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ROBO AGRAVADO : Absolución por duda razonable

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 2070-2018
AYACUCHO

ROBO AGRAVADO

Sumilla. La agraviada sindicó persistentemente a los encausados como los autores del hecho en su agravio. También, se acreditó las lesiones que presentó la agraviada; sin embargo, en cuanto a la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos no se advierte uniformidad. Por consiguiente, nos encontramos ante una duda razonable que, como regla de juicio, impide concluir que se superó el estándar necesario de prueba para emitir una condena. Entonces, ante el equilibrio entre pruebas de cargo y pruebas de descargo, no cabe otra posibilidad que ratificar la absolución.

Lima, tres de octubre de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el FISCAL ADJUNTO DE LA PRIMERA FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE AYACUCHO contra la sentencia de dos de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Penal Liquidadora de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho –de página novecientos dos–, que absolvió a los acusados Emilio Gómez Meneses y Juana Mercedes Yaranga Callañaupa, de la acusación fiscal en su contra, por el delito de robo agravado, en perjuicio de Micaela Torres Gómez.

Intervino como ponente la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Fluyó de autos, que el veinticuatro de mayo de dos mil catorce, en horas de la mañana, la agraviada Micaela Torres Gómez, se dirigía al lugar denominado Ccocha Ccoca, del barrio de Huaycco Quesera, del centro poblado de Sachabamba, del distrito de Chiara, donde tiene una casa de campo, a comprar maderas para refaccionar el techo de su vivienda.

Es así, que se desplazaba a bordo del vehículo de placa de rodaje F7N- 573, conducido por Richard Huamán Tapia, siendo interceptada por cinco personas, entre las que estaban los imputados Emilio Gómez Meneses y Juana Mercedes Yaranga Callañaupa, quienes salieron de improviso de unos sembríos de quinua, portando palos, piedras, cuchillos y con palabras soeces, procedieron a cerrar el pase, lograron que el vehículo se detenga y procedieron a abrir las puertas del vehículo.

Es así, que se le atribuye a la imputada Juana Mercedes Yaranga Callañaupa, haber golpeado con una piedra en la cabeza a la agraviada Micaela Torres y con ayuda de su coprocesado Emilio Gómez Meneses, reducir al conductor, para sustraerle una computadora portátil (laptop), marca HP, color negro que llevaba en sus piernas, una cadena de oro de 45 cm, de 18 kilates, un crucifijo de oro de 24 kilates, y ante su resistencia fue golpeada con un palo, mientras que otra mujer desconocida, le sustrajo su billetera con cinco mil soles, en distinta denominación, así como un teléfono celular, una cámara filmadora, oportunidad en la que sufrió, las lesiones descritas en el Certificado Médico Legal N.° 3688-L.

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

2. El Tribunal Superior emitió sentencia absolutoria, bajo los siguientes argumentos:

2.1. Se acreditó que la agraviada Micaela Torres Gómez, fue objeto de agresión física, conforme a las lesiones físicas, descritas en el Certificado Médico Legal N.° 003688-L, del veintiséis de mayo de dos mil catorce, que concluyó, tres días de atención facultativa y doce de incapacidad médico legal.

2.2. La única prueba de cargo que existe en contra de los imputados, son las sindicaciones de la agraviada Micaela Torres Gómez, y de los testigos Richard Huamán Tapia y Nancy Segovia Gutiérrez. Sin embargo, la incriminación de la agraviada Micaela Torres Gómez, no cumple con los presupuestos del Acuerdo Plenario N.° 02- 2005/CJ-116, porque adolece de coherencia y uniformidad.

2.3. No existen elementos de prueba que corroboren la incriminación de la agraviada. Su versión, difiere de la de los testigos Richard Huamán Tapia y Nancy Segovia Gutiérrez, en relación con el número de participantes en el evento delictivo, el grado de participación de cada uno de los imputados, y los bienes objeto de robo.

