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Legítima defensa: Ausencia de agresión ilegítima y falta por quien se defiende de provocación suficiente al agresor.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 2366-2018
LIMA ESTE

LEGÍTIMA DEFENSA

Sumilla. Para la configuración de la legítima defensa se requiere que medie agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y falta, por quien se defiende, de provocación suficiente al agresor. En el presente caso, no concurrió el primer y tercer elementos de esta causa de justificación en el accionar del recurrente, por lo que carece de objeto analizar el segundo elemento. En tal sentido, no se configuró ni como eximente perfecta.

Lima, siete de noviembre de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado JOEL AGUIRRE URETA contra la sentencia del quince de junio de dos mil dieciocho (foja 1257), emitida por la Sala Superior Descentralizada Transitoria de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que lo condenó como autor del delito de homicidio calificado en perjuicio de Luis Odilio Torre Ureta; y, como tal, le impuso treinta y cinco años de pena privativa de la libertad y setenta mil soles como reparación civil que deberá abonar a favor de los herederos legales del agraviado. Oído el informe oral. De conformidad con lo opinado por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y CALIFICACIÓN JURÍDICA

Primero. Según la acusación fiscal (foja 925), ratificada en juicio oral (foja 1198), se imputó a Joel Aguirre Ureta, Dayro Aguirre Ureta, Charlie Daniel Aguirre Ureta (autores), Jesús Veatrís Ureta Solís (cómplice primaria), Luis Alberto Chiroque Infante y Jorge Lara Almanza (cómplices secundarios), haber asesinado al agraviado Luis Odilio Torre Ureta mediante el uso de un arma de fuego. El hecho habría ocurrido el quince de enero de dos mil diecisiete, a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, aproximadamente, cuando este se encontraba con sus hermanos pintando la sala de su domicilio ubicado en el pasaje Ticlio N.° 103, segunda zona, asentamiento humano 07 de Octubre, distrito de El Agustino, en ese momento llegó su tía Jesús Veatrís Ureta Solís, quien de manera violenta empujó la puerta de acceso al inmueble e ingresó junto con sus hijos Joel, Dayro y Charlie Daniel Aguirre Ureta, primos del agraviado, y sus otros acompañantes Luis Alberto Chiroque Infante (pareja de Ureta Solís) y Jorge Lara Almanza, quienes se quedaron en la entrada. Los dos últimos amenazaron a la prima y conviviente del agraviado, quienes conversaban, para que no griten ni pidan auxilio.

En ese contexto, la tía del agraviado extrajo de su bolso varias armas de fuego, que repartió a cada uno de sus acompañantes, e incitó a sus hijos para que lo asesinen. En ese instante, los hermanos del agraviado huyeron raudamente y lograron escapar del lugar; sin embargo, cuando la víctima intentó huir con dirección a una de las habitaciones del primer piso del inmueble, fue perseguido por los hermanos Aguirre Ureta, quienes lo alcanzaron y efectuaron varios disparos en diversas partes del cuerpo, para luego fugar rápidamente con rumbo desconocido. Posteriormente, el agraviado fue auxiliado y trasladado al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde certificaron su deceso.

Segundo. El fiscal superior tipificó los hechos como delito de homicidio calificado con la agravante de alevosía, previsto en el artículo 106, concordante con el inciso 3, artículo 108, del Código Penal (CP)1, pues el agraviado se encontraba en un estado de indefensión (de espaldas) cuando fue acribillado con los disparos efectuados por los acusados.

Solicitó se les imponga a los acusados, las siguientes penas privativas de libertad: i) a Joel Aguirre Ureta, treinta y cinco años; ii) a Jesús Veatrís Ureta Solís y Dayro y Charlie Aguirre Ureta, veintidós años; y iii) a Luis Alberto Chiroque Infante y Jorge Lara Almanza, quince años. Así como setenta mil soles por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales del agraviado.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Tercero. La Sala Superior concluyó que se acreditó la materialidad del delito con el Dictamen Pericial de Balística Forense N.° 057/17, ratificado en juicio por el perito Edgar Vásquez Girón (fojas 275 y 1122); y el Informe Pericial de Necropsia Médico Legal 167-2017, ratificado en juicio oral por los peritos César Andrés Tejada Valdivia y Andrés Eduardo Castro Flores (fojas 833, 1104 y1124).

