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DIFAMACIÓN AGRAVADA : Delitos de ejercicio privado de la acción penal en agravio de funcionarios públicos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 1721-2019
LIMA

DELITOS DE EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN PENAL EN AGRAVIO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Los funcionarios y servidores públicos, como todo ciudadano, tienen el derecho al honor y su reputación, cuyo reconocimiento está consagrado tanto en el artículo dos, inciso siete, de la Constitución Política del Perú, como en el artículo once de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por su parte, todo ciudadano tiene el derecho a la libertad de expresión, el cual se debe ejercer respetando los derechos fundamentales de las personas. No obstante, debe ponderarse que en cuanto un ciudadano ejerza función pública —cuya vinculación es voluntaria— el penalizar toda crítica severa a su desempeño desalienta la participación de la ciudadanía, pues la libertad de expresión e información resultan claves en una sociedad democrática. Por ello, este tipo de denuncias deben ser filtradas rigurosamente a través del juicio de subsunción de los hechos atribuidos en los elementos de la estructura típica del ilícito penal correspondiente, pues en caso contrario se generaría un fuerte efecto inhibidor en el ciudadano común para denunciar presuntos actos de corrupción.

Lima, seis de noviembre de dos mil veinte

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el querellante FERNANDO VIDAL MALCA contra el auto de vista del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve emitido por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que por mayoría confirmó el auto del tres de diciembre de dos mil dieciocho, expedido por el Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima, que declaró no ha lugar a abrir proceso penal contra el ciudadano Jorge Gonzalo Vera Vinces, por la presunta comisión del delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada por medio de comunicación social, en perjuicio del recurrente. Con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal.

Ponencia de la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

HECHOS IMPUTADOS

1. De la denuncia1 y el escrito de subsanación2 se desprende el siguiente marco fáctico de imputación:

1.1. El trece de julio de dos mil diecisiete, el querellado Jorge Gonzales Vera Vinces presentó, ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia y la Presidencia del Consejo de Ministros, una carta bajo la denominación: “Pongo a su conocimiento la conducta ilegal de los procuradores del Ministerio de la Producción Fernando Vidal Malca y procurador adjunto Juan José Fernando Lama Muñoz”, mediante la cual, sin ningún sustento ni medio probatorio, así como con la finalidad de menoscabar su buen nombre y reputación personal y profesional, le atribuyó al querellante Fernando Vidal Malca:

1.1.1. Valerse del cargo de procurador público del Ministerio de Producción para favorecer ilegalmente a empresas con resoluciones administrativas a cambio de sobornos.

1.1.2. Perpetrar actos de corrupción desde su designación como procurador, perjudicando a otras empresas del sector.

1.1.3. Actuar en contubernio con Juan José Lama Muñoz, exprocurador adjunto, y María del Carmen Abregú Báez, exdirectora de Extracción de Consumo Humano Indirecto, para otorgar derechos de pesca a favor de Neyra García, por lo cual recibió doscientos cincuenta mil dólares americanos.

1.1.4. Haber incrementado su patrimonio, producto de las coimas y sobornos recibidos, tipificando la comisión de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo.

1.1.5. Estar inmerso en procesos administrativos por mala función en el desempeño de su cargo de procurador.

1.1.6. Haber solicitado altas sumas de dinero a empresas pesqueras para viabilizar o entrampar trámites sobre derechos de pesca ante el Ministerio de Producción.

1.2. El querellado ha sido fuente de información para la difusión de los hechos difamatorios descritos precedentemente a través de medios de prensa: i. página web Perú Pesquero; y, ii. diario La Razón.

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

2. El Tribunal Superior sustentó su decisión3 de confirmar, por mayoría, el auto de primera instancia sobre la base de los argumentos siguientes:

2.1. El querellado, al remitir las cartas, lo hizo en uso de su facultad como ciudadano y precisó que pone en conocimiento un hecho que se presume ilícito. De ello se evidencia que mediante las cartas cuestionadas se solicita directamente a la autoridad que proceda a realizar una investigación contra el querellante y otro, las mismas que fueron redactadas sobre la base de las denuncias de las que tomó conocimiento.

2.2. Las cartas contienen expresiones genéricas que no evidencian un componente difamatorio, pues aparentemente actuó en interés a un comportamiento público, mas no a un comportamiento personal y/o privado. Por tanto, no concurre el elemento subjetivo del dolo.

