Legítima defensa: Ausencia de agresión ilegítima y falta por quien se defiende de provocación suficiente al agresor.
20 abril, 2021
COLUSIÓN DESLEAL : Plazos de prescripción del particular en los delitos de función.
22 abril, 2021

Conclusión anticipada del juicio frente a prueba nueva ofrecida con fines de acción de revisión.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
REV. DE SENT. NCPP N.º 13-2019
LIMA

Conclusión anticipada del juicio frente a prueba nueva ofrecida con fines de acción de revisión

a. Ante la aceptación de los hechos objeto de acusación fiscal y concurriendo acuerdo con el Ministerio Público sobre la pena y reparación civil, sin mediar vicio de voluntad determinativo en el procesado para ello, lo cual motivara concluir con sentencia de conformidad, deviene en inocua la nulidad de la resolución que aprueba la liquidación de pensiones devengadas y que conmina al pago de alimentos bajo apremio de remitirse copias a la fiscalía, expedida por órgano judicial extra penal.

b. El nuevo medio de prueba – resolución Nº2 del Primer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima – presentado en aras de instar la revisión de una sentencia de conformidad, consentida; no posee aptitud en establecer la inocencia del encausado ni incide en el proceso penal al haberse adherido éste al mismo (Acuerdo Plenario Nª5-2008/CJ-116 del 18 de Julio de 2008 – fundamento 8ª).

SENTENCIA DE REVISIÓN

Lima, treinta de marzo de dos mil veintiuno

VISTOS: en audiencia pública con participación de la representante del Ministerio Público y la defensa, mediante el sistema de videoconferencia, la acción de revisión promovida por Luis Helmut Barrantes Navarro contra la sentencia del veintiséis de julio de dos mil dieciocho (foja 31 del cuaderno de debates), emitida por el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal – Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que falló aprobando la conclusión anticipada del juicio arribado entre el Ministerio Público y el procesado, además de declarar al accionante, como autor del delito contra la familia – omisión a la asistencia familiar – incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de Augusto Jesús Barrantes Zúñiga y Lys Esperanza Barrantes Zúñiga, representados por su madre Iris Susana Zúñiga Rivera; disponiéndose la reserva del fallo condenatorio por el término de dos años, quedando sujeto a reglas de conducta1; aunado a fijar la suma de S/ 2 000 (dos mil soles) por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente la señorita jueza suprema Torre Muñoz.

CONSIDERANDO

I. Itinerario de la demanda de revisión de sentencia

Primero. Mediante escrito del diez de enero de dos mil diecinueve (foja 1), el sentenciado Luis Helmut Barrantes Navarro presentó, ante la mesa de partes única de las Salas Penales de la Corte Suprema, demanda de revisión contra la sentencia de conformidad del veintiséis de julio de dos mil dieciocho (foja 31 del cuaderno de debates), expedida por el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal – Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que falló en los términos anotados en la parte expositiva de esta sentencia.

Segundo. Respecto al aludido escrito recayó el decreto del trece de junio de dos mil diecinueve (foja 30 del cuadernillo formado en esta Suprema Sala), fijándose fecha para la calificación de la demanda. Así, mediante auto del dieciocho de julio del mismo año (foja 32 del cuadernillo formado en esta Suprema Sala), se admitió a trámite la acción de revisión de sentencia promovida por el mencionado articulante, solicitándose el expediente principal y todos los actuados referidos al caso – Ejecutoria sobre revisión de sentencia NCPP Nº13-2019.

Tercero. Recibidos el expediente principal y cuaderno incidental, ambos atinentes al proceso penal signado bajo el número 831-2018, seguido contra el accionante, se fijó fecha para audiencia de revisión mediante decreto del veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno (foja 50 del cuadernillo formado en esta Suprema Sala). Instalada la audiencia, esta se desarrolló mediante el aplicativo Google Meet, con presencia fiscal y de la defensa del sentenciado. Una vez culminada, se produjo la deliberación en sesión secreta, a cuyo mérito, tras la votación respectiva, el estado de la causa es la de expedir sentencia, de conformidad con el artículo 443 – numeral 5 – parte in fine del Código Procesal Penal.

