Los certificados médicos legales refutan la comisión del delito de violación sexual.
3 mayo, 2021

VIOLACIÓN SEXUAL : Absolución ante la duda razonable

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.º 708-2020
AYACUCHO

Absolución ante la duda razonable

Ante la existencia de prueba de cargo y de descargo que lleve al juzgador a una oscuridad que le impida arribar a una conclusión con certeza definida que determine la responsabilidad del acusado, surge la duda razonable, situación ante la cual nuestro sistema procesal penal determina la absolución de aquel, premisa que es preciso cumplir porque solventa el principio de presunción de inocencia.

Lima, treinta de abril de dos mil veintiuno

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por Buenaventura Jáuregui Huamaní contra la sentencia emitida el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve por la Sala Penal Liquidadora de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que lo condenó como autor del delito contra la libertad sexual, violación sexual de menor de edad –inciso 3 del artículo 173 del Código Penal1–, en agravio de la persona identificada con las iniciales M. R. E., y le impuso quince años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 5000 (cinco mil soles) la pena de reparación civil a favor de la agraviada.

Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos del recurso –folios 317 a 329–

1.1 El recurrente Jáuregui Huamaní interpuso recurso de nulidad en virtud del literal a) del artículo 292 del Código de Procedimientos Penales contra la sentencia del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, alegando afectación a su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, el debido proceso, derecho de defensa y tutela jurisdiccional efectiva.

1.2 Solicita que se le absuelva de la imputación por insuficiencia probatoria, ya que la sola sindicación de la víctima no acreditó su responsabilidad penal; además, presentó una declaración jurada firmada por M. R. E. donde indica no haber sido violada por el imputado; asimismo, el examen ginecológico no concluye que existan lesiones paragenitales, cuando se le imputó haber usado su mayor fuerza física y violencia; el examen médico concluye desfloración antigua, y debe ser reciente al haber sido tomado dentro de los diez días posteriores a los hechos. Por ello, considera que la sindicación no cumple con los requisitos de verosimilitud ni persistencia, ya que, además, existe contradicción en las versiones brindadas por la menor a nivel policial y judicial respecto al número de veces en que fue ultrajada.

1.3 Por otro lado, refiere irregularidades en la tramitación del proceso; que nunca fue notificado con la imputación en su contra y jamás brindó declaraciones ante el Juzgado de Paz a fin de acreditar lo dicho. Adjunta la declaración jurada firmada por su esposa, Yrene Ramos Tello –folio 230–, donde refiere que la firma que aparece en la citación policial dirigida a su esposo –folio 9– no le pertenece; así también, la declaración jurada emitida por Felipe Santiago Rivera Poma, juez de paz de Soras en abril de dos mil uno –folio 233–, donde indica no haber recibido denuncia alguna contra Jáuregui Huamaní ni declaración suya en alguna investigación por el delito de violación sexual de menor.

Segundo. Opinión fiscal

2.1 Mediante el Dictamen número 779-2020-MP-FN-SFSP, el representante de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal opinó no haber nulidad en la sentencia recurrida.

2.2 Las discrepancias en las declaraciones de la víctima no varían el contenido esencial de la incriminación y la declaración jurada en la que se retracta no revierte la sindicación –se justifica en el tiempo trascurrido hasta la fecha–.

2.3 El resultado de los exámenes médicos se debe a que no se realizaron con inmediatez.

2.4 En autos –folio 18– obra el Oficio número 06-JPS-S-2001, del dieciocho de abril de dos mil uno, firmado por el juez de paz Felipe Rivera Poma, mediante el cual remitió al Juzgado Mixto de Sucre copias certificadas de la denuncia presentada por Ramírez Medina, el padre de la menor agraviada, y las declaraciones de los referidos, así como del imputado Jáuregui Huamaní.

Tercero. Hechos imputados

3.1 El treinta y uno de marzo de dos mil uno, a las 18:30 horas, aproximadamente, la menor agraviada de iniciales M. R. E. (13), luego de observar una “herranza” en la estancia Ocoñani –distrito de Soras, provincia de Sucre, departamento de Ayacucho–, decidió retirarse sola a la casa de su patrona –a media hora de caminata–, cuando fue interceptada por el imputado Buenaventura Jáuregui Huamaní (31), quien también había estado en la “herranza” y la alcanzó montando un caballo. Este, aprovechándose de la oscuridad y del lugar desolado, abusó sexualmente de la menor y se marchó del lugar. Luego de ello, la menor logró llegar a la casa de su patrona, de donde la recogió su padre y le indicó que la habían estado buscando. Días después, enterados de los hechos, sus padres presentaron la denuncia y la llevaron al centro de salud.

