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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.º 237-2021
LIMA

Confirmar condena

Los argumentos postulados por los procesados en sus respectivos recursos impugnatorios deben desestimarse, por cuanto se cuenta con prueba suficiente que acredita la comisión del delito; asimismo, se verifica que en la sentencia cuestionada se analizaron los medios de prueba recabados, así como que esta se encuentra debidamente motivada.
Lima, veintiséis de julio de dos mil veintiuno

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por los procesados Jhesson Pool Chávez Valderrama, Roger Américo Espinoza Romero y Juan Carlos Baca Sotomayor, así como por el representante del Ministerio Público y la parte civil (Sunat) contra la sentencia del diecinueve de enero de dos mil veintiuno (foja 6171) que:

i) Declaró improcedente la excepción de prescripción deducida por la defensa del acusado Juan Carlos Baca Sotomayor;

ii) Adecuó de oficio el título de imputación de “co-autor», atribuido en la acusación fiscal al procesado Roger Américo Espinoza Romero, a la de «autor»;

iii) Absolvió, por mayoría, a Benjamín Ángel Ventura Rivera como cómplice primario del delito de defraudación tributaria-obtención indebida de crédito fiscal por concepto de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, correspondiente al Ejercicio 2000, e Impuesto General a las Ventas, correspondiente a los períodos de octubre, noviembre y diciembre de 2000, en agravio del Estado;

iv) Condenó a Juan Carlos Baca Sotomayor, Jhesson Pool Chávez Valderrama y Roger Américo Espinoza Romero como autores del delito de defraudación tributaria-obtención indebida de crédito fiscal por concepto de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, correspondiente al ejercicio 2000, e Impuesto General a las Ventas, correspondiente a los períodos de octubre, noviembre y diciembre de 2000, en agravio del Estado; a seis años de pena privativa de libertad y seiscientos cincuenta días-multa; fijó en S/ 2 069 738 (dos millones sesenta y nueve mil setecientos treinta y ocho soles), el monto que por concepto de reparación civil deberán pagar los citados encausados, de manera solidaria con el tercero civilmente responsable; con lo demás que contiene. De conformidad con lo opinado por el señor fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo Coaguila Chávez.

CONSIDERANDO

§ I. Expresión de agravios

Primero. La defensa técnica del procesado Jhesson Pool Chávez Valderrama, en el recurso de nulidad (foja 6261), alega que:

1.1. A pesar de que se dispuso que, en la sesión siguiente de juicio oral, el procesado podía manifestar su conformidad o no respecto de la resolución que declaró infundada la excepción de prescripción deducida, no se produjo por omisión de esta.

1.2. Por otro lado, no se resolvió la excepción de naturaleza de acción deducida el tres de junio de dos mil catorce, cuyos fundamentos fueron ampliados en la sesión de juicio oral del veinticinco de agosto de dos mil veinte, con lo cual se vulneró su derecho de defensa.

1.3. Asimismo, el cinco de agosto de dos mil catorce, se declaró fundada la cuestión prejudicial, empero, no debió considerarse el tiempo de la suspensión, por haberse dictado durante ese tiempo diversas actuaciones, como la acusación fiscal y el auto de enjuiciamiento; ergo, si los hechos datan del treinta y uno de diciembre de dos mil, a la fecha, la acción penal ha prescrito.

1.4. No existen pruebas ni testimonios que lo involucren en el ilícito atribuido.

Segundo. Por su parte, la defensa técnica del procesado Roger Américo Espinoza Romero, en el recurso de nulidad (foja 6270), sostuvo que:

2.1. Se vulneró su derecho de defensa, al ser condenado como autor del delito de defraudación tributaria, pese a que durante el proceso se le juzgó como coautor y no se le concedió la oportunidad de pronunciarse respecto a la tesis de desvinculación y, de ser el caso, ofrecer nuevas pruebas.

2.2. Igualmente, la sentencia no está debidamente motivada, toda vez que en el proceso no se acreditó que el recurrente elaboró los documentos ingresados a la administración tributaria, pues no tenía injerencia directa en el procesamiento ni elaboración de estos, ya que solo suscribió la declaración jurada de Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2000, en su condición de contador externo, incluso solo le correspondía verificar que los documentos recibidos y procesados remitidos a Courier San Martín de Porres S. A. cumplan con los requisitos exigidos por ley; no era su función presumir la ilicitud de la documentación y transacciones; en ese sentido, concurre duda a su favor.

