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Causal de exclusión de tipicidad del delito de peculado.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
NULIDAD N ° 2386-2018
LIMA

CAUSAL DE EXCLUSIÓN DE TIPICIDAD DEL DELITO DE PECULADO DE USO

Se atribuye al sentenciado, en su rol de alcalde de la Municipalidad de Antioquia, haber permitido que durante los años dos mil cuatro al dos mil ocho, que su hijo usara con fines personales dos vehículos de propiedad de la citada Municipalidad, que estaban destinados al cumplimiento de actividades oficiales. La defensa sostuvo que dichos vehículos estaban destinados para uso personal, por razón de su cargo, sin embargo, no lo logró acreditar. Por el contrario, incluso si se hubiera verificado tal condición, el uso que le dio el hijo del sentenciado, excede la causal de exclusión de tipicidad del delito de peculado de uso, pues durante la utilización de los vehículos, se verificó que se cometieron infracciones administrativas y delitos, circunstancias que de ningún modo pueden ser amparadas legítimamente.

Lima, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado Ángel Videncio Mantari Ramos (folio 1064) contra la resolución del veinte de noviembre de dos mil dieciocho (folio 1042), que lo condenó como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso, en perjuicio del Estado, le impuso un año y cuatro meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo, sujeta a reglas de conducta, pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo o función pública por el mismo plazo de la condena y el pago de cinco mil soles por reparación civil a favor del Estado.

Intervino como ponente el juez supremo BALLADARES APARICIO.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

PRIMERO. Según el dictamen acusatorio (folio 207) y requisitoria oral (reverso de folio 1035):

1.1. Se atribuye a Ángel Videncio Mantari Ramos que en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Antioquia -en su mandato edil de dos mil tres a dos mil seis y de dos mil siete a dos mil diez-, permitió que su hijo Daniel Ángel Mantari Evangelista utilizara los vehículos de placa de rodaje números PGN-032 y PIA-099, de propiedad patrimonial de la referida Municipalidad, durante los años dos mil cuatro al dos mil ocho, para fines de uso personal. En consecuencia, el procesado consintió que se usaran los vehículos que estaban destinados al cumplimiento de las labores públicas y oficiales de la Municipalidad.

1.2. Estos hechos fueron tipificados por el representante del Ministerio Público como delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso, en perjuicio del Estado, previsto en el primer párrafo del artículo trescientos ochenta y ocho y cuatrocientos veintiséis del Código Penal, por lo que formuló acusación contra Ángel Videncio Mantari Ramos y solicitó se le imponga año y cuatro meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo, sujeta a reglas de conducta; pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo o función pública por el plazo de dos años y el pago de cinco mil soles por reparación civil.

FUNDAMENTOS DE LOS IMPUGNANTES

SEGUNDO. La defensa técnica del sentenciado Ángel Videncio Mantari Ramos, al fundamentar el recurso de nulidad propuesto (folio 1064), señaló lo siguiente:

2.1. La conducta atribuida es atípica, por cuanto los vehículos materia de imputación fueron destinados a su uso personal por su condición de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Antioquía, lo que se encontraría acreditado con las declaraciones juradas legalizadas de las personas que ejercieron como regidores durante los años dos mil siete al dos mil diez.

2.2. Se vulneró el derecho de defensa y debido proceso al no haber actuado los medios probatorios que acreditaban su tesis defensiva, pues pese a que el seis de noviembre de dos mil dieciocho presentó un escrito ofreciendo como testigos a los exregidores Clorinda Carmela Melo Pérez, Henrry Oswaldo Chávez Sava, Juan Percy Pérez Huaringa y Ada Mabel Pumayauli Huaringa, estos no fueron actuados.

FUNDAMENTOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

A. EL DELITO DE PECULADO DE USO

TERCERO. En la sección III, del título XVIII, del Código Penal -que regula los delitos contra la Administración Pública- se contempla el delito de peculado como categoría general, el cual comprende distintas clases de peculado entre ellos peculado propio e impropio o por extensión. A su vez, el primero de ellos se subdivide en peculado por apropiación, peculado por utilización o distracción genérica, peculado culposo, peculado por utilización o distracción específica, peculado por aplicación distinta o malversación, etc.1

Según el Acuerdo Plenario N.° 4-2005/CJ-1162 el peculado es un delito pluriofensivo, por lo que el bien jurídico tutelado abarca dos objetivos específicos merecedores de protección jurídico penal: i) Garantizar el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública; y ii) Evitar el abuso del poder de los funcionarios o servidores públicos que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad.

En ese sentido, este tipo penal protege la intangibilidad de los intereses patrimoniales del Estado y procura controlar los excesos de poder que los funcionarios puedan cometer en el ejercicio de su función al administrar caudales públicos3.

CUARTO. El delito de peculado de uso se encuentra previsto en el artículo trescientos ochenta y ocho del Código Penal, que a la fecha de los hechos disponía: “El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años […] No están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo”.

Este delito es conocido como peculado por distracción, haciendo alusión de tal modo al hecho de que el bien es distraído de su destino o empleado en usos distintos al oficial. Busca garantizar el normal desenvolvimiento de la administración pública y la buena imagen institucional, fundadas ambas en el hecho de la adecuada disponibilidad funcional de los bienes mencionados en el tipo penal, por parte de los sujetos públicos4.

4.1. En cuanto a los elementos objetivos del tipo penal se verifica que el sujeto activo es el funcionario o servidor público, sin embargo, el tipo no exige necesariamente una relación funcional estricta con los vehículos, máquinas e instrumentos del Estado, bastando en varios supuestos que se hallen destinados al servicio en el ámbito de competencia de los funcionarios o servidores5. De igual forma, se estableció en el ya citado Acuerdo Plenario, que para que un funcionario pueda ser considerado autor del delito de peculado, los recursos o caudales públicos no tienen que encontrarse necesariamente bajo su tenencia material directa. Por el contrario, lo que este exige es que el funcionario cuente con disponibilidad jurídica6. Mientras que, el sujeto pasivo es el Estado.

4.2. Respecto al comportamiento típico son tres los elementos materiales constitutivos del tipo penal: a) Usar o permitir el uso; el usar es un comportamiento activo en provecho o goce personal del sujeto activo o de terceros; mientras que permitir que otro use, está referido a que otro se aproveche del bien, supone un comportamiento omisivo imputable a los sujetos activos que dolosamente permiten (toleran, consienten, autorizan) el uso de dichos bienes por terceros; b) Bienes pertenecientes a la administración pública; esto es, vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento perteneciente a la administración pública o bajo su guarda que sean propiedad del Estado, de la administración pública en sentido amplio, o de particulares bajo la custodia de la administración pública; y c) fines ajenos al servicio; lo cual presupone la presencia de beneficio para el sujeto activo o para los terceros que resultan favorecidos7.

4.3. El tipo penal de peculado de uso prevé una causal de atipicidad, que se concreta cuando el funcionario o servidor público usa con fines personales los vehículos motorizados asignados por razón del cargo que ostenta.

B. SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO DE PECULADO DE USO

QUINTO. El Código Penal distingue de manera sistemática y funcional dos clases de plazos para la prescripción de la acción penal: i) plazo ordinario, previsto en el artículo ochenta, el cual corresponde al máximo de la pena conminada en la ley para el delito cometido; y, ii) plazo extraordinario, regulado en el último párrafo del artículo ochenta y tres, el cual vence cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad el plazo ordinario de prescripción.

Ahora bien, a las reglas descritas se suma la de dúplica del plazo de la prescripción cuando el delito es cometido por un funcionario o servidor público contra el patrimonio del Estado, ello en concordancia con el último párrafo de los artículos ochenta y cuarenta y uno del Código Penal y la Constitución Política del Perú, respectivamente. Esta disposición encuentra su justificación en que el ataque contra el patrimonio público es ejecutado por personas que integran la Administración Pública a las que se le confió el patrimonio, por lo que implica un mayor desvalor de la acción8.