II. Sustento de la pretensión de la demanda de revisión de sentencia

Cuarto. El accionante Luis Helmut Barrantes Navarro, como sustento de su pretensión, alegó que llevado a cabo el proceso inmediato, con fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, el Juzgado Penal Unipersonal, emitió sentencia y lo declaró autor del delito contra la familia – omisión a la asistencia familiar – incumplimiento de obligación alimentaria, disponiendo la reserva del fallo condenatorio por el término de dos años, sujeto a reglas de conducta, entre las cuales se encuentra el pago de las pensiones devengadas ascendentes a S/ 90 108.28 (noventa mil ciento ocho soles con veintiocho céntimos), monto aprobado por resolución número 48 emitida por el Segundo Juzgado de Paz Letrado del Rímac.

Quinto. Sin embargo; con posterioridad a la emisión de la aludida sentencia, el Primer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, en apelación, mediante resolución número 2 del trece de noviembre de dos mil dieciocho, declaró nula la aludida resolución número 48 emitida por el Juzgado de Paz Letrado anteladamente indicado, que aprobaba la liquidación de pensiones devengadas y requería que dentro del tercer día de notificado el demandado, cumpla con el pago bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público; pieza presentada como prueba nueva no conocida durante el proceso penal y por ende no valorada, invocándose con ello “se suspenda la ejecución de la sentencia”.

III. Motivo de admisión de la demanda

Sexto. Como se estableció por este Supremo Tribunal en el fundamento jurídico quinto del auto de calificación de la demanda de revisión, el recurrente cumplió con señalar de modo específico la sentencia cuya revisión se pretende, indicándose el órgano jurisdiccional que la emitió; asimismo adjuntó la resolución que constituiría prueba nueva descubierta con posterioridad a la emisión de la sentencia penal condenatoria con capacidad de establecer la inocencia del condenado, cumpliendo con ello lo previsto por el artículo 439 – numeral 4 del Código Procesal Penal.

IV. Cuestiones previas

Séptimo. Antes de ingresar al análisis de fondo del asunto, para una mejor comprensión del caso, resulta pertinente detallar los antecedentes que generaron la sentencia de conformidad materia de revisión.

a) Datos del proceso seguido ante el Juzgado de Paz Letrado

• Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil cinco, Iris Susana Zúñiga Rivera formula ante el Juzgado de Paz Letrado del Rímac, demanda de alimentos contra su cónyuge el sentenciado Luis Helmut Barrantes Navarro; ello en representación de sus menores hijos Liz Esperanza Barrantes Zúñiga y Augusto Jesús Barrantes Zúñiga.

• Mediante Resolución número 01 del veintinueve de noviembre de dos mil cinco, el órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda sobre alimentos vía proceso único, corriendo traslado del mismo al demandado por el término improrrogable de cinco días.

• Mediante Resolución número 03 del treinta de enero de dos mil seis, al no haberse contestado la demanda en el término de ley pese a estar debidamente notificado la parte demandada, se declaró “téngase por contestada la demanda en rebeldía (…)”, citándose a la audiencia de saneamiento y conciliación.

• Llevada a cabo el nueve de marzo de dos mil seis, la audiencia de saneamiento, conciliación, prueba y sentencia con la presencia de las partes procesales, se emitió la Resolución número 04 que declaró saneado el proceso, pasando luego a instar la conciliación, circunstancia en la cual el demandado se comprometió a acudir a favor de sus menores hijos con una pensión alimenticia mensual y adelantada ascendente al 60% del “total de ingresos mensuales que por todo concepto perciba, incluidas bonificaciones, gratificaciones, escolaridad, gasolina y demás beneficios que pudieren corresponderle”, en proporción del 30% de dicho concepto a cada uno de los alimentistas (dos menores hijos).

• Culminada esta etapa, en la misma audiencia se emitió la Resolución número 05, aprobando la conciliación arribada entre las partes, haciéndoles conocer tener esta el carácter de sentencia con calidad de cosa juzgada.

• A posteriori, el dieciocho de octubre de do mil diecisiete, Iris Susana Zúñiga Rivera, presenta un escrito “proponiendo” una liquidación de pensiones alimenticias devengadas, tomando en cuenta el porcentaje acordado en la conciliación, respecto al periodo marzo de dos mil quince a enero de dos mil diecisiete, y de abril a junio de dos mil diecisiete. El monto adeudado propuesto ascendía a: S/ 167 508.28 (ciento sesenta y siete mil quinientos ocho soles con veintiocho céntimos).

• Dicha proposición de pensión alimenticia devengada, fue puesta a conocimiento del demandado por el plazo de dos días, mediante resolución número 46 del veinte de octubre de dos mil diecisiete.

