CASOS DE

LA JUSTICIA

CONSTITUCIONAL



CASOS DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

El Estudio presentó una demanda de acción popular contra el D.S 005-2012 JUS publicado el 23 de febrero del 2012 que autorizaba la presentación de las personas detenidas ante los medios de comunicación y se solicitaba que dicho decreto sea expulsado de nuestro ordenamiento jurídico por violar la dignidad de la persona humana y el principio de presunción de inocencia como regla extraprocesal.
La Sala Superior amparo la demanda presentada y declaró inconstitucional el Decreto Supremo N° 005-2012-JUS: “disponiéndose su expulsión de nuestro ordenamiento jurídico y, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 81 del Código Procesal Constitucional, en concordancia con el segundo párrafo del artículo 83 de la misma norma, dicha declaración de inconstitucionalidad se hace con efectos retroactivos a la fecha de publicación de la mencionada norma”.
La Tercera Sala Constitucional y social de la Corte Suprema de la República confirmó la sentencia apelada (ACCIÓN POPULAR N° 16682–2016).
Un empresario se encontraba más de dos años investigado por lavado de activos por una Fiscalía de Lima Norte.
Frente a la inactividad del Ministerio Público para definir la situación jurídica del empresario, sea archivando el caso o denunciándolo penalmente, se decidió presentar un hábeas corpus por violación al plazo razonable y se solicitaba que el Poder Judicial estableciera un plazo razonable para resolver la situación jurídica del empresario.
La demanda fue declarada fundada en segunda instancia y se ordenó que la fiscalía emita resolución final en el plazo máximo de sesenta días.
Hábeas corpus contra queja fiscal superior
Un Director del grupo el Comercio y un trabajador suyo fueron denunciados como autores del delito de estragos (incendio) y daños materiales. La Fiscalía luego de una exhaustiva investigación declara archivada la denuncia. Los supuestos agraviados presentaron una queja de derecho que fue conocida por la décima fiscalía superior que decide declararla fundada la misma, ordenando formalizar denuncia penal.
Frente a ello se interpuso a favor de las dos personas involucradas, una demanda de hábeas corpus conexo, dirigido contra el Fiscal de la Décima Fiscalía Superior Penal de Lima, alegando la violación del derecho a motivar las resoluciones fiscales por no haberse individualizado debidamente la participación de cada una de los hoy demandantes; no precisar la tipificación jurídica del modus operandi que les correspondía; no se había determinado los errores en que habría incurrido la Fiscalía Provincial y porque, además, no se plasmó el razonamiento fáctico y jurídico que sustenta la revocatoria de la resolución del fiscal provincial
Un Juzgado Penal de Lima, en primera instancia, declaró fundada la demanda de hábeas corpus y resolvió declarar nula la queja de derecho, así como todo lo actuado en adelante. La Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel, confirmó por unanimidad la resolución de primera instancia, concluyendo este proceso constitucional. La relevancia de este proceso es que por primera vez mediante un proceso constitucional de hábeas corpus se establece la obligación de motivar las resoluciones de los fiscales superiores en particular cuando resuelven las quejas de derecho.
Habeas corpus que anuló la formalización de la investigación preparatoria, la acusación y el auto de citación a juicio en el NCPP
Al Ex – Presidente de la Región Lima le imputaban la comisión del delito de colusión, malversación, peculado y falsedad de documentos en el tiempo que fue Alcalde del municipio de Lunahuaná (Cañete). El Ministerio Público había investigado con las reglas del viejo Código de Procedimientos penales desde el año 2006 al 2008 decidiendo archivar la investigación fiscal de manera definitiva en septiembre del 2008. Ni la Procuraduría pública ni otra persona interpusieron recurso de queja. La decisión de archivo quedó consentida.
El año 2011 (dos años y medio después) reabren la investigación fiscal dictando una formalización de investigación preparatoria por todos los delitos por los que fue investigado anteriormente sobre la base de un (nuevo) informe complementario de Contraloría y que analizaba de manera somera la construcción (ejecución presupuestal) de 23 obras que se habían producido en la parte final de su gestión y que en el peor de los casos solo daría pie a una investigación por un hecho (malversación de fondos). El informe, además, señalaba que no podía concluir en la existencia de alguna falta administrativa, civil o penal debido a que no se había tenido a la vista la información contable, remitida al archivo de la nación por la gestión edil posterior.