2.4. A ello, la testigo Nancy Segovia, ha señalado que conoce a los imputados, por haber tenido problemas de agresión física, en febrero de dos mil catorce, y existe una animadversión directa contra los imputados, lo que habría parcializado su declaración.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. El representante del Ministerio Público interpone recurso de nulidad de página novecientos veinticinco, y fundamentado en página novecientos veintisiete. Solicita se declare nula la sentencia absolutoria, por haberse acreditado la comisión del delito de robo agravado, y la responsabilidad penal de los imputados. Alegó los motivos siguientes:

3.1. La declaración de la agraviada sí cumple con los presupuestos del Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-116, al haber narrado de manera uniforme la forma y circunstancias en que fue atacada por los imputados.

Si bien, en el certificado médico legal, la agraviada no precisó los nombres de los autores del hecho, no puede ser útil para desvirtuar su declaración. Y en ese sentido, no puede exigírsele a la víctima, que coincida al cien por ciento con lo declarado por los testigos.

3.2. No se valoró el acta policial, realizada el día de los hechos, donde se consignó que luego de interpuesta la denuncia, los efectivos policiales de Carmen Alto, se constituyeron al lugar de los hechos, se constató las lesiones y ropa dañada que presentó la agraviada, lo que se corroborado con el certificado médico legal, que se le practicó a la agraviada, donde consta las lesiones producto del robo, por parte de los imputados. Así, también, con la declaración testimonial de Jenaro Torres Vásquez, hermano de la agraviada, quien recibió la noticia criminal.

3.3. La agraviada en su declaración primigenia señaló los bienes que le sustrajeron; esto es, una computadora portátil (laptop), una cámara fotográfica, una cadena de oro, un crucifico de 24 kilates, una billetera color negro, la suma de cinco mil soles y un billete de diez dólares.

CALIFICACIÓN DEL DELITO MATERIA DE CONDENA

4. El delito de robo agravado, tipificado en el artículo ciento ochenta y ocho del Código Penal, sanciona al agente que: “se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido […]”, concordante con la agravante descrita en el primer párrafo, del artículo ciento ochenta y nueve, numeral cuatro, modificado por el artículo uno, de la Ley número treinta mil setenta y seis, del diecinueve de agosto de dos mil trece, prescribe: “La pena será […] si el robo es cometido: […], 4. Con el concurso de dos o más personas. Y el segundo párrafo, del referido artículo ciento ochenta y nueve, numeral uno, del Código Penal, prescribe: “[…] La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido: 1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima”.

5. El bien jurídico protegido en el delito de robo es de naturaleza pluriofensiva, toda vez que no solo protege el patrimonio, sino además la integridad personal.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

6. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito, es el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; en cuya virtud, se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

7. Los motivos de impugnación del señor representante del Ministerio Público, están vinculados a sostener que la versión de la agraviada Micaela Torres Gómez, si cumple con los presupuestos del Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-116, se corrobora con el certificado médico legal y el acta de intervención que se realizó al momento de los hechos y si existe uniformidad en relación a los bienes sustraídos. Por ello, corresponde verificar, la racionalidad del proceso argumentativo de la Sala de mérito con base en la prueba incorporada al proceso si validan la decisión asumida, o si corresponde amparar los agravios del impugnante.

8. Ciertamente, como lo señala la Sala de instancia, en el presente caso, la única prueba directa que existe de la presunta participación delictiva de los encausados Juana Mercedes Yaranga Callañaupa y Emilio Gómez Meneses, es la declaración de la agraviada Micaela Torres Vásquez y los testigos Richard Huamán Tapia y Nancy Segovia Gutiérrez. Por lo que, esta debe ser analizada conforme a los parámetros establecidos como doctrina legal en el citado acuerdo plenario.

9. La citada agraviada Torres Vásquez, en su primera declaración policial del tres de junio de dos mil catorce –después de veintiún días de los hechos– de página diecisiete, realizada sin presencia fiscal, en relación con las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, señaló que fue asaltada y secuestrada por media hora, por los imputados Emilio Gómez Meneses, Juana Mercedes Yaranga Callañaupa, y otros sujetos desconocidos, en un total de cinco personas (dos de sexo masculino y tres de sexo femenino), cuando transitaban a bordo del vehículo de placa de rodaje F7N-573, conducido por Richard Huamán Tupia, en la carretera al barrio Ccocha Ccocha.

