CASOS DE

LA JUSTICIA

ORDINARIA



CASOS DE LA JUSTICIA ORDINARIA

El accionista mayoritario y al Gerente de una empresa constructora fueron acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y colusión en ejecución de un contrato de obra con un Gobierno Regional. Luego de un largo y enjundioso juicio oral se logró la absolución de los cargos de asociación ilícita y cohecho activo y se expidió una sentencia condenatoria por el delito de colusión. La Sala superior confirmó las absoluciones y también la condena. Sin embargo, en el caso de la condena por el delito de colusión se violaron algunos principios básicos del derecho penal (principio del hecho propio) y disposiciones constitucionales y convencionales (condena al absuelto) por lo que se interpuso una casación excepcional ante la Corte Suprema de Justicia. La casación fue admitida y se dictó sentencia de fondo anulándose el extremo condenatorio del accionista principal y el Gerente por lo que se ordenó un nuevo juicio oral de segunda instancia (Casación 1379-2017. Sala Penal Permanente).
Se asumió la defensa de un caso en el que se discutía al inicio del juicio oral una excepción de prescripción por el delito de asociación para delinquir. El fiscal superior, de la mano del dictamen del fiscal supremo, sostenía que el delito en mención no había prescrito debido a que no se había acreditado que la asociación delictiva cesó en su actividad. Como defensor correspondió sostener que tal razonamiento infringía la presunción de inocencia, y en concreto la titularidad de la carga de la prueba, pues no le corresponde al ciudadano imputado acreditar que la actividad delictiva de la asociación ha cesado, sino que el Ministerio público debe demostrar que la asociación ilícita sigue actuando y subsiste con posterioridad a la fecha del tiempo invocado como inicio de la prescripción. La sala superior declaró fundada la excepción por mayoría. El fiscal superior impugnó la resolución. La Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de la Sala en todos sus extremos (R.N. Nº 1731–2014. Sala Penal Permanente).
Un abogado, y a la vez contador público, fue condenado dos veces por una sala superior como cómplice del delito de defraudación tributaria a 8 años de pena privativa de libertad al imputarle el haber vendido facturas falsas a terceros. La primera condena fue anulada por la Corte Suprema. El estudio impugna la segunda condena dictada por la sala superior y expone el caso ante la Corte Suprema que absuelve al abogado y contador público señalando que no había prueba de cargo suficiente y que las sindicaciones de los coimputados que pesaban en su contra no habían sido corroboradas de manera fehaciente (R.N. Nº 2138-2016. Sala Penal Permanente).
A un Congresista de la República luego de diversos reportajes periodísticos en varios Canales de TV y prensa escrita, se le terminó investigando por haber montado un esquema de ventas en la que determinadas empresas relacionadas con él puedan vender productos y bienes de oficina al Estado. La Fiscalía de la Nación inició una investigación por la supuesta comisión del delito de negociación incompatible (art. 399 del CP) y el delito de patrocinio ilegal (art. 385 del CP) en contra del Congresista. Para ello ordenó realizar diversos actos de investigación como peritajes a los audios en los que se escuchaba su voz, la incautación de una serie de documentos contables, se ordenó la realización de una pericia contable financiera llevada a cabo por los peritos adscritos a la Fiscalía de la Nación, se tomó la declaración de los ex – trabajadores de la empresa y de funcionarios públicos encargados de las compras en diversas entidades estatales. Luego de seis meses de investigación, en la que se actuaron más de cien (100) actos de investigación y se agotó la actuación planteada por la Procuraduría Anticorrupción y la defensa, la Fiscalía de la Nación determinó el archivo del caso considerando que los actos imputados, luego de la copiosa actividad probatoria, no constituían actos típicos del delito de negociación incompatible y del delito de patrocinio ilegal. Se trató de uno de los casos penales más importantes del año 2014.
A una Congresista se le imputaba el delito de tráfico de influencias por haber recibido algunos correos electrónicos de su padre a fin de que supuestamente realizara gestiones en algunas entidades públicas. La Fiscalía de la Nación le abrió cuatro (04) investigaciones. A partir de los actos de investigación promovidos y los argumentos planteados por la defensa la Fiscalía de la Nación llegó a la conclusión acerca de la completa y total inocencia de la Congresista por lo que se decidió no ha lugar a formular denuncia constitucional.
