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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.º 2166-2019
HUÁNUCO

NULA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA

No se ha cumplido con agotar la actividad probatoria necesaria para aclarar los hechos que son objeto de proceso, motivo por el cual corresponde declarar nula la sentencia absolutoria.

Lima, dos de marzo de dos mil veintiuno

VISTOS: es materia de grado el recurso de nulidad interpuesto por el representante del Ministerio Público (folio 3654) contra la sentencia del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (folio 3621) emitida por la Sala Mixta de Leoncio Prado, que resolvió absolver de la acusación fiscal a Armando Bonifacio Malpartida, Jacinto Aldaba Elguera y Joel Abigail Bedón Vásquez, en su condición de coautores, y a Rita Isabel Ricaldi Vidurizaga, en su condición de cómplice, del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión desleal, en perjuicio del Municipio de Mariano Dámaso Beraún.

Intervino como ponente el señor juez supremo PRADO SALDARRIAGA.

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS OBJETO DEL PROCESO

1.1. Proceso de Adjudicación Directa Selectiva número 001-2009-MDMDB: Adquisición de Insumos para el Programa del Vaso de Leche 2009

En el caso de los absueltos Armando Bonifacio Malpartida y Jacinto Aldaba Elguera, formaron parte del comité especial de selección en el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva número 001-2009-MDMDB: Adquisición de Insumos para el Programa del Vaso de Leche 2009, habiéndose contratado a Joel Abigail Bedón Vásquez para que presida el mencionado comité.

Para el ejercicio presupuestal 2009, la comuna contaba con un presupuesto de S/ 255 320 (doscientos cincuenta y cinco mil trescientos veinte soles) para ser destinados al Programa del Vaso de Leche. Debían ser empleados para adquirir leche evaporada, hojuelas de avena, entre otros productos. Debido al monto precisado, se debía convocar a licitación pública, tal como lo exige el artículo 20 del Decreto Supremo número 184-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo número 1017, que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado.

Mediante la Resolución de Alcaldía número 046-2009-MDMDB-LP, se aprobaron las bases con los siguientes valores referenciales:

A la convocatoria se presentaron cuatro postores:

A. Agroindustrias El Inca S. R. L. (ganadora)

B. Agroindustrias La Bella E. I. R. L.

C. Perulac S. R. L.

D. Negocios y servicios JKRB S. A. C.

Todos cumplieron con presentar los sobres con las propuestas técnicas y económicas.

Del proceso de adjudicación, según el Informe Técnico de Adjudicación Directa Selectiva número 001-2009-MDMDB, emitido por el absuelto Joel Abigail Bedón Vásquez en su condición de presidente de la comisión, se declaró ganadora a la empresa Agroindustrias El Inca S. R. L., representada por Rita Isabel Ricaldi Vidurizaga.

Con presencia de un representante del Ministerio Público y de los procesados Carlos Alberto Mori Sifuentes, Armando Bonifacio Malpartida y Jacinto Aldaba Elguera, se advirtió en el Acta de Apertura de Sobres del Caso número 43-2009-Registro número 271-2009, del cuatro de mayo de dos mil nueve, que la descalificación a las demás empresas, según se anotó en el informe técnico de adjudicación, fue por lo siguiente: “No cumplieron con registrarse como participantes tal como lo exige las bases integradas: Numeral 1.3. del Capítulo II, del proceso de selección en concordancia con el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado”.

No obstante, en la apertura del mencionado sobre se observó que todas las empresas descalificadas contaban con inscripción ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (en adelante OSCE), por lo que el motivo de descalificación no era correcto.

Además, se advirtió que en la propuesta de la empresa descalificada Agroindustrias La Bella E. I. R. L. el precio por unidad de “hojuela de avena, quinua y leche azucarada” era de S/ 4.60 (cuatro soles con sesenta céntimos), monto mucho menor que los S/ 6 (seis soles) que ofertó la empresa que se declaró ganadora. Así:

Lo anterior demuestra que los acusados no respetaron las bases de la convocatoria y se coludieron con la empresa ganadora para perjudicar a la Municipalidad de Mariano Dámaso Beraún.