Tercero. La defensa técnica del procesado Juan Carlos Baca Sotomayor, en su recurso de nulidad (foja 6284), alega que:

3.1. El hecho, referido a la emisión de recibos por honorarios no fehacientes con la ilícita finalidad de incrementar sus gastos y reducir el impuesto a la renta en el Ejercicio Fiscal 2000, se condice con el tipo penal básico previsto en el artículo 1° del Decreto Legislativo número 813; por ende, de acuerdo con la pena prevista en el precitado artículo, la acción penal prescribió; sin embargo, el Colegiado, de manera mecánica, se remitió a lo resuelto con anterioridad.

3.2. En la sentencia cuestionada no se analizó por separado cada hecho y se omitió valorar las pruebas de descargo, entre ellas, el testimonio de Antonio Baca Sotomayor, quien precisó que era el encargado directo de los contratos celebrados con los proveedores, de sus pagos y de coordinar con el Área de Contabilidad lo relativo a la tributación correspondiente a la tercerización de personal proveniente de dichos proveedores; también desmereció la pericia contable de parte.

3.3. No se le puede atribuir responsabilidad penal solo por ser gerente general.

3.4. Se sancionó como responsable solidario del pago de la reparación civil al tercero civil, que no fue convocado ni tuvo participación en el juicio oral.

Cuarto. El representante del Ministerio Público, en el recurso de nulidad incoado (foja 6263), muestra su disconformidad con el extremo absolutorio por cuanto:

4.1. No se tuvo en cuenta que el Informe pericial de grafotecnia, con el que se pretende negar la firma del encausado Benjamín Ángel Ventura Rivera, fue efectuado sobre una copia fotostática simple; por tanto, no reúne las condiciones de idoneidad e, incluso, resulta incompleto, al no haberse pronunciado sobre la firma atribuida al citado encausado en los recibos extendidos por la empresa Courier San Martín de Porres S. A. a favor de la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo «Perú 2000» Ltda.

4.2. Tampoco se consideró la declaración indagatoria e instructiva del procesado Hugo Cueva Egúsquiza, en la que señaló que Ventura Rivera tenía activa participación en el manejo y administración de las empresas Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo «Perú 2000» Ltda. y Arvec Consultores S. A., ni lo señalado en el Informe de indicios de delito tributario, estas pruebas vinculan directamente al encausado con los hechos ilícitos que se le atribuye en su condición de cómplice.

Quinto. Igualmente, la parte civil (Sunat), en su recurso de nulidad (foja 6280), únicamente cuestiona el extremo absolutorio y alega que:

5.1. Se absolvió al procesado Benjamín Ángel Ventura Rivera solo por su declaración, sin efectuar una adecuada valoración de las pruebas, entre ellas, el Contrato de servicio firmado por el encausado en representación de Cooperativa de Trabajo y Fomento al Empleo «Perú 2000» Ltda., el Informe de indicios de delito tributario y la declaración instructiva del procesado Hugo Cueva Egúsquiza, que demuestran que tuvo conocimiento y participación en la simulación de los hechos, habiéndose probado el aporte realizado por este, que permitió a la empresa Courier San Martín de Porres S. A. contabilizar indebidamente el crédito fiscal mediante la utilización de comprobantes de pago por operaciones no reales, con el fin de reducir el impuesto a pagar por el Período Fiscal 2000. Se vulneró el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

§ II. Imputación fiscal

Sexto. Con base en la acusación fiscal (foja 5325), se imputa que la empresa Courier San Martín de Porres S. A. es una persona jurídica dedicada a la actividad económica de prestar servicio de correo, que inició sus actividades el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cuatro y, durante el proceso de fiscalización a cargo de la Sunat, modificó su razón social a Time Courier S. A. C.

Esta fiscalización se inició por la recepción de una denuncia que señalaba que los representantes de la empresa Courier San Martín de Porres S. A. habían utilizado los comprobantes de pago (recibos por honorarios) que correspondían a sus trabajadores, con la finalidad de incrementar los gastos de la empresa, consignando cifras elevadas por el pago de honorarios, cuando en realidad los trabajadores recibieron como sueldo mensual un aproximado entre S/ 410 y S/ 450 (cuatrocientos diez y cuatrocientos cincuenta soles); dichos trabajadores, al término de la relación laboral, solicitaron a la contribuyente sus recibos por honorarios, que estuvieron en poder de la empresa.

Los resultados de los requerimientos del proceso de fiscalización establecieron que la empresa Courier San Martín de Porres S. A., cuyo gerente general es el procesado Juan Carlos Baca Sotomayor no cumplió con exhibir ni presentar la documentación e información que se le solicitó; además, que tampoco facilitó la labor de auditoría, limitándose a proporcionar información incompleta. Dicha empresa, el veintiocho de abril de dos mil cuatro, solicitó un plazo adicional para exhibir la documentación solicitada y refirió que se trataba de documentos del año dos mil; tal pedido le fue concedido. Sin embargo, tampoco exhibió el Plan contable general, el Balance de comprobación o el Plan de cuentas, señalando que no podía hacerlo porque el contador de la empresa de ese período, el procesado Roger Espinoza Romero, sufrió el robo de la computadora donde guardaba la información solicitada.