Un ex militar, oficial del ejército de peruano, fue acusado de haber matado en 1984 a un campesino en el anexo de Chonta (Huancavelica) luego que un grupo de comuneros de la zona señalaran a la patrulla del EP que una persona (la víctima) los había agredido y que se trataba de un delincuente terrorista que se encontraba huyendo por una quebrada. El oficial a cargo ordenó que un grupo de militares que conformaban la patrulla capturaran al presunto subversivo que huía, hecho que desencadenó un enfrentamiento y las heridas graves que determinaron su muerte. Pese a las sindicaciones en juicio de la esposa, la hija y un testigo en contra del militar se acreditó que nunca antes lo habían culpado de la muerte de su familiar y recién luego de casi 30 años levantaban cargos en su contra; de tal manera que su versión no era ni persistente ni creíble. El Colegiado de la Sala Penal Nacional absolvió al militar de la acusación por homicidio calificado y la decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia (R.N.Nº 2215-2014. Sala Penal Transitoria).
Un ex General de la Policía nacional fue acusado y procesado por el delito de Colusión y Peculado en agravio del Estado (Hospital Militar). Los hechos básicamente se sustentaban en que se declaró irregularmente la emergencia por desabastecimiento en dicho hospital, se convocó a proveedores de manera directa, sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, permitiéndose la compra de medicinas de manera fraccionada. El estudio logró probar en juicio oral que: i) la declaración de emergencia fue regular y legal y se sustentaban en el hecho de que no habían medicinas ni equipamiento mínimo en la sala de operaciones: El desabastecimiento se acreditó a tal grado de que, incluso, un paciente se suicidó en protesta por la falta de atención médica; ii) se demostró que las normas legales pertinentes facultaban a invitar y contratar de manera directa con los proveedores; dado que el desabastecimiento era tan grave, se demostró que un solo proveedor no tenía la cantidad de medicinas que se requería, por lo que se optó por comprar un mismo medicamento a diferentes proveedores que los vendían a precios diferentes; iii) se acreditó que tanto la declaración de emergencia como todos los demás actos de invitación a proveedores, las compras efectuadas y la recepción de las medicinas fueron informadas a Contraloría y a Inspectoría de la PNP, siendo esta última la que incluso participó directamente en la recepción de las medicinas a través de sus efectivos. El Ministerio Público en el acto de lectura de sentencia manifestó su conformidad con la absolución dictada y el fallo quedó firme.
Absolución de la persona que acompañó al marido que arrojó el cadáver de su esposa al mar en una maleta, luego de haberla matado
A una joven cajamarquina, se le imputaba el ser cómplice del parricidio y asesinato de una estudiante universitaria cometido por su esposo (ciudadano americano) en la habitación de un hotel del distrito de Lince (Lima). Los hechos que se le atribuían era haber mantenido conversaciones electrónicas para el alquiler de un bote con el autor del hecho (tres meses antes del crimen), el haber informado acerca de los somníferos que había en el mercado peruano, el haber alquilado el bote luego del crimen, el acompañar al autor del hecho al mar de Chorrillos donde se arrojó la maleta conteniendo el cuerpo de la víctima (que luego fue hallada cerca de la playa de la Costa verde) y el haber cancelado la habitación y Nextel haciéndose pasar por la víctima. La Sala Superior absolvió por mayoría de los cargos de complicidad. La Corte Suprema en el fallo del caso confirma la absolución y toma en cuenta los límites de la complicidad criminal en la fase de ideación del delito (el que se hable de alquiler de un bote dentro de una conversación sin que uno de los participantes conozca el plan criminal del otro y el diálogo no se encuentre dentro de un contexto delictivo descarta la complicidad) y valora de manera integral la prueba indiciaria, en especial los contraindicios. Considera que el hecho de que una persona acompañe al autor del crimen (v.gr. deshacerse de un cadáver que se encontraba en una maleta) no significa que haya participado en el crimen o que siquiera sabía que se había cometido un delito. Los votos singulares y la decisión dividida (4 magistrados votaron por confirmar la sentencia absolutoria y tres por la nulidad de la misma) reflejan la complejidad del caso y las distintas perspectivas que se puede tener acerca de la imputación y prueba formulada por el Ministerio Público en un caso tan particular, complejo e interesante (R.N. Nº 1129-2012. Sala Penal Permanente).
