Conclusión anticipada del juicio frente a prueba nueva ofrecida con fines de acción de revisión.
21 abril, 2021
Causal de exclusión de tipicidad del delito de peculado.
23 abril, 2021

COLUSIÓN DESLEAL : Plazos de prescripción del particular en los delitos de función.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 575-2018
LIMA

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

La Constitución y las leyes penales en materia de prescripción aplicables al caso, permiten declarar prescrita la acción penal a favor de Guillermo Santiago Zariquiey Guillot.

Lima, quince de diciembre de dos mil veinte

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el representante del Ministerio Público y la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios contra la sentencia del siete de diciembre de dos mil diecisiete que –entre otros–, absolvió a Guillermo Santiago Zariquiey Guillot como cómplice primario del delito contra la Administración Pública, colusión desleal, en perjuicio del Estado peruano, Ejército del Perú.

Intervino como ponente la jueza suprema AQUIZE DÍAZ.

CONSIDERANDO

PRIMERO. ANTECEDENTE DE RELEVANCIA

Mediante ejecutoria suprema del siete de mayo de dos mil diecinueve (folio 42 del cuadernillo formado a esta instancia) se declaró no haber nulidad en la sentencia impugnada en el extremo que absolvió a Guillermo Santiago Zariquiey Guillot como autor del delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica, en perjuicio del Estado, precisándose que esta procedió debido a que se configura un escenario de concurso de leyes penales entre este y el delito de colusión, razón por la cual el primero es absorbido por el delito fin que constituye la colusión. Se trató de una decisión que no abordó el análisis de los agravios, por lo que estamos habilitados a hacerlo.

SEGUNDO. HECHOS OBJETO DEL PROCESO PENAL

Se han emitido hasta tres dictámenes (folio 1133, 1170 y 1199, los dos últimos complementarios), de los cuales se desprende lo siguiente:

El procesado Guillermo Santiago Zariquiey Guillot, en su condición de gerente general y representante de la empresa DEKADA INVERSIONES S.A., durante el año mil novecientos noventa y siete, se habría coludido con el procesado Nicolás de Bari Hermoza Ríos en su condición de Comandante General del Ejército Peruano y Presidente del Comité Económico del Ejército (para quien el proceso está reservado), prestando su colaboración necesaria para que su representada se vea favorecida en la contratación directa para la adquisición de material y equipos de seguridad o cifradores de haz de satélite vendidas por su empresa para la Jefatura de Comunicaciones del Ejército (JCOME), por el monto de 321 700.00 dólares americanos; contratación que se efectuó sin convocar al Comité de Adquisiciones ni recomendar su conformación; no se efectuó el certificado financiero que acredite que la adquisición se ejecutó con el Presupuesto de Emergencia del año mil novecientos noventa y siete, no se gestionó ante la Contraloría General de la República el informe para que esta contratación sea considerada como “secreto militar” y esté exonerada de los procesos de contratación pública como se advierte del Oficio 282/GEK1/20.04.e.

También en esta adquisición se simuló haberse llevado la licitación privada 02-116/JEMGE/JCOME (folio 660), así como el documento denominado Bases Administrativas (folio 499); sin embargo, dicho proceso no se llevó a cabo.

Hechos que son corroborados con lo informado mediante Oficio 3069/I- 8/SDTD/DINFE (folio 659), Oficio 158-T2 (folio 665), Informe 081-2008/SASP- ECC de la Procuraduría Pública Ad Hoc del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (folio 683), de donde se desprende que el expediente administrativo de la Licitación Privada 02- 97/SCOME, no existe, ocasionando un perjuicio al Estado.

TERCERO. IMPUTACIÓN JURÍDICA

Atendiendo a la fecha de los hechos, la ley penal aplicable al presente caso es la vigente mediante el artículo 2 de la Ley N.° 267131, cuyo texto precisa:

Artículo 384. El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años.

Cabe precisar que el título de imputación atribuido es la de cómplice primario, en los términos del artículo 25 del Código Penal.

