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ROBO AGRAVADO: Adecuación y sustitución de pena

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.º 2201-2019
LIMA NORTE

Adecuación y sustitución de pena

La sustitución de pena procede cuando posteriormente a la condena una nueva norma mejora las condiciones iniciales del tipo penal con el que fue condenado el sujeto activo.

En el caso de autos, el recurrente fue condenado por el último párrafo del artículo 189 del Código Penal vigente al tiempo de los hechos, el que fue modificado cambiando la forma típica de dicho supuesto, lo que conlleva que esta figura ya no pueda seguir siendo atribuida al condenado por la sucesión de leyes y, por lo tanto, la pena que iba aparejada con aquella también deberá ser reformada por retroactividad benigna.

Lima, diecinueve de noviembre de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado Jhon Arturo Ttito Ccosi contra la resolución del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, que declaró infundado su pedido de sustitución de la pena solicitado en la sentencia que lo condenó por el delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de la empresa cervecera San Ignacio S. A., de Joseph Winston Olano Bravo y Alexander Martín Bermúdez Minchan, a veinticinco años de pena privativa de libertad. Con lo expuesto en el dictamen del señor fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo CASTAÑEDA ESPINOZA.

CONSIDERANDO

§ I. De la pretensión impugnativa

Primero. La defensa del procesado Ttito Ccosi, al desarrollar su recurso impugnatorio (foja 861), mostró su disconformidad con la resolución recurrida debido a que:

1.1. El recurrente fue condenado conforme al último párrafo del artículo 189 del Código Penal, que sancionaba dicha conducta cuando el sujeto activo actuaba como miembro integrante de una organización delictiva o banda, o causando lesiones graves físicas o mentales al sujeto pasivo de la acción criminal, conforme a la Ley número 27472, del cinco de junio de dos mil once, vigente a la fecha de los hechos.

1.2. Sin embargo, mediante la Ley número 30076, del diecinueve de agosto de dos mil trece (ley posterior intermedia), dicha agravante se modificó para considerar que la pena de cadena perpetua se dará cuando el sujeto activo actúa como miembro integrante de una organización criminal y como consecuencia del hecho produce muerte o lesiones graves a la víctima.

1.3. Es decir, con esta modificación se requiere que el sujeto activo concurra de forma copulativa con dos circunstancias al mismo tiempo, a diferencia del tipo penal al momento de los hechos.

1.4. Y, estando a que no se imputó ni demostró que el acusado actuó como integrante de una organización criminal, corresponde que solo se le imponga la sanción dentro del tipo reglado por el segundo párrafo, con una pena no menor de veinte ni mayor de veinticinco años y, finalmente, una sanción menor considerando la tentativa, la confesión sincera y la responsabilidad restringida.

§ II. Imputación fáctica y jurídica

Segundo. Según la sentencia del dos de diciembre de dos mil trece (foja 651), se condenó al recurrente por los hechos ocurridos el dieciocho de agosto de dos mil nueve, a las 12:00 horas, cuando el personal de la empresa cervecera San Ignacio S. A. realizaba sus labores a bordo del vehículo de placa de rodaje número XO-5109, conducido por Alexander Martín Bermúdez Minchan, por inmediaciones del jirón Piura (a la altura de la manzana 115, lote 8) del distrito de Carabayllo; lugar donde el chofer de la unidad, los ayudantes y el encargado de seguridad Joseph Winston Olano Bravo fueron atacados por tres personas, entre ellas el acusado Ttito Ccosi, quien provisto de un arma de fuego amenazó al chofer apuntándole en la cabeza y le registró los bolsillos para despojarlo de S/ 400 (cuatrocientos soles) producto de la cobranza. Luego se subió a la cabina del carro y se apoderó de una bolsa de monedas por S/ 600 (seiscientos soles). Simultáneamente, el acusado Gutiérrez Ríos, también provisto con un arma de fuego, disparó contra el agraviado Olano Bravo, impactándole en la cadera; mientras su coprocesado forcejeó con este agraviado y se le escapó un disparo que rozó el cuello de la víctima. Tras ello, el agraviado logró reaccionar y disparar con su arma de reglamento, e hirió a uno de ellos mientras se daban a la fuga.

