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TENTATIVA DE HOMICIDIO : Nulidad de sentencia y nuevo juicio oral en aras de garantizar los derechos a la defensa, la prueba y debida motivación de las resoluciones judiciales, como parte del debido proceso.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 842-2019
CALLAO

NULIDAD DE LA SENTENCIA

Este Tribunal Supremo no puede ingresar a analizar el fondo del asunto, por haberse incurrido en causal de nulidad prevista en el artículo 298.1 del Código de Procedimientos Penales ; por lo que es de rigor rescindir la sentencia recurrida y disponer que en un nuevo juicio público, oral y contradictorio, dirigido por otro Colegiado, se realicen las anotadas diligencias y las demás que sean necesarias para el esclarecimiento cabal de los hechos juzgados, en aras de garantizar los derechos a la defensa, la prueba y debida motivación de las resoluciones judiciales que asisten al recurrente, como parte del debido proceso.

Lima, nueve de junio de dos mil veintiuno

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el encausado DANIEL YONATAN TORIBIO CHIRA contra la sentencia del 4 de diciembre de 2018, emitida por la Primera Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que por mayoría lo condenó como autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa, en perjuicio de Manuel Palomino León, y por unanimidad le impuso cinco años de pena privativa de libertad efectiva, y se fijó en ocho mil soles el monto de la reparación civil.

Ponencia de la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Según la acusación y los alegatos finales1 de la Fiscalía, el 16 de marzo de 2014, aproximadamente las 3:30 horas, el agraviado Manuel Palomino León retornaba a su domicilio a bordo de su bicicleta. Al estar por las inmediaciones de la avenida Rímac con la calle Pucallpa, en el Callao, fue interceptado por Gian Franco Ortiz Castañeda2 (alias Gianfranco) y Daniel Yonatan Toribio Chira (alias Yayi), quienes le dijeron “ya fuiste”, y el primero de ellos le profirió un disparo, lo que ocasionó que se desvaneciera en el pavimento. En ese estado, también le dispararon el adolescente Manuel Antonio Luna Gonzáles3 (alias Chanchito) y Daniel Yonatan Toribio Chira, quien se llevó la bicicleta. Luego, se fugaron.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

2. El Tribunal Superior emitió sentencia condenatoria en contra de DANIEL YONATAN TORIBIO CHIRA, como autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa, en perjuicio de Manuel Palomino León. Motivó su decisión sobre las premisas siguientes:

2.1. La versión del agraviado es homogénea y consistente en imputar al recurrente la autoría del intento de homicidio. No existe enemistad o motivo espurio; pues, como dijo el recurrente, la víctima no tuvo problemas con él, sino con su hermano en los años 2012 y 2013; y la víctima dijo que el recurrente quiso matarlo pero por orden de Raúl Castañeda Velásquez, por motivos de infidelidad.

2.2. El recurrente aceptó que conocía al agraviado y que estuvo próximo al lugar y hora de los hechos. Incluso, afirmó que quiso auxiliarlo luego de oír los disparos.

2.3. Los testigos de descargo cuestionan la versión del recurrente de que estuvo en una reunión cerca del lugar de los hechos. El recurrente admitió que estuvo en la reunión hasta las 12 de la noche y los testigos de parte afirmaron que estuvo acompañado de su pareja hasta las 4 a. m., 4:30 a. m. o 5:00 a. m. La inverosimilitud de la versión del recurrente y la justificación sobre su ausencia en el lugar y hora de los hechos, refuerza la versión del agraviado.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. El recurrente, en su recurso de nulidad4 fundamentado, expresó los argumentos siguientes:

3.1. Se vulneró el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, previsto en el artículo 139.5 de la Constitución, y el debido proceso por no valorarse debidamente las pruebas.

3.2. El Tribunal Superior acogió todos los argumentos del Ministerio Público, pero no se pronunció sobre los cuestionamientos que la defensa formuló en sus conclusiones escritas y en su alegato oral, referente a la deficiente investigación policial dirigida por el Ministerio Público, donde es claro que los cargos en su contra se basan solo en las versiones del agraviado y sin otra prueba material o testifical.

3.3. Presentó dos testigos que estuvieron con él, antes, durante y después que ocurrieron los hechos; mientras que la Fiscalía en juicio oral se desistió de la declaración del agraviado; aun así fue sindicado como responsable de las lesiones que sufrió la víctima. El Tribunal Superior incumplió con el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116.

CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO

4. Los hechos atribuidos fueron calificados como delito de homicidio simple, en grado de tentativa, previsto en el artículo 106 del Código Penal, concordante con el artículo 16 del citado Código, que prescriben:

Artículo 106. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años.

Artículo 16. En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo.
El juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

5. El punto de partida para analizar la sentencia recurrida es el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; por el cual se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido y las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

6. Dicho esto, conviene resaltar que la debida motivación de las resoluciones judiciales se encuentra consagrada expresamente, como principio y garantía, en el artículo 139.5 de la Norma Fundamental. El Tribunal Constitucional ha señalado que constituye “una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial que [cautela] que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso” [STC 728-2008-PHC/TC, FJ 7]; aunque ha reconocido que la debida motivación de las resoluciones judiciales forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho continente al debido proceso [STC peruano N.° I0490-2006-PNTC, FJ 2 y 3], dentro de cuyas expresiones también se comprende el derecho fundamental a la prueba.

Este último, tutela el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia.

He aquí la intrínseca vinculación entre el derecho a la prueba y la debida motivación de las resoluciones judiciales. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado.

7. Con las precisiones expuestas, en el caso que nos ocupa, el recurrente reclama que no se motivó debidamente la decisión condenatoria y que no se valoró adecuadamente la prueba de cargo y descargo. Por tanto, este Supremo Tribunal analizará si las premisas afirmadas por la Sala Superior encuentran respaldo probatorio y si garantizan un razonamiento racional de la prueba para justificar una condena.

8. La Sala Superior afirmó como enunciado fáctico que la versión del agraviado Manuel Palomino León es homogénea, uniforme, consistente y se corrobora con el Certificado Médico Legal N.° 009782-PF-HC, que no existe móvil espurio en la versión del agraviado y que no hay verosimilitud en la declaración del recurrente, por ser contradictoria.

9. Corresponde entonces, controlar la narrativa del agraviado sobre el evento y qué pruebas robustecen su versión. A nivel preliminar, en la diligencia de entrevista personal5 del 21 de marzo de 2014 y en su declaración6 del 29 de abril del mismo año —ambas realizadas con presencia del representante fiscal—, el agraviado sindicó a DANIEL YONATAN TORIBIO CHIRA (alias Yayi) de intentar “ultimarlo”, a quien lo describió como una persona de tez trigueña, cara redonda, contextura gruesa, cabellos lacios negros, de 1.65 m. de altura, como de 22 años, con un tatuaje detrás de la oreja y a la altura del cuello.

10. En ambas diligencias, narró que el 16 de marzo de 2014, a las 3:00 a. m., aproximadamente, después de haber libado licor con su amigo José Carlos Carrillo Valdelomar y de haberlo despachado en un paradero de la avenida Argentina (Callao), se encontraba por inmediaciones de la avenida Rímac con la calle Pucallpa, cuando fue interceptado por el recurrente, quien le disparó conjuntamente con Gian Franco Ortiz Castañeda (alias Gianfranco) y el adolescente Manuel Luna Gonzales (alias Chanchito), con la intención de matarlo, por orden de Raúl Castañeda Velásquez (alias Melón). También lo sindicó de haberse llevado su bicicleta y precisó que luego fue auxiliado por su cuñada Gladys Maura Suyco Cáceres.

11. En la misma perspectiva, luego de transcurrido más de un mes de ocurrido los hechos, se recabaron el acta de reconocimiento fotográfico y el acta de reconocimiento físico —con presencia fiscal—, del 29 de abril y 9 de mayo de 20147, respectivamente, donde el agraviado describió al recurrente con las mismas características que brindó en su manifestación policial y, además, de cinco paneos fotográficos de personas, lo reconoció de ser la persona que atentó contra su vida.

12. Después, en su preventiva8 del 15 de julio de 2016, el agraviado ratificó su versión preliminar, las actas de reconocimiento y el acta de entrevista personal. Aquí reiteró su incriminación en contra del recurrente y precisó que el adolescente Manuel Luna Gonzales, desde que fue liberado, lo amenaza, por lo que se fue a vivir lejos (en la casa de su hija).

13. Hasta aquí se aprecia un relato incriminatorio persistente por parte del agraviado. Entonces, lo que corresponde es determinar si esta declaración incriminatoria tiene fiabilidad y respaldo en otros elementos, que guarden relación con la afirmación que sostiene la víctima.