Además, con las instrumentales oralizadas conforme con el artículo 262 del Código de Procedimientos Penales (C de PP) consistentes en: i) acta de recepción de proyectil (foja 99); ii) acta de levantamiento de cadáver (foja 256); iii) certificado de necropsia (foja 259); iv) Dictamen Pericial de Investigación en la Escena del Crimen N.° 030/2017 (foja 260); v) Dictamen Pericial de Biología Forense N.° 170-17 (foja 526); vi) Dictamen Pericial de Biología Forense N.° 0057-17 (foja 262); vii) Dictamen Pericial de Balística Forense N.° 029/17 (foja 273).

En cuanto a la responsabilidad penal de Joel Aguirre Ureta en la muerte de Luis Odilio Torre Ureta, valoró las declaraciones de los testigos Flor Magaly Pariona Ureta, Anthony Javier Torre Ureta, Andrea Luisa Unocc Quispe y Alexis Junior Joyo Ureta, quienes de modo coincidente afirmaron que Joel Aguirre Ureta fue uno de los que efectuó disparos en contra del agraviado; y que lo relatado por el testigo Alexis Junior Joyo Ureta a nivel de instrucción se vincula con lo afirmado por Joel Aguirre Ureta, pues en la diligencia de confrontación, el primero le sostuvo que cuando ingresó al inmueble le disparó al agraviado; y, el segundo, aceptó que le dio muerte pero en legítima defensa.

Con relación a la tesis defensiva de la defensa, consideró que la conducta de Joel Aguirre Ureta no se encuadra dentro de los presupuestos de esta causa de justificación, pues quedó evidenciado que los disparos efectuados en contra del agraviado los realizó cuando este se encontraba de espaldas, por tanto desestimó su versión exculpatoria.

Por otro lado, se precisa que en la sentencia se absolvió a los acusados Jesús Veatris Ureta Solís, Dayro Aguirre Ureta, Charlie Aguirre Ureta, Luis Alberto Chiroque Infante y Jorge Lara Almanza, cuyo extremo no fue impugnado por el fiscal superior y, en consecuencia, quedó firme.

AGRAVIOS QUE SUSTENTAN EL RECURSO DE NULIDAD

Cuarto. La defensa del condenado Joel Aguirre Ureta, en su recurso de nulidad (foja 1289), sostuvo los siguientes agravios:

4.1. La Sala Superior no consideró que se configuraron los tres presupuestos de la legítima defensa: hubo una agresión ilegítima, fue el agraviado quien inicialmente atentó contra la vida de su patrocinado, mediante el uso de un arma de fuego; hizo uso de un medio racional, debido a que para evitar un resultado lesivo en su integridad, forcejeó con él y logró despojarlo del arma, la que utilizó para defenderse; y existió provocación por parte del agraviado, ya que obligó a su patrocinado a ingresar a su domicilio con el objetivo de asesinarlo.

4.2. No se tuvo en cuenta que el quince de diciembre de dos mil dieciséis, al agraviado atentó contra su vida mediante un disparo de arma de fuego en la parte de la ingle, lo que se corroboró con la denuncia que interpuso ante la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de El Agustino.

4.3. Se valoró indebidamente la prueba actuada en juicio, puesto que la Sala Superior absolvió a sus coacusados por insuficiencia de pruebas y por existir contradicciones en los testigos; mientras que, en su caso, el mismo caudal probatorio sirvió para dar por acreditada su responsabilidad penal. Además, no se citó a juicio, a los testigos Alexis Joyo Ureta y Anthony Torre Ureta, cuya presencia era necesaria para que aclaren las contradicciones incurridas en sus declaraciones previas.