Por tales hechos, el recurrente fue condenado el dos de diciembre de dos mil trece por el delito de robo agravado tentado a la pena de treinta y cinco años de privación de libertad; al ser impugnada por recurso de nulidad, fue materia de pronunciamiento por la ejecutoria suprema del veinticinco de noviembre de dos mil catorce (foja 693), que confirmó el extremo condenatorio y reformó en cuanto a la pena de treinta y cinco a veinticinco años de privación de libertad.

§ III. Cuestiones preliminares

Tercero. Conforme al artículo 6 del Código Penal, se señaló que:

La ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. Si durante la ejecución de la sanción se dictare una ley más favorable al condenado, el juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda, conforme a la nueva ley [resaltado nuestro].

Cuarto. Mediante la Sentencia Plenaria número 02-2005/DJ-301-A del treinta de septiembre de dos mil cinco, sobre la figura de la adecuación de penas, se estableció como doctrina legal:

1°) Cuando la nueva ley disminuye el marco legal abstracto con que se conmina la infracción penal objeto de condena firme, la pena impuesta con arreglo a ley anterior ineludiblemente debe ser sustituida;

2°) La sustitución de la pena debe respetar los hechos declarados probados, y las circunstancias y factores reconocidos en el fallo como relevantes para la determinación judicial de la pena, los que son inmutables;

3°) La nueva pena ha imponerse debe respetar los principios de proporcionalidad y de legalidad;

4°) Si se impuso el máximo o el mínimo legal con arreglo a la ley anterior, la nueva pena sustituida debe, igualmente, imponer el máximo o el mínimo legal, respectivamente, establecida en la nueva ley; y,

5°) Si se impuso una pena inferior al mínimo legal estipulado en la ley anterior o esta respeta los parámetros de dicha ley, la nueva pena debe, asimismo, imponer una pena inferior al mínimo legal establecida en la nueva ley o, según el caso, una pena dentro de los parámetros de la nueva Ley.

En ambos casos, el nivel de disminución queda librado al Tribunal de la sustitución, a cuyo afecto valorará el conjunto de factores y circunstancias fijados en los artículos 45° y 46° del Código Penal, así como las demás previstas en la Ley e incorporadas en la sentencia.

Otros factores que deben tomarse en consideración son, de un lado, el nuevo cuadro de penas instituido por la nueva ley para el conjunto de delitos regulados por ella y referidos a la misma sección modificada; y, de otro lado, aunque sin ser estimado como el factor principal o preferente, la lógica proporcional en relación a la concreta cuantía de la pena que impuso el Tribunal originario.

§ IV. Iter procesal del caso

Quinto. La Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte condenó a Carlos Alberto Luis Gutiérrez Ríos y John Arturo Ttito Ccosi como autores del delito contra el patrimonio-robo agravado tentado, al establecer su responsabilidad penal no solo con la sindicación de los agraviados, sino con la propia aceptación de cargos de estos.

Por ello, se le impuso a cada uno, inicialmente, la pena de treinta y cinco años de privación de libertad, de conformidad con el último párrafo del artículo 189 del Código Penal, tomando en consideración que producto de los hechos se causaron lesiones al agraviado Olano Bravo consistentes con proyectil de arma de fuego, que requirieron quince días de atención facultativa por cuarenta y cinco de incapacidad médico legal (conforme al Certificado Médico Legal número 000294-PF-AR de foja 49), lo que conllevó catalogar dicha lesión como grave y ser pasible de la imposición de cadena perpetua; pero debido al grado de consumación de los hechos (tentativa) la pena final quedó en los treinta y cinco años antes indicados.