14. Pues bien, el Tribunal Superior validó la versión de la víctima con el Certificado Médico Legal N.° 009782-PF-HC9 del 7 de julio de 2014, elaborado — cerca de cuatro meses después de los hechos— por los médicos legistas José Luis Sabaduche Murgueytio y Ever Solórzano Santos (ratificado10 por este último). Aquí se determinó que el agraviado presentó: i) trauma toraco-abdominal por proyectil de arma de fuego (PAF) con lesiones de viscera maciza y hueca; trauma de miembro superior por PAF y choque hipovolémico; y ii) lesión de arteria humeral derecho por PAF y trauma toraco-abdominal abierto por PAF. También se concluyó que la víctima requiere ocho días de atención facultativa y 40 días de incapacidad médico legal.

15. De ello se puede concluir como premisa válida que la materialidad del delito objeto de la tesis del titular de la acción penal no está en debate. Lo que está en controversia es si la colección de los únicos medios probatorios vincula más allá de toda duda razonable al recurrente, con el suceso delictual imputado.

16. Según la Sala Superior11, está probada la autoría delictual del recurrente con la incriminación del agraviado, el certificado médico, la falta de verosimilitud de su versión [exculpatoria], por no ser coherente con las declaraciones de los testigos que él mismo ofreció, brindados por Delia Juliana Callan Ramos y Luz María Torres Huanay12.

17. Sin embargo, esta argumentación se debilita en atención a los defectos advertidos en el curso del proceso penal. Se detallan los siguientes:

17.1. Se prescindió de la declaración del agraviado en juicio oral13, sin haberse efectuado los apercibimientos de ley para su concurrencia.

17.2. No se actuó la declaración de Manuel Antonio Luna Gonzáles, quien a la fecha ya era mayor de edad —nació el 11 de setiembre de 199614cuando se instaló la etapa de instrucción (7 de octubre de 2015) y el juicio oral (10 de octubre de 2018). En tal sentido, se debió tomar su testimonio, dado que la víctima y su hermano Carlos Alberto Luna Gonzales señalaron que estuvo presente en el lugar de los hechos con el recurrente y Gian Franco Ortiz Castañeda (fallecido). Si bien, mediante el auto del 10 de enero de 201715, se dispuso que se practique dicha testimonial, no aparece que haya sido incorporada.

17.3. No se practicó la confrontación entre el agraviado y el recurrente, pese haber sido ofrecida en la acusación fiscal16.

17.4. También aparece que, conforme con la disposición fiscal de apertura de la investigación preliminar y la citación policial17 del 7 y 10 de mayo de 2014, respectivamente, se requirió que se actúe el testimonio de José Carlos Carrillo Valdelomar; con quien el agraviado, antes de ser atacado, habría libado licor y acompañado a tomar su movilidad en la avenida Argentina. Por ende, su declaración era conducente para conocer cuál era el grado de embriaguez el día de los hechos.

17.5. Pese haber sido requerida en la denuncia fiscal del 28 de abril de 201518, tampoco se incorporó el testimonio de Jorge Vite Morales, a quien Ortiz Castañeda (ya fallecido) lo señaló de ser un testigo presencial de los hechos.

18. Resulta evidente pues, que la base probatoria para sustentar las premisas fácticas del Tribunal Superior, detalladas en los acápites 2.1 al 2.3 de la presente ejecutoria, no han cubierto todo el material probatorio ofrecido por el Ministerio Público y el generado de los debates orales. Así se revela del razonamiento de la Sala de Instancia que solo sustentó la condena en la versión del agraviado, sin haber hecho los apercibimientos de ley para la concurrencia al juicio oral de este y los testigos, sin completar la actuación probatoria pertinente al caso en debate.

19. Dicho esto, en este caso se requiere que se actúe: i) la declaración del agraviado Manuel Palomino León; ii) la confrontación entre el recurrente y la víctima, si es necesaria; iii) el testimonio de Manuel Antonio Luna Gonzales, quien por versión del agraviado estuvo presente en el lugar de los hechos; iv) el testimonio de José Carlos Carrillo Valdelomar; v) el testimonio de Jorge Vite Morales, quien sería un testigo presencial de los hechos; y todas las diligencias que sean solicitadas por el Ministerio Público y la defensa del acusado siempre que cumplan con los principios de pertinencia, conducencia y utilidad al objeto del proceso.