1.2. Suscripción de un contrato complementario

Por último, en el mes de julio de dos mil ocho, el acusado Carlos Alberto Mori Sifuentes, en su condición de alcalde, y la acusada Rita Isabel Ricaldi Vidurizaga, en representación de la empresa Molinera El Pacífico S. C. R. L., suscribieron un contrato complementario para el suministro de insumos para el Programa del Vaso de Leche, adenda irregular porque no debió fraccionarse. Tampoco se estaba en alguno de los supuestos del artículo 20 del Decreto Supremo número 184-2008-EF, ya que no mediaba situación de emergencia, desabastecimiento inminente, entre otros.

SEGUNDO. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE NULIDAD

El recurso de nulidad del representante del Ministerio Público (folio 3654) indica lo siguiente:

2.1. La sentencia señala que el contrato complementario del veintiocho de enero de dos mil nueve por el monto de S/ 76 599.60 (setenta y seis mil quinientos noventa y nueve soles con sesenta céntimos) suscrito entre la particular Rita Ricaldi Vidurizaga en representación de la empresa Molinera El Pacífico S. C. R. L., a efectos de que siga abasteciendo de leche al municipio, se realizó conforme al artículo 236 del Decreto Supremo número 084-2004-PCM; sin embargo, no tomó en cuenta que el mencionado artículo también exigía que para la suscripción de un nuevo contrato debía culminar el anterior.

Un contrato complementario tiene por finalidad cubrir un desabastecimiento inminente y no como en el presente caso, donde se justificó el cambio de productos.

2.2. Para la suscripción del contrato complementario fraccionaron el presupuesto de S/ 255 320 (doscientos cincuenta y cinco mil trescientos veinte soles), con lo cual contravinieron el artículo 20 del Decreto Supremo número 184-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo número 1017. No solo eso, sino que, además, al fraccionar el monto inicial lograron cambiar el tipo de proceso: de adjudicación directa pública a adjudicación directa selectiva, omitiendo así el cumplimiento de ciertas reglas, como la de publicación para concurso público por la de convocatoria mediante invitación, con lo que restringieron la participación de proveedores.

2.3. La sentencia señala que los precios ofertado por Agroindustrias El Inca S. R. L. se encuentran dentro de los parámetros fijados en el expediente de contratación antes de la convocatoria, por lo que no se ha generado perjuicio, ya que la empresa no conocía de esos precios; sin embargo, como se ha desarrollado en la Casación número 1379- 2017/Nacional, el delito de colusión puede configurare en cualquier etapa del proceso de contratación pública.

2.4. La sentencia señala que, como en las bases para el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva número 001-2009-MDMDB se estableció como requisito el registro de participantes y como las empresas descalificadas no cumplieron con este requisito, está justificado que se haya abierto únicamente el sobre con la propuesta de Agroindustrias El Inca S. R. L.

No obstante, el Colegiado Superior no consideró que el numeral 1.3. de las bases no sanciona con descalificación a quienes no se hayan inscrito (tampoco se advierte eso en el numeral 2.2. del Capítulo II de la Sección Específica). La única obligatoriedad era la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, lo cual sí cumplieron. Además, las actas de control de la inscripción solo están firmadas por dos de los tres miembros del comité de selección, lo que evidencia una conducción irregular del proceso.

2.5. En cuanto a la contratación de Joel Abigail Bedón Vásquez para que presida el comité de selección, según señaló en el plenario, obedeció a su amplia experiencia; sin embargo, esta no se encuentra acreditada, lo cual se advierte en el propio contrato. Dicha persona, en el plenario, manifestó que tuvo experiencias similares en el dos mil cuatro, dos mil cinco y dos mil seis.

2.6. En el caso de Jacinto Aldaba Elguera, señalo que integró el comité por disposición de un médico, mientras que Armando Bonifacio Malpartida no ha explicado por qué motivo pasó de ser miembro suplente para integrar el comité especial.