En relación con la participación de los imputados, detalló que Emilio Gómez Meneses, con el apoyo de una mujer de chompa negra, agredía al conductor Huamán Tupia, logrando quitarle su billetera, y su celular, mientras que Juana Mercedes Yaranga Callañaupa, la agredió físicamente, golpeándole la cabeza, con un objeto contundente (piedra mediana) que portaba en la mano. Luego, con el apoyo de una mujer de chompa roja, le sustrajo sus pertenencias del vehículo, sustrayéndole de las manos la computadora portátil, (laptop) que al tratar de impedirlo, la imputada Yaranga Callañaupa, le propinó un golpe con un palo grueso en la mano derecha, logrando despojarla de la computadora, mientras que la otra mujer de chompa roja, le sustraía su billetera, celular y cámara fotográfica-filmadora.

Luego, pretendieron también despojarla del vehículo, oponiendo resistencia, puesto que la imputada Yaranga Callañaupa, al ver que llevaba una cadena de oro en el cuello, se la arrebató, provocándole una lesión en dicha zona.

10. En ese sentido, las lesiones descritas por la agraviada, se acreditan con el Certificado Médico Legal N.° 0003688-L, practicado a la citada agraviada –Micaela Torres Gómez–, del veintiséis de mayo de dos mil catorce, a las diecisiete horas con trece minutos –a dos días de producido los hechos–, de página cincuenta y nueve, suscrito por María Ruth Saccsa Cangalaya, en la data aparece, refiere agresión física y robo a mano armada por varios desconocidos, el veinticuatro de mayo de dos mil quince, a las once horas, en la vía pública, y como lesiones, tumefacción en región occipital, lado derecho, excoriación en cara anterior de cuello, equimosis en antebrazo, mano derecha, brazos, codo, y muslo derecho, ocasionado por agente contundente duro, y digito presión, policontusa, prescribiéndole tres días de atención facultativa y doce de incapacidad médico legal.

11. Asimismo, está el acta de constatación policial de página cincuenta y uno, realizado el veinticuatro de mayo de dos mil catorce, a las dieciséis horas con treinta minutos, donde consta las lesiones que sufrió la agraviada, y que presentó la ropa rasgada. También, se consignó que al ser entrevistada la imputada Yaranga Callañaupa, fue sindicada por la agraviada Micaela Torres Gómez, que conjuntamente con cuatro personas, le sustrajeron una computadora portátil (laptop), una cámara fotográfica, un teléfono celular, una cadena de oro de 18 kilates, y cinco mil soles, y el testigo Richard Huamán Tupia, denunció la sustracción de su billetera, con seiscientos soles.

12. Pese a la persistente incriminación de la agraviada brindada a nivel preliminar, esta difiere de su declaración brindada en el sumario, del diez de junio de dos mil quince, de página ciento ochenta y tres, en relación con la forma y circunstancias en que aconteció el hecho, así como la conducta realizada por los cada uno de los imputados, y los bienes que se le sustrajeron.

Así, en relación con los hechos, sostiene que no se percató del hecho, porque escuchaba clases virtuales en su laptop. Incorporó, como nueva información que al parecer, había una persona distante, portando un arma de fuego, golpearon con un palo al vehículo, lo que obligó a detenerse, y todos los atacantes estaban provistos de palos y piedras, sin poder hacer nada, se llevaron sus pertenencias.

Añadió, que la golpearon con una piedra en la cabeza y en la mano, para jalarle su laptop. Luego, regresaron por otra ruta, llamó al 105, y contó los hechos a su hermano. Se quedó en el lugar hasta las cinco de la tarde, lapso en el cual pudo ver otro asalto a doscientos metros a un tractorista. Al llegar los efectivos policiales, les pusieron una trampa al vehículo, este se cayó y salieron los policías con arma de fuego, pero lograron escapar. Luego, llegaron los imputados, con unos papeles que indicaban que eran problemas de terreno y se enteró que estaba denunciada por usurpación.