CUARTO. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE NULIDAD

4.1. La Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción fundamenta su recurso de nulidad (folio 2220) alegando, en síntesis, que se han omitido valorar diversos medios probatorios y que la prueba actuada en juzgamiento permite acreditar la responsabilidad penal del acusado a título de cómplice del delito de colusión.

4.2. Por su parte, el representante del Ministerio Público (folio 2244) sostiene, en síntesis, que la sentencia de primera instancia vulnera el derecho a la prueba por falta de motivación, y realiza una valoración aislada o individual de la prueba.

QUINTO. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

5.1. La prescripción es una institución que establece límites temporales al Estado no solo para acción de persecución del delito (prescripción ordinaria), sino también para el juzgamiento del mismo (prescripción extraordinaria).

5.2. Sobre el fundamento de la misma, el Tribunal Constitucional en la sentencia N.° 02407-2011 PHC/TC, explica:

Dicho de otro modo, en una Norma Fundamental inspirada en el principio pro homine, la ley penal material otorga a la acción penal una función preventiva y resocializadora, en la cual el Estado autolimita su potestad punitiva; orientación que se funda en la necesidad de que, pasado cierto tiempo, se elimine toda incertidumbre jurídica y se abandone el castigo de quien lleva mucho tiempo viviendo honradamente, consagrando de esta manera el principio de seguridad jurídica.

5.3. Es una institución que, de configurarse, adquiere la calidad de cosa juzgada, tal y como lo señala en numeral 3, del artículo 139, de la Constitución Política.

5.4. El Código Penal la recoge y establece las pautas de su configuración, considerándola una causa de extinción de la acción penal en el artículo 78; fija los plazos de la acción, de inicio de su cómputo, suspensión e interrupción, de reducción excepcional, entre otros.

5.5. Desde la perspectiva procesal, se postula como medio técnico de defensa, lo que hace posible que sea planteada en cualquier estado del proceso e incluso sea advertida de oficio, tal como se regula en el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales.

SEXTO. PRESCRIPCIÓN EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

6.1. El legislador, atendiendo al valor que constituye la administración pública como bien jurídico, decidió, en el artículo 41 de la Constitución Política, imponer la dúplica del plazo de prescripción cuando el delito se cometa en perjuicio del Estado. Esto obligó a que mediante Ley N.° 26314 del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, se incorpore al artículo 80 del Código Penal el siguiente texto:

En casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por éste, el plazo de prescripción se duplica.

6.2. En el año dos mil trece, mediante Ley N.° 30077 del veinte de agosto, se incorporó al texto previamente señalado (con efectos desde el uno de julio de dos mil catorce) la dúplica del plazo cuando el delito sea cometido por una organización criminal.

6.3. Como parte de la política pública de lucha contra la corrupción, el legislador, con fundamento sobrecriminalizador, decidió endurecer los plazos de prescripción, modificando el artículo 41 de la Constitución Política mediante Ley N.° 30650 del veinte de agosto de dos mil diecisiete, en los siguientes términos:

El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la Administración Pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad.

6.4. En paralelo a la evolución legislativa, esta Corte Suprema emitió pronunciamientos interpretativos:

a. El Acuerdo Plenario N.° 1-2010/CJ-116: Prescripción, problemas actuales, que –entre otros– delimitó la duplicidad de la prescripción a un escenario en el cual exista relación funcional entre el agente infractor especial y el patrimonio del Estado, quien además debe estar en una posición que le permita ejercer actos de administración, percepción o custodia de bienes, actos que incluso pueden nacer de una disposición verbal (fundamento jurídico quince).

b. Posteriormente, en el año dos mil once, el Acuerdo Plenario N.° 2- 2011/CJ-116: Alcances de la prescripción en delitos funcionariales, propiciado por el fundamento dogmático del delito de infracción de deber y el análisis sistemático de la prescripción2, concluyendo que no se debe aplicar la duplicidad del plazo de prescripción al no ostentar el particular la obligación especial.

6.5. Importante es precisar que los acuerdos señalados se emitieron antes de la última reforma constitucional al artículo 41 a través de la Ley N.° 30650, del veinte de agosto de dos mil diecisiete.

