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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.º 1953-2019
LIMA

Prescripción de la acción penal

La prescripción de la acción penal es una condición que impide la persecución penal y opera de pleno derecho cuando transcurre el plazo que la ley establece.

Lima, dos de marzo de dos mil veintiuno

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por Máximo Edilberto Gadea Olivera contra la sentencia emitida el dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que lo condenó como autor del delito contra la administración pública-peculado de uso –tipificado en el artículo 388 del Código Penal–, en agravio del Estado –Digemin (Dirección General de Migraciones y Naturalización)–, y le impuso dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución bajo el cumplimiento de reglas de conducta y fijó el pago de S/ 1000 (mil soles) por concepto de reparación civil.

Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos de la impugnación

1.1. No se encuentra acreditado que el nueve de enero de dos mil ocho el vehículo de la institución ingresó o salió de un hospedaje. La visualización del video y el informe señalan expresamente que solo una vez ingresó al hostal Molinero Inn y no dos veces, como lo señala el Colegiado Superior.

1.2. La persona a la que recogió en el vehículo el quince de enero era una de sus informantes, quien le manifestó que en el interior del hospedaje Molinero Inn se encontraban otras personas que querían brindar información sobre actos dolosos que se cometían en el interior de la Digemid.

1.3. En autos obran diversos memorándums y oficios sobre las acciones que entabló como director de migraciones; incluso obra un informe de inteligencia cuya base son los memorándums que dirigió al Ministerio del Interior.

1.4. El a quo debió ordenar de oficio la remisión del Informe de Contrainteligencia número 430-2007-UGH8-60, que solicitó el destaque de oficiales para un estricto control en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, dado que se trata de un informe de inteligencia que tiene carácter reservado o confidencial.

1.5. La acción penal ha prescrito, pues han transcurrido más de diez años de ocurridos los hechos.

Segundo. Hechos imputados

2.1. El Ministerio Público sostiene que el procesado Máximo Edilberto Gadea Olivera, quien se desempeñaba como director general de la Digemin en el periodo comprendido entre el diez de abril de dos mil siete y el veinticinco de enero de dos mil ocho, habría usado para fines ajenos al servicio el vehículo signado con la placa de rodaje DO-6301, perteneciente a dicha entidad del Estado.

2.2. El nueve de enero de dos mil ocho, al promediar las 16:52 horas, habría recogido con dicho vehículo a una persona de sexo femenino en la plaza de Armas de Lima, con la que se trasladó a un hospedaje, donde permanecieron un promedio de dos horas. El catorce del mismo mes y año, al promediar las 9:14 horas, trasladó con dicho vehículo a una persona de sexo femenino, quien a su vez se encontraba acompañada de una menor de edad, hasta un centro escolar particular, para luego dirigirse hasta las instalaciones de la Digemin. Al día siguiente, al promediar las 15:28 horas, sacó de la cochera de la Digemin el referido vehículo y con él se trasladó al hostal Molinero Inn, y permaneció en su interior hasta aproximadamente las 18:50 horas; luego regresó el vehículo a las instalaciones de la Digemin a las 19:16 horas.

Tercero. Fundamentos de la sentencia impugnada

3.1. La declaración del procesado Gadea Olivera, la del testigo Melanio Sedano Lucas y el Oficio número 1798-95- IN/011100040100(F) acreditan que el vehículo Toyota, modelo Tercel, de color verde, con placa de rodaje DO-6301, se encontraba asignado para uso oficial de la Digemin.

3.2. El procesado se desempeñó en el cargo de director general de la Digemin desde el diez de abril de dos mil siete hasta el veinticinco de enero de dos mil ocho.

3.3. El cuaderno de registro de la Digemin, la declaración del encausado, la visualización del CD adjunto al expediente y el Informe número 46-2008-DIRCOCOR-PNP-OFINTE/UNIANA de transcripción del video acreditan que el procesado hizo uso del vehículo los días nueve, catorce y quince de enero de dos mil ocho.

3.4. El uso que el procesado le dio al vehículo el catorce de enero de dos mil ocho (traslado de su hija y su nieta hasta un centro de estudios) no califica como uso indebido, dado que se trató de un hecho circunstancial y, por máximas de la experiencia, ante la eventualidad de que la movilidad de la nieta no llegó, es lógico y coherente que haya optado por apoyar a su hija y su nieta.

3.5. Se encuentra acreditado que dio uso indebido al vehículo los días nueve y quince de enero. Su versión de que las féminas a las que recogió son informantes sobre actos de corrupción en la Digemin no se encuentra probada; por el contrario, dicha versión ha sido desvirtuada con el Acta de Verificación de la PNP del veinte de junio de dos mil ocho y el Informe número 46- 2008-DIRCOCOR, que corrobora la visualización del video.

3.6. El informe en el que pretende ampararse el procesado no cuenta con fecha de emisión ni recepción, no se consigna a quién está dirigido ni la entidad o persona que lo emite, y se trata únicamente de copias simples; por lo tanto, no existe certeza de su tramitación ni si cumplió la finalidad para la cual fue redactado.

Cuarto. Fundamentos del Tribunal Supremo

4.1. La prescripción de la acción penal es una condición que impide la persecución penal y opera de pleno derecho cuando transcurre el plazo que la ley establece.

4.2. De acuerdo con el artículo 80 del Código Penal, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito si es privativa de libertad (prescripción ordinaria); pero el último párrafo de dicha norma dispone que cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos contra el patrimonio del Estado el plazo de prescripción se duplica.

4.3. Asimismo, el artículo 83 del acotado código establece que la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al plazo ordinario de prescripción (prescripción extraordinaria).

4.4. El artículo 388 del Código Penal sanciona el delito de peculado de uso con una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

4.5. En aplicación de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 83 del Código Penal (dúplica del plazo), la prescripción ordinaria vence a los ocho años y la prescripción extraordinaria de la acción penal opera a los doce años.

4.6. Los hechos ocurrieron en el mes de enero de dos mil ocho (desde el nueve al quince de enero), por lo que la acción penal venció el catorce de enero de dos mil veinte; siendo así, debe declararse fundada de oficio la excepción de prescripción de la acción penal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con lo expuesto por el señor fiscal supremo en lo penal:

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia emitida el dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a Máximo Edilberto Gadea Olivera como autor del delito contra la administración pública-peculado de uso –tipificado en el artículo 388 del Código Penal–, en agravio del Estado –Digemin (Dirección General de Migraciones y Naturalización)–, y le impuso dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución bajo el cumplimiento de reglas de conducta y fijó el pago de S/ 1000 (mil soles) por concepto de reparación civil; y, REFORMÁNDOLA, declararon FUNDADA DE OFICIO la prescripción de la acción penal; por lo tanto, se dispone el archivo de la presente causa, así como la anulación de los antecedentes penales y policiales que se generaron como consecuencia de esta.

II. MANDARON que se transcriba la presente ejecutoria suprema al Tribunal de origen. Hágase saber.

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