20. En estas condiciones, este Tribunal Supremo no puede ingresar a analizar el fondo del asunto, por haberse incurrido en causal de nulidad prevista en el artículo 298.1 del Código de Procedimientos Penales19; por lo que es de rigor rescindir la sentencia recurrida y disponer que en un nuevo juicio público, oral y contradictorio, dirigido por otro Colegiado, se realicen las anotadas diligencias y las demás que sean necesarias para el esclarecimiento cabal de los hechos juzgados, en aras de garantizar los derechos a la defensa, la prueba y debida motivación de las resoluciones judiciales que asisten al recurrente, como parte del debido proceso.

21. Cabe precisar que el 23 de enero de 2018, declararon20 reo ausente al acusado TORIBIO CHIRA y se le revocó la medida de comparecencia restringida por el mandato de detención, cuyo plazo se computó desde el 23 de marzo de 2018, conforme al Oficio N.° 1431-2015/4ta.SPLPC21. Luego, el 4 de diciembre de 2018, se dictó sentencia condenatoria de cinco años de pena privativa de la libertad, que vence el 23 de marzo de 2023.

Entonces, el acusado se encuentra privado de su libertad hasta el día de hoy; lo que a la fecha ha superado los plazos legales del mismo; en consecuencia, debe dictarse su libertad, siempre y cuando no exista mandato de prisión en su contra, dispuesto por autoridad competente. Por ello, a fin de garantizar su apersonamiento al proceso, debe dictarse las medidas de aseguramiento personal, previstas en el artículo 288 del Código Procesal Penal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, acordaron:

I. Declarar NULA la sentencia del 4 de diciembre de 2018, emitida por la Primera Sala Penal Liquidadora Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que por mayoría condenó a DANIEL YONATAN TORIBIO CHIRA, como autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa, en perjuicio de Manuel Palomino León, y por unanimidad le impuso cinco años de pena privativa de libertad efectiva, y se fijó en ocho mil soles el monto de la reparación civil.

II. ORDENAR que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado, donde se actuaran las pruebas que resulten necesarias para un real esclarecimiento de los hechos, conforme a las precisiones descritas en la presente resolución.

III. ORDENAR la inmediata LIBERTAD del acusado, siempre y cuando no exista en su contra, orden o mandato de prisión dispuesto por autoridad competente; y, conforme al artículo 288 del Código Procesal Penal ESTABLECER, como reglas de conducta, que el recurrente: i) no se comunique con el agraviado y su familia; ii) no se ausente de lugar de su residencia, ni varíe su domicilio sin previa comunicación y autorización de la Fiscalía competente; y, iii) se presente al Juzgado Penal el último día hábil de cada mes, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades, y las veces que se le requiera.

IV. DISPONER que se devuelvan los autos al Tribunal Superior para los fines de ley y se haga saber.

Intervino el juez supremo Bermejo Ríos, por licencia del juez supremo Prado Saldarriaga.


1 Cfr. páginas 375 al 384 y 623, respectivamente
2 Mediante Auto del 13 de octubre de 2017 (páginas 391 al 392), se declaró extinta la acción penal contra Gian Franco Ortiz Castañeda por causa su fallecimiento el 3 de junio de 2016, conforme con el acta de defunción (página 362).
3 El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante la Resolución N.°14 del 17 de marzo de 2016, declaró extinta por prescripción la acción penal promovida contra Manuel Antonio Luna Gonzáles (páginas 150 y 151).
4 Cfr. páginas 645
5 Cfr. páginas 80 a 82
6 Cfr. páginas 2 a 5
7 Cfr. páginas 9 al 10 y 19 al 20, respectivamente.
8 Cfr. páginas 284 y 285
9 Cfr. páginas 243 y 244
10 Cfr. página 329
11 Cfr. fundamentos 3.1 al 3.4 de la sentencia impugnada, páginas 636 y 637
12 Cfr. páginas 585 al 586 y 608, respectivamente.
13 Cfr. Sesión del 7 de noviembre de 2018, páginas 607 al 609
14 Cfr. Su ficha Reniec, página 181
15 Cfr. páginas 316 y 317
16 Cfr. página 384
17 Cfr. páginas 202 y 124, respectivamente.
18 Cfr. página 251
19 Cfr. Artículo 298, numeral 1: la Corte Suprema declarará la nulidad: 1. Cuando en la sustanciación de la instrucción, o en la del proceso de juzgamiento, se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisiones de trámites o garantías establecidas por la Ley Procesal Penal.
20 Cfr. páginas 403 al 407
21 Cfr. página 438

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