La defensa se asumió cuando el caso ya estaba con acusación y había auto de citación a juicio. Luego del estudio del expediente recomendamos la presentación de un habeas corpus alegando la violación al principio constitucional de cosa decidida, al deber de motivación reforzada en casos de nueva apertura de la investigación fiscal y la obligación de evaluar cómo y de qué manera una supuesta evidencia se conecta con todos y cada una de las infracciones penales materia de imputación. Sostuvimos que el Nuevo Código procesal penal debe ser respetuoso de las reglas constitucionales y convencionales de la cosa decidida y la obligación de motivar las decisiones del Ministerio público, peor cuando se pretende reabrir una investigación clausurada, alegando nueva prueba.
La Sala penal declaró fundado por unanimidad el Hábeas corpus anulando la formalización de la investigación preparatoria y todos los actos posteriores (acusación y auto de citación a juicio).
Dicho órgano jurisdiccional reconoció la regla constitucional (fijada en diversas sentencias por el TC) y convencional (caso Loayza Tamayo VS. Perú) de que una persona solo puede ser investigada una vez por el Ministerio Público y en los casos excepcionales en los que hay una nueva evidencia ésta tiene que analizarse y motivarse escrupulosamente (mayor carga de la fundamentación) relacionándola o no con cada una de las imputaciones planteadas.
Hábeas corpus que anuló dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia.
La Dra. Elsa Canchaya Sánchez había sido elegida como Congresista de la República en el período 2006 a 2011 por el Partido Popular Cristiano. A través de diversos reportajes en los medios de comunicación se informó que la Congresista había contratado como asesora de su despacho a una persona que supuestamente efectuaba servicios domésticos en su casa familiar.
El Congreso de la República le retiró la inmunidad parlamentaria y se le imputó la comisión de dos delitos: estafa y nombramiento ilegal. Luego del proceso penal correspondiente ante la Corte Suprema fue condenada por la Vocalía de instrucción como autora del delito de nombramiento ilegal. La Sala Penal especial de la Corte Suprema confirmó la condena por el delito de nombramiento ilegal. La Sala Penal Transitoria desestimó el recurso de queja.
Se asumió la defensa de la Congresista en sede constitucional.
Luego del análisis del caso se presentó una demanda de hábeas corpus por violación al principio de legalidad, ya que al tiempo de la condena en segunda instancia había transcurrido el plazo íntegro de la prescripción del delito (ordinario y extraordinario). Asimismo, se denunció la violación al principio de igualdad ante la ley, debido a que el Congreso de la República había resuelto casos idénticos de otros Congresistas de manera distinta.
El Tribunal Constitucional del Perú en una decisión relevante, en la medida que respeto su doctrina jurisprudencial y los parámetros fijados por la Corte IDH, declaró nula la sentencia condenatoria y ordenó que se emita nuevo pronunciamiento, en atención que se había verificado la violación a las reglas de la prescripción y al principio de legalidad.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema respetando el fallo del TC procedió a decretar la prescripción del caso.
Un alto funcionario de ADUANAS, fue comprendido en un proceso penal por haber participado en un operativo anticontrabando en la ciudad de Puno. Se le imputaba la comisión del delito de abuso de autoridad y de apropiación ilícita. El funcionario fue condenado en primera y segunda instancia como autor del delito de abuso de autoridad. La queja que se presentó a la Corte Suprema por su defensa de ese entonces Y fue declarada infundada.
Como consecuencia de haberse dictado una sentencia condenatoria firme se corría el riesgo de que el funcionario pierda su trabajo y sea separado de la Administración Pública de manera definitiva.
Una vez que se asumió la defensa se presentó la demanda de habeas corpus contra la sentencia condenatoria de primera y segunda instancia alegando la violación al principio de legalidad penal, debido a que se había condenado al funcionario sin haber respetado las reglas de la prescripción penal y se había considerado al delito de abuso de autoridad como un delito permanente y no como un delito de comisión instantánea.
Un Juzgado Penal de Lima declaro improcedente la demanda considerando que al tiempo de presentación de la demanda de habeas corpus el funcionario ya se encontraba rehabilitado y no habría afectación a su libertad individual. La Segunda Sala Penal Superior de Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda en todos sus extremos estimando que se había impuesto una sentencia condenatoria habiendo transcurrido con holgura los plazos de prescripción en primera y segunda instancia; declarando nulas ambas sentencias.
La importancia del caso reside en que se hizo prevalecer y respetar los alcances del principio de legalidad penal que tiene como una de sus manifestaciones a la prescripción del ejercicio de la acción penal. Asimismo, se impidió que un profesional competente y honrado pierda su trabajo a causa de una sentencia condenatoria injusta.