• Como resultado de tal traslado, el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, Luis Helmut Barrantes Navarro, mediante escrito observó la propuesta de liquidación de pensiones devengadas, señalando lo siguiente: “(…) mediante el cuadro descriptivo que se observa a continuación y los voucher originales que se anexan al presente escrito, el demandado acredita que ha cumplido con realizar depósitos bancarios a la cuenta N° 04-044-483551 del Banco de La Nación, la misma que se encuentra a nombre de la demandante Iris Susana Zúñiga Rivera, por concepto de pensión de alimentos; sin embargo, la demandante faltando a la verdad, mediante escrito de fecha 13 de octubre del 2017, propone una liquidación de pensiones devengadas señalando que no existe pagos a cuenta por parte del demandado, hecho completamente falso, conducta que el juzgador deberá considerar durante el proceso”; acotando además que el monto depositado asciende a la suma de S/ 77 400.00 (setenta y siete mil cuatrocientos soles). Por dicho motivo, observó la propuesta de liquidación de la demandante.

• Mediante Resolución número 47 del diez de noviembre de dos mil diecisiete, el Juzgado de Paz Letrado del Rímac, dispuso correr traslado la observación a la parte demandante por el término de tres días.

• Así, mediante escrito del veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, Iris Susana Zúñiga Rivera, al amparo del artículo 330 del Código Procesal Civil, aceptó la observación efectuada por el demandado, allanándose y solicitando se apruebe la liquidación de las pensiones devengadas en la suma de S/ 90, 108.28 (noventa mil ciento ocho soles con veintiocho céntimos); asimismo pidió se requiera al demandado cumpla con pagar el citado monto bajo apercibimiento de remitirse copias a la Fiscalía para que procedan a denunciarlo por delito de omisión a la asistencia familiar; legalizando su firma ante el secretario del juzgado, por el “allanamiento a la observación”.

• En atención al artículo 333 del aludido cuerpo legal, el Juzgado de Paz Letrado emitió la resolución número 48 del treinta de noviembre de dos mil diecisiete, resolviendo “tener a la demandante por ALLANADA A LA OBSERVACIÓN formulada por el demandado mediante escrito de fecha de recepción ocho de noviembre de 2017; en consecuencia, por APROBADA la liquidación de pensiones alimenticias devengadas presentada por la actora (…) en la suma de NOVENTA MIL CIENTO OCHO SOLES CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS y REQUIÉRASE a la parte demandada para que dentro del tercero día de notificado cumpla con su pago, bajo apercibimiento de remitirse copias debidamente autenticadas de los actuados pertinentes al señor representante del Ministerio Público a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones, notificándose en su domicilio real y procesal” (sic).

• Dicha resolución fue notificada; por ende, el veintidós de enero de dos mil dieciocho, la demandante Iris Susana Zúñiga Rivera, solicitó al Juzgado de Paz Letrado del Rímac, se haga efectivo el apercibimiento decretado y se remita copias certificadas al Ministerio Público a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.

• Por resolución número 53 del veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el Juzgado de Paz Letrado, teniendo en cuenta que el demandado no había cumplido estrictamente con el requerimiento contenido en la Resolución número 48 dentro del término conferido; haciéndose efectivo el apercibimiento decretado, de conformidad con el artículo 566 del Código Procesal Civil, resolvió: “REMITIR copias debidamente autenticadas de las piezas procesales pertinentes al señor representante del Ministerio Público para que proceda con arreglo a sus atribuciones”. Dicha resolución fue notificado al demandado en el citado proceso.

b) Antecedentes del proceso penal

• Remitidas las piezas principales del proceso antes referido, el Ministerio Público, formula requerimiento de proceso inmediato el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, contra de Luis Helmut Barrantes Navarro como presunto autor del delito contra la familia – omisión de asistencia familiar – incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de sus hijos Lys Esperanza Barrantes Zúñiga y Augusto Jesús Barrantes Zúñiga.

• Así, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, mediante Resolución número 01 del diecinueve de abril de dos mil dieciocho, citó a audiencia de incoación del proceso inmediato para el día siete de junio de dos mil dieciocho.

• El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, Luis Helmut Barrantes Navarro, nombró abogado y señaló domicilio procesal.

• Realizada la audiencia única de incoación del proceso inmediato, se emitió la resolución número 03 del siete de junio de dos mil dieciocho, declarando infundada la oposición formulada por la defensa del encausado y en consecuencia, procedente el requerimiento de incoación del proceso en ciernes solicitado por el Ministerio Público, disponiéndose se formule acusación en el plazo de ley, dictándose comparecencia simple al recurrente.