Cuarto. Fundamentos de esta Sala Suprema

4.1 Respecto al cuestionamiento de la indebida valoración de la sindicación de la víctima, se realiza el análisis de esta bajo los parámetros del Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, conforme también lo realizó la Sala Superior.

4.2 Ausencia de incredibilidad subjetiva: la menor manifestó en su declaración en sede policial –folios 5-7–, así como en su preventiva –folios 53-55–, que al imputado lo conocía por ser del mismo pueblo y no los unía ningún vínculo parental, amical o de enemistad; en igual sentido se refirió su padre, Vicente Ramírez Medina, en su declaración preventiva –folios 51-52–.

4.3 Verosimilitud: de las declaraciones brindadas por la agraviada en sede policial y preventiva, se advierte un relato de los hechos coincidente en parte. Manifestó haber sufrido la violación sexual por el imputado, quien mediante violencia, aprovechándose de su mayor fuerza física, la sujetó de los brazos, hizo que cayera al suelo y tapándole la boca la abusó. No obstante, el argumento pierde solidez cuando existe diferencia entre las declaraciones respecto a las veces en que sufrió la agresión sexual: primero señaló que fue una vez y, en su declaración preventiva –folio 53- 55–, refirió que fueron dos veces, la última inclusive más violenta que la primera; finalmente, en juicio oral desmintió la versión mediante un documento escrito al no haberse admitido su testimonio reiteradamente solicitado; en consecuencia, este elemento componente de las condiciones de validez de una declaración pierde consistencia, lo que determina incertidumbre, cuando el requerimiento es la verosimilitud.

4.4 Lo descrito no se corrobora con lo indicado en el examen de reconocimiento médico legal –folio 21– practicado a la agraviada el cuatro de abril de dos mil uno –al cuarto día de la agresión sexual denunciada–, donde se concluyó:1)Desfloración antigua2, 2) no signos de violación reciente”; asimismo, se describió ausencia de lesiones contusas: “Vagina no se evidencia lesiones externas, órganos externos conservados”, y se evidenció ausencia de lesiones paragenitales o extragenitales –lesiones típicas en la víctima de violación sexual–.

4.5 Persistencia en la incriminación: la incriminación de la víctima se mantuvo durante la investigación preliminar e instructiva –el año dos mil uno–, cuando aquella era menor de edad; no obstante, en la etapa de juicio oral –año dos mil diecinueve–, la agraviada presentó un escrito donde refirió nunca haber sido violada por el acusado. Entonces, la persistencia pierde ese carácter, lo que se agrega a la incoherencia destacada en el considerando referido a la verosimilitud. Así pues, el relato no se asimila a las condiciones exigidas por el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116.

4.6 Instalado el juicio oral, la defensa del imputado ofreció como nueva prueba la ampliación de la declaración de la agraviada y lo mismo fue solicitado por la propia agraviada; sin embargo, la Sala Superior resolvió declarar improcedentes ambos pedidos argumentando el deber de evitar la revictimización. Si la presencia es voluntaria y, además, a la fecha tenía treinta y tres años de edad –y es una mujer con familia e hijos–, la revictimización se relativiza, puesto que ya no posee consistencia debido a que la propia víctima quiere dar su versión del hecho.

4.7 Por lo tanto, la Sala Superior incurrió en una indebida valoración de las declaraciones de la agraviada asumiendo que reúnen las exigencias que establece el acuerdo plenario, cuando su relato presenta incoherencias y, finalmente, no es persistente, lo que deriva en motivación incompleta y, además, en ilogicidad3, esto es, al no haberse valorado de manera sistemática los elementos de prueba, no se han descartado otras hipótesis alternativas al relato de la denuncia, las que, de ser igualmente racionales, podrían haber conllevado una decisión distinta.

4.8 Adicionalmente, de los diversos escritos presentados por la agraviada –folios 203, 220, 227, 282 y 331–, esta refiere insistentemente su voluntad de esclarecer los hechos, manifestando que nunca ha sido víctima de violación sexual por parte de Jáuregui Huamaní, que el día de los hechos se pusieron de acuerdo para retornar juntos y que el imputado la alcanzó en su caballo y la acompañó en el camino; versión que coincide con lo dicho por el acusado, por lo cual debe tomarse en cuenta. Indica, además, que la denuncia fue interpuesta por sus padres influenciados por su empleadora, Blanca Rosas Dávalos, quien pretendía encubrir a su familiar –quien sí mantenía relaciones sexuales con la agraviada aun siendo mayor de edad–; asimismo, refiere que a la fecha tiene treinta y tres años y una familia constituida, por lo cual no quiere ser perjudicada ni perjudicar a Jáuregui Huamaní. Esta persistencia en aclarar los hechos no ha sido incorporada a los considerandos de la sentencia recurrida.