Sexto. Al ser impugnado dicha sentencia por los recurrentes vía recurso de nulidad, fue resuelta por este Colegiado Supremo mediante la ejecutoria suprema del veinticinco de noviembre de dos mil catorce (foja 693), que declaró no haber nulidad en las condenas impuestas, y haber nulidad en el extremo de las penas impuestas, por lo que se rebajó la sanción de Carlos Alberto Luis Gutiérrez a treinta años de privación de libertad y la de Jhon Arturo Ttito Ccosi a veinticinco años, tomando en cuenta que se trata de un delito en grado de tentativa y también por tener el recurrente responsabilidad restringida por la edad, al ser mayor de dieciocho y menor de veintiún años (en atención al artículo 22 del Código Penal) al momento de los hechos.

Séptimo. Posteriormente, en ejecución de sentencia, la defensa del condenado Ttito Ccosi solicitó la adecuación del tipo penal en la calificación de su conducta y, en consecuencia, que se sustituya la pena de veinticinco a doce años de privación de libertad, pedido que fue rechazada por la Sala Superior y motivó la interposición del recurso de nulidad que es materia de pronunciamiento.

§ V. Análisis del caso concreto

Octavo. Como se indicó precedentemente, los hechos materia de investigación, juzgamiento y condena contra el recurrente Jhon Arturo Ttito Ccosi y otro ocurrieron el dieciocho de agosto de dos mil nueve, fecha en la que el artículo 189 del Código Penal se encontraba modificado por el artículo 2 de la Ley número 28982, del tres de marzo de dos mil siete, que sobre el último párrafo del referido artículo señalaba que:

La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización delictiva o banda, o si como consecuencia del hecho se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

Esta norma penal mantuvo su vigencia conforme al artículo 1 de la Ley número 29407, del dieciocho de septiembre de dos mil nueve.

Noveno. Posteriormente, mediante la Ley número 30076, del diecinueve de agosto de dos mil trece, se modificó dicho último párrafo del artículo 189 del Código Penal, que prescribía:

La pena será de cadena perpetua cuando el agente en calidad de integrante de una organización criminal, como consecuencia del hecho, produce la muerte de la víctima o le causa lesiones graves a su integridad física o mental.

Décimo. Del análisis de esta modificatoria legal de la última parte del artículo 189 del Código Penal, se aprecia que en un primer momento puede parecer que no altera la fórmula legal previa del párrafo en mención; sin embargo, en realidad realizó un cambio significativo y crucial en cuanto a su contenido, por cuanto anteriormente se requería de forma alternativa para la imposición de la pena de cadena perpetua cuando el sujeto activo sea miembro de una organización criminal o que como consecuencia de su accionar cause la muerte o lesiones graves a la víctima.

Empero, con la última modificatoria antes descrita, dicha variable fue eliminada y, más bien, se requirió de norma copulativa que ambas circunstancias se manifiesten para la imposición de la máxima sanción penal, esto es, ser integrante de una organización criminal y que como consecuencia del hecho se cause la muerte o lesiones graves al sujeto pasivo.

Undécimo. Esta sucesión de normas en el tiempo tiene trascendencia para la aplicación y determinación de la pena en el caso de autos, pues la única circunstancia especial que se requirió para subsumir la conducta del recurrente al último párrafo del artículo 189 fue la causación de lesiones graves al agraviado Joseph Winston Olano Bravo, y se calificaron hasta cuarenta y cinco días de incapacidad médico legal. Empero, bajo ningún argumento de la Sala Superior que lo condenó se consideró, probó o fundamentó que el recurrente Ttito Ccosi fuera integrante de una organización criminal, pues para ello se requiere la concurrencia de otros presupuestos materiales y de una motivación especial suficientemente acreditada y sustanciada.

Duodécimo. En el caso de autos, si bien es verdad que mediante la primera disposición complementaria modificatoria de la Ley número 30077, del veinte de agosto de dos mil trece (es decir, al día siguiente de la modificatoria de la Ley número 30076), referente a la circunstancia agravante, que modificó nuevamente el último párrafo del artículo 189 del Código Penal retornando a su texto anterior que establecía en forma alternativa y no copulativa, resulta cierto también que esta norma penal recién entró en vigencia el primero de julio de dos mil catorce, por lo que la modificatoria de la Ley número 30076 estuvo vigente por casi un año; de modo tal que sus efectos legales de la existencia de una agravante específica que incide en la cuantificación de la pena deben ser tomados en cuenta para regular la pena que le correspondía imponer, en aplicación del principio de favorabilidad establecido en el numeral 11 del artículo 139 de la Constitución Política y el artículo 6 del Código Penal, aspectos que no fueron apreciados por la Sala de mérito, por lo que es procedente la solicitud del recurrente, por serle más beneficiosa, de la aplicación del principio de retroactividad benigna.