• El ocho de junio de dos mil dieciocho, la fiscalía formuló requerimiento acusatorio contra Luis Helmut Barrantes Navarro, por el delito en comento, proponiendo se le imponga dos años de pena privativa de libertad, así como el pago de S/ 1 000 (mil soles) por concepto de reparación civil, además de cumplirse con el abono total de la liquidación ordenada por el Segundo Juzgado de Paz Letrado del Rímac.

• Mediante Resolución número 01 del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima, citó a juicio inmediato.

• Arribado el día, con presencia de las partes procesales, se dictó el auto de enjuiciamiento, admitiendo la prueba ofrecida por el Ministerio Público, entre otros, la resolución N° 48 del treinta de noviembre de dos mil diecisiete.

• Luego de culminado los alegatos de apertura, la Juez procedió a instruir sobre los derechos que le asisten al acusado, preguntándosele si admitía ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil; quien luego de consultar con su abogada, manifestó aceptar responsabilidad, deseando conferenciar con el Ministerio Público, lo cual se materializó; es así como, la fiscalía dio a conocer el acuerdo arribado con Barrantes Navarro y su defensora respecto a la pena y reparación civil .

• Seguidamente se dictó sentencia de conformidad el veintiséis de julio de dos mil dieciocho, aprobando la conclusión anticipada del juicio arribado entre el Ministerio Público y el procesado, además de declarar al accionante, como autor del delito contra la familia – omisión a la asistencia familiar – incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de Augusto Jesús Barrantes Zúñiga y Lys Esperanza Barrantes Zúñiga, representados por su madre Iris Susana Zúñiga Rivera; disponiéndose la reserva del fallo condenatorio por el término de dos años, quedando sujeto a reglas de conducta; aunado a fijar la suma de S/. 2 000 (dos mil soles) por concepto de reparación civil, entre otros extremos.

• Emitida la sentencia, el encausado y su defensa estuvieron conformes con la misma, así como la parte agraviada y el Ministerio Público, emitiéndose la Resolución número 05 de la antes aludida fecha, resolviéndose declarar consentida la citada resolución judicial.

c) Hechos objeto de conformidad procesal

El accionante Luis Helmut Barrantes Navarro, se sometió a los alcances de la conclusión anticipada del juicio, reconociendo así su responsabilidad en la comisión del delito objeto de acusación fiscal. En virtud de ello, se dictó sentencia de conformidad (foja 31 del cuaderno de debates), mediante la cual se le condenó como autor del delito contra la familia-omisión a la asistencia familiar- incumplimiento de obligación alimentaria. En este contexto, reconoció los siguientes hechos:

“ (…)el Juzgado [de Paz Letrado del Rímac] mediante Sentencia ordenó al denunciado que pague la suma del 60% del total de sus ingresos mensuales que por todo concepto perciba –correspondiendo el 30% para cada uno de sus hijos– por concepto de pensión alimenticia (…); sin embargo, Luis Barrantes no cumplió con abonar dicha mensualidad. Es así que ante este incumplimiento de prestación alimentaria, hizo que mediante resolución N° 48 (…) de fecha 30 de noviembre del año 2017, el Juzgado apruebe la liquidación de pensiones devengadas en la suma de S/ 90,108.28 nuevos soles correspondiente al periodo comprendido entre marzo de 2015 hasta junio de 2017, asimismo, se dispuso requerir al denunciado para que cumpla con efectuar el pago respectivo dentro del tercer día, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente, y pese haber sido debidamente notificado dicha resolución, conforme se aprecia de los cargos de notificación (…), el denunciado hizo caso omiso a dicho requerimiento, por lo que el juzgado hizo efectivo el apercibimiento, remitiendo copias certificadas a la Fiscalía Provincial Penal de Lima a fin de proceder con las atribuciones, (…); por lo que se concluye que el denunciado ha incumplido dolosamente con su obligación de abonar las pensiones devengadas a favor de sus hijos.”

V. Análisis de fondo

Octavo. La singularidad de este caso, radica en que la acción de revisión recae sobre una sentencia de conformidad, expedida con motivo del acogimiento por el recurrente, previa consulta con su defensora, a la conclusión anticipada del juicio, aceptando así consciente y voluntariamente los hechos materia de incriminación, además de haberse materializado acuerdo con la titular de la acción penal sobre la pena y reparación civil, lo cual denota conocimiento y entendimiento sobre los efectos de su decisión ante la autoridad judicial competente.