SÉPTIMO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

7.1. La calificación jurídica de un comportamiento que se presume ilícito determina las reglas de tratamiento normativo aplicables en observancia del principio de legalidad (seguridad jurídica). El título de imputación es uno de estos aspectos.

7.2. El delito de colusión delimita la autoría al funcionario o servidor que aprovecha de su condición especial para concertar con un tercero y así defraudar al Estado. Solo al primero de los mencionados se le exige no quebrar el deber especial impuesto.

7.3. Si bien en la actualidad el tratamiento de la prescripción no distingue la condición del agente, lo es que a la fecha en que se cometió el delito en el presente caso no estaba vigente la dúplica del plazo de prescripción para el particular y, considerando que solo tiene efectos retroactivos la ley penal favorable, en el caso que nos ocupa la situación jurídica del particular será resuelta aplicando el plazo extraordinario sin dúplica.

7.4. Respetando el principio de congruencia o correlación entre acusación y sentencia, así como las condiciones de imputación del agente, corresponde señalar lo siguiente:

a. Los hechos se remontan al año mil novecientos noventa y siete, y considerando que el texto penal aplicable califica al delito como de resultado, el punto de partida para el inicio del plazo de prescripción será al momento en que se defraudó al Estado, esto es, con la celebración del contrato de compra venta celebrado el dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, entre el coronel Jorge Muñoz Wendorff en su condición de Jefe de Comunicaciones del Ejército y Guillermo Zariquiey Guillot, en su condición de director gerente de Dekada Inversiones S.A., con la finalidad de que este último, a través de la empresa en mención, esté obligado a una prestación, obligándose el Estado al pago de 321 700.00 dólares americanos (folio 673).

b. La pena máxima por el delito imputado es de quince años, en consecuencia, el plazo de prescripción extraordinario es de veintidós años y seis meses, el cual no se duplica porque el acusado no tiene condición especial.

c. De la revisión de autos tenemos que al acusado Guillermo Zariquiey Guillot se le abrió proceso penal el catorce de mayo de dos mil diez y se le dictó mandato de comparecencia con restricciones (folio 935). Posteriormente, elevados los autos a la Sala Superior al término de la instrucción, se da cuenta de que el acusado tuvo la condición de ausente hasta ese momento (folio 1273), por lo que ordenaron su captura a la par que dispusieron iniciar el primer juicio oral. Según se advierte del acta de audiencia del juicio que fue posteriormente declarado nulo (folio 1296), Guillermo Zariquiey Guillot se puso a derecho y levantaron las órdenes de captura en su contra. Hasta la culminación del juzgamiento acudió al mismo sin incidencia alguna.

Para el segundo juicio (que motiva el presente pronunciamiento), de la revisión de las actas advertimos que el procesado ha concurrido a todas las audiencias.

En resumen, el acusado no ha entorpecido el desarrollo de los juicios.

7.5. Considerando la información precisada, del dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete a la fecha han transcurrido en exceso veintidós años y seis meses, motivo por el cual el proceso penal seguido contra Guillermo Zariquiey Guillot se ha extinguido por el tiempo transcurrido y corresponde el archivo del mismo.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, con lo expuesto por la Fiscalía Suprema en lo Penal:

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia del siete de diciembre de dos mil diecisiete que –entre otros– absolvió a Guillermo Santiago Zariquiey Guillot como cómplice primario del delito contra la Administración Pública, colusión, en perjuicio del Estado, Ejército del Perú; REVOCARON la sentencia en mención y, reformándola, declararon de oficio PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL seguida en contra Guillermo Santiago Zariquiey Guillot por el delito de colusión desleal, en perjuicio del Estado.

II. ORDENARON el archivo de los actuados en el extremo de lo resuelto y se remitan estos a la Sala Superior de origen para los fines pertinentes.

III. DISPUSIERON se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas a esta instancia.


1 Publicada en el diario oficial El Peruano el veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis.
2 Antes de la incorporación del artículo 88- A del Código Penal mediante Ley N.° 30838 del cuatro de agosto de dos mil dieciocho.

DESCARGAR RESOLUCIÓN AQUÍ:

Pin It on Pinterest