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PECULADO DOLOSO : La carencia de antecedentes penales y el nivel sociocultural en la determinación del quantum de la pena.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.º 1030-2019
ÁNCASH

No haber nulidad en la condena y la pena

En el proceso se actuaron suficientes pruebas que acreditan, de forma plena, la responsabilidad del procesado Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo en la comisión del delito de peculado doloso que se le imputa, lo que permite enervar su derecho a la presunción de inocencia y considerar válida la restricción impuesta a su derecho a la libertad individual, por lo que corresponde confirmar la sentencia.

Lima, dieciocho de noviembre de dos mil veinte

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por el procesado Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo (folio 4316) contra la sentencia del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (folio 4278), en el extremo que la Sala Mixta Descentralizada de la Provincia de Huari lo condenó como autor del delito de peculado doloso, en perjuicio del Estado, representado por la Municipalidad Distrital de Yauya (y no de la Municipalidad Provincial de Huari, como erróneamente se precisó en la sentencia), e impuso cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años, bajo el cumplimiento de determinadas reglas de conducta, dos años de inhabilitación y fijó en S/ 5000 (cinco mil soles) la reparación civil, sin perjuicio de la devolución del dinero indebidamente apropiado.

Intervino como ponente el señor juez supremo CASTAÑEDA ESPINOZA.

CONSIDERANDO

I. Fundamentos del impugnante

Primero. El procesado Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo, al fundamentar el recurso de nulidad propuesto (folio 4316), señaló que:

1.1. Se le condenó sobre la base de una pericia que se actuó en la instrucción y no en el juicio oral.

1.2. No se valoraron de forma objetiva los medios probatorios obrantes en autos.

1.3. No se acreditó que se haya apropiado, para sí o para terceros, de los causales del Estado; tampoco se indicó cómo desvío los fondos del Tesoro Público.

1.4. La imputación realizada en su contra es totalmente ambigua, lo que impidió que ejerza de forma eficaz su derecho a la defensa.

1.5. La conclusión a la que arribó la Sala Superior es errada, pues no se acreditó que su actuar haya sido doloso y la pericia actuada es inconsistente y subjetiva.

1.6. Los hechos objeto de imputación debieron ser vistos y resueltos en sede administrativa, por lo que corresponde absolverlo de la acusación fiscal.

1.7. El dinero presuntamente apropiado no salió de la esfera del Estado, pues sirvió para la ejecución de la obra.

II. Imputación fáctica y jurídica

Segundo. Conforme se desprende de la acusación fiscal (folio 3630), el dictamen de integración de acusación (folio 4009), la subsanación de acusación (folio 4026), la lectura de cargos al inicio del juicio oral (folio 4228) y la requisitoria oral (folio 4248):

2.1. Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Yauya durante los años dos mil siete a dos mil diez, se apropió de S/ 10 015.50 (diez mil quince soles con cincuenta céntimos) correspondientes a la ejecución de la obra denominada “Plaza de Armas del distrito de Yauya”, conforme aparece del dictamen pericial contable actuado, que concluyó que el presupuesto para la ejecución de la mencionada obra ascendía a S/ 1 088 519.46 (un millón ochenta y ocho mil quinientos diecinueve soles con cuarenta y seis céntimos); sin embargo, no se rindieron cuentas de S/ 6265.50 (seis mil doscientos sesenta y cinco soles con cincuenta céntimos) y se pagó un exceso S/ 3750 (tres mil setecientos cincuenta soles) por la compra de agregados; además, se efectuó el pago de S/ 8100 (ocho mil cien soles) al asesor externo Edén Kaid Lavado Loarte con el dinero destinado para la obra antes mencionada, a pesar de que dicho pago no estuvo presupuestado para tal fin. De otro lado, se apropió de S/ 30 024.20 (treinta mil veinticuatro soles con veinte céntimos) correspondientes al apoyo social de comunidades.

2.2. El representante del Ministerio Público tipificó estos hechos como delito de peculado, previsto en el primer y tercer párrafo del artículo 387 del Código Penal; por ello, solicitó que se imponga a Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo la pena privativa de libertad de quince años, dos años de inhabilitación y se fije en S/ 150 000 (ciento cincuenta mil soles) la reparación civil (folio 4251).

III. Fundamentos de la sentencia recurrida

Tercero. En el presente caso, la Sala Mixta Descentralizada de la Provincia de Huari, a través de la sentencia impugnada (folio 4278), concluyó que:

3.1. La conducta ilícita del procesado Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Yauya, respecto a dos de los hechos que se le imputaron, se encuentra acreditada, pues: i) realizó el pago en exceso y sin justificación alguna de S/ 3750 (tres mil setecientos cincuenta soles) a favor de la Empresa Constructora Bayardo S. A. C. como pago de los servicios que esta prestó (compra de agregados), y ii) dispuso el pago de S/ 8100 (ocho mil cien soles) a favor del abogado Edén Kaid Lavado Loarte por servicios de asesoría externa, cuando este dinero estaba presupuestado para la ejecución de la obra denominada “Plaza de Armas del distrito de Yauya”. Este extremo de la sentencia fue impugnado por el encausado Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo y es objeto de pronunciamiento a través de la presente decisión.

3.2. No se acreditó que el mencionado procesado se haya apropiado, para sí o para terceros, de S/ 6265.50 (seis mil doscientos sesenta y cinco soles con cincuenta céntimos), que no fueron sustentados, ni de S/ 30 024.20 (treinta mil veinticuatro soles con veinte céntimos) destinados al apoyo social de comunidades, por lo que se absolvió de estos cargos al recurrente. Este extremo de la sentencia no fue impugnado por ninguno de los sujetos procesales, por lo que no resulta posible emitir mayor pronunciamiento.

IV. Cuestiones preliminares

Cuarto. Para la emisión de una sentencia condenatoria, es indispensable la existencia de una actividad probatoria realizada con las garantías necesarias y tutelando todos los contenidos del derecho al debido proceso1, que permita evidenciar la plena concurrencia de todos los elementos del delito y la participación del acusado o acusada. Ello evita la existencia de arbitrarias restricciones del derecho a la libertad individual de los justiciables y permite tutelar efectivamente su derecho a la presunción de inocencia.

V. Análisis del caso concreto

Quinto. Este Supremo Tribunal coincide con el análisis, valoración de pruebas y razonamiento realizado por la Sala Mixta Descentralizada de la Provincia de Huari, debido a que la materialidad del ilícito y la conducta antijurídica imputada al procesado Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo se encuentran plenamente acreditadas con los elementos probatorios actuados, que consisten en lo siguiente:

5.1. Con la credencial emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (folio 3186) se acreditó que el procesado Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo fue proclamado alcalde de la Municipalidad Distrital de Yauya para el periodo comprendido entre los años dos mil siete a dos mil diez.

5.2. Con relación al pago en exceso de S/ 3750 (tres mil setecientos cincuenta soles) a favor de la Empresa Constructora Bayardo S. A. C. como pago por los servicios que esta prestó por la compra de agregados, ello se encuentra acreditado con el Dictamen Pericial Contable emitido por las peritas Nelly Catalina Sánchez Sánchez e Irma Reño García (folio 3423), ratificado en el juicio por las especialistas que practicaron dicha pericia, donde concluyeron que para la adquisición de agregados de la obra “Plaza de Armas del distrito de Yauya” se contrató a la Empresa Constructora Bayardo S. A. C. y se acordó realizar el pago de S/ 22 440 (veintidós mil cuatrocientos cuarenta soles); sin embargo, a partir de los documentos evaluados, concluyó que en realidad se efectuó el pago de S/ 26 180 (veintiséis mil ciento ochenta soles), es decir, se realizó un pago en exceso de S/ 3750 (tres mil setecientos cincuenta soles) sin que se justifique el porqué de dicho pago superior.

5.3. Igualmente, respecto al pago de S/ 8100 (ocho mil cien soles) a favor de Edén Kaid Lavado Loarte por los servicios de asesoría externa, cuando dicho dinero estaba presupuestado para la ejecución de la obra denominada “Plaza de Armas del distrito de Yauya”, este se acredita con:

a. El contrato de locación de servicios suscrito entre Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo y Edén Kaid Lavado Loarte (folio 3151), para que el segundo realice las labores de asesoramiento externo en el procedimiento de tasación y regulación de documentos del terreno donde se realizaría la obra “Plaza de Armas del distrito de Yauya” y también para la realización del saneamiento físico legal sobre el terreno descrito a nombre de la Municipalidad Distrital de Yauya.

b. El Memorándum de Alcaldía número 0776-207-MYD-ALC (folio 3152), mediante el cual el encausado Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo dispuso al administrador de la Municipalidad Distrital de Yauya que realice el pago de S/ 8100 (ocho mil cien soles) a favor de Edén Kaid Lavado Loarte por el concepto de servicios profesionales.

c. El recibo por honorarios (folio 3153) y el comprobante de pago realizado a favor de Edén Kaid Lavado Loarte (folio 3150), en que se deja constancia de que realizó el pago de S/ 8100 (ocho mil cien soles) por los servicios profesionales que prestó.

d. El Dictamen Pericial Contable emitido por Nelly Catalina Sánchez Sánchez e Irma Reño García (folio 3423), ratificado por las especialistas que practicaron dicha pericia, donde se concluyó que se realizó un pago neto de S/ 8100 (ocho mil cien soles) a favor de Edén Kaid Lavado Loarte, cuando en el presupuesto de la obra no se detalló que dicho dinero haya estado destinado para la contratación de un abogado para el saneamiento legal del inmueble donde iba a realizarse la obra denominada “Plaza de Armas del distrito de Yauya”.