2.7. Otro indicio que no ha sido considerado es el referido a los libros de actas del Comité Permanente de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad Distrital de Mariano Dámaso Beraún, en que deben constar todas las incidencias del Proceso de Adjudicación Directa Selectiva número 001-2009-MDMDB, ya que este libro no ha sido ubicado en las instalaciones del municipio y habría estado irregularmente en poder del procesado Armando Bonifacio Malpartida hasta el año dos mil diez, y que fue entregado, según la carta del ocho de julio de dos mil diez, a un asesor legal externo y no a través de la Mesa de Partes de la referida municipalidad.

2.8. La particular Rita Isabel Ricaldi Vidurizaga, cuando concurrió al juicio, manifestó que se dedicaba a trabajar como auxiliar de educación y que desconocía de los trámites relacionados con contratación pública; expresó que todo era manejado por Alejandro Luis Alvarado, lo que demuestra, por un lado, que no se trata de una persona con experiencia y, por otro, que había contacto extraoficial con Alejandro Luis Alvarado.

TERCERO. OPINIÓN DEL FISCAL SUPREMO

El fiscal supremo en lo penal, a través de su dictamen (folio 31 del cuadernillo formado en esta instancia), opina porque se declare no haber nulidad en la sentencia impugnada por lo siguiente:

3.1. Uno de los requisitos para participar en el proceso de selección era el de inscripción, el cual no fue cumplido por las empresas Agroindustrias La Bella E. I. R. L., Perulac S. R. L. y Negocios y Servicios JKRB S. A. C., por lo que su descalificación está justificada.

3.2. El informe pericial contable concluye que la buena pro a favor de la empresa Agroindustrias El Inca S. R. L. y el contrato complementario con Molinera El Pacífico S. C. R. L. se realizaron en concordancia con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

3.3. En cuanto al contrato complementario del veintiocho de enero de dos mil nueve, de su lectura se advierte que el objeto de contratación está vinculado con el Proceso de Adjudicación Directa Pública número 001- 2008-MDMDB/CE y no con la Adjudicación Directa Selectiva número 001-2009-MDMDB, que dio origen al presente proceso; en consecuencia, fue suscrito en atención a lo dispuesto en el artículo 236 del Decreto Supremo número 084-2004-POCM, vigente a la fecha de los hechos.

CUARTO. FUNDAMENTOS DE ESTE TRIBUNAL

4.1. Consideraciones generales

4.1.1. La Constitución Política, en el numeral 5 del artículo 159, reconoce al representante del Ministerio Público la titularidad del principio acusatorio. Se trata de un aspecto ampliamente abordado por la jurisprudencia.

4.1.2. No obstante, este poder del Estado, como garante de la interdicción de la arbitrariedad, debe velar porque las decisiones vinculadas con el cese del ejercicio de la acción penal cumplan estándares de motivación cualificados, más aún en casos en los que se protegen bienes esenciales de beneficio público, como la alimentación, por lo que, como todo principio, el acusatorio también se flexibiliza.

4.1.3. La Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los límites de los principios acusatorio y de jerarquía en la Sentencia de Casación número 1089-2017/Amazonas, en concordancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 6204-2006-HC y 4552-2016-HC.

4.1.4. Lo anterior obliga a ser escrupulosos en el caso de autos en la medida en que, aunque el fiscal superior en lo penal impugna la absolución de los acusados, el fiscal supremo opina porque se declare no haber nulidad, configurándose así dos principios de la función fiscal: el acusatorio y el de jerarquía.

4.2. Análisis específico del recurso

4.2.1. Conforme se advierte de la descripción de los hechos, son dos los aspectos que deben ser analizados de manera independiente:

A. El Proceso de Adjudicación Directa Selectiva número 001- 2009-MDMDB: Adquisición de Insumos para el Programa del Vaso de Leche 2009, y dentro de este lo vinculado con la exclusión de las empresas Agroindustrias La Bella E. I. R. L., Perulac S. R. L. y Negocios y Servicios JKRB S. A. C., y la incidencia de esto en la materialidad de delito.