La fiscalización determinó que no se aportó documentación que detalle los nombres y apellidos de los trabajadores, documentos de identidad, detalle de las labores que cada uno desempeñaba, los días y el número de horas trabajados diariamente, los cuales resultan importantes porque, de acuerdo con lo estipulado en el contrato, se necesitaba esos datos para la liquidación del pago mensual a efectuar al proveedor y, aun cuando no eran trabajadores de Courier San Martín de Porres S. A., era ilógico que no realizaran control de la documentación por las tareas asignadas a tales personas, cuando esos servicios se efectuaban para posteriormente realizar los pagos a sus proveedores, sin adjuntar tampoco la documentación referida a los servicios de traslado y entrega de cargo, como guías de remisión y relación con los datos de los choferes, destinos y tiempos en que se prestaba el servicio.

Además, la administración tributaria hizo el cruce de información con cada uno de los supuestos proveedores, a fin de verificar y constatar la veracidad de las operaciones, determinándose que no eran reales, solicitándoles que exhiban y proporcionen los comprobantes de pago de ventas, guías de remisión, notas de débito y crédito y el registro de ventas, que se realizaron durante el año dos mil al contribuyente Courier San Martín de Porres S. A., pedido que no cumplieron; sin embargo, mostraron fotocopia de las facturas emitidas a la empresa indicando reconocerlas, pero que estas facturas las cancelaron en efectivo, no por el monto total, sino por un diferencial conformado por la comisión y el impuesto general a las ventas, ya que Courier San Martín de Porres S. A. pagaba directamente a los trabajadores. Lo que evidencia que la operación no era real, porque usualmente en el mercado pagaba al trabajador la empresa service por el monto de las facturas. Esa misma modalidad se utilizó en las facturas a nombre personal que emitió el inculpado Hugo Luis Cueva Egúsquiza y las emitidas por intermedio de las empresas Arvec Consultores S. A. y Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo «Perú 2000».

La administración tributaria determinó que el perjuicio irrogado por la obtención indebida del crédito fiscal para efectos del impuesto general a la venta de los períodos octubre a diciembre de dos mil y por el incremento indebido de gastos, así como por operaciones no reales para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2000, ascendió a la suma de S/ 2 069 738 (dos millones sesenta y nueve mil setecientos treinta y ocho soles).
En suma, la imputación señala el empleo de una modalidad defraudatoria por parte de Juan Carlos Baca Sotomayor, representante de la contribuyente Courier San Martín de Porres S. A., de haber emitido y manipulado recibos por honorarios de sus extrabajadores entre los meses de septiembre y diciembre de 2000, consignando montos mayores a los que efectivamente habían pagado con la ilícita finalidad de incrementar sus gastos y reducir el Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2000 (recibos por honorarios no fehacientes); así también, en cuanto al impuesto general a la venta, se habría beneficiado indebidamente con el crédito fiscal durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2000 empleando facturas que simulaban la prestación del servicio de personal de la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo «Perú 2000» Ltda., Arvec Consultores S. A. C., representada por el procesado Benjamín Ángel Ventura Rivera y, como persona natural, el procesado Hugo Luis Cueva Egúsquiza (operaciones no reales).

§ III. Fundamentos del Supremo Tribunal

Séptimo. El ilícito atribuido a los procesados es el previsto en los artículos 1 y 4, literal a, del Decreto Legislativo número 813, Ley Penal Tributaria: “La defraudación tributaria será reprimida con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con 730 a 1460 días multa, cuando: a) Se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios o incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos […]”.

Octavo. Conforme se desprende de la acusación fiscal (foja 5325), se acusó a Juan Carlos Baca Sotomayor y Jhesson Pool Chávez Valderrama (como autores), así como a Roger Américo Espinoza Romero (como coautor), Benjamín Ángel Ventura Rivera y Hugo Luis Cueva Egúsquiza1 (como cómplices primarios), de haber cometido el delito de defraudación tributaria en la modalidad de obtención indebida de crédito fiscal.

En síntesis, se imputa que para la obtención indebida de crédito fiscal por concepto de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría correspondiente al Ejercicio Fiscal 2000, utilizaron comprobantes de pago (recibos por honorarios) que correspondían a sus trabajadores, con la finalidad de incrementar los gastos de la empresa consignando cