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Responsabilidad restringida y control difuso

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.º 124-2020
LIMA

Responsabilidad restringida y control difuso

a. El artículo 22 del Código Penal, en su segundo párrafo, exceptúa a delitos de suma gravedad como el delito de robo agravado, por el cual fue condenado el recurrente, de la aplicación del beneficio de la reducción prudencial de la pena. Este segundo párrafo es selectivo y limitativo, en cuanto descarta de plano que todo aquel que haya cometido cualquiera de los delitos descritos en el dispositivo legal señalado se acoja a dicha causal de disminución punitiva.

b. Esta selectividad colisiona con el principio de igualdad ante la ley, previsto en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. La inaplicación de esta prohibición se puede efectuar vía control difuso.

c. En el caso concreto, se aprecia la colisión de una norma penal con una norma constitucional, por lo que, vía control difuso, es pertinente preferir la norma constitucional e inaplicar la prohibición contenida en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal; por tanto, corresponde la atenuación del quantum de la pena impuesta al recurrente por responsabilidad restringida por edad.

Lima, diecinueve de noviembre de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del encausado Jair Herles Alejos García contra la sentencia conformada del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (foja 182), expedida por la Cuarta Sala Penal Especializada para procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que impuso al recurrente diez años de pena privativa de libertad, en el proceso seguido en su contra como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Fredy Núñez Cuadros.

Intervino como ponente el señor juez supremo Figueroa Navarro.

CONSIDERANDO

I. Expresión de agravios

Primero. El encausado Alejos García fundamentó su recurso de nulidad (foja 191) y alegó que:

1.1. No se llegó a tomar en cuenta la responsabilidad restringida por la edad (el recurrente tenía diecinueve años a la fecha de los hechos), y dicha decisión se sustentó en la prohibición expresa prevista en el artículo 22 del Código Penal, que excluye, entre otros, a los autores del delito de robo agravado.

1.2. No se tomó en cuenta la confesión sincera, pese a que en la propia sentencia impugnada se reconoce al recurrente como confeso sincero, pues aceptó su responsabilidad desde la etapa policial.

1.3. No se consideraron las carencias sociales del recurrente, quien vive en una zona conocida por su alta incidencia delictiva, no tiene estudios secundarios completos y su situación económica es precaria.

II. Imputación fiscal

Segundo. De acuerdo a la acusación fiscal (foja 67), se imputa al encausado haber sustraído, ejerciendo violencia y amenaza, la suma de S/ 30 (treinta soles) del agraviado Fredy Núñez Cuadros, hecho suscitado el veintisiete de abril de dos mil quince, en horas de la noche (21:00 horas, aproximadamente), en circunstancias en que el referido perjudicado se encontraba trabajando como taxista en su vehículo marca Toyota, modelo Starlet, color blanco y con placa de rodaje D4Y-637. Así, al estar a la altura de Puente Nuevo, en el Agustino, el encausado y dos sujetos no identificados solicitaron sus servicios, a fin de que los traslade hasta la cuadra 15 del jirón Cusco, Cercado de Lima; el procesado se sentó en el lugar del copiloto. Al llegar al lugar, el agraviado apagó el motor del vehículo, mientras uno de los sujetos que se encontraba en el asiento posterior, con el objeto de inmovilizarlo, lo sujetó por el cuello, hecho aprovechado por el procesado y el tercer sujeto no identificado para sustraer de la sencillera del taxi los S/ 30 (treinta soles). El referido agraviado, al ser soltado por el sujeto que lo tenía del cuello, descendió rápidamente de su vehículo, solicitó auxilio y fue apoyado por los vecinos del lugar, quienes lograron aprehender al procesado, mientras los otros dos sujetos lograron darse a la fuga. Después llegaron miembros del Serenazgo y personal policial, quienes finalmente trasladaron al procesado a la comisaría del sector.

II. Fundamentos del Tribunal Supremo

Tercero. En el caso concreto, el procesado interpuso recurso de nulidad contra la sentencia conformada en el extremo de la pena privativa de libertad impuesta y alegó tres aspectos puntuales: i) no se tomó en cuenta la responsabilidad restringida por la edad, ii) no se validó la confesión sincera y iii) no se consideraron las carencias sociales del recurrente. En este sentido, en atención al principio de congruencia recursal, la materia del grado se circunscribirá a determinar si el Colegiado Superior fijó una pena sin considerar estos tres tópicos, como cuestiona el encausado.

Cuarto. Así, por cuestiones metodológicas, comenzaremos el análisis verificando si en el caso concreto no se tuvo en cuenta la confesión sincera y las carencias sociales del recurrente. Al respecto, debemos indicar que la confesión sincera se debe descartar, debido a que el encausado fue detenido en flagrancia delictiva. En efecto, conforme a los hechos aceptados por el conformado, este fue detenido por los vecinos del lugar donde ocurrieron los hechos, luego llegó el Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes lo trasladaron a la comisaría del sector. Ello se acredita con la propia manifestación preliminar del encausado (foja 13, con presencia del representante del Ministerio Público).

Quinto. En lo atinente a que no se habrían tomado en cuenta sus carencias sociales, se aprecia que la Sala Superior sí llegó a valorar lo cuestionado por el recurrente. En efecto, del rubro “Determinación judicial de la pena” de la sentencia impugnada (véase fundamento jurídico 8.1) se verifica que se tuvieron en cuenta las carencias sociales del recurrente, como el lugar donde vive (jirón Cangallo, Cercado de Lima), su grado educativo (tercero de secundaria) y su situación económica (estudiante sin actividad laboral formal alguna, debido a que se encuentra privado de su libertad por otro proceso). De modo que este agravio tampoco tiene asidero.

Sexto. En cuanto a la responsabilidad restringida por la edad, se puede apreciar que la Sala Penal Superior no llegó a aplicar esta causal de disminución de punibilidad. En efecto, para la fijación de la pena se tomaron en cuenta las condiciones sociales y personales del encausado, la carencia de antecedentes penales y la reducción por conclusión anticipada y confesión sincera (aunque esta última queda descartada, al darse en un escenario de flagrancia delictiva). Así, de acuerdo con la ficha de Reniec (foja 23), el recurrente nació el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cinco; por tanto, a la fecha de los hechos (veintisiete de abril de dos mil quince), tenía diecinueve años, nueve meses y seis días de edad, lo que le permitía estar dentro del rango establecido en el primer párrafo del artículo 22 del Código Penal (responsabilidad restringida por edad), que faculta al juez para reducir prudencialmente la pena señalada por el hecho punible.

Séptimo. El aludido artículo, en su segundo párrafo, exceptúa de la aplicación del beneficio de la reducción prudencial de la pena a aquellos que sean integrantes de una organización criminal o que hayan incurrido en los delitos de homicidio calificado, feminicidio, sicariato, extorsión, secuestro, violación sexual, tráfico ilícito de drogas o terrorismo, entre otros de suma gravedad, como el delito de robo agravado, por el cual se condenó al recurrente. Este segundo párrafo es selectivo y limitativo, ya que descarta de plano que todo el que haya cometido cualquiera de los delitos descritos en el dispositivo legal acotado se acoja a dicho beneficio premial.

Octavo. Esta selectividad colisiona con el principio de igualdad ante la ley, previsto en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, cuyo tenor literal es el siguiente: “Toda persona tiene derecho: a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole”. La inaplicación de esta prohibición se puede efectuar vía control difuso. Así, tenemos una norma penal que niega la reducción de la pena a todo el que haya cometido, entre otros, el delito de violación sexual. Esta prohibición, como se precisó, no alcanza a los delitos que no estén comprendidos en el segundo párrafo del citado artículo 22 del Código Penal. En este contexto, queda claro que existe un trato distinto a los que cometen delitos que se encuentran fuera del alcance del segundo párrafo del artículo mencionado, lo que vulnera el referido principio de igualdad ante la ley.

Noveno. Cabe precisar que la inaplicación de esta prohibición fue tratada en el Acuerdo Plenario número 4-2008/CJ-116, en cuyo fundamento once se precisa:

Los jueces penales, en consecuencia, están plenamente habilitados a pronunciarse, si así lo juzgan conveniente, por la inaplicación del párrafo segundo, del artículo veintidós, del Código Penal, si estiman que dicha norma introduce una discriminación –desigualdad de trato irrazonable y desproporcionada, sin fundamentación objetiva suficiente– que impide un resultado jurídico legítimo.

El criterio de aplicación de la responsabilidad restringida también se ratificó a través de la doctrina jurisprudencial emitida por el Tribunal Supremo, prevista en las Sentencias de Casación número 1057- 2017/Cusco, del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho; número 1672-2017/Puno, del dieciocho de octubre de dos mil dieciocho; número 214-2018/del Santa, del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, y número 1662-2017, del veintiuno de marzo de dos mil diecinueve. Estas decisiones están asentadas en el supuesto de que la sola constatación de la edad del imputado –entre 18 y menos de 21 años de edad– al tiempo de la comisión del hecho punible configura responsabilidad restringida por la edad.

Décimo. A su vez, el Acuerdo Plenario número 4-2016/CIJ-116, del doce de junio de dos mil diecisiete, establece como doctrina legal que las exclusiones legales contempladas en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal son inconstitucionales y, consecuentemente, no debían ser aplicables. La Sentencia Plenaria Casatoria número 1- 2018/CIJ-433, del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, reafirma la aplicación de la responsabilidad restringida por la edad del imputado como causal de disminución de la punibilidad.

Decimoprimero. La atribución del control difuso, establecido en el artículo 138 de la Constitución del Estado, en concordancia con el artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, precisa que una norma legal deberá ser elevada en consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República por razones de inaplicación. Sin embargo, en el presente caso, este mecanismo constitucional resulta innecesario, pues este Supremo Tribunal, integrado por magistrados de la especialidad penal con conocimiento del derecho constitucional, tiene igual jerarquía.

Decimosegundo. En tal sentido, al apreciarse la colisión de una norma penal y una constitucional, es pertinente preferir la norma constitucional e inaplicar la prohibición contenida en el segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal. Por tanto, corresponde la atenuación del quantum de la pena impuesta al encausado, al estar dentro de los alcances de la responsabilidad restringida, debido a que los fines resocializadores, preventivos y protectores de la pena deben considerar en mayor medida y relevancia, la minoría relativa de edad del imputado, en salvaguarda de sus derechos fundamentales.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia conformada del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (foja 182), expedida por la Cuarta Sala Penal Especializada para procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que impuso a Jair Herles Alejos García diez años de pena privativa de libertad, en el proceso seguido en su contra como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Fredy Núñez Cuadros, y REFORMÁNDOLA le impusieron siete años de pena privativa de libertad, que, computada desde el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno (fecha en que culminará la pena impuesta por sentencia del catorce de junio de dos mil dieciséis en el Expediente signado con el número 13482-2015), vencerá el veinte de septiembre de dos mil veintiocho; y, con lo demás que al respecto contiene, los devolvieron.

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