4.4. En cuanto a la pena, no se valoró que su patrocinado, desde un inicio del proceso, se declaró convicto y confeso de los hechos que se le imputaron, lo que contravino lo establecido en el Acuerdo Plenario N.° 05-2008/CJ-116 y el artículo 136 del C de PP, referidos a los alcances de la conclusión anticipada y a la confesión sincera, respectivamente. Por tanto, ameritaba una reducción de la pena por debajo del mínimo legal.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

Quinto. En el presente caso, no existe controversia con relación a la muerte de Luis Odilio Torre Ureta, pues el acusado, en sus declaraciones a nivel preliminar con presencia del fiscal y de su abogado defensor, instrucción y juicio oral (fojas 225, 559 y 983, respectivamente) sostuvo que dio muerte al agraviado, pero lo hizo en defensa propia, pues este lo intentó asesinar.

Por tanto, corresponde determinar si en su accionar actuó bajo la causa de justificación de legítima defensa, esto es, si concurrieron los tres elementos previstos en el inciso 3, artículo 20, del CP, que permitan llegar a la conclusión de que su conducta no es antijurídica, y como tal exenta de responsabilidad penal.

Sexto. El referido dispositivo desarrolla el mandato constitucional consagrado en el inciso 23, artículo 2, de la Constitución Política. Requiere que medie agresión ilegítima; necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y falta, por quien se defiende, de provocación suficiente al agresor.

Séptimo. En cuanto a la agresión, debe ser actual o en desarrollo, siempre que denote la decisión irrevocable del atacante de dar comienzo a la agresión ilegítima, pues debe atacar un bien o interés jurídico reconocido y real. Sobre la necesidad de la defensa, es la afectación de los bienes jurídicos del agresor, la cual debe ser racional o idónea, esto es, que represente el medio menos perjudicial, para lo cual deben tenerse en cuenta las circunstancias del hecho. Y en cuanto a la falta de provocación suficiente, refiere a una acción u omisión anterior que haga previsible la agresión2.

Octavo. En ese contexto, la tesis defensiva alegada por el sentenciado a lo largo del proceso consistió esencialmente en que el día de los hechos se dirigió hasta la pista nueva del cerro 28 de Julio, ubicado en el asentamiento humano 7 de Octubre, en el distrito de El Agustino, para comprar droga, y luego se dirigió hasta su casa ubicada en la segunda zona del citado lugar para consumirla y se agotó, es por eso que al promediar las diecinueve horas salió nuevamente a comprar más, justo a un lugar cercano de la casa del agraviado Luis Odilio Torre Ureta. En esas circunstancias, sintió que lo acogotaron y escuchó que le mentaron la madre, momento en que se percató que se trataba del agraviado quien le apuntó con una pistola y a la fuerza lo hizo ingresar a su casa donde forcejearon y con esa arma le disparó en defensa propia.

Noveno. Este Supremo Tribunal comparte la posición de la Sala Superior, que desestimó la tesis de la legítima defensa, con base en:

9.1. Las declaraciones a nivel preliminar, con presencia del fiscal, instrucción y juicio oral, de los testigos Luis Andrea Unocc Quispe (fojas 205, 601 y 1063) y Flor Magaly Pariona Ureta (fojas 196, 741 y 1104); y las declaraciones a nivel policial, con presencia del fiscal y de instrucción de los testigos Alexis Junior Joyo Ureta (fojas 232 y 590) y Anthony Javier Torre Ureta (fojas 215 y 735), oralizadas en juicio oral, coincidieron en afirmar que el recurrente fue uno de los sujetos que llegó intempestivamente al domicilio del agraviado cuando este realizaba labores de pintado, y le disparó cuando intentó huir; él se encontraba desprotegido, sin posibilidades de defenderse.

9.2. Ese relato se corrobora con la trayectoria de las balas, detalladas en el Informe Pericial de Necropsia Médico Legal N.° 167-2017 (foja 830) ratificado en juicio oral por los peritos César Andrés Tejada Valdivia y Andrés Eduardo Castro Flores, quienes afirmaron que los proyectiles de bala ingresaron por la espalda; es decir, de atrás hacia delante.

9.3. Se acreditó que con anterioridad a los hechos, el agraviado sostuvo altercados con el sentenciado y su familia. Uno de ellos ocurrió cuando el agraviado agredió físicamente al coacusado Charlie Daniel Aguirre Ureta, porque este agredió a su hermano Alexis Junior Joyo Ureta, bajo el motivo de que sostuvo una supuesta infidelidad con su conviviente, por lo que Joel Aguirre Ureta, como una forma de venganza, conjuntamente con su madre Jesús Veatrís Ureta, y sus hermanos Joel y Dayro Aguirre Ureta, golpearon al agraviado, lo que motivó que este interponga una denuncia.