SEXTO. Se advierte que, en el dictamen de la Fiscalía Suprema –folio 31 del cuadernillo formado a esta instancia– la imputación fáctica fue individualizada en cuatro acciones diferenciadas acorde a las fechas en las que se cometieron las infracciones de tránsito, que según relata son del veintiséis de marzo de dos mil cuatro, siete de abril de dos mil cinco y treinta de julio de dos mil ocho, en circunstancias que conducía el vehículo de placa de rodaje N.° PIA- 099; y, con fecha trece de septiembre de dos mil cinco cuando manejaba el vehículo de placa de rodaje N.° PGN-032, lo que se encuentra acreditado con los reportes emitidos por la Gerencia del Administrado del Servicio de Administración Tributaria.

Sobre estas premisas, el Fiscal Supremo concluye que en el caso de autos operaría un concurso real homogéneo del delito de peculado de uso, por tanto, al compulsar el tiempo transcurrido, los hechos ocurridos el veintiséis de marzo de dos mil cuatro, siete de abril y trece de septiembre de dos mil cinco, habrían prescrito. Quedando la acción penal expedita únicamente con relación al hecho del treinta de julio de dos mil ocho, debiéndose así estimar la excepción de prescripción deducida en cuanto a los hechos del dos mil cuatro y dos mil cinco.

SÉPTIMO. Al respecto, este Supremo Tribunal discrepa de la posición del fiscal supremo, toda vez que, no es correcto sostener que nos encontramos ante un concurso real homogéneo9. Pues como se desprende de la acusación fiscal y de la requisitoria oral, el núcleo de la imputación fáctica consiste en que durante los años dos mil cuatro al dos mil ocho, el sentenciado Ángel Videncio Mantari Ramos permitió que su hijo Daniel Ángel Mantari Evangelista usara en reiteradas oportunidades los vehículos de placa números PGN-032 y PIA-099, de propiedad de la Municipalidad de Antioquia, que estaban destinados al cumplimiento de actividades oficiales, con fines personales.

En ese sentido, se advierte que dicha imputación, en estricto, constituiría un delito continuado -regulado en el artículo cuarenta y nueve del Código Penal10-. Esta institución presenta tres elementos: i) unidad de sujeto, ii) el elemento objetivo de las diversas violaciones de la misma ley penal o de igual o semejante naturaleza por medio de actos ejecutivos que se hubieran cometido en el momento de la acción o en momentos diversos, y iii) el elemento subjetivo de la misma resolución criminal11.

En el caso de autos, identificamos que un mismo sujeto, Ángel Videncio Mantari Ramos, realizó una pluralidad de actos ejecutivos dirigidos a lesionar el mismo bien jurídico, el cual consistió en permitir que su hijo Daniel Ángel Mantari Evangelista usara en distintas ocasiones dos vehículos de propiedad de la Municipalidad, lo que lesionó el interés patrimonial de la Administración Pública y quebrantó los deberes funcionales de lealtad y probidad. Asimismo, se advierte que Ángel Videncio Mantari Ramos actuó con base a un dolo conjunto o designio criminal común.

OCTAVO. El plazo de prescripción en el delito continuado, acorde al artículo ochenta y dos del Código Penal, se computa a partir del día en que terminó la actividad delictuosa. Siendo que la imputación fiscal va desde el año dos mil cuatro hasta el dos mil ocho, la última fecha a efectos de iniciar el cómputo del plazo de prescripción es dos mil ocho.

Ahora bien, como se indicó el delito de peculado de uso, al momento de los hechos, contemplaba una pena máxima de cuatro años. De modo que, el plazo ordinario es de cuatro años y el extraordinario de seis. Sobre este plazo debe aplicarse lo dispuesto en el considerando quinto de la presente ejecutoria, referido a la dúplica del plazo de prescripción por tratarse de un delito que atenta contra el patrimonio de la Administración Pública. Entonces, resulta que el plazo total de prescripción es de doce años, el cual se cumpliría en el año dos mil veinte, por tanto, aún se encuentra expedita la acción penal.

C. SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL IMPUTADO

NOVENO. Para que se emita una sentencia condenatoria resulta indispensable la existencia de una actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias y tutelando el contenido constitucional del derecho a la prueba, entre otros derechos, que permita evidenciar de forma plena la concurrencia de todos los elementos del delito y la participación del acusado en el ilícito que se le imputa. Ello, a su vez, evita la existencia de arbitrarias restricciones al derecho a la libertad individual de los justiciables y permite tutelar su derecho a la presunción de inocencia.

DÉCIMO. La Sala Superior determinó que está acreditado que Ángel Videncio Mantari Ramos, en su condición de alcalde de la Municipalidad Antioquia, permitió que su hijo Daniel Ángel Mantari Evangelista usara los vehículos de placas PIA-099 y PGN-032 de propiedad de la citada Municipalidad, durante los años dos mil cuatro al dos mil ocho. Estos hechos fueron corroborados con las siguientes pruebas: i) La declaración del sentenciado en la que afirmó que la camioneta de placa PGN-032 fue adquirida en modo de donación, para favorecer a los niños y jóvenes menores de edad en etapa escolar, extremo que quedó confirmado con el oficio N.° 1855-2018-VIVIENDA.SG. ii) El oficio N.° 135-2011-MDDA-PH-L que informa sobre la relación de los tres choferes que laboraban para la Municipalidad en el periodo de dos mil siete a dos mil nueve, entre los cuales no figura Daniel Mantari Evangelista. iii) Las papeletas de infracción impuestas a Daniel Mantari Evangelista, hijo del sentenciado, cuando conducía la unidad vehicular de placa PIA-099, en las fechas veintiséis de marzo de dos mil cuatro, siete de abril de dos mil cinco, veinticinco de marzo y tres de abril de dos mil seis y dos veces el treinta de julio de dos mil ocho. Mientras que, en el vehículo de placa PGN-032 en las fechas trece de septiembre de dos mil cinco y nueve de febrero de dos mil seis. iv) Declaración instructiva de Ángel Videncio Mantari Ramos, en la que aceptó que su hijo utilizó las camionetas, que él o el chofer Ramírez Rendón autorizaban las salidas a Lima, lo que motivó que este chofer fuera amonestado por los hechos investigados.

DECIMOPRIMERO. El primer agravio expuesto por el sentenciado consistió en que su conducta fue atípica, pues los vehículos que fueron usados habrían sido asignados para su uso personal, lo que no fue tomado en consideración por la Sala Superior.

Para probar el aspecto del uso personal, el seis de noviembre de dos dieciocho ofreció las declaraciones juradas suscritas por Clorinda Carmela Melo Pérez, Henrry Oswaldo Chávez Sava, Juan Percy Pérez Huaringa y Ada Mabel Pumayauli Huaringa (folios 1014 al 1017), las cuales tenían un mismo texto en el que afirmaban que en su calidad de regidores de la Municipalidad de Antioquia, en el periodo edil de dos mil siete a dos mil diez, asignaron al alcalde Ángel Videncio Mantari Ramos los vehículos de placas PIA-099 y PGN- 032, para uso personal, debido a las gestiones que tenía que realizar en la ciudad de Lima. Siendo que, uno de los vehículos era sustituto del otro, pues continuamente se malograban por lo agreste de la zona.

En ese sentido, el recurrente también expresó como segundo agravio que se vulneró el derecho de defensa y debido proceso, por cuanto no se convocaron a las personas antes citadas a fin de que asistan y sean examinadas en el juicio oral.

DECIMOSEGUNDO. Al respecto, se observa en las actas del juicio oral -folios 1026 y siguientes- que la Sala Superior por intermedio del señor director de debates invitó al defensor técnico a presentar si tuviera alguna prueba nueva o testigo que ofrecer, a lo que el defensor respondió afirmativamente, indicando que presentó las ya antedichas declaraciones.