4.9 Este nuevo relato incorporado por la agraviada encuentra coherencia con los resultados del examen de reconocimiento médico practicado el cuatro de abril de dos mil uno, que concluyó himen con desfloración antigua; asimismo, la falta de lesiones en el cuerpo de la agraviada, y la versión brindada por el imputado en el juicio. Conforme señala la defensa, una violación sexual el día referido debió arrojar desfloración reciente y, si la menor ya había tenido antes relaciones sexuales, como sería en este caso, por su propia versión, una agresión sexual violenta debía haber dejado huellas físicas en el cuerpo que el certificado médico descartó; entonces, no hay coherencia entre el relato inicial del hecho y la prueba médica.

4.10 Conforme el Acuerdo Plenario número 1-2011/CJ-116, la retractación de la agraviada resulta sólida y coherente por su capacidad para ser corroborada con elementos de prueba; asimismo, la justificación brindada es razonable debido al interés de un tercero de denunciar falsamente con el fin de proteger o encubrir a otro.

4.11 Ahora bien, es innegable el hecho de que la agraviada mantuvo relaciones sexuales siendo menor de edad, por lo que, dada su edad de trece años, se afectó el bien jurídico –indemnidad sexual–, en principio, intangible, configurándose así el supuesto previsto para el delito de violación sexual de menor de catorce años –que no admite consentimiento–. No obstante, a efectos de determinar al responsable de la comisión del hecho delictivo, se requieren elementos probatorios que resulten suficientes para acreditar la culpabilidad del imputado y desvanecer la presunción de inocencia. En este caso, la agraviada refiere que fue un familiar de su empleadora a quien se pretendía proteger inculpando a Jáuregui Huamaní.

4.12 Por otro lado, la sentencia no se ha evaluado ni se ha pronunciado respecto al supuesto reconocimiento del hecho que habría realizado el imputado ante el juez de paz del distrito, hecho que en sus declaraciones ha negado. Al respecto, mediante declaración jurada, Felipe Santiago Rivera Poma, juez de paz de Soras en abril de dos mil uno –folio 233–, fecha de los hechos, manifiesta no haber recibido denuncia alguna contra Jáuregui Huamaní por el delito de violación sexual de menor ni haber tomado su declaración.

4.13 Esta versión se corrobora con la constancia del catorce de octubre de dos mil diecinueve –folio 232–; el juez de paz Jesús de la Cruz Pineda, vigente a esa fecha, hace constar que de la búsqueda de los archivos de denuncias del mes de abril de dos mil uno no se encuentra denuncia alguna planteada por Vicente Ramírez Medina (padre de la menor) sobre violación sexual de su menor hija, ni declaración brindada por Buenaventura Jáuregui Huamaní.

4.14 Con ello, se ha restado credibilidad a la prueba documental –declaración brindada por el imputado ante el juez de paz y demás documentación firmada por el juez de paz Felipe Santiago Rivera Poma–, la cual no tiene calidad probatoria suficiente para corroborar la versión inculpatoria de la acusación fiscal; por el contrario, origina incertidumbre, puesto que se ha acreditado de manera suficiente que esa declaración no se produjo y que el documento que lo respalda no existe.

4.15 Se concluye, de esta evaluación, que la prueba esencial, versión de la víctima, carece de verosimilitud; ha sido desmentida en reiterados escritos, y la prueba documental donde constaba el reconocimiento del imputado sobre el hecho ha sido desvirtuada, lo que deriva en una severa duda respecto a la producción del evento delictivo, lo que es preciso tener en cuenta al momento de resolver.

4.16 La duda razonable, también denominada en latín como in dubio pro reo, constituye un principio fundamental que sustenta el proceso penal en un Estado constitucional de derecho. Podemos inferir que nos encontramos en el ámbito de una duda cuando existen pruebas, tanto de cargo como de descargo, que llevan al juzgador a una oscuridad que le impide arribar a una conclusión de certeza definida que determine la responsabilidad del acusado; y para imponer una sanción penal tan severa por un delito grave es preciso tener plena convicción de la responsabilidad del imputado derivada de la prueba válidamente actuada, lo que en este caso no ocurre; por el contrario, la prueba que sirvió para procesar se ha venido desvaneciendo con el transcurso del proceso; por lo tanto, es del caso absolver al imputado.