Sexto. Las pruebas descritas, valorados de forma individual, conjunta y razonada, acreditan la responsabilidad del encausado Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo en la comisión del delito de peculado, debido a que se realizaron dos pagos indebidos: uno de S/ 3750 (tres mil setecientos cincuenta soles) a favor de la Empresa Constructora Bayardo S. A. C. por la adquisición de agregados y otro de S/ 8100 (ocho mil cien soles) a favor de Edén Kaid Lavado Loarte por los servicios profesionales que prestó.

Esto también nos permite enervar el derecho a la presunción de inocencia que le asiste y considerar como válida la restricción impuesta a su derecho a la libertad individual.

Séptimo. Por su parte, el encausado Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo, frente a los cargos imputados, negó ser autor del ilícito juzgado, lo que es ratificado en el recurso de nulidad que presentó; sin embargo, sus argumentos no tienen sustento, son inverosímiles, están relacionados con aspectos periféricos o carecen de sustento y son considerados medios de defensa para evadir su responsabilidad, en razón de que:

7.1. Si bien se sustentó su condena, entre otras pruebas, en la pericia actuada en la instrucción, esta fue ratificada por los especialistas que practicaron dicho examen; además, el impugnante no se opuso a ello ni a su lectura en el juicio oral y tampoco ofreció prueba alguna que le reste valor probatorio o la contradiga.

7.2. No indicó qué pruebas no se valoraron de forma objetiva y las razones que justifican dicho agravio, y este es totalmente genérico.

7.3. Según se detalló precedentemente, se acreditó de manera plena su responsabilidad en los hechos ilícitos que se le imputan, pues permitió la apropiación, por parte de la Empresa Constructora Bayardo S. A. C. y de Edén Kaid Lavado Loarte, de los causales del Estado.

7.4. La imputación que se realizó en su contra respecto a los cuatro hechos específicos fue clara; además, con relación a los dos hechos ilícitos por los que se le condenó, resultan claros y concretos, por lo que no se impidió de forma alguna que ejerza su derecho a la defensa; además, durante el desarrollo de todo el proceso no cuestionó ello y siempre tuvo la posibilidad de contradecir la imputación fiscal.

Octavo. Con relación a la pena privativa de libertad y la reparación civil impuestas:

8.1. La Sala Superior, al imponer la pena suspendida al recurrente Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo, consideró la naturaleza de los hechos delictivos, los bienes jurídicos afectados, el nivel sociocultural del procesado, que este no tiene antecedentes penales y los límites punitivos del delito de peculado, previsto en el artículo 387 del Código Penal. De modo que la pena privativa de libertad impuesta se ajusta a derecho.

8.2. La reparación civil fue fijada teniendo en cuenta el grado de participación del impugnante, la gravedad del delito, la trascendencia de los hechos, los estragos producidos en la entidad agraviada y que la suma impuesta no sea simbólica ni imposible de cumplir; además, se dispuso la devolución de las sumas de dinero indebidamente apropiadas por terceros.

8.3. En mérito de lo expuesto, corresponde confirmar la pena privativa de libertad y la reparación civil impuestas.
Noveno. Finalmente, la Fiscalía Suprema en lo Penal, a través del Dictamen número 136-2020 (folio 37 del cuadernillo formado en esta instancia), opinó que se confirme la sentencia recurrida, por lo que corresponde emitir la presente decisión de conformidad con el dictamen fiscal supremo.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad en parte con la Fiscalía Suprema en lo Penal:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete (folio 4278), en el extremo en el que la Sala Mixta Descentralizada de la Provincia de Huari condenó a Antonio Sulpicio Villanueva Castillejo como autor del delito de peculado doloso, en perjuicio del Estado, representado por la Municipalidad Provincial de Yauya (y no de la Municipalidad Provincial de Huari, como erróneamente se precisó en la sentencia), impuso cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años, bajo el cumplimiento de determinadas reglas de conducta, dos años de inhabilitación y fijó en S/ 5000 (cinco mil soles) la reparación civil, sin perjuicio de la devolución del dinero indebidamente apropiado.

II. DISPUSIERON que se notifique la presente decisión a las partes personadas en esta instancia, que se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y que se archive el cuadernillo formado.

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