2.3. Se impone el derecho a la información, pues lo que el querellado pretendía era informar una noticia criminal.

2.4. Las cartas se dirigieron a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, mas no a varias personas, reunidas o separadas, de manera que pueda difundirse la noticia, tal como lo exige el tipo penal.

2.5. En cuanto al contenido del portal web Perú Pesquero y de la nota periodística en el diario La Razón, no se advierte que el querellado haya propalado los textos, dado que no se registra el nombre de quien edita los recortes.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. El querellante, mediante su recurso de nulidad4 fundamentado, alegó los motivos siguientes:

3.1. No se tuvo en cuenta que las frases agraviantes contra su honor son notorias y objetivas, como por ejemplo cuando el querellado le atribuye haber cobrado una coima de doscientos cincuenta mil dólares para conceder un derecho administrativo de pesca, entre otros hechos delictivos, sin prueba alguna, existiendo animus difamandi.

3.2. No se ha merituado que el querellado se ha visto inmerso en investigaciones fiscales por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, extorsión y hurto agravado. Pese a ello, el denunciado se presenta ante entidades públicas y medios de prensa como activista del Movimiento Propulsor de la Lucha contra la Corrupción del Callao.

3.3. No se ha compulsado que el querellado se presenta ante medios de prensa como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores en la Pesca del Puerto del Callao y anexos, pese a que nunca ha ocupado dicho cargo en el mencionado gremio de trabajadores. Incluso dicho sindicato dejó de tener actividad en el año dos mil diez.

3.4. No se ha valorado que los infundios propalados en su contra fueron desestimados de manera liminar. En efecto, no se inició proceso disciplinario en su contra y mucho menos recibió sanción administrativa, debido a la notoria falta de sus imputaciones.

CALIFICACIÓN DEL DELITO

4. Los hechos atribuidos fueron calificados como delito de difamación agravada, previsto en el artículo ciento treinta y dos del Código Penal, que prescribe:

El que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a ciento veinte días-multa.

Si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo 131, la pena será privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de dos años y con noventa a ciento veinte días-multa.

Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días-multa.

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL SUPREMO

5. Ex ante, se debe precisar que este Supremo Tribunal, conforme con el artículo trescientos catorce del Código de Procedimientos Penales, es competente para pronunciarse sobre el recurso de nulidad promovido, dado que, según los términos de la denuncia, los hechos atribuidos se subsumirían en el artículo ciento treinta y dos del Código Penal, con las agravantes previstas en los párrafos segundo y tercero del citado dispositivo.

6. Dicho esto, el punto de partida para el análisis de la resolución objeto de cuestionamiento se rige por el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal, en cuya virtud se reduce el ámbito de la resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido, las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

7. En cuanto a los motivos señalados en los apartados 3.2 y 3.3 de la presente ejecutoria suprema, está claro que inciden sobre la condición del querellado y sus antecedentes, pero no en la conducta difamatoria que este pueda haber cometido en contra del impugnante. Los motivos se desestiman por impertinentes y, además, no fueron postulados en su denuncia.

8. Los reclamos expresados por el recurrente en los apartados 3.1 y 3.4 de la presente ejecutoria suprema giran en torno a que los hechos denunciados constituirían delito de difamación y se cuestiona el razonamiento de la Sala Superior sobre las expresiones empleadas por el querellado y sus circunstancias. Por tal motivo, importa en este caso destacar el cuadro fáctico que describe la denuncia, que en resumen es el siguiente:

8.1. La remisión de dos cartas con supuesto contenido difamatorio dirigidas al Consejo de Defensa Jurídica del Estado y la Presidencia del Consejo de Ministros, con las circunstancias descritas en el apartado 1.1 de la presente ejecutoria suprema.

8.2. La propalación del contenido difamatorio expuesto en las cartas, a través de medios de prensa: i. portal web Perú Pesca; y, ii. diario La Razón; cuya fuente de información habría sido el querellado.

Delimitados los hechos, estos se habrían dado en dos momentos; los cuales, por fines metodológicos, serán analizados separadamente.

9. Considerando que este caso constituye una acción de ejercicio privado, corresponde realizar el control de legalidad de la querella, planteada conforme con los presupuestos previstos en el artículo setenta y siete, numeral seis, del Código de Procedimientos Penales, que son:

A. La existencia de indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la comisión de un delito.

B. La individualización del presunto autor o partícipe.

C. La vigencia de la acción penal; es decir, que no haya prescrito o se haya extinguido por alguna causa.

10. En cuanto al hecho descrito en el apartado 8.1 de la presente ejecutoria, según los términos de la denuncia y su ampliatoria, se habría cometido el ilícito penal atribuido al querellado, al remitir dos cartas al Consejo de Defensa Jurídica del Estado y la Presidencia del Consejo de Ministros, con el mismo tenor.

La sumilla de las cartas señala: “Pongo a su conocimiento la conducta ilegal de los procuradores del Ministerio de la Producción, Fernando Vidal Malca y Juan José Fernando Lama Muñoz” y de su contenido fluye lo siguiente:

El suscrito es parte del Movimiento Propulsor de la Lucha contra la Corrupción del Callao, que ha tomado conocimiento de actos de corrupción por parte de los denunciados, quienes haciendo uso de sus cargos en el Ministerio de la Producción favorecen ilegalmente con sus resoluciones a empresas a cambio de sobornos. Tal es así que estos actos de corrupción, que vienen perpetrándose desde el momento de sus designaciones como procuradores del Produce, estarían perjudicando a otras empresas que no acceden a sus cobros ilícitos, tomando como represalia la negativa y rechazo de solicitudes de derechos de pesca, entre otros temas administrativos que son resueltos en contra de estas […]. Un claro ejemplo de su mal actuar en el ámbito pesquero, es que de manera negligente y sin previa revisión exhaustiva procedieron a otorgar derecho de pesca –que le correspondía legalmente a la embarcación PIURA SIETE– a la persona de Neyra García, proceso que fuera irregular sin control por parte de los funcionarios del Ministerio de la Producción siendo que la persona de María del Carmen Abregú Báez, quien fue en su oportunidad directora de Extracción de Consumo Humano Indirecto-Produce, en contubernio con Juan José Fernando Lama Muñoz y Fernando Vidal Malca, actuales procuradores del Produce, por hacer omisión de este ilícito recibieron la suma de 250 000,00 dólares americanos, no siendo la primera vez que estos funcionarios denunciados de manera irregular habrían cedido derechos pesqueros […], situación que amerita una exhaustiva investigación e indagación al respecto. Estos malos procuradores […], a través de sobornos y coimas han incrementado su patrimonio irregularmente, indicios que involucrarían y tipificarían para los delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios-cohecho pasivo, que además estarían inmersos en procesos administrativos por su mala función […]. Solicitamos a usted […] proceda a realizar una exhaustiva investigación en contra de estos malos trabajadores del Estado […].

Anexos. 1. Ficha Reniec. […] Habiendo cumplido con poner en conocimiento de la noticia criminal referida a los actos ilícitos por los denunciados y en mi calidad de ciudadano […] solicito que estas personas sean sancionadas, removidas o cambiadas.

11. Ahora bien, la tipicidad objetiva del delito de difamación se configura cuando, ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, se atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación. Su estructura típica está condicionada a la propagación de un hecho, cualidad o conducta que mellen el honor o reputación de una persona, frente a una pluralidad de sujetos, indistintamente de si están reunidas o separadas, pero de tal modo que ello permita la difusión de la noticia —en otras palabras, aquí lo central es la publicidad—. Desde luego, constituyen agravantes específicas si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social o si la difamación se refiere al hecho previsto en el artículo ciento treinta y uno del Código Penal, es decir, que lo atribuido sea una calumnia.

12. Pero sucede que, en este caso, ambas cartas fueron remitidas por conducto institucional al Consejo de Defensa Jurídica del Estado y a la Presidencia del Consejo de Ministros. De los términos de la imputación, no se advierte que las comunicaciones se hayan dirigido a un grupo de personas reunidas o separadas que permita la difusión del contenido de las mismas. Además, los términos expuestos en dichos documentos revelan la puesta en conocimiento de presuntos hechos ilícitos, los cuales constituyen asuntos de interés público a fin de esclarecerse, investigarse y, eventualmente, sancionarse. Por tanto, no se cumple con este elemento típico en el aspecto objetivo del ilícito penal de difamación.

13. A ello se añade que, contrario a lo señalado en el fundamento 7.4 del auto de vista, este Tribunal advierte que se le atribuyó al querellante, conjuntamente con otros, haber recibido doscientos cincuenta mil dólares por haber omitido el acto ilícito de otorgamiento de derecho de pesca a la persona de Neyra García. También se indicó que el ahora impugnante incrementó su patrimonio irregularmente a través de sobornos y coimas. Sin embargo, cabe resaltar que el querellado precisó que remitió dichas cartas aduciendo que tomó conocimiento de actos de corrupción, añadió que los hechos denunciados ameritan “una exhaustiva investigación e indagación al respecto” y finalizó señalando que cumplió con comunicar la noticia criminal. Entonces, tampoco se cumple con la tipicidad subjetiva —animus difamandi— del delito en mención.