4.17 En caso de duda, nuestro sistema procesal, por principio constitucional, determina la absolución del acusado, premisa que es preciso cumplir porque solventa el principio de presunción de inocencia.

4.18 Al evaluar el hecho delictivo, es preciso tener siempre presentes las circunstancias que rodean el caso. En efecto, quien denunció el hecho fue el padre de la menor agraviada de trece años de edad.

4.19 En etapa de juicio oral, la agraviada, con treinta y tres años, en pleno uso de sus facultades y con una personalidad propia de su desarrollo y madurez mental, manifestó como incorrecta la tesis fiscal y como verdadera una versión antes desconocida por los órganos jurisdiccionales, que, de su cotejo con los elementos de prueba obrantes en autos, logra una corroboración periférica determinante. Asimismo, debe valorarse que, si bien el imputado estuvo no habido por dieciocho años, su conducta aparente de eludir la acción de la justicia no puede resultar un indicio determinante de culpabilidad ante la ausencia de otros elementos de prueba que determinen responsabilidad.

4.20 De la valoración de los hechos y los medios probatorios en el caso sub judice se desprende que no existen elementos suficientes que demuestren la responsabilidad penal del imputado Buenaventura Jáuregui Huamaní en la comisión del delito de violación sexual de menor; del examen de reconocimiento médico legal practicado a la menor se puede inferir únicamente la comisión del delito, inclusive en fecha anterior a la que se denunció en este caso, pero no así al autor de este, cuya identificación constituye una de las controversias en el presente proceso; tanto más si el encausado ha negado los cargos imputados en su contra de manera persistente, habiendo presentado documentación como sustento de su coartada.

4.21 Presentó la declaración jurada donde Felipe Santiago Rivera Poma –juez de paz de Soras en abril de dos mil uno– declara no haber recibido denuncia alguna contra Jáuregui Huamaní ni declaración suya en alguna investigación por el delito de violación sexual de menor; asimismo, la constancia del catorce de octubre de dos mil diecinueve, donde el juez de paz Jesús de la Cruz Pineda indica que de la búsqueda de los archivos de denuncias del mes de abril de dos mil uno no encontró denuncia alguna planteada por Vicente Ramírez Medina sobre violación sexual de su menor hija ni declaración brindada por Buenaventura Jáuregui Huamaní –a fin de cuestionar la autenticidad de la documentación obrante en autos, entre ellas, la copia certificada de su declaración ante el juez de paz de folio 17–; así también, presentó la declaración jurada de la agraviada donde niega los hechos materia de acusación –a fin de acreditar su inocencia–.

4.22 Documentos que tratan de justificar su conducta y contribuyen en favor de su versión exculpatoria, haciendo de esta manera inviable asumir una convicción sólida por parte del juzgador sobre su responsabilidad penal que determine una sanción penal muy grave, incrementándose un margen de duda que por mandato constitucional debe concluir con la absolución del imputado.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con lo expuesto en el Dictamen del señor Fiscal Supremo:

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia emitida el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve por la Sala Penal Liquidadora de Huamanga de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que condenó a Buenaventura Jáuregui Huamaní como autor del delito contra la libertad sexual-violación sexual de menor de edad –inciso 3 del artículo 173 del Código Penal–, en agravio de la persona identificada con las iniciales M. R. E., y fijó en S/ 5000 (cinco mil soles) el monto de pago por concepto de reparación civil; y, reformándola, ABSOLVIERON a Jáuregui Huamaní de la acusación fiscal en mención.

II. En consecuencia, ORDENARON la inmediata libertad del sentenciado Jáuregui Huamaní, que se ejecutará siempre y cuando no exista en su contra otro mandato de detención emanado de autoridad competente. MANDARON que se archive definitivamente lo actuado y se anulen los antecedentes penales, policiales y/o judiciales a que hubiera dado lugar el presente proceso. OFÍCIESE para tal fin, en el día, al órgano jurisdiccional de su procedencia

III. DISPUSIERON que se transcriba la presente ejecutoria suprema al Tribunal de origen. Hágase saber.


1 El tipo penal en su forma vigente con la modificación del Decreto Legislativo número 27472, en virtud del principio de favorabilidad.
2 Desgarro himeneal cicatrizado, lo que sucede en promedio a los siete o diez días de haberse producido el suceso. En: Fiscalía de la Nación-Ministerio Público. Jefatura Nacional del Instituto de Medicina Legal. (2012). Guía Médico Legal de Evaluación Física de la Integridad Sexual (segunda versión), p. 55.
3 Conforme se describe en la Casación número 179-2018/Ica, del cinco de julio de dos mil diecinueve, fundamento quinto.

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