13. Como es evidente ambas versiones de la agraviada –policial y sumarial–, pese a ser persistentes en atribuir a los imputados la autoría de los hechos, no son uniformes, –como se anotó–, en relación con la forma y circunstancias, en que se produjeron los hechos, el número de participantes y los bienes sustraídos. A ello, se añade que la primera declaración, se realizó sin la presencia del representante del Ministerio Público. Estas versiones, tampoco, coinciden con la versión brindada en el plenario, donde sostiene haber sido atacada por cuatro personas, con piedras y palos, sin poder escapar, los golpearon y le sustrajeron sus pertenencias. Aquí, otra vez, a diferencia de su declaración del sumario, precisó que la procesada Yaranga Callañaupa, le sustrajo su laptop, billetera y cadena de oro (que le regaló su suegra), una cámara fotográfica y cinco mil soles que estaba en su billetera dentro de su bolso, siendo la imputada quien la agredió en su cabeza. Relató que llamó, desde el celular de su sobrina al 105 y a su hermano al teléfono N.° 9664189. Aquí, no señaló que se pretendió sustraerle el vehículo ni cómo es que le sustrajeron las pertenencias al testigo Huamán Tupia.

14. La falta de coherencia y verosimilitud en la versión de la agraviada, se advierte en contraste con la información que brindó el testigo presencial Richard Huamán Tupia -quien también estuvo en el lugar de los hechos, por haber conducido el vehículo donde se transportaba la agraviada Torres Gómez-. En el plenario, en la sesión de página ochocientos cincuenta y tres, en relación al número de personas que los atacaron, y participación de imputados, señaló que fueron siete (tres o cuatro varones y el resto eran mujeres), que los golpearon, y precisó que el varón fue quien le propinó el golpe a la agraviada, -cuando la agraviada señaló que fue la imputada Yaranga Callañaupa-, y se acercó a la ventana de su auto y lo golpeó, sin reconocer a la imputada –cuando la agraviada ha descrito la participación de ésta en los hechos-, lo cual muestra evidente contradicción respecto a la participación de los procesados Yaranga Callañaupa, y Gómez Meneses, que atribuye la agraviada Torres Gómez, con lo que relató el testigo Huamán Tupia, quien estuvo presente en los hechos.

Añadió, el referido testigo, que después de los hechos, ya no vio la laptop, a la agraviada Torres Gómez, y precisó, que ella le comentó que ya no tenía el dinero, su cadena de oro y otras pertenencias. Además, indicó que al rato, se percató que ya no tenía su billetera, con tres mil soles, –a pesar de que la agraviada detalló haber forcejeado con la agraviada para sustraerle la laptop y los bienes sustraídos y cuando en el acta de entrevista señaló que su billetera contenía seiscientos soles–.

Agregó, que la agraviada se quejaba de golpes en la cabeza, sin sangrar y que él presentó golpes en la cabeza, y su vehículo en la puerta, lo que no hizo constar, siendo por dicho motivo despedido del trabajo. Tampoco, describió que le pretendieron sustraer el vehículo, conforme lo narró la agraviada a nivel preliminar.

15. A ello, la testigo Nancy Segovia Gutiérrez, en su declaración policial y sumarial de páginas treinta y siete y ciento noventa y uno, solo señaló haber visto los hechos desde un morrito de su vivienda, pero pensó que se le había atascado el carro a su tía la agraviada, y a los imputados, en compañía de una fémina –o sea habría visto a tres personas, un varón y dos féminas–, dos que atacaron con piedras y palos. También, relató que con los imputados tuvo problemas de agresión física en febrero de dos mil catorce. Es decir, esta versión, brindada por la testigo, no permite brindar verosimilitud a la declaración de la agraviada, al narrar de manera general los hechos, sin individualizar en concreto conducta alguna de los procesados absueltos.