Decimotercero. En consecuencia, del análisis técnico jurídico de la norma cuestionada, prima lo más favorable al reo por ser una garantía constitucional, por lo que necesario precisar que, debido a la modificatoria de la Ley número 30076 por la nueva norma vigente 30077, ya no es posible subsumir la conducta del acusado Jhon Arturo Ttito Ccosi al último párrafo del artículo 189 del Código Penal al momento de los hechos, tal como se consideró al momento de imponerse la pena; pero tampoco podemos obviar que su conducta contribuyó a la causación de las lesiones graves del agraviado Joseph Winston Olano Bravo, por lo que estas circunstancias agravantes del accionar delictivo encajan en el segundo párrafo del artículo 189 de la norma sustantiva, que sanciona el robo agravado con una pena no menor de veinte ni mayor de treinta años (de conformidad con la Ley número 30076, que es a la cual se adecuará su conducta típica).

Decimocuarto. Delimitado el nuevo marco punitivo, corresponde establecer los tercios sobre los que se determinará la pena concreta. Así, tenemos que el tercio inferior va desde los veinte años hasta los veintitrés años y cuatro meses, el tercio intermedio desde los veintitrés años y cuatro meses hasta los veintiséis años y ocho meses, y el tercio superior va a partir de los veintiséis años y ocho meses hasta los treinta años. De tal modo, tomando en cuenta conforme a los extremos de la condena impuesta, existen a favor del recurrente algunas circunstancias atenuantes –tentativa y responsabilidad restringida–, por lo cual se deberá situar la pena dentro del tercio inferior y, dentro de tal, consideramos apropiado establecer la nueva pena concreta en veintitrés años de privación de libertad para sustituir a la de veinticinco años.

Decimoquinto. Por consiguiente, tomando en consideración la sanción impuesta en la sentencia condenatoria materia de sustitución de pena, referente a que los hechos ilícitos imputados quedaron en grado de tentativa y que actuó bajo responsabilidad restringida, corresponderá disminuir por cada una de estas circunstancias atenuantes y de manera prudencial dos años, haciendo un total de descuento de cuatro años, que hacen que la nueva pena a sustituir e imponer al recurrente sea reformada a diecinueve años de privación de libertad.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la resolución del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, que declaró infundado el pedido del sentenciado Jhon Arturo Ttito Ccosi de sustitución de la pena solicitado en la sentencia y la ejecutoria suprema que lo condenó por el delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de la empresa cervecera San Ignacio S. A., de Joseph Winston Olano Bravo y Alexander Martín Bermúdez Minchan, a veinticinco años de pena privativa de libertad y, REFORMÁNDOLA, declararon fundada su solicitud de adecuación y sustitución de pena.
II. ADECUARON los hechos imputados al recurrente del último párrafo del artículo 189 del Código Penal (conforme a la modificatoria de la Ley número 28982 vigente a la fecha de los hechos) al segundo párrafo del artículo 189 del citado código (conforme a la modificatoria de la Ley número 30076) por retroactividad benigna.

III. EN CONSECUENCIA, SUSTITUYERON la pena reformada mediante la ejecutoria suprema del veinticinco de noviembre de dos mil catorce y la redujeron de veinticinco a diecinueve años de privación de libertad.

IV. ORDENARON comunicar la presente decisión a los órganos de instancia para que, en vía de ejecución de sentencia, cumplan con realizar el nuevo cómputo de la fecha en la que el procesado será excarcelado de no existir otra sentencia en su contra. Y los devolvieron.

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