9.4. Por su parte, los coacusados Dayro Aguirre Ureta, Charlie Daniel Aguirre Ureta, Jesús Veatrís Ureta Solís y Luis Alberto Chiroque Infante, a nivel de instrucción (fojas 622, 617, 604 y 627) y juicio oral (fojas 991, 1038, 990 y 1039), coincidieron en aceptar que entre el acusado y el agraviado ocurrieron los problemas descritos, en los cuales ellos también se vieron involucrados, y reiteraron que la causa fue la supuesta infidelidad, pues Alexis Junior Joyo Ureta, hermano del agraviado, mantuvo una relación de infidelidad con la conviviente de Charlie Daniel Aguirre Ureta, hermano del acusado.

Décimo. En relación con lo que es materia de este punto, el sentenciado aceptó que tuvo una relación familiar conflictiva con el agraviado, lo cual evidencia que el móvil por el cual lo asesinó fue la venganza.

Así, en su declaración preliminar, aceptó los problemas que se suscitaron con motivo de la relación sentimental de infidelidad anotada. También que le disparó al agraviado, pues quince días antes de los hechos, este, con sus demás familiares, provistos de pistolas, fueron hasta su casa en el distrito de El Agustino, y fue el agraviado quien golpeó a su mamá, su padrastro y su hermano Dayron, a quien le rompió la cabeza. Al día siguiente de esta agresión, el agraviado le disparó en la parte de la ingle, en presencia de sus amigos y vecinos; motivo por el cual lo denunció.

En su declaración instructiva (foja 559) brindó un relato similar, y en el plenario (foja 983) si bien en un inicio señaló que nunca tuvo problemas con el acusado; no obstante, en el desarrollo de la audiencia narró lo anotado.

Decimoprimero. En consecuencia, no se verificó la existencia de una agresión ilegítima, ya que no se acreditó que el agraviado lo haya agredido ilegítimamente; por el contrario, quedó acreditado que el día de los hechos, el recurrente, provisto de un arma de fuego, fue en busca del agraviado hasta su domicilio, lo persiguió al interior del mismo y le efectuó varios disparos por la espalda cuando este corría para escapar.

Similar situación se presenta con la falta provocación suficiente, pues quedó plenamente probado que fue el acusado Joel Aguirre Ureta quién inició la agresión, para lo cual incluso se trasladó desde la reunión en casa de su tía, en el distrito de Barrios Altos, hasta el domicilio del agraviado ubicado en el distrito de El Agustino, con el objetivo de asesinarlo.

Finalmente, como no se acreditó que el agraviado haya agredido al impugnante, carece de objeto analizar el presupuesto de la necesidad racional del medio empleado.

Decimosegundo. En atención a lo expuesto, se concluye que no se ha configurado la causa de justificación de legítima defensa; y, por tanto, no resulta de aplicación la eximente del inciso 3, artículo 20, del CP; así como tampoco la circunstancia de disminución de punibilidad respecto a una legítima defensa imperfecta, por no haberse cumplido mínimamente con dos de los presupuestos para que se pueda disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal.

Decimotercero. En cuanto a sus agravios, uno de ellos consistió en que se valoró indebidamente la prueba actuada en juicio, pues para sus coacusados fue insuficiente por existir contradicciones en los testigos; mientras que en su caso, ese mismo caudal probatorio sirvió para dar por acreditada su responsabilidad penal. Al respecto, este argumento refleja una incongruencia con su posición defensiva desplegada a lo largo del proceso, pues aceptó haber dado muerte al agraviado en legítima defensa; por ende, la valoración en relación con sus coacusados, no es la misma, ya que ellos negaron el hecho e, incluso, señalaron que no estuvieron presentes en el lugar donde ocurrió.

Decimocuarto. Otro de los agravios consistió en que no se citó a juicio, a los testigos Alexis Joyo Ureta y Anthony Torre Ureta, por ser necesario para que aclaren las contradicciones incurridas en sus declaraciones previas.