Luego de algunos cuestionamientos planteados por el fiscal, el director de debates preguntó expresamente al abogado defensor qué es lo que estaba requiriendo con el ofrecimiento de testimonios o la incorporación de las declaraciones juradas, ante lo cual respondió: “Señor director de debates, justamente estas personas han sido regidores en los años dos mil siete a dos mil diez, ellos están ratificándose en las declaraciones juradas presentadas esa es la finalidad, más que todo la pertinencia y utilidad”. La Sala Superior mediante el director de debates consultó al Ministerio Público y la Procuraduría Pública si formulaban alguna oposición y contestaron que no. Luego, sostuvo que habiéndose establecido la pertinencia y la utilidad de las declaraciones juradas de Clorinda Carmela Melo Pérez, Henrry Oswaldo Chávez Sava, Juan Percy Pérez Huaringa y Ada Mabel Pumayauli Huaringa estas deben ser admitidas.

Posteriormente, en la fase de oralización de la prueba instrumental, el director de debates ordenó que se dé lectura a las cuatro declaraciones juradas mencionadas. Seguidamente, el representante del Ministerio Público increpó que dichas declaraciones juradas son documentos simples que no pueden certificar la veracidad de lo suscrito. Asimismo, negó que fuera posible que de los tres vehículos con los que contaba la Municipalidad, dos le fueran asignados al sentenciado para su uso personal, tanto más si se verificó que uno de ellos tenía como finalidad el traslado de los niños de la localidad al colegio. Incluso que en el supuesto de que los vehículos hubieran sido asignados con el fin del uso personal, su hijo no podía trasladarse en dicho vehículo.

Por su parte el procurador público de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción sostuvo que independientemente de lo que se haya acordado en dicho Concejo Municipal, los vehículos siguen formando parte del Estado, de modo que lo señalado por la defensa del sentenciado no tiene sustento.

DECIMOTERCERO. Entonces, no es como sugiere la defensa, pues las declaraciones juradas sí fueron admitidas como prueba nueva y en su momento fueron actuadas y sometidas al contradictorio. En cuanto a su valoración probatoria, Sala Superior determinó que las afirmaciones vertidas en las declaraciones juradas no lograron ser revalidadas pues la defensa no ofreció como testigos a las personas que las suscribieron.

De igual forma, este Supremo Tribunal, considera oportuno precisar que no pueden incorporarse declaraciones por escrito pues el medio probatorio lícito es la testifical del respectivo órgano de prueba. Por tanto, las declaraciones juradas no son medios de prueba viables en estricto sentido12.

En atención a lo anotado, no se advierte vulneración alguna del derecho de defensa y debido proceso.

DECIMOCUARTO. Ahora bien, con relación a que no se consideró la tesis defensiva, debe indicarse que, incluso si la defensa hubiera logrado acreditar que efectivamente los vehículos utilizados le fueron asignados al sentenciado por razón de su cargo y como tal podía darle un uso personal, el uso que le dio su hijo Daniel Mantari Evangelista excede a la causal de atipicidad del peculado de uso.

Pues como se desprende de los actuados y de la sentencia condenatoria, Daniel Mantari Evangelista no solo condujo los vehículos de placas PIA-099 y PGN-032, de propiedad de la Municipalidad de Antioquia, sin la presencia de Ángel Videncio Mantari Ramos, quien era el que ostentaba el vínculo funcional, en virtud de su rol de alcalde, sino que cometió hasta ocho infracciones de tránsito, dos de las cuales derivaron en su procesamiento por el delito de conducción en estado de ebriedad y falsedad ideológica por falsificar la licencia de conducir a nombre de su primo hermano Marco Antonio Mantari Huaringa13.

La causal de atipicidad obedece al sentido común que la naturaleza del cargo y las necesidades del servicio imponen, en relación con un marco puntual de permisiones en beneficio del sujeto público. Sin embargo, resulta inaceptable pretender subsumir en dicha causal de exclusión de tipicidad el uso personal o de terceros para comportamientos antiéticos, de apoyo político o candidatura o delictivos14, tal como sucedió en este caso. Por tanto, el uso que se dio a los vehículos aludidos de ningún modo puede ser comprendido en la citada causal de atipicidad.