Unos empresarios fueron denunciados por la aparente comisión del delito de estafa ante una Fiscalía Penal de Lima, que tras una larga investigación decidió archivar de manera definitiva el caso. Los supuestos agraviados luego de 22 días apersonan nuevos abogados y piden que se les expida copia certificada de la resolución de archivo. Con dicha copia, que no era una notificación, presentan un recurso de queja que es declarado fundado por la Sexta Fiscalía Superior de Lima que ordenó que se proceda a denunciar penalmente.
Luego de formulada la denuncia fiscal el juez penal dictó auto de apertura de instrucción y ordenó, además, el mandato de detención contra Z.P. F. y A.G.C. siendo internados en el Penal San Jorge. Su defensa luego de aportar nuevos actos de investigación logra que se conceda una variación al mandato de detención por el de comparecencia, resolución que fue revocada por la Sala Penal de Reos en Cárcel decretándose su inmediata ubicación y captura. En el proceso penal principal, en tiempo record, el fiscal había emitido un dictamen acusatorio solicitando la pena de seis años de pena privativa de libertad contra los inculpados.
Los nuevos abogados defensores, luego de una minuciosa revisión del expediente, interponen a favor de los empresarios una demanda de hábeas corpus conexo, sustentando como agravios constitucionales la violación por parte de la Fiscalía Provincial Penal de Lima de los principios de cosa decidida y el principio de legalidad procesal.
El Juzgado Penal de Lima declaró infundada la demanda de hábeas corpus. Luego de la apelación correspondiente la Sala Penal Con Reos Libres de Lima revocó dicha resolución; y declaró fundada la demanda de hábeas corpus, asimismo, dispuso que el concesorio de la mencionada queja de derecho fuera declarada nulo, así como todo lo actuado con posterioridad; dejando sin efecto no solo el mandato de detención dictado en contra de los favorecidos, sino todos los actos posteriores al concesorio; es decir, la denuncia penal, el auto apertura de instrucción y la acusación como todos los actos del proceso penal quedaron nulos y desprovistos de cualquier valor jurídico.
La importancia de este proceso constitucional reside en que se ha reconocido el principio de cosa decidida en los actos y resoluciones del Ministerio Público y que los actos de este órgano de persecución del delito pueden ser controlados constitucionalmente.
Hábeas corpus anuló dos sentencias condenatorias injustas por violación al derecho de prueba en conexión con el deber de motivar las resoluciones judiciales. El primer hábeas corpus fundado con el NCPP
El Alcalde de Huaral fue condenado por el Segundo Juzgado penal de Huaral como autor del delito de desobediencia a la autoridad por no devolver una camioneta Station Wagon que había sido entregada en custodia al depósito Municipal de Huaral, pese que su decisión de no devolver el vehículo se amparó en el Informe Legal del Jefe de Asesoría Legal de dicho Municipio y del Gerente de Transportes que hacían ver la necesidad de garantizar el pago de los gastos de internamiento y custodia en los que había incurrido el depósito municipal. La Sala Penal Permanente de la Corte de Justicia de Huacho confirmó por mayoría la sentencia condenatoria.
La demanda de hábeas corpus conexo se interpuso en contra del Juez Penal de Huaral y contra los señores Vocales de la Sala Superior Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Huacho. Dicha demanda planteó como agravios constitucionales la vulneración del derecho de prueba y su conexión con la obligación de motivar las resoluciones judiciales al no haberse valorado de manera motivada la principal prueba de descargo (el Informe del Asesor Legal), afectando de esa manera el derecho de defensa y el derecho a probar del condenado.
El Tercer Juzgado Penal declaró improcedente la demanda. Sin embargo, la Tercera Sala Penal revocó la resolución de primera instancia y declaró fundada la demanda de habeas corpus en votación dividida (3 votos a 2) recogiendo los planteamientos esgrimidos por la defensa al momento de interponer la demanda, tomando en cuenta las sentencias del Tribunal Constitucional Peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las sentencias condenatorias de primer y segunda instancia fueron declaradas nulas desapareciendo cualquier antecedente penal al respecto.
Como consecuencia de la sentencia estimatoria de la demanda de habeas corpus el Jurado Nacional de Elecciones (Expediente Nº J-2009-258) con fecha 02 de Junio del 2009 expidió la resolución en donde señalaba que carecía de objeto pronunciarse sobre el pedido de vacancia y suspensión del cargo formulado contra el Alcalde de Huaral.