Noveno. Es de recordar, como ya se tiene establecido en el Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116 del dieciocho de julio de dos mil ocho, en su fundamento octavo, que; la institución de la conformidad, estriba en el reconocimiento del principio de adhesión en el proceso penal, con el objeto de su pronta culminación a través de un acto unilateral del encausado y su defensa en reconocer los hechos objeto de incriminación, concretados en el requerimiento acusatorio, aceptando las consecuencias jurídicas penales y civiles correspondientes; es más, converge como acto unilateral de disposición sobre la pretensión claramente formalizada por el acusado y su defensa, esto es, con doble garantía, lo cual importa renunciar a la actuación de pruebas y al derecho a un juicio público; convergiendo en suma en acto de disposición del propio proceso que incluye al contenido jurídico material de la sentencia, al convenir desde ya con la misma; la cual en el sub materia se pretende mediante la acción de revisión declararla sin valor.

Décimo. Es de tener en cuenta que al acudir ante el Supremo Tribunal se invocó la causal prevista en el numeral 4 del artículo 439 del Código Procesal Penal, la cual exige descubrir con posterioridad a la sentencia medios de prueba, no conocidos durante el proceso, que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado.

Decimoprimero. La causal enunciada implica verificar – en este caso – si el medio de prueba reputado como nuevo, satisface los siguientes imperativos: i) temporalidad: que se descubra con posterioridad a la sentencia y se refiera a las circunstancias acaecidas antes y durante el hecho que fue materia de juzgamiento; ii) oportunidad: que no sea conocido durante el proceso, y iii) trascendencia: que solo o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado2; es así como, la nueva prueba debe ser capaz de enervar un fallo judicial condenatorio – con autoridad de cosa juzgada – lo suficientemente idóneo para cumplir su finalidad.

Decimosegundo. En este caso, como nuevo medio de prueba el sentenciado presentó copia certificada de la resolución número 2 del trece de noviembre de dos mil dieciocho” emitida por el Primer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde se resolvió declarar: “nula la Resolución nª 48 (…) que aprueba la liquidación de pensiones devengadas por la suma de S/ 90, 108.28, en consecuencia se requiere al demandado para que dentro del tercer día cumpla con el pago de alimentos, bajo apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público. Debiendo el Juez emitir nueva decisión, teniendo en cuenta los razonamientos antes desarrollados (…)”.

Decimotercero. En cuanto al parámetro de trascendencia señalado en el decimoprimer considerando de esta ejecutoria, debemos indicar encontrarnos ante una sentencia de conformidad emitida luego de que el accionante se acogiera a la conclusión anticipada del juicio; implicando ello, haber renunciado a la actuación de pruebas y al derecho a un juicio público, logrando obtener sentencia penal con reserva de fallo condenatorio, esto es, no media condena contra Luis Helmut Barrantes Navarro.

Decimocuarto. Esta situación, conlleva que los fundamentos de hecho o juicio histórico de la sentencia, no se hayan formado como resultado de la valoración de la prueba, sino fueron presentados a la autoridad judicial mediante el requerimiento acusatorio, al cual se allanara tanto el recurrente como su defensa en tal extremo; vinculando así al Tribunal y a las partes3.

Decimoquinto. En este escenario, al encontrarnos ante una sentencia de conformidad, resulta trascendente constatar no obrar en autos elemento de juicio alguno acreditativo de que el procesado Barrantes Navarro tuvo vicio en su voluntad al momento de someterse a la conclusión anticipada del juicio y menos aún durante el acuerdo entablado con el Ministerio Público sobre su pena y reparación civil; por el contrario, trasciende que procedió en plena libertad, voluntariedad –sin vicios del consentimiento–, capacidad –sin capacidades intelectivas limitadas– y con conocimiento racional e informado de la naturaleza y efectos de su decisión4.

Decimosexto. Para la estimación de la causal invocada vía acción de revisión de sentencia, el nuevo medio de prueba, en casos de conclusión anticipada, debe estar orientado a constatar el estado de la voluntad y capacidad del sujeto agente al momento de someterse a tal opción procesal, al devenir en inocua la nulidad de la resolución que aprueba la liquidación de pensiones devengadas y que conmina al pago de alimentos bajo apremio de remitirse copias a la fiscalía, expedida por órgano judicial extra penal, al pre-existir adhesión voluntaria del encausado al proceso penal; es más, la revisión –en tanto medio de rescisión de sentencias firmes– no puede ser sustentada en la existencia de nulidades procesales en la sentencia o en el procedimiento que la precedió5.