D. SOBRE LA DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENAL Y LA REPARACIÓN CIVIL

DECIMOQUINTO. La pena prevista para el delito atribuido, en el momento de los hechos, era no mayor de cuatro años; se impuso la pena de un año y cuatro meses de pena privativa de libertad suspendida por el mismo plazo, en atención a las circunstancias personales del sentenciado -quien cursó estudios secundarios, no cuenta con antecedentes penales y es padre de familia-, que transcurrieron alrededor de catorce años desde que ocurrió el primer hecho y no se verificó que se haya atribuido otro delito al sentenciado y que a la fecha de la emisión de la sentencia contaba con sesenta y un años de edad.

Por lo expuesto, la pena impuesta, observa los principios de proporcionalidad, legalidad y, por las condiciones del agente, el principio de culpabilidad del agente en el hecho delictivo, razón por la cual se confirma este extremo de la recurrida.

En cuanto a la reparación civil, al no haberse cuestionado el monto impuesto en primera instancia, se confirma.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, de conformidad con la Fiscalía Suprema en lo Penal:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del veinte de noviembre de dos mil dieciocho (folio 1042), que condenó a Ángel Videncio Mantari Ramos como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso, en perjuicio del Estado, le impuso un año y cuatro meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el mismo plazo, sujeta a reglas de conducta, pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo o función pública por el mismo plazo de la condena y el pago de cinco mil soles por reparación civil a favor del Estado.

II. DISPUSIERON se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, devuélvanse los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.


1 ROJAS VARGAS, Fidel. Delito contra la Administración Pública. Editora Jurídica Grijley, cuarta edición, 2007, pp. 467-468.
2 Del treinta de septiembre de dos mil cinco. Asunto. Definición y estructura típica del delito de
peculado. art. 387 C.P.
3 Sentencia emitida por la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, recaída en el expediente N.° 011-2001, del ocho de agosto de dos mil seis.
4 ROJAS VARGAS, Fidel. Óp. Cit. pp. 536 y 537.
5 Ibídem. p. 537.
6 Fundamento jurídico 6. Ahora bien, “la disponibilidad jurídica implica que el agente tenga, por efecto de la ley, libre disposición sobre los bienes, caudales o recursos. Es decir, el funcionario debe tener una competencia específica sobre los recursos públicos, adquirida por efecto del cargo público que desempeña. Y dicha competencia debe consistir en tener la facultad para poder disponer de los recursos sin necesidad de mantenerlos, materialmente, bajo su custodia”. Véase en MONTOYA VIVANCO, Yvan (coordinador). Manual sobre delitos contra la Administración Pública, IDHPUCP, Lima, 2015, pp. 108.
7 Recurso de Nulidad N.º 1541-2012/Lima del 18 de septiembre de 2013. Sala Penal Permanente. Fundamento jurídico 4 y 5.
8 Acuerdo Plenario N. º 1-2010/CJ-116. Asunto: Prescripción. Problemas actuales.
9 El cual se configura cuando concurren varias acciones o hechos cada uno constitutivo de un delito autónomo.
10 Artículo 49.- Cuando varias violaciones de la misma ley penal o una de igual o semejante naturaleza hubieran sido cometidas en el momento de la acción o en momentos diversos, con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, serán considerados como un sólo delito continuado y se sancionarán con la pena correspondiente al más grave. Si con dichas violaciones, el agente hubiera perjudicado a una pluralidad de personas, la pena será aumentada en un tercio de la máxima prevista para el delito más grave.
11 GARCÍA CAVERO, Percy. Derecho penal. Parte general, Editorial Ideas, p. 887.
12 SALA PENAL PERMANENTE. Recurso de nulidad N.° 1636-2017/Callao, fundamento jurídico sexto.
13 Sentencia del treinta de diciembre de dos mil catorce, emitida por el Primer Juzgado Especializado en lo penal de La Molina y Cieneguilla, que declaró prescrita la acción penal por el delito de conducción en estado de ebriedad en favor de Daniel Ángel Mantari Evangelista y lo condenó a tres años de pena privativa de libertad suspendida por el plazo de dos años por el delito de falsedad ideológica en perjuicio del Estado (folio 501).
14 ROJAS VARGAS, Fidel. Óp. Cit. pp. 543.

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