14. Si bien se hizo referencia a los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo, su expresión tuvo el carácter de condicional, pues indicó que los indicios “involucrarían y tipificarían” los citados ilícitos penales.

15. En este punto, es necesario resaltar que los funcionarios y servidores públicos, como todo ciudadano, tienen el derecho al honor y su reputación, cuyo reconocimiento está consagrado tanto en el artículo dos, inciso siete, de la Constitución Política del Perú, como en el artículo once de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por su parte, todo ciudadano tiene el derecho a la libertad de expresión, el cual se debe ejercer respetando los derechos fundamentales de las personas. No obstante, debe ponderarse que en cuanto un ciudadano ejerza función pública —cuya vinculación es voluntaria— el penalizar toda crítica severa a su desempeño desalienta la participación de la ciudadanía, pues la libertad de expresión e información resultan claves en una sociedad democrática. Por ello, este tipo de denuncias deben ser filtradas rigurosamente a través del juicio de subsunción de los hechos atribuidos en los elementos de la estructura típica del ilícito penal correspondiente, pues caso contrario se generaría un fuerte efecto inhibidor en el ciudadano común para denunciar presuntos actos de corrupción.

16. En la misma perspectiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores gozan de mayor protección, de manera tal que se propicie el debate democrático. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. La Corte también añadió que, en el debate sobre temas de alto interés público, no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población [Sentencia CIDH de 2 de mayo de 2008, caso Kimel vs. Argentina, fundamentos jurídicos 86, 87 y 88].

17. Bajo este contexto, además de que los hechos denunciados no se enmarcan dentro de la estructura típica del delito de difamación en su aspecto objetivo y subjetivo, las cartas constituyen una denuncia dirigida tanto al Consejo de Defensa Jurídica del Estado como a la Presidencia del Consejo de Ministros. Su contenido incidió en irregularidades que se habrían cometido en actos de otorgamiento de derechos de pesca y no entrañan juicios de valor notoriamente fuera de interés público. Si bien se aprecian expresiones con una fuerte carga crítica que pueden calificarse como exageradas e impropias, lo cierto es que dichas afirmaciones se valoran en función a la notoriedad pública de los actos jurídicos de otorgamiento de derechos de pesca y a las exigencias del tipo penal de difamación.

18. Finalmente, se analizará el hecho descrito en el apartado 8.2 de la presente ejecutoria. Con relación a las publicaciones efectuadas en el diario La Razón, se advierte que la nota periodística fue titulada “Denuncian corrupción por pesca en Produce”. En su contenido se señaló: “El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores en la Pesca del Puerto del Callao y anexos, Jorge Gonzalo Vera Vinces, denunció a un grupo de funcionarios […]. Las denuncias fueron realizadas ante la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y en la Contraloría General de la República”. En ninguna parte del artículo se menciona que el querellado haya recurrido al citado medio de comunicación para atribuir presuntas conductas difamatorias, menos aún dicho artículo ha precisado que se le haya tomado alguna declaración para efectos de la publicación. Entonces, no existen suficientes indicios o elementos reveladores que vinculen al querellado con la comisión del delito de difamación por medio de prensa escrita.

19. En lo atinente a la publicación del portal web Perú Pesca, ocurre la misma situación que en la noticia periodística del diario La Razón. Se recogen apreciaciones sobre las denuncias efectuadas por el querellado, pero no se advierte que este último haya propalado la noticia o que se le haya tomado declaraciones para tal efecto. Tampoco hay elementos razonables que lo vinculen con la difusión del supuesto contenido incriminatorio. Por todo lo expuesto, esta Sala Suprema considera que la decisión asumida por el Tribunal Superior resulta acorde a derecho y debe ser ratificada.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declararon NO HABER NULIDAD en el auto de vista del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que por mayoría confirmó el auto del tres de diciembre de dos mil dieciocho, expedida por el Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima, que declaró no ha lugar a abrir proceso penal contra el ciudadano Jorge Gonzalo Vera Vinces, por la presunta comisión del delito contra el honor, en la modalidad de difamación agravada por medio de comunicación social, en perjuicio de Fernando Vidal Malca; y los devolvieron.


1. Cfr. páginas 3 y ss.
2. Cfr. páginas 169 y ss.
3. Cfr. páginas 362 y ss.
4. Cfr. páginas 378 y ss.

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