Los citados testigos fueron citados reiteradamente (fojas 1076, 1098, 1104 y 1122) y se dispuso su conducción compulsiva sin resultado favorable (fojas 1177, 1778 y 1190), es por ello que el fiscal superior desistió de su testimonio en juicio oral. No obstante, sus declaraciones brindadas a nivel preliminar y de instrucción fueron realizadas con intervención del fiscal y juez; respectivamente, y oralizadas en juicio oral. Por lo que constituyen elementos de prueba que sometidos al contradictorio, conforme con el inciso 1, artículo 262, del C de PP, tienen valor probatorio de cargo.

Decimoquinto. En consecuencia, se desestiman los agravios del recurrente. Por tanto, debe confirmarse la condena.

Decimosexto. Con relación a la determinación judicial de la pena, la pena abstracta para el delito de homicidio calificado es no menor de quince años de pena privativa de la libertad. El fiscal superior solicitó treinta y cinco años dada su condición de reincidente. La Sala Superior impuso esta pena, lo que a nuestro criterio es correcto, pues el sentenciado registra antecedentes penales por una condena a pena privativa de libertad efectiva de siete años.

Decimoséptimo. En ese aspecto, uno de los agravios de la defensa consistió en que no se tuvo en cuenta la confesión sincera ni la conformidad en juicio oral, que ameritaban una reducción por debajo del mínimo legal de la pena conminada.

Al respecto, se verifica que el sentenciado, en su instructiva (folio 559), se consideró inocente de la imputación formulada en su contra, y si bien aceptó haber dado muerte al agraviado, señaló que lo hizo en defensa propia, por lo que no cumple con los requisitos previstos en el artículo 160 del Código Procesal Penal, referido al valor de la confesión sincera, al no aceptar los cargos en sí, sino brindar una versión exculpatoria basado en una causa de justificación. En consecuencia, no fue sincera ni espontánea, ni cuenta con prueba que lo corrobore.

Con relación a la conformidad procesal, en la sesión de juicio oral (foja 983), en presencia de su abogado defensor Ángel Eduardo Artigada Sánchez, no aceptó acogerse al mecanismo procesal de la conclusión anticipada del juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley N.° 28122.

Decimoctavo. En atención a lo anotado, no resultaba aplicable la reducción punitiva por debajo del mínimo legal de la pena abstracta como pretende el recurrente, así como tampoco se aprecia alguna circunstancia de disminución con ese objetivo, motivos por los cuales se desestima ese agravio en este extremo y debe ratificarse la pena impuesta.

Decimonoveno. En lo que concierne a la reparación civil, el artículo 93 del CP, dispone que ella comprende: a) la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y b) la indemnización de los daños y perjuicios. Este concepto debe ser fijado al considerar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, para ello debe guardar correspondencia con el daño ocasionado a la agraviada.

En este caso, el fiscal superior solicitó el pago de setenta mil soles como reparación civil a favor de los herederos legales del agraviado, importe que fue impuesto por la Sala Superior, en atención al daño causado, que el agraviado dejó esposa e hijos menores que dependían de él; extremo de la sentencia que se encuentra motivado y no ha sido cuestionado con prueba que amerite su disminución, por lo que debe ratificarse en los mismos términos.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon: NO HABER NULIDAD en la sentencia del quince de junio de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Superior Descentralizada Transitoria de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, en el extremo que condenó a JOEL AGUIRRE URETA como autor del delito de homicidio calificado, en perjuicio de Luis Odilio Torre Ureta; y, como tal, le impuso treinta y cinco años de pena privativa de la libertad, y setenta mil soles como reparación civil, que deberá abonar a favor de los herederos legales del agraviado, con lo demás que contiene; y los devolvieron.

Intervino el juez supremo Castañeda Espinoza, por licencia del juez supremo Prado Saldarriaga.


1 Artículo modificado por el artículo 1, de la Ley N.º 30253, publicada el 24 de octubre de 2014.
2 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho penal. Parte general. Primera edición. Lima: Grijley, 2013, pp. 537-544.

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