Abogado, ex socio y gerente de un importante estudio de abogados de Lima, obtiene, en algunos casos, pena justa y proporcional al hecho, y en otros casos, se logra la absolución.
El dueño de un estudio de abogados en la década del noventa tuvo a su mando uno de los estudios más importantes de Lima. Dicho estudio contaba aproximadamente con 45 profesionales dentro de su staff de abogados. El año 1997 y 1998 SUNAT inicia un proceso de fiscalización a su estudio y al abogado encontrando algunas irregularidades, situación que generó varias denuncias penales por defraudación tributaria, en la modalidad de obtención ilegal de crédito fiscal. En su contra se iniciaron cinco procesos penales por la obtención falsa de crédito fiscal. La defensa consciente de la prueba de cargo existente en el proceso acogió a su cliente a la conclusión anticipada en tres procesos penales que determinó que se emitiera una pena privativa de libertad con carácter de suspendida por la Sala Penal, situación que fue confirmada en todos sus extremos por la Corte Suprema de Justicia. En los otros dos procesos penales por defraudación tributaria se obtuvo la absolución de los cargos formulados, decisión que fue confirmada en todos sus extremos por la Corte Suprema de Justicia. Se trató de uno de los casos más importantes de en el Derecho penal tributario en los años 90.
El principio de confianza en la reparación civil.
El Ministerio Público acusó por el delito de colusión ilegal a un Ex Gerente de Administración de la RENIEC, junto a otros funcionarios de la institución al haberse concertado (supuestamente) para defraudar al Estado fraccionando unas órdenes de servicio a fin de evitar la realización de un concurso público. Luego del juicio oral la jueza dictó una sentencia absolutoria, pero impuso al Ex Gerente de Administración y al Gerente de Logística el pago de una reparación civil de 10, 000 nuevos soles. La sentencia fue impugnada en el extremo del pago de la reparación civil (el Ministerio Público consintió la absolución), fijando como agravio que la jueza había omitido valorar los alegatos de la defensa del Ex Gerente de Administración acerca de la concurrencia del principio de confianza (criterio de imputación objetiva), dado que si bien había firmado y suscrito las órdenes de servicio lo hizo luego de que tres dependencias de RENIEC habían dado su visto bueno y conformidad al acto realizado, incluso, la Oficina de control previo había aprobado y no objetó ni el trámite ni el sistema de contratación. La Sala declaró la nulidad de la sentencia por la violación al derecho de defensa al haberse omitido la valoración de las alegaciones esenciales de la defensa y ordenó que se dicte nueva sentencia. La defensa solicitó a la juez que se inhiba del conocimiento del caso, pues había adelantado criterio al respecto; además, porque se enfrentaba a un peligroso dilema vinculado al respeto y vigencia del principio de imparcialidad: si daba la razón a la defensa la Procuraduría podía quejarla disciplinariamente, pues su decisión podía haber sido la correcta desde el primer momento si es que hubiera reparado en los alegatos de la defensa; y si mantenía su posición se hubiera cumplido con el presagio de la defensa de que la juez estaba contaminada. La Jueza rechazó la inhibición planteada y dictó una nueva sentencia en el extremo anulado (reparación civil) y tomó en cuenta los alegatos de la defensa respecto al principio de confianza, arribando a una sentencia absolutoria. Se consideró que la intervención de otras instancias y dependencias de la RENIEC en la expedición de los vistos buenos en las órdenes del servicio hacían que el Gerente de Administración actuase cubierto por el principio de confianza al aprobar finalmente las órdenes de servicio. La Procuraduría apeló el fallo y la sala confirmó la sentencia de primera instancia.