16. También, está que en el certificado médico legal practicado a la agraviada, descrito en el fundamento ocho de la presente ejecutoria suprema, la citada no identificó a sus atacantes. Es decir, aquí por la propia versión de la agraviada, a los dos días de sucedidos los hechos, relató que los atacantes fueron desconocidos y no sindicó a los nombrados procesados, siendo recién el tres de junio de dos mil catorce, que en su declaración policial, sin presencia fiscal, sindicó a los imputados, lo que tampoco, coincide con la versión brindada por el testigo presencial Huamán Tupia.

17. Tampoco, su versión resultó coherente con la denuncia formulada por el hermano de la agraviada, don Jenaro Torres Gómez, quien denunció a los imputados absueltos, ante la Comisaría a pedido de su hermana Micaela Torres Gómez, -numeral I, información del atestado policial, de página tres–, donde el citado señaló que hizo la denuncia, por los hechos narrados por su hermana, sin identificar a los autores.

18. Entonces, como podemos verificar, la agraviada pese a la persistencia en vincular a los imputados con los hechos en su contra, no ha brindado una versión uniforme de la forma y circunstancias en que se habría producido los hechos. Tampoco, la participación de los imputados, y los bienes sustraídos y las incoherencias e inconsistencias del relato de la agraviada, son evidentes, lo que le resta verosimilitud, y persistencia, parámetro jurisprudencial reiterado de esta Alta Corte, conforme al referido acuerdo plenario.

19. Por su parte, los imputados Emilio Gómez Meneses y Juana Mercedes Yaranga Callañaupa, en sus declaraciones policiales –con presencia fiscal–, sumarial y plenario, de página veintidós, y veintiocho, han señalado, el primero, ser primo de la agraviada y justificando como móvil la denuncia en su contra, por el hecho de haber denunciado a la agraviada el día de los hechos, en horas de la mañana, por el delito de usurpación, al haber ingresado indebidamente al terreno ubicado en el barrio Huaicco, versión que conforme al relato de la agraviada, efectivamente señaló que fue denunciada por unos terrenos.

20. En el caso, está claro que la citada agraviada, presentó denuncia por los hechos sucedidos en su agravio y que presentó lesiones, pero éste reconocimiento fue realizado luego de dos días que habrían sucedido los hechos; sin embargo, no está probado que los imputados son los autores de los hechos en su agravio.

21. Todo este conjunto de singularidades en el caso, no ayudan a esclarecer la participación de los procesados, y se está por consiguiente, ante una duda razonable que, como regla de juicio, impide concluir que se superó el estándar necesario de prueba para condenarlo. Existe un equilibrio entre pruebas de cargo y pruebas de descargo, y ante esa situación no cabe otra opción que ratificar la absolución de los encausados.

22. Este Supremo Tribunal, comparte la decisión asumida por la Sala de Mérito al no haberse derrotado el principio constitucional de presunción de inocencia de los imputados Emilio Gómez Meneses y Juana Mercedes Gómez Meneses, prescrito en el artículo dos, numeral veinticuatro, literal e, de la Constitución Política del Perú que prescribe: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad” y en sede internacional el artículo once de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo seis punto dos, del Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y artículo catorce, numeral dos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que informa la actividad jurisdiccional como regla probatoria de cargo con arreglo a las previsiones legales y constitucionales como elemento fundamental del derecho a un juicio justo. Por lo que, no son amparables los agravios invocados por el Ministerio Público.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon: NO HABER NULIDAD en la sentencia de dos de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Penal Liquidadora de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de página novecientos dos, que absolvió a los acusados EMILIO GÓMEZ MENESES y JUANA MERCEDES YARANGA CALLAÑAUPA, de la acusación fiscal en su contra, por el delito de robo agravado, en perjuicio de Micaela Torres Gómez; con lo demás que contiene; y, los devolvieron.

Intervino el juez supremo Castañeda Espinoza, por licencia de la jueza suprema Castañeda Otsu.

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