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Prescripción de la acción penal y aplicación de la ley más favorable al reo

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.º 210-2020
LA LIBERTAD

Prescripción de la acción penal y aplicación de la ley más favorable al reo

a. Desde el punto de vista material, la prescripción importa la renuncia del Estado a continuar la persecución penal por el transcurso del tiempo; dicha institución jurídica garantiza que el proceso se desarrolle en plazo razonable, al encontrarnos vinculados a un Estado constitucional de derecho.

b. La norma sustantiva a aplicarse es la vigente al momento de los hechos; sin embargo, constituye excepción a esta regla la aplicación retroactiva de la ley penal, siempre que sea favorable al reo; por ende, una ley posterior podrá aplicarse a un hecho cometido con anterioridad a la dación de aquella, siempre que sea en beneficio del procesado, tal y como lo establece el artículo 6 del Código Penal. A lo referido se aúna que cuando la nueva ley disminuye el marco legal abstracto con el que se conmina la infracción penal en ciernes, la ley anterior ineludiblemente ameritará ser sustituida; es más, entre dos leyes penales sucesivas en el tiempo podrán elegirse los preceptos más favorables, en virtud del “principio de combinación”, el cual permite que el juzgador tenga la posibilidad de establecer mayor benignidad penal –siempre– a favor del reo.

c. Al haber sido modificado el primer párrafo del artículo 189 del Código Penal (vigente al momento de los hechos materia del caso), por el artículo 1 de la Ley número 27472, publicada el cinco de junio dos mil uno en el diario oficial El Peruano, y haberse establecido una pena más benigna para el agente (no menor de diez ni mayor de veinte años), debe aplicarse el marco legal modificado por ser más favorable al reo.

d. Debe tenerse en cuenta que el sujeto agente era menor de veintiún años de edad al momento de los hechos y, como prevé el artículo 81 del Código Penal, los plazos de prescripción se reducen a la mitad; por ende, si el hecho fue realizado el veinticuatro de marzo de dos mil uno, resulta evidente que la acción penal se encuentra prescrita e, incluso, feneció antes de que fuese declarado reo contumaz y antes de la emisión de la sentencia impugnada.

Lima, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del encausado Jorge Mauricio Contreras Carnero contra la sentencia del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fecha corregida mediante auto, foja 671), emitida por la Sala Superior de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio Macro Regional Norte con sede en La Libertad, que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de Martín Ballena Pereda y Rosendo Morillo Leonardo, a diez años de pena privativa de libertad, y fijó en S/ 500 (quinientos soles) el monto de la reparación civil que deberá abonar en forma solidaria a favor de la parte agraviada; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente la señorita juez suprema Torre Muñoz.

CONSIDERANDO

I. Expresión de agravios

Primero. El encausado Contreras Carnero fundamentó el recurso de nulidad (foja 696) sosteniendo lo siguiente:

1.1. Durante la etapa del juicio oral no se actuó prueba alguna que creara convicción judicial en el Colegiado sobre la existencia del delito materia de imputación y la responsabilidad del recurrente, por lo que la sentencia condenatoria resulta injusta e ilegal.

1.2. Los atestados consignan las propias conclusiones de los policías sobre el hecho investigado, que no convergen ello en fuente de prueba, sino en mera denuncia, sujeta a probanza.

1.3. En juicio oral no se llevaron a cabo diligencias fundamentales, por el contrario, se recibió la declaración del testigo impropio Marcelino Contreras López, quien en todo momento negó la participación del recurrente. Asimismo, se actuó la ratificación pericial, pero no fue suficiente ni coherente, pues la policía solo presentó una bicicleta que nunca habría sido entregada al supuesto propietario, al no llegar a acreditarse tal condición.

1.4. No se compulsaron debidamente las declaraciones de Martín Ballena Pereda y Segundo Porfirio Contreras Narciso, el último de los cuales no asistió al plenario.

1.5. Se ingresó ilegalmente al proceso un acta de entrega de bicicleta, sin que esta reúna los requisitos legales para ser medio de prueba, con el fin de sostener una condena.

II. Hechos imputados

Segundo. Acorde a la acusación fiscal (foja 56), los hechos imputados versan respecto a que, el veinticuatro de marzo de dos mil uno, aproximadamente a las 20:30 horas, Jorge Mauricio Contreras Carnero participó junto con el sentenciado Santos Marcelino Contreras López y otros cuatro sujetos en la comisión del delito de robo agravado, en agravio de Martín Ballena Pereda y Rosendo Morillo Leonardo. Este hecho habría acontecido en circunstancias en que los agraviados se encontraban en el interior del inmueble del ciudadano Leonardo Villena Barbarán, ubicado en el sector Monte Grande, distrito de Chao, provincia de Virú; es así que cuatro sujetos ingresaron al interior del inmueble, tres de ellos portaban armas de fuego, que utilizaron para amenazar a los presentes con la intención de despojarlos de su dinero; sin embargo, al no contar con efectivo, los malhechores los agredieron y consiguieron llevarse dos bicicletas valorizadas cada una en S/ 150 (ciento cincuenta soles), así como una radio pequeña y artículos de limpieza como champú y otras especies. Al día siguiente, por investigación de la policía, se tomó conocimiento de que en el inmueble del señor Segundo Porfirio Contreras Narciso se encontraban las bicicletas y las especies sustraídas; ante lo cual, a las 10:00 horas del veinticinco de marzo de dos mil dos, efectivos policiales intervinieron el inmueble de la referida persona, quien refirió que sus sobrinos Marcelino Contreras López y Mauro Contreras López, acompañados de un sujeto conocido como “Negro” habían llegado hasta su casa, sito en la calle Elias Aguirre número 108 AA. HH. Alberto Fujimori, distrito de Chao, provincia de Virú, y dejaron encargada una bicicleta montañera de color negro con naranja, marca Goliat, e indicaron que se les había reventado la cámara de una llanta; uno de los agraviados la habría reconocido como una de las bicicletas robadas.

III. Fundamentos del Tribunal Supremo

A. Antecedentes

Tercero. En el presente caso, el nueve de octubre de dos mil uno, el Ministerio Público formuló denuncia penal (foja 15) contra Marcelino Contreras López y Mauro Contreras López, como presuntos autores del delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de Martín Ballena Pereda y Rosendo Morillo Leonardo. Ello motivó que el juez penal, mediante auto de apertura de instrucción del veinticuatro de octubre de dos mil uno (foja 17), instaure proceso contra los citados denunciados por el aludido delito. Como indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia del ilícito, la Fiscalía presentó la manifestación preliminar de los agraviados, la manifestación de Segundo Porfirio Contreras Narciso (tío de los encausados) y un acta de recepción firmada por este último y el policía instructor; sin embargo, ninguna de las diligencias mencionadas se practicó con presencia de representante del Ministerio Público.

Cuarto. Durante la etapa de instrucción, no se llevó a cabo diligencia alguna, solo se recabaron los antecedentes judiciales (foja 29) y certificados de antecedentes penales de los encausados (fojas 40 y 41), sin registro alguno. Culminada la etapa de instrucción, se elevaron los Autos a la Sala Superior y estos fueron remitidos a la Fiscalía, quien, mediante dictamen acusatorio del diecisiete de febrero de dos mil tres (foja 56), formuló acusación contra Marcelino Contreras López y Mauro Contreras López como autores del delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de Martín Ballena Pereda y Rosendo Morillo Leonardo, y solicitó que les impongan diez años de pena privativa de libertad; es así como la Sala Superior, mediante resolución del cinco de marzo de dos mil tres (foja 59), declaró haber mérito para pasar a juicio oral, además de declarar reos ausentes a los aludidos encausados, debido a que no comparecieron al proceso, y reservar el juzgamiento hasta que sean ubicados y capturados.

Quinto. Periódicamente se cursaron oficios a la Oficina Distrital de Requisitorias del Distrito Judicial de La Libertad, a fin de reiterar el mandato de ubicación y captura en contra de los acusados; sin embargo, estos no fueron ubicados; así, el tiempo transcurrió sin poderse realizar juicio alguno; tal circunstancia se destaca, al no haberse individualizado debida y oportunamente a los presuntos autores del delito en comento, lo que es atribuible al Ministerio Público. En efecto, el recurrente fue identificado como Mauro Contreras López y su coacusado como Marcelino Contreras López. Ante tal escenario procesal, esto es, reos ausentes inubicables, la Sala Superior ordenó, mediante resolución del dieciocho de enero de dos mil diez (foja 171) a la Comisaría de Chao-Virú, entre otros, que se identifiquen los nombres correctos de los involucrados (mandato reiterado por resolución del nueve de noviembre de dos mil once, foja 180). Así, la Comisaría de la jurisdicción, mediante Acta de Entrevista Policial (foja 193), realizada a Segundo Porfirio Contreras Narciso, tío de los encausados, obtuvo sus nombres correctos y los identificó como Santos Marcelino Contreras López y Jorge Mauricio Contreras Carnero (recurrente).

Sexto. En tal contexto, considerando la identificación efectuada, la Sala Superior por decreto del seis de diciembre de dos mil doce (foja 196), mandó remitir los actuados al fiscal superior, quien mediante dictamen respectivo (foja 197) solicitó tenerse por aclarada la identidad de los encausados. Así, el Colegiado, mediante resolución del primero de abril de dos mil trece (foja 201), resolvió tener por individualizados al recurrente y su coencausado, como Jorge Mauricio Contreras Carnero y Santos Marcelino Contreras López, respectivamente, aclarando de este modo el auto de apertura de instrucción (foja 56), la “acusación fiscal” y el auto de enjuiciamiento (foja 59); esto es, los procesados fueron debidamente identificados más de doce años después.

Séptimo. Ahora bien, Santos Marcelino Contreras López fue detenido el veintiséis de septiembre de dos mil catorce y se acogió a la conclusión anticipada del proceso, por lo cual se emitió sentencia conformada el veinticuatro de octubre de dos mil catorce (foja 287) y quedó consentida según resolución del tres de noviembre del mismo año (foja 307). El recurrente Jorge Mauricio Contreras Carnero, por su parte, presentó un escrito de apersonamiento el dieciséis de septiembre de dos mil quince (foja 348); sin embargo, al no concurrir al plenario, mediante resolución del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (foja 389), la Sala dejó sin efecto su condición de ausente, lo declaró reo contumaz y se suspendieron los plazos de prescripción; asimismo, se le revocó el mandato de comparecencia restringida por detención.

Octavo. Jorge Mauricio Contreras Carnero fue detenido el catorce de octubre de dos mil diecinueve (foja 456) e internado en el establecimiento penitenciario respectivo; así, se procedió a desarrollar el juicio oral en su contra y, al concluir este, fue condenado como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado a diez años de pena privativa de libertad, como se aprecia de la sentencia materia de impugnación (foja 696), que motiva el presente pronunciamiento.

B. Análisis del caso

Noveno. De acuerdo con los antecedentes enunciados, resulta pertinente verificar si la acción penal se encuentra vigente, pues la ley, ante la comisión de un delito, impone un límite temporal para ejercerla. Si esta se encuentra vencida, no puede existir condena. En efecto, el legislador consideró trascendente regular la prescripción de la acción penal, la cual tiene relevancia constitucional, al encontrarse vinculada con el contenido del derecho al plazo razonable del proceso; en este sentido, opera como límite al poder punitivo del Estado y, en rigor, constituye una sanción ante la inacción del aparato estatal, el cual, strictu sensu, busca la persecución eficaz del delito.

Décimo. La regulación de la prescripción de la acción penal en nuestro ordenamiento legal está vinculada a la política criminal que adopta el Estado, conforme a sus potestades, a través del órgano competente – Poder Legislativo o mediante facultades delegadas al Poder Ejecutivo–. A la hora de regular la prescripción de los delitos, el legislador seleccionó ciertos parámetros objetivos, como el tipo de pena y el extremo mayor de la sanción, en aras de procurar, acorde a las características propias de cada delito, un normal desarrollo de la prosecución de la acción y del proceso, si debiera instarse.

Decimoprimero. Desde el punto de vista material, la prescripción importa la renuncia del Estado a continuar la persecución penal por el transcurso del tiempo; dicha institución jurídica garantiza que el proceso se desarrolle en plazo razonable, al encontrarnos vinculados a un Estado constitucional de derecho.

Decimosegundo. En ese contexto, el Código Penal regula la prescripción ordinaria y extraordinaria. Así, en cuanto a la ordinaria, esta se encuentra reglada en el artículo 80 del aludido corpus sustantivo, cuyo tenor literal es el siguiente: “[l]a acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es pena privativa de libertad”; en cuanto a la extraordinaria, esta se encuentra prevista en el último párrafo del artículo 83 del mismo cuerpo legal, el cual establece que: “[l]a acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción”.

Decimotercero. Ahora bien, a efectos de determinar si la acción penal por el delito imputado se encuentra vigente, es necesario delimitar el inicio del cómputo de la prescripción; para tal efecto se debe resaltar que el evento ilícito tuvo lugar el veinticuatro de marzo de dos mil uno1, fecha en la cual el encausado Jorge Mauricio Contreras Carnero habría participado –según el Ministerio Público– junto con el sentenciado Santos Marcelino Contreras López y otros cuatro sujetos en la comisión del delito de robo agravado, en agravio de Martín Ballena Pereda y Rosendo Morillo Leonardo; así, el inicio del cómputo del plazo de prescripción deberá realizarse a partir del mencionado día.

Decimocuarto. Aunado a ello, es importante verificar la edad del procesado al momento de los hechos, pues el artículo 81 del Código Penal señala que: “Los plazos de prescripción se reducen a la mitad cuando el agente tenía menos de veintiún o más de sesenticinco años al tiempo de la comisión del hecho punible”. En este contexto, de acuerdo con su ficha de Reniec (foja 169), el recurrente registra como fecha de nacimiento el veintidós de septiembre de mil novecientos ochenta y dos; por ende, al día de los hechos, contaba con dieciocho años, seis meses y dos días de edad. Esto es, era menor de veintiún años y, por tanto, le resulta aplicable el artículo citado, que contrae a la mitad el plazo de prescripción.

Decimoquinto. Conforme a la acusación fiscal, los hechos fueron tipificados en los numerales 1, 2, 3 y 4 del primer párrafo del artículo 189 del Código Penal; el tenor literal de la norma vigente al momento de los hechos era el siguiente: “La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años, si el robo es cometido: 1 – En casa habitada. 2 – Durante la noche o en lugar desolado. 3.- A mano armada. 4.- Con el concurso de dos o más personas […]”. Así, este tipo penal tenía como pena conminada, no menor de quince ni mayor de veinticinco años; sin embargo, el primer párrafo del artículo referido fue modificado por el artículo 1 de la Ley número 27472, publicada el cinco de junio de dos mil uno en el diario oficial El Peruano, y quedó con el siguiente tenor: “La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años”; esto es, dicha modificatoria legal fijó una pena menor para el delito de robo agravado, previsto en el primer párrafo del artículo 189 de la norma sustantiva penal, tanto en el extremo mínimo como en el máximo. Posteriormente, la acotada fue objeto de nueva modificación por el artículo 2 de la Ley número 28982, publicada el tres marzo dos mil siete en el diario oficial El Peruano, la cual se ocupó de algunas agravantes del tipo penal, pero no de la pena establecida en el primer párrafo, y se mantuvo en no menor de diez ni mayor de veinte años, hasta ser recién modificada por el artículo 1 de la Ley número 29407, publicada el dieciocho de septiembre dos mil nueve en el diario oficial El Peruano, y se estableció la siguiente sanción: “La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido […]”. Como se puede apreciar, hubo un incremento en el extremo mínimo, no ocurrió lo mismo en cuanto al extremo máximo, que se mantuvo en veinte años.

Decimosexto. Este primer párrafo del artículo 189 del Código Penal no llegó a sufrir modificación alguna con posterioridad, pese a que dicho artículo fue pasible de modificaciones, conforme al artículo 1 de la Ley número 30076, publicada el diecinueve de agosto dos mil trece en el diario oficial El Peruano, y por la primera disposición complementaria modificatoria de la Ley número 30077, publicada el veinte de agosto dos mil trece, la cual entró en vigencia el primero de julio de dos mil catorce. Estas últimas modificatorias tuvieron incidencia en las agravantes, mas no en el quantum punitivo, establecido en el primer párrafo.

Decimoséptimo. A efectos de verificar si converge o no prescripción de la acción penal, debemos indicar que, en principio, la norma sustantiva a aplicarse es la vigente al momento de los hechos; sin embargo, constituye excepción a esta regla la aplicación retroactiva de la ley penal, siempre que sea favorable al reo; por ende, una ley posterior podrá aplicarse a un hecho cometido con anterioridad a la dación de aquella, siempre que sea en beneficio del procesado; ello, acorde lo establece el artículo 6 del Código Penal. A lo referido se aúna que cuando la nueva ley disminuye el marco legal abstracto con que se conmina la infracción penal en ciernes, la ley anterior ineludiblemente ameritará ser sustituida; es más, entre dos leyes penales sucesivas en el tiempo podrán elegirse los preceptos más favorables, en virtud al principio de combinación, el cual permite que el juzgador tenga la posibilidad de establecer mayor benignidad penal –siempre– a favor del reo, a la luz del artículo 103 de la Constitución Política del Estado.

Decimoctavo. En cuanto a la observancia del juicio de favorabilidad en la aplicación de la ley penal en el tiempo, se consideró jurisprudencialmente el precepto de combinación de leyes penales, que consiste en la posibilidad de que, entre dos o más leyes que se sucedan en el tiempo, el operador de justicia pueda optar por la más favorable al procesado. Así, la discusión sobre el tema fue resuelta con el Acuerdo Plenario número 2-2006/CJ-116 de las Salas Penales Permanente y Transitorias.