Excepción de naturaleza de acción declarada fundada por ausencia de dolo
El año 2004 luego de que la empresa Aerocontinente ingresará en proceso de liquidación a raíz de que los Estados Unidos la incluyera en la Kingpin Act, se produjo diversas operaciones comerciales a fin de vender y reflotar la empresa que era considerada como la línea aérea más importante del Perú. Una de las operaciones comerciales fue la transferencia de acciones realizada por la empresa Aerocontinente a la empresa Nuevo Continente S.A., formada por los trabajadores de la empresa anterior. Luego, se concretó la compra de esta empresa por la Compañía Vuela Perú S.A.C que tenía como Gerente General a un reconocido piloto y empresario. Como consecuencia del desplazamiento y venta de acciones de Aerocontinente se comprendió en una investigación, y luego en un proceso penal por lavados de activos, al Gerente General de Vuela Perú S.A.C. Luego de asumir la defensa se planteó en el proceso penal la presentación de una excepción de naturaleza de acción por ausencia del tipo subjetivo (dolo), ya que el Gerente General no conocía, al momento de la compra de la empresa Nuevo Continente S.A., la procedencia irregular de los bienes y acciones de Aerocontinente, máxime si el año 2004 el gobierno peruano había emitido el Decreto de Urgencia Nº 005-2004, publicado el 10 de julio de 2004 en la que se autorizó la intervención del Estado en el servicio de transporte aéreo, y de manera expresa dicha norma, aludía al hecho de que la empresa Aerocontinente S.A. había sido incluida por el gobierno americano en la lista “The Foreing Narcotics Kingpin Designation Act”, por lo que ante el peligro inminente de afectar el servicio de público de transporte aéreo es que se decide intervenir dando facilidades económicas para reflotar la empresa de transporte aéreo. Dicha excepción fue declarada fundada asumiéndose la argumentación planteada por la defensa. La Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de queja planteada por la Procuraduría de Lavado de activos.
Un alto funcionario de una empresa privada era procesado por el delito de lavado de activos al haber supuestamente participado en actos de ocultación de un bien inmueble que fue objeto de un contrato de compra venta con pacto de retroventa en el año 2000. La Segunda Fiscalía de Criminalidad Organizada presentó su acusación escrita en la que solicitaba la pena de 25 años de pena privativa de libertad contra el alto funcionario como autor del delito de lavado de activos.
Luego de la acusación escrita la defensa del procesado inmediatamente a su designación presentó un escrito en el que se solicitaba el control de acusación debido a que el supuesto delito precedente que era Tráfico de drogas no se encontraba delimitado espacial y temporalmente y el que se había determinado como un supuesto delito previo un acto cometido tres años después (2003) del contrato de compra venta. Se denunciaba la violación al principio de legalidad penal y al derecho a ser informado de la imputación de manera concreta e individualizada.
Como consecuencia de este acto de defensa técnica el colegiado de la Sala Penal Nacional decidió declarar procedente el pedido y decretar la insubsistencia de la acusación fiscal formulada; ordenando que la Fiscalía superior formule un nuevo pronunciamiento. En ese sentido, la Segunda Fiscalía Superior en Criminalidad Organizada cumpliendo la decisión de la Sala y compulsando la prueba y los argumentos de la defensa decidió formular un dictamen no acusatorio en el extremo de nuestro defendido, pasando a archivar el caso. Se dejó sin efecto el dictamen anterior en el que solicitaba la imposición de una sanción de 25 años de pena privativa de la libertad. La importancia del caso reside en que se trata del primer control de acusación declarado fundado por una Sala Superior respecto a la comisión del delito de lavado de activos y en especial por la necesidad de referencia del delito precedente y que abre las puertas para un prolijo desarrollo de la jurisprudencia penal peruana en una infracción tan recurrente en su comisión como en su gravedad
El Ministerio Público acusó a un ciudadano de abuso sexual y de tocamientos indebidos de dos adolescentes. La sala superior emitió una sentencia condenatoria de 30 años de pena privativa de la libertad. El Estudio asumió la defensa y demostró que la sindicación de la menor no fue persistente (en sede judicial se retractaron de manera voluntaria) y que como ellas mismas reconocieron actuaron impulsadas por móviles espurios debido a que el procesado las había dejado abandonadas en un río de la sierra de Ayacucho y del que tuvieron que regresar caminando. Asimismo, se demostró que los padres de las menores señalaron que sus hijas actuaron por venganza y cólera. (R.N.Nº 3707-2013. Sala Penal Transitoria).