B. La suscripción del contrato complementario con la empresa Molinera El Pacífico S. C. R. L. por un monto de S/ 76 599.60 (setenta y seis mil quinientos noventa y nueve soles con sesenta céntimos).

4.2.2. Ahora procederemos a considerar las razones que expone el fiscal superior en su recurso de nulidad, así como las del fiscal supremo en lo penal.

4.3. Sobre la exclusión de las empresas postoras Agroindustrias La Bella E. I. R. L., Perulac S. R. L. y Negocios y Servicios JKRB S. A. C.

4.3.1. Para la Sala Superior y el fiscal supremo en lo penal, la descalificación a las empresas Agroindustrias La Bella E. I. R. L., Perulac S. R. L. y Negocios y Servicios JKRB S. A. C. sería correcta porque no cumplieron con inscribirse en el registro de participantes.

4.3.2. El fiscal supremo en lo penal ratifica este criterio amparándose en el contenido del informe pericial contable del dieciocho de abril de dos mil once (folio 1358), emitido por los peritos contables Benjamín y Jorge Vicente Blanco Falcón (cuya designación fue dispuesta por orden judicial de folio 1326, tramitada ante el jefe de Servicios Judiciales, como consta del Oficio número 324-2011-REPEJ-CSJHP/PJ de folio 1326), en el extremo en el que concluyen que la descalificación es correcta y observa las Bases para Contrataciones de Bienes de Adjudicación Directa Selectiva número 001-2009-MDMDB.

4.3.3. Para validar este razonamiento, es de rigor remitirnos a las bases establecidas por el municipio para el proceso de contratación y confrontarlas con aquellas que establece la Ley de Contratación Pública vigente a la fecha de los hechos.

4.3.4. Para tener claridad en este aspecto, se deberá considerar que las Bases Estándar para la Contratación de Bienes: Adjudicación Directa Selectiva número 001-2009-MDMDB se aprobaron el diecinueve de febrero de dos mil nueve a través de la Resolución de Alcaldía número 46-2009-MDMDB (folio 1103) y el Reglamento del Decreto Legislativo número 1017, que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, estaba vigente ya desde el primero de febrero de dos mil nueve, es decir, antes de la aprobación de las bases, por lo que era de aplicación al proceso de selección. En ese contexto, se precisa lo siguiente:

A. En el expediente obran las Bases Estándar para la Contratación de Bienes: Adjudicación Directa Selectiva número 001-2009-MDMDB para la Adquisición de Insumos para el Programa del Vaso de Leche para el ejercicio presupuestal 2009 (folio 1154), de las cuales extraemos –en lo útil– la siguiente exigencia:

1.3. Registro de participantes y entrega de bases

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01), día hábil después de haberse quedado integradas las Bases […].

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), conforme el objeto contractual.

Conforme a las bases, esta inscripción o registro de participantes debía realizarse entre el veintiséis de marzo y el dos de abril de dos mil nueve.

B. Corresponde ahora remitirnos al Reglamento del Decreto Legislativo número 1017, que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado (como indicamos, vigente desde el primero de febrero de dos mil nueve, antes de la aprobación de las bases, que recién se dio el diecinueve de febrero del mismo año) y que, sobre las etapas de los procesos de selección, indica lo siguiente:

B.1. Sobre las etapas de todo proceso de selección, el artículo 22, establece lo siguiente:

Los procesos de selección contendrán las etapas siguientes, salvo las excepciones establecidas en el presente artículo:

1. Convocatoria.

2. Registro de participantes.

3. Formulación y absolución de consultas.

4. Formulación y absolución de observaciones.

5. Integración de las Bases.

6. Presentación de propuestas.

7. Calificación y evaluación de propuestas.

8. Otorgamiento de la Buena Pro.

En los procesos de Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía para obras y consultoría de obras se fusionarán las etapas 3 y 4. Asimismo, en los procesos de Adjudicación de Menor Cuantía para bienes y servicios no se incluirán en el proceso las etapas 3, 4 y 5.