La importancia de este proceso constitucional reside en que es el primer habeas corpus que se declara fundado luego de la entrada en vigor del Nuevo Código Procesal Penal, reafirmándose la supremacía de la Constitución y los derechos fundamentales sobre la legalidad ordinaria. Una nueva legislación procesal no quiere decir que se va a respetar de manera necesaria los derechos humanos de los justiciables. Asimismo, deja sentado el mensaje acerca de la necesidad de que para imponer una sentencia condenatoria debe respetarse primero las garantías constitucionales del proceso penal.
La esposa injustamente detenida por actos cometidos por el esposo y padre de sus dos hijas
La señora Pilar Tam Palomino, perteneciente a una próspera y respetable familia de empresarios trujillanos, fue comprendida en una investigación por lavado de activos (Caso: espárragos blancos); dictándose en su contra una detención preliminar por quince días y luego se decretó un mandato de detención al abrirse el correspondiente proceso penal.
La defensa interpuso un habeas corpus contra el juez que había dictado el mandato de detención (que fue confirmado por la sala superior) alegando la violación del derecho al derecho de prueba en la modalidad de prohibición constitucional de no valoración de los medios de prueba presentados en fase de calificación de la denuncia y que acreditaban el arraigo domiciliario, el arraigo familiar y el arraigo laboral de la Sra. Pilar Tam Palomino; asimismo, se alegó la violación del derecho a contar con una motivación individualizada del mandato de detención.
El juez del 42 Juzgado Penal de Lima, en una resolución emblemática que seguía la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y sus propios precedentes declaró fundada la demanda; disponiendo la nulidad de la medida cautelar de detención y ordenó al juez penal competente que expida una nueva resolución cautelar valorando los medios probatorios que fueron dejados de lado anteriormente. La Sala Penal Superior de la Corte de Justicia de Lima, por unanimidad, confirmó en todos sus extremos dicha resolución.
El juez penal dictó una nueva medida cautelar imponiendo esta vez a la Sra. Tam Palomino la medida de comparecencia con restricciones, resolución que fue confirmada por la Sala Penal en todos sus extremos por decisión unánime.
La relevancia de este caso estriba en que todo mandato de detención debe motivar de manera individual (para cada procesado – detenido) las razones en que funda el peligro procesal (riesgo de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria) como único criterio legitimante de la prisión provisional; e impone al juez el deber de pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas por la defensa que demuestran el arraigo de la persona comprendida en el proceso y la ausencia de entorpecimiento de la actividad probatoria.
El respeto al derecho a ser informado de la imputación en una acusación fiscal
Los miembros de la Junta Directiva del Centro Comercial “Polvos Azules” habían sido acusados por una Fiscalía provincial de Lima de la comisión del delito de usurpación agravada en un litigio penal en que se discutía la posesión de los aires de dicho Centro Comercial. Dicha fiscalía había solicitado la imposición de una pena de cinco años de privación de la libertad.
En virtud de que la acusación escrita no había delimitado de manera concreta y específica la conducta (activa u omisiva) efectivamente realizada como tampoco había determinado los niveles de intervención [calidad de autores y partícipes]; asimismo, no había individualizado qué pruebas acreditan cada una de las conductas que habían cometido cada uno de los imputados, ni determinaba de forma clara, precisa ni circunstanciada cómo cada uno de éstos habría ejercido actos de violencia o amenaza contra la agraviada; es que se presentó una demanda de habeas corpus conexo e innovativo contra dicha resolución fiscal.
En primera instancia la jueza constitucional decidió rechazar preliminarmente la demanda considerando que las violaciones alegadas no representaban la afectación a algún derecho fundamental. Luego de interpuesto el recurso de apelación la Sala Penal Superior revocó la decisión del juez y declaró fundada la demanda de habeas corpus ordenando la nulidad de la misma y que el Ministerio Público disponga a emitir un nuevo pronunciamiento al estimar que se había quebrantado el deber de motivar las resoluciones fiscales y la violación al principio de imputación concreta y suficiente.
La importancia penal del caso reside en que se trata de una de las pocas oportunidades que la Corte Superior de Lima vía una acción de habeas corpus decide controlar constitucionalmente la acusación fiscal; ordenando la nulidad de la misma y el cumplimiento de una serie de requisitos formales y materiales regulados en el artículo 225 del Código de Procedimientos Penales.
La necesidad de limitar los poderes discrecionales de OCMA
Un juez que se desempañaba como Juez comercial en la Corte Superior de Justicia de Lima como consecuencia de una acción administrativa – disciplinaria fue abstenido por la Oficina de Control de la Magistratura por una supuesta inconducta funcional al haber expedido una medida cautelar en un proceso de nulidad de acto jurídico. Dicha abstención se prolongó por más de dos años, encontrándose privado en su condición de Juez titular del derecho al trabajo y a una remuneración.