Una juez superior fue denunciada injustamente como autora del delito de peculado de uso por utilizar un vehículo asignado a la Corte de Justicia en el que dejaba y recogía a su hija menor de edad en un jardín de la infancia.
Luego de la investigación preparatoria se logró demostrar la irrelevancia penal del hecho al tratarse de un acto que no supera el riesgo permitido ni desborda el ámbito de protección de la norma del delito de peculado de uso. La fiscalía Suprema decidió sobreseer el caso con la conformidad del juez supremo de la investigación preparatoria.
Un empresario textil fue denunciado como autor del delito de defraudación tributaria en la modalidad de obtención indebida de crédito fiscal. El Estudio asumió la defensa del empresario y logró que se dictará un auto de no ha lugar a la apertura de instrucción. La Sala Superior confirmó por unanimidad la decisión de no procesar penalmente al empresario textil.
Un tío fue injustamente acusado y condenado por haber mantenido relaciones sexuales con su sobrina cuando ella contaba con trece años de edad. El Estudio asumió la defensa y logró demostrar que en el año (2003) que la menor alegaba haber mantenido relaciones sexuales el imputado no se encontraba en la ciudad de Lima.
Se destacó diversos documentos presentados en su oportunidad durante el proceso y que acreditaban recién su presencia en Lima en mayo del 2004, hecho que fue confirmado por diversos testigos. La Corte Suprema de Justicia absolvió de los cargos a la persona. (R.N. Nº 878-2011. Sala Penal Permanente).
El ex Presidente del Directorio de América Televisión, en su condición de abogado corporativo (socio de un estudio importante de abogados) y en atención de una recomendación del Gerente General de un importante Banco Comercial del Perú asumió la asesoría legal de una persona. El patrocinio legal se limitó a atender la consultoría de cuatro casos y el litigio en un proceso arbitral. Dentro de dicha actividad el abogado fue representante de una empresa off shore (Wilder Finance) que adquirió las acciones de la empresa “Industrial Ucayali” por un valor de $521,000 que fueron pagadas mediante cheques de gerencia. Por este hecho se le involucró en el delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En la investigación fiscal se dictó detención preliminar por un plazo de 15 días. Al día siguiente de su detención a través de un control judicial de la detención preliminar el ex Presidente del Directorio de América Televisión fue liberado. El fiscal formalizó denuncia en su contra y el juez negó la posibilidad de su procesamiento penal, decisión que fue confirmada por la Sala Penal Nacional. De las cerca de 30 personas denunciadas solo se rechazó el pedido de apertura de proceso penal de dos personas, entre las que figuraba el señor ex Presidente del Directorio de América Televisión.
La defensa técnica demostró que el actuar como representante de la empresa Wilder Finance se ciñó a su exclusivo rol de abogado, no infringió ninguna norma jurídica y deontológica (ausencia de desviación profesional), no creó ningún riesgo típicamente desaprobado y que, además, desconocía completamente los vínculos que tenía el cliente con el tráfico ilícito de drogas.
Al respecto, se presentó un informe de la empresa APOYO S.A. en el que se demostraba que las relaciones del cliente con el delito de narcotráfico recién fueron conocidas por los medios de comunicación a partir de diciembre del 2003 y los hechos que se atribuían al ex Presidente del Directorio de América Televisión eran del año 1996 y 1999. El abogado al momento de ocurrida la transacción de compraventa de acciones no tenía algún indicio para sospechar que su cliente estaba involucrado en la comisión de un ilícito penal.
Se aportaron también diversas sentencias de la Corte Suprema que establecían diversos criterios para la valoración de los indicios de la comisión del delito de lavado de activos.
A un grupo de funcionarios de ADUANAS se le inició un proceso penal por el delito de omisión de deberes funcionales al no haber reportado al Ministerio Público y la Policía Nacional una información sobre la probable comisión de un delito de narcotráfico que involucraba a dos ciudadanos peruanos que pretendían enviar al extranjero 60 Kg de clorhidrato de cocaína.