B.2. El artículo 521 regula el “registro del participante”, en los siguientes términos:

La persona natural o jurídica que desee participar en un proceso de selección deberá registrarse como participante conforme a las reglas establecidas en las Bases, para cuyo efecto acreditará estar con inscripción vigente en el RNP conforme al objeto contractual.

La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.

[…] La persona que se registra como participante se adhiere al proceso de selección en el estado en que éste se encuentre.

4.3.5. Como se puede apreciar, la Ley de Contrataciones del Estado establece “la inscripción del participante” para intervenir en un proceso de contratación pública; no obstante, a efectos de aclarar este aspecto, resulta necesario solicitar un informe al OSCE para que comunique –como reguladores de este tipo de procedimientos– si dicho requisito resultaba trascendental y necesario en los procesos de adjudicación directa selectiva y si su omisión generaba descalificación.

4.3.6. Ahora, como se indicó anteriormente, obra en autos un informe pericial contable del dieciocho de abril de dos mil once (folio 1358), emitido por los peritos contables Benjamín y Jorge Vicente Blanco Falcón (cuya designación fue dispuesta por orden judicial); sin embargo, su desarrollo y sus conclusiones deben ser sometidos al contradictorio, por lo que debe citárseles para que expliquen, en principio, su experiencia en este tipo análisis (es importante que los peritos a cargo de un examen demuestren experticia en materia de contratación pública); y, respecto al Proceso de Adjudicación Directa Selectiva número 001-2009-MDMDB, más allá de la literalidad de la norma, la posibilidad de que con la sola inscripción en el Registro de Proveedores del Estado se pueda participar en un proceso de adjudicación directa selectiva. Esta información deberá ser confrontada con la que remita el OSCE.

4.3.7. Es trascendental abordar todos los aspectos y tener claridad sobre el desarrollo del proceso de contratación por cuanto la acusada Rita Isabel Ricaldi Vidurizaga ha dado entender en juicio oral que desconocía el manejo de las contrataciones, y toda la responsabilidad recaía en su personal de confianza, a quien identificó como Alejandro Alvarado (según el Acta de Apertura de Sobres del Caso número 347-2009-Registro número 271-2009, su nombre completo es Alejandro Luis Alvarado Figueroa), lo cual llama poderosamente la atención porque suscribió con la municipalidad los dos contratos que promovieron el presente proceso.

Por ello, deberá citarse a Alejandro Luis Alvarado Figueroa para que explique las circunstancias relacionadas con las contrataciones objeto de proceso.

4.3.8. Debido a lo declarado por la acusada, se deberá recabar información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, así como del OSCE, sobre todas las empresas en las que figure como gerente.

4.4. Sobre la suscripción del contrato complementario con la empresa Molinera El Pacífico S. C. R. L. por un monto de S/ 76 599.60 (setenta y seis mil quinientos noventa y nueve soles con sesenta céntimos)

4.4.1. Debemos precisar que el contrato complementario para el suministro de insumos para el Programa del Vaso de Leche (folio 1353) suscrito entre el acusado Carlos Alberto Mori Sifuentes, en su condición del alcalde de la Municipalidad de Mariano Dámaso Beraún, y la acusada Rita Isabel Ricaldi Vidurizaga, en representación de la empresa Molinera El Pacífico S. C. R. L. (en su condición de proveedora de hojuelas de avena azucarada por un precio unitario de S/ 4.80 –cuatro soles con ochenta céntimos–, así como de leche evaporada por un valor unitario de S/ 1.25 –un sol con veinticinco céntimos–), es con fecha anterior al proceso de convocatoria que ameritó el análisis del considerando precedente.

4.4.2. El contrato complementario (folio 1353) no está vinculado con el proceso de contratación pública Adjudicación Directa Selectiva número 001-2009-MDMDB: Adquisición de Insumos para el Programa del Vaso de Leche 2009, como se advierte de su “cláusula primera: antecedentes”, donde se precisa lo siguiente: “Con fecha 20 de febrero de 2008, como resultado del Proceso de Adjudicación Directa Pública N.° 001-2008-MDMDB/CE, se otorgó la buena pro al proveedor”.