Decimosétimo. En efecto, en el caso concreto, la capacidad intelectiva del accionante no estuvo rescindida, tiene estudios superiores completos y de ocupación consultor en ingeniería civil, conforme a los datos contenidos en el acta de registro de audiencia de juicio inmediato (foja 40 del cuaderno de debate). Cabe resaltar que la señora juez de la causa penal, luego de culminado los alegatos de apertura, preguntó al encartado si llegó a entender los hechos materia de acusación, respondiendo éste afirmativamente, y de igual forma cuando se le hizo saber sus derechos.

Decimoctavo. Como se puede apreciar, la aceptación de los cargos y su consecuencia jurídica fue consciente y voluntaria; incluso, la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, no fue materia de impugnación. Esto es, el accionante era consciente de no haber cumplido con pagar la pensión alimenticia a favor de sus hijos; en ese orden de ideas, el concebido como nuevo medio de prueba – resolución Nº2 del Primer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima -, no posee aptitud en establecer la inocencia del encausado ni incide en el proceso penal al haberse adherido éste al mismo; conllevando a desestimar la demanda de revisión.

VI. Costas procesales

Decimonoveno. El artículo 504° numeral 2 concordante con el numeral 1 del artículo 497º del Código Procesal Penal, establece como regla el abono de costas ante toda decisión que ponga fin al proceso penal o la que resuelva un incidente de ejecución, coherente con el artículo 488 – numeral 1 del corpus legal antes invocado, aplicable al sub materia; ameritando ello que estas deban ser abonadas por quien promovió la demanda sin éxito, ciñéndose al procedimiento previsto por el artículo 506 del Código Procesal Penal, correspondiendo así su liquidación a Secretaría de esta Sala Penal Suprema.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON INFUNDADA la acción de revisión de sentencia promovida por el procesado Luis Helmut Barrantes Navarro contra la sentencia del veintiseis de julio de dos mil dieciocho que falló aprobando la conclusión anticipada del juicio arribado entre el Ministerio Público y el antes mencionado, además de declararlo como autor del delito contra la familia – omisión a la asistencia familiar – incumplimiento de obligación alimentaria, en agravio de Augusto Jesús Barrantes Zúñiga y Lys Esperanza Barrantes Zúñiga, representados por su madre Iris Susana Zúñiga Rivera; disponiéndose la reserva del fallo condenatorio por el término de dos años, quedando sujeto a reglas de conducta; aunado a fijarle la suma de S/ 2 000 (dos mil soles) por concepto de reparación civil; con lo demás que contiene.

II. CONDENARON al accionante al pago de las costas procesales correspondientes y ORDENARON su liquidación a Secretaría de esta Sala Penal Suprema.

III. MANDARON que Secretaría retorne el expediente principal con todos los actuados correspondientes a este caso, al órgano judicial de origen.

IV. DISPUSIERON el archivo del cuaderno de revisión de sentencia en esta Corte Suprema. Hágase saber.


1 Entre las cuales se le fijó cumplir con el pago de la reparación civil conforme fuera acordado, así como cumplir con las pensiones devengadas ascendentes a S/ 90, 108.20 (noventa mil ciento ocho soles con veinte céntimos), cuya forma de pago se determinó como sigue: S/ 15, 000 (quince mil soles) en el mes de agosto de 2018; S/ 15, 000 (quince mil soles) en el mes de diciembre de 2018; S/ 20, 000 (veinte mil soles) en el mes de abril de 2019; S/ 20, 000 (veinte mil soles) en el mes de agosto de 2019; y S/ 20,108.20 (veinte mil ciento ocho soles con veinte céntimos) en el mes de diciembre de 2019, el último día hábil de los referidos meses; bajo apercibimiento de aplicársele el artículo 65 del Código Penal en caso de incumplimiento al pago de la segunda cuota.
2 Sala Penal Permanente, revisión de sentencia N° 248-2018-Lima, del doce de diciembre de dos mil diecinueve, fundamento jurídico número 2.1. del rubro “análisis jurisdiccional”.
3 Acuerdo Plenario número 5-2008/CJ-116, del dieciocho de julio de dos mil ocho, segundo párrafo del fundamento jurídico décimo.
4 Acuerdo Plenario número 5-2008/CJ-116, del dieciocho de julio de dos mil ocho, tercer párrafo del fundamento jurídico noveno
5 César San Martín Castro. Derecho Procesal Pena, Lecciones. Editorial INPECCP. Lima, año 2015. Pág. 759.

Pin It on Pinterest