La defensa penal presentó una excepción de naturaleza de acción en la que se cuestionaba la relevancia penal del hecho imputado y la denuncia formalizada por el Ministerio Público al no tomar en cuenta la normatividad interna de ADUANAS que establecía como única obligación el informar a la Policía Nacional y a la Fiscalía acerca de los hallazgos y resultados positivos de mercancía prohibida. Se acreditó que los oficiales de ADUANAS se encontraban premunidos de autonomía funcional y que actuaban amparados de la potestad aduanera. La excepción fue declarada fundada en todos sus extremos en primera instancia, con dictamen favorable del Ministerio Público, sin que la Procuraduría Pública interpusiera medio impugnatorio alguno quedando firme y consentida dicha resolución.
La relevancia del caso reside en que la resolución del juzgado que puso fin al proceso penal terminó con una dura y larga disputa institucional entre la Policía Nacional y ADUANAS del Perú a favor de esta última; al reconocérsele su autonomía funcional y la autorización legal para poder intervenir en actos de detección de mercancías prohibidas (drogas y otras sustancias). Aduanas asume la exclusiva obligación de comunicar al Ministerio Público y a la Policía Nacional las operaciones que arrojen un resultado positivo en la labor de prevención. Se desechó la tesis policial de que en toda intervención de ADUANAS relacionada a una pesquisa de TID se deba comunicar al Ministerio Público y a la Policía Nacional, al margen de si el hallazgo es positivo o negativo.
Querella en el Nuevo Código Procesal.
El estudio abordó la defensa en segunda instancia de un empresario y político que en declaraciones a un medio de prensa escrito (periódico de alcance regional) había señalado en respuesta a los ataques en su contra que: “al señor que me ha denunciado lo botamos de la junta, porque es un sinvergüenza, él falsificó cheques y tiene una denuncia penal, tal vez ahora actúa por represalias”.
La persona agraviada y su defensa presentaron ante el juez penal una querella, acompañando únicamente la copia del diario en donde habían aparecido las declaraciones del empresario. No anexó, ni ofreció el testimonio de la periodista, autora de la nota, (debidamente identificada) ni tampoco ofreció para su actuación en juicio el audio en el que se recogen las supuestas declaraciones vertidas. Luego, en el juicio oral, se pretendió incorporar el testimonio de la periodista, pero frente a las observaciones formuladas por la defensa del querellado y el juez penal se desistió expresamente de presentar dicho medio de prueba.
El juez penal en primera instancia, luego del juicio oral, condena al empresario como autor del delito difamación agravada y le impone una reserva de fallo condenatorio. Las razones por las que el juez condena son, básicamente: i) se da por probado que el móvil de los hechos es la reacción visceral del querellado al momento de rendir su entrevista a la prensa, por haber sido denunciado previamente; ii) "la nota periodística ha sido redactada respetando los cánones de la prensa escrita, esto es recogiendo la versión del entrevistado, sin exageraciones ni amaneramientos de estilo (descripción simple y lineal de la noticia), y además, en lo que respecta a la nota materia de denuncia, colocando los signos ortográficos correspondientes al momento de recoger la expresión lineal del entrevistado".
El querellado apeló el fallo y concurrimos al juicio de segunda instancia. La defensa del querellante tomando en cuenta nuestro escrito de apelación (en el que dejábamos constancia de la manifiesta insuficiencia probatoria) pretendió ingresar y ofrecer en dicha instancia el audio de la declaración prestada. La Sala penal rechazó el ofrecimiento probatorio por extemporáneo (art. 422.2.a del NCPP).
Se precisó que el escrito de contestación de la querella fue un acto de defensa y que no constituía de modo y forma alguna, medio de prueba, lo cual queda establecido por la literalidad del art. 462.1 del CPP. Asimismo, destacamos que no era posible decretar una nulidad, toda vez que no se advertía ninguna violación a un derecho fundamental (v. gr. derecho de defensa), el imputado tenía derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la inercia (negligencia) probatoria del querellante, incumpliendo con la titularidad de la carga de la prueba, no tenía por qué perjudicar al querellado.
La sala acogió los argumentos de la apelación y absolvió al querellado.
El Sr. Jorge Mufarech Nemy, cuando ocupaba la condición de Ministro de Trabajo en el año 1999, fue objeto de una interceptación telefónica en uno de sus teléfonos privados en el momento que sostenía una conversación con el Presidente del Directorio de América Televisión de esa época: José Enrique Crousillat.