4.4.3. El Proceso de Adjudicación Directa Selectiva número 001-2009- MDMDB (compulsado en el punto anterior) y el contrato complementario tienen orígenes distintos; sin embargo, no se aclaró aquello que manifestó el acusado Carlos Alberto Mori Sifuentes en su instructiva, y es que para suscribir la adenda y beneficiar a la empresa Molinera El Pacífico S. C. R. L. utilizó dinero asignado para los gastos del Programa del Vaso de Leche de 2009 (un total de S/ 76 000 –setenta y seis mil soles–), argumentando desabastecimiento (folio 1086).

4.4.4. Ahora bien, el hecho de que la ley habilite la suscripción de un contrato complementario no justifica su celebración en tanto no haya la necesidad de contar con los bienes motivo de contratación. Este aspecto no ha sido justificado en el informe pericial contable del dieciocho de abril de dos mil once (folio 1358), emitido por Benjamín y Jorge Vicente Blanco Falcón, por lo que cuando concurran a ratificar aquel se deberá indagar en ese sentido y, de ser necesario, se ordenará una pericia complementaria recabándose información de la Municipalidad de Mariano Dámaso Beraún, sobre todo el Proceso de Adjudicación Directa Selectiva número 001-2008-MDMDB, fundamentalmente las razones que justificaron la celebración del contrato complementario y si era factible que se utilice dinero destinado para otro proceso de adjudicación directa selectiva (nos referimos al número 001-2009-MDMDB).

4.5. Conclusiones

Por lo desarrollado, al no haberse agotado la actividad probatoria que aclare los hechos objeto del proceso (lo que incidió en la falta de motivación de la sentencia impugnada, haciéndola incompleta), corresponde declarar nula la sentencia absolutoria con la finalidad de que en un nuevo juicio se actúe lo siguiente:

A. Ratificación del informe pericial contable del dieciocho de abril de dos mil once (folio 1358), emitido por los peritos contables Benjamín y Jorge Vicente Blanco Falcón, para que expliquen sus conclusiones.

B. Solicitar al OSCE para que informe si la “inscripción como participante” es un requisito indispensable para poder calificar como postor en un proceso de adjudicación directa selectiva.

C. Citar a Alejandro Luis Alvarado Figueroa para que explique cómo fue que intervino en los procesos de contratación objeto del proceso.

D. Recabar información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, así como del OSCE, sobre todas las empresas en las que figure como gerente la acusada Rita Isabel Ricaldi Vidurizaga.

E. Recabar información sobre el proceso de contratación pública Adjudicación Directa Selectiva número 001-2008-MDMDB, así como del contrato complementario y la documentación que justifique la celebración de este último. Deberá realizarse, de ser necesaria, una pericia complementa con toda la información recabada.

F. Otras que fueran necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, con lo expuesto por el señor fiscal supremo en lo penal, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NULA la sentencia del veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Mixta de Leoncio Prado, que resolvió absolver de la acusación fiscal a Armando Bonifacio Malpartida, Jacinto Aldaba Elguera y Joel Abigail Bedón Vásquez, en su condición de coautores, y a Rita Isabel Ricaldi Vidurizaga, en su condición de cómplice, del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión desleal, en perjuicio del Municipio de Mariano Dámaso Beraún.

II. ORDENARON la realización de un nuevo juicio oral a cargo de otro Colegiado Superior, el cual deberá cumplir con lo señalado en el cuarto considerando de la presente ejecutoria suprema.

III. EXHORTARON al nuevo Colegiado para que procure el desarrollo continuo del nuevo juzgamiento, en vista de que de autos se advierten hasta cuatro juicios que han sido quebrados.

IV. MANDARON que se devuelvan los autos al Tribunal de origen para los fines de ley.

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