientos cinco, instó la rebaja de la pena impuesta y que ésta sea suspendida condicionalmente. Alegó que no se tomó en cuenta que admitió los cargos con sinceridad, que es primario y que tiene hogar constituido; que reconoció los cargos en el acto oral y mostró arrepentimiento; que a uno de sus coimputados se le impuso condena condicional, por lo que con él se vulneró el principio de igualdad; que debe cumplirse con el principio de proporcionalidad de la pena; que, de otro lado, no se advirtió que sufrió prisión preventiva por seis meses y no se descontó esa carcelería.

§ 2. DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO PENAL

SEGUNDO. Que la sentencia de instancia declaró probado que el día veintisiete de agosto de dos mil cuatro, como a las trece horas y treinta minutos, cuando el trabajador de la Piladora “El Rosario”, del distrito La Unión – Piura, Sosa Franco, acompañado de García Ballona y el chofer contratado Galecio Carrasco circulaban a bordo de la camioneta SB guión cuatro quinientos veinticuatro por la carretera Piura–Sechura, a la altura del caserío La Rinconada – Catacaos, fueron interceptados por un vehículo Toyota–Yaris, del que salieron seis sujetos armados, quienes los intimidaron, efectuaron disparos –uno de los cuales impactó en la pierna al agraviado García Ballona– y se apoderaron de ocho mil soles de la Piladora, de propiedad de Arca Corahua. Es el caso que la información necesaria para concretar el robo fue proporcionada por el encausado recurrente Carranza Rivero y por el condenado conformado Oquelis Vilela.

§ 3. DE LA ABSOLUCIÓN DEL GRADO

TERCERO. Que en el presente caso el encausado Carranza Rivera actuó como cómplice primario del delito de robo con agravantes, calificación que no ha sido cuestionada por el citado encausado en su recurso de nulidad. Siendo así, la pena abstracta no puede ser inferior a diez años de privación de libertad (concordancia del artículo 189, primer parágrafo, incisos 2 y 4, del Código Penal, según la Ley 27472, de cinco de junio de dos mil uno, con el artículo 25, primer párrafo, del citado Código).

El Tribunal Superior impuso al encausado la pena de cinco años de privación de libertad. No incorporó expresamente el beneficio premial de confesión sincera, pese a lo cual le rebajó la pena cinco años por debajo del mínimo legal, sin fundamento legal expreso. La invocación a las carencias sociales y a la ausencia de antecedentes, no importan circunstancias atenuantes privilegiadas –inexistentes en el Código Penal– ni autorizan a imponer una pena por debajo del mínimo legal –la primera solo autoriza a imponer la pena concreta dentro del primer tercio (artículo 45-A, tercer parágrafo, numeral 2, literal ‘a’, del Código Penal). El principio de proporcionalidad, rectamente entendido, no puede colisionar con el de legalidad (artículo 45-A, segundo parágrafo, del Código Penal), en tanto en cuanto es la ley la que determina cómo debe medirse la pena e identificar las circunstancias atenuantes privilegiadas, las causales de disminución de la punibilidad (eximentes imperfectas, tentativa, errores vencibles y complicidad secundaria) y las reglas de bonificación procesal (confesión sincera, conformidad procesal, terminación anticipada) que podrían determinar, según los casos, una pena proporcionalmente por debajo del mínimo legal.

CUARTO. Que es verdad que al otro encausado, también cómplice primario, Oquelis Vilela, se le impuso una pena suspendida condicionalmente. Empero, el derecho–principio de igualdad exige que se dé una absoluta igualdad entre los términos de comparación, lo que por lo demás es prácticamente imposible cuando de criterios de medición de la pena se trata dada la variadísima casuística penológica en este ámbito –en el sub-lite el encausado Oquelis Vilela se sometió a la conformidad procesal y, como dato individual, se valoró sus circunstancias personales, no necesariamente idénticas a las del impugnante Carranza Rivero–.

Por lo demás, este principio–derecho requiere no solo igualdad entre los términos de comparación, sino que los criterios asumidos tengan plena cobertura con la ley. Si se invoca una conformidad procesal, ésta no puede ser inferior al séptimo de la pena concreta –no se justificaría rebajar la pena de diez años como mínimo a cuatro años de privación de libertad condicional–.

QUINTO. Que, por tanto, no es de recibo rebajar aún más la pena impuesta, de por sí fijada indebidamente muy por debajo del mínimo legal.

Ahora bien, conforme al artículo 47 del Código Penal, es obligatorio que el tiempo de detención que haya sufrido el procesado se abone para el cómputo de la pena impuesta en razón de un día de pena privativa de libertad por cada día de detención. Este cómputo no se ha respetado en la sentencia recurrida, pues el imputado estuvo privado de libertad seis meses y diecisiete días, hasta que salió con libertad provisional [de fojas treinta, y oficio de libertad de fojas treinta y seis, de dieciocho de marzo de dos mil cinco], así como desde que fue capturado el día veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve [oficio de fojas cuatrocientos treinta y siete] hasta que se emitió la sentencia el catorce de octubre de dos mil diecinueve.

DECISIÓN

Por estas razones: I. Declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas cuatrocientos ochenta y nueve, de catorce de octubre de dos mil diecinueve, en el extremo en cuanto condenó a HENRY LUIS CARRANZA RIVERO como cómplice primario del delito de robo con agravantes en agravio de Jorge Clever Arce Corahua a cinco años de pena privativa de libertad. II. Declararon HABER NULIDAD en cuanto fijó el cómputo de la pena desde el día veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve que vencerá el día veinte de septiembre de dos mil veinticuatro; reformándolo: DETERMINARON que se descontará la carcelería sufrida desde el día dos de setiembre de dos mil cuatro al día dieciocho de marzo de dos mil cinco y desde el día veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, con descuento de la carcelería sufrida: la pena vencerá el día ocho de marzo de dos mil veinticuatro.

III. Declararon NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene y es materia del recurso.

IV. DISPUSIERON se remita lo actuado al Tribunal Superior para que por ante el órgano jurisdiccional competente se inicie la ejecución procesal de la sentencia condenatoria; registrándose y publicándose. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema.

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