La violación a los derechos fundamentales condujo a que se interpusiera una demanda de amparo contra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Jefe de la OCMA. Se alegaba la violación de: i) El principio de legalidad en su modalidad de reserva de la ley por habérsele abstenido del cargo de juez tomando como base el Reglamento de Organización y Funciones de OCMA y no una norma con rango de ley formal; ii) El deber de motivar las resoluciones judiciales al no haberse motivado de manera específica y concreta la medida cautelar de abstención del cargo; iii) La violación al plazo razonable respecto a la duración de la medida cautelar de abstención.
La demanda constitucional fue declarada fundada en todos sus extremos por el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima. Dicha sentencia estimatoria fue confirmada a su vez, en todos sus extremos, por la Primera Sala Civil de Lima. La relevancia de este caso reside en que es la primera vez que la justicia constitucional en el Perú reconoce la violación de los derechos fundamentales a un magistrado que fue abstenido del cargo y se establece categóricamente que antes de la vigencia de la carrera judicial no existía base legal formal (reserva de la ley en la afectación de derechos fundamentales) ni había el respeto al derecho a que una medida cautelar dure y se resuelva dentro de un plazo razonable. Se trata de un leading case que sienta el primer precedente en un tema controversial y de larga discusión en la judicatura peruana.
La presunción inocencia y la protección de los derechos fundamentales se extiende a todos los ciudadanos
El Alcalde la Municipalidad de Pucallpa (Provincia de Coronel Portillo) fue acusado de participar en el asesinato de un periodista Pucallpino contratando supuestamente con ese fin a dos sicarios. El titular del Primer Juzgado Penal de Coronel Portillo abrió proceso penal dictando en su contra el mandato de comparecencia con restricciones, resolución que fue apelada oportunamente por la parte civil.
Luego de la declaración instructiva del Alcalde y de practicarse nuevos actos de investigación –sobre la base del principio de provisionalidad de las medidas cautelares– se solicitó la variación del mandato de comparecencia restringida por el de comparecencia simple, concediendo el juzgado el pedido formulado por la defensa. Dicha resolución una vez que fue notificada se presentó a la apelación del cuaderno incidental de medida cautelar que se ventilaba ante la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Ucayali solicitando la sustracción de la materia, ante lo cual dicho órgano jurisdiccional expidió una resolución en donde se dispuso “téngase presente en su oportunidad”. Pese a ello, la Sala Penal Permanente de Ucayali decidió revocar el mandato de comparecencia con restricciones y dictar el mandato de detención contra el Alcalde y otro funcionario.
Habiéndose agotado la instancia plural y al afectarse de manera directa la libertad personal se presentó un habeas corpus reparador por violación al: i) Principio tantum apellatum quantum devolutum ya que se había dictado mandato de detención pese a que la pretensión de la parte civil se limitaba a exigir que se dicte arresto domiciliario y no se varió dicho pedido ni por escrito ni oralmente luego de planteado el recurso de apelación; ii) La violación al deber de motivación reforzada o especial del mandato de detención, reconocido por la jurisprudencia del TC, que impone al órgano jurisdiccional de apelación el deber de demostrar y razonar de manera adecuada los errores de hecho o de derecho en los que ha incurrido el juez a quo que dictó el mandato de comparecencia, ya que toda formulación de un medio impugnatorio (apelación) busca corregir y enmendar los errores en los que se ha incurrido el órgano a quo.
En base a los argumentos sostenidos por la defensa la Jueza Titular del Cuarto Juzgado Penal de Turno declaro fundado la acción de hábeas corpus presentada por la defensa del imputado, dejando sin efecto las órdenes de captura dictadas en su contra y ordenando que la Sala Penal permanente de Ucayali dicte nueva resolución. La Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Ucayali en resolución recaída en el Expediente 2006-00336-0-2402-JR-PE-04 confirmó la sentencia de Hábeas Corpus de primera instancia, declarando nulo el auto expedido por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, en el que se ordenaba la ubicación y captura del burgomaestre.
Como consecuencia de que el proceso constitucional de habeas corpus quedó firme la defensa del señor Luis Valdez presentó una recusación contra los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, por haberse demostrado que los integrantes de dicha Sala actuaron arbitrariamente al dictar el mandato de detención. La recusación fue declarada fundada por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Ucayali.
 

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