Como consecuencia del contenido aparentemente delictivo de dicha conversación el Ministerio Público formalizó denuncia contra ambas personas por la comisión del delito de tráfico de influencia y cohecho pasivo propio, razón por la cual la jueza del Tercer Juzgado Anticorrupción Antonia Saquicuray procedió a requerir a la Corte Suprema que solicite el levantamiento de la inmunidad parlamentaria al Congreso de la República a fin de que pueda ser procesado penalmente.
La Comisión del levantamiento del fuero de la Corte Suprema de Justicia del Perú con resolución de fecha 17 de junio del 2005 decidió por mayoría no solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista Jorge Mufarech Nemy al considerar que los medios probatorios del caso Mufarech, "han sido contaminados" y su origen era ilícito, concluyendo que: “Las pruebas para tener valor en un proceso deben ser lícitas y en este caso (Mufarech) se trata de una transcripción de una conversación interceptada y por ello es nula”.
La importancia de este precedente reside en que se logró por vez primera que en un caso del sistema anticorrupción (en donde se procesó y condenó a Ministros de Estado, Congresistas, asesores presidenciales, Presidentes del Consejo de Ministros, Fiscal de la Nación, empresarios, entre otros) se reconociera la importancia del derecho fundamental del secreto en las comunicaciones (art. 2 inc. 10 de la Const.) y se archivara una denuncia por hechos aparentemente graves al reconocer la Corte Suprema el primer caso de prueba ilegítimamente obtenida.
Como consecuencia de una serie de cuestionamientos y denuncias de los medios de comunicación el Congreso de la República decidió constituir una “Comisión Investigadora de las denuncias contra el congresista Jorge Mufarech” (setiembre del 2004) a fin de esclarecer las imputaciones penales que se dirigían contra el ese entonces Congresista de la República Jorge Mufarech Nemy. La comisión estaba integrada por tres congresistas.
Las conclusiones de la Comisión Investigadora pasaron a ser evaluadas por el Pleno del Congreso quien aprobó (por 66 votos a favor, 20 en contra y 11 abstenciones) el enviar todo lo actuado por dicho grupo al Ministerio Público para que esta instancia determine si acusa o no penalmente al Congresista.
Las investigaciones que realizó el Ministerio Público respecto a las conclusiones del Pleno del Congreso, y las indagaciones ampliatorias que se formularon, determinaron el archivamiento de todas las denuncias presentadas en contra de don Jorge Mufarech, sin que ninguna de ellas se haya judicializado.
La defensa del Congresista Mufarech Nemy en sede parlamentaria utilizó importantes precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del sistema Internacional de Derechos Humanos a fin de evitar que se incurra en violaciones al debido proceso por parte del Congreso de la República. Por su parte, en el seno del Ministerio Público se utilizaron argumentos de atipicidad y de aporte probatorio que demostró su absoluta inocencia en los hechos imputados.
La relevancia constitucional y penal del caso estriba en que pese a la amplia y extensa cobertura mediática como a la severa crítica a la que se sometió al señor Jorge Mufarech Nemy se hizo prevalecer los principios del Estado de Derecho, evitando comportamientos arbitrarios de los órganos de persecución estatal.
Un médico y empresario se le procesó por el delito de Terrorismo, atribuyéndosele el haber pertenecido al grupo terrorista Sendero Luminoso durante los años de 1989 – 1993, al formar parte del Aparato de Salud del Departamento de Apoyo Socorro Popular. El Ministerio Público formuló acusación en su contra solicitando una pena privativa de libertad de 25 años, inhabilitación, 150 días multa y la suma de S/. 150.000.00 nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.
El empresario médico fue absuelto de los cargos pese a la persistencia del Ministerio Público de acreditar su culpabilidad y los indicios (contingentes) que lo relacionan con el hecho.
La importancia de este caso radica en que a nivel de juicio oral se implementó una defensa técnica encaminada a cuestionar la prueba de cargo que sustentó la acusación, asimismo, se aportó la respectiva prueba de descargo, haciéndose prevalecer la presunción de inocencia.
Un alto funcionario de una Municipalidad fue condenado en primera instancia por el delito de colusión ilegal por haber supuestamente concertado con una empresa constructora en la compra de bienes.
La defensa de dicho funcionario solicitó a la Corte Suprema su absolución debido a que había actuado conforme de derecho, sin infringir norma jurídica alguna, había cautelado el procedimiento administrativo en la licitación pública convocada y su comportamiento no había producido ningún perjuicio al ente Municipal.
La Corte Suprema absolvió al funcionario recogiendo la posición de la defensa.
A un funcionario de la Compañía Peruana de Teléfonos se le procesó supuestamente por pertenecer a la organización terrorista “Sendero Luminoso” cuando trabajaba en el sindicato de trabajadores de la Compañía Peruana de Teléfonos.
La base de esta imputación se sustentó en documentación diversa consistente en panfletos, afiches, volantes, etc. supuestamente encontrados en el domicilio de dicho funcionario. La defensa cuestionó la legalidad del allanamiento con que se realizó esta intervención, debido a que a la misma hora y con el mismo fiscal en dos lugares distantes de Lima se realizó dos allanamientos, sin que se respete las garantías mínimas del debido proceso. La Sala Penal Nacional absolvió al ex funcionario de la CPT y la Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución.
La importancia de este proceso penal radica en que remarcó la necesidad de que la obtención de la prueba debe efectuarse respetando las garantías del debido proceso y los derechos fundamentales.
A un mayor de la Policía Nacional del Perú se le procesó por el delito de Cohecho Pasivo Propio. Se le imputó el haber solicitado a una persona la suma de US $ 13.000.00 dólares americanos, a cambio de liberar a su madre quien había sido detenida por la presunta comisión del delito de comercialización de insumos químicos vinculados al Tráfico Ilícito de Drogas.
La Sala Penal Especial Anticorrupción condenó al Mayor PNP como autor del delito de Cohecho Pasivo Propio, y le impuso cinco años de pena privativa de libertad efectiva e inhabilitación por el término de tres años, y fijó una reparación civil de veinte mil nuevos soles a favor del Estado. Contra dicha sentencia se interpuso recurso de nulidad.
Concluida esta primera instancia se asumió la defensa de dicho oficial de la PNP. La defensa se centró en cuestionar la acusación fiscal y el razonamiento fáctico que se siguió para condenar al Mayor. Para tal fin se desarrolló los presupuestos y requisitos de la prueba indiciaria aplicándola al caso concreto.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró haber nulidad en el extremo de la sentencia que condenaba al Mayor PNP, absolviéndolo de todos los cargos disponiendo su libertad inmediata.
El dueño de una empresa de alquiler de vehículos fue injustamente comprendido y condenado en primera instancia por lavado de activos debido a que el año 2008 había alquilado un vehículo a unos ciudadanos colombianos que luego fueron capturados como parte de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas.
La condena de primera instancia se basó en que la procedencia para la compra de varios vehículos e inmuebles no fue debidamente sustentada, de acuerdo a un dictamen pericial contable y que dichos bienes en su mayoría fueron pagados al contado.
Frente a los argumentos presentados por la defensa del empresario la Corte Suprema de Justicia absolvió al empresario al considerar que: i) ninguno de los miembros de la organización criminal lo identificó como parte de ella; ii) los testigos de cargo ofrecidos por la fiscalía señalaron no tener conocimiento sobre la existencia de la empresa Robert Renta Car; iii) se demostró que la empresa tenía licencia de funcionamiento, tributaba regularmente e hizo durante varios años publicidad, a página completa, en las páginas amarillas; iv) al empresario se le devolvió el vehículo mediante resolución judicial y nunca se lo comprendió en el proceso de tráfico de drogas; v) se reconoció que su conducta fue neutral debido a que se limitó a alquilar el vehículo a una persona que posteriormente se descubrió que se dedicaba a traficar droga; vi) se considera también que la existencia de un desbalance patrimonial no justificado es insuficiente, per se, para imputar el delito de lavado de activos; de lo contrario se estaría legitimando una inversión de la carga de la prueba en contra del debido proceso. (R.N. Nº 2303–2017. Sala Penal Permanente).

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