Decimonoveno. El citado Acuerdo Plenario despliega la interpretación del criterio de favorabilidad frente a la sucesión de leyes penales, de conformidad con el numeral 11 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, el artículo 6 del Código Penal de 1991, del artículo 9 (in fine) de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 15, numeral 1, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el inciso 2 del artículo 24 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Vigésimo. En consecuencia, al haber sido modificado el primer párrafo del artículo 189 del Código Penal (vigente al momento de los hechos materia de este caso) por el artículo 1 de la Ley número 27472, publicada el cinco de junio dos mil uno en el diario oficial El Peruano, y haberse establecido una pena más benigna para el agente (no menor de diez ni mayor de veinte años), debe aplicarse el marco legal modificado, por ser más favorable al reo en el cómputo del plazo de prescripción en función la pena.

Vigesimoprimero. En este contexto, la prescripción ordinaria será de veinte años (extremo máximo del primer párrafo del tipo penal aplicable al presente caso), en tanto que la prescripción extraordinaria se verificará al haber transcurrido treinta años; en ese orden de ideas, conforme señalamos líneas arriba, el recurrente era menor de veintiún años al momento de los hechos y, en aplicación del artículo 81 del Código Penal, el plazo de prescripción se reduce a la mitad, es decir, a quince años, tiempo que se deberá evidenciar para saber si la acción penal se encuentra prescrita.

Vigesimosegundo. De esta manera, considerando que el hecho fue realizado el veinticuatro de marzo de dos mil uno, fecha en la cual los agraviados habrían sufrido el robo de sus pertenencias por presunta acción del recurrente y otros, la acción penal prescribió el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis; por consiguiente, se puede apreciar que el plazo se encuentra largamente vencido e, incluso, feneció con anterioridad a la emisión de la sentencia impugnada y antes de que dicho encausado sea declarado reo contumaz por resolución del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (foja 389); por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales, las excepciones pueden deducirse en cualquier estado del proceso y pueden ser resueltas de oficio por el juez; así, corresponde a este Supremo Tribunal pronunciarse de oficio sobre la prescripción de la acción penal, que se estima positivamente, lo cual exime de efectuar análisis de los agravios postulados por la defensa.

Vigesimotercero. Cabe precisar que el recurrente fue detenido el catorce de octubre de dos mil diecinueve (foja 456) e internado en el establecimiento penitenciario respectivo; actualmente se halla purgando condena; en ese sentido, al estar prescrita la acción penal (con anterioridad a su detención), amerita disponer su inmediata libertad, la cual se ejecutará siempre y cuando no exista otro mandato de detención y/o prisión preventiva u otra condena a pena privativa de libertad efectiva dictada por autoridad competente.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos que integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve (fecha corregida mediante auto, foja 671), emitida por la Sala Superior de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio Macro Regional Norte con sede en La Libertad, que condenó a Jorge Mauricio Contreras Carnero como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de Martín Ballena Pereda y Rosendo Morillo Leonardo, a diez años de pena privativa de libertad, y fijó en S/ 500 (quinientos soles) el monto de la reparación civil que deberá abonar en forma solidaria a favor de la parte agraviada; con lo demás que contiene; por consiguiente, REFORMÁNDOLA, DECLARARON DE OFICIO FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN y, en consecuencia, PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL incoada contra Jorge Mauricio Contreras Carnero por el delito contra el patrimonio-robo agravado, en agravio de Martín Ballena Pereda y Rosendo Morillo Leonardo.

II. DISPUSIERON la anulación de los antecedentes generados contra Jorge Mauricio Contreras Carnero como consecuencia de este proceso; así como su archivo definitivo.

III. ORDENARON la inmediata libertad de Jorge Mauricio Contreras Carnero, la cual se ejecutará siempre y cuando no exista otro mandato de detención y/o prisión preventiva u otra condena a pena privativa de libertad efectiva dictada por autoridad competente contra el citado sentenciado; se oficiará VÍA FAX a la Sala Penal de origen para tal efecto; y los devolvieron.


1 En la acusación fiscal se señaló de manera errónea que los hechos sucedieron el veinticuatro de marzo de dos mil dos; sin embargo, de acuerdo con la sustentación oral, el fiscal superior señaló al inicio del plenario que los hechos ocurrieron el veinticuatro de marzo de dos mil uno, fecha que se condice con lo señalado por los agraviados en sus manifestaciones preliminares. En la requisitoria oral, el fiscal superior volvió a precisar que los hechos sucedieron el veinticuatro de marzo de dos mil uno, fecha considerada en la sentencia condenatoria, que es la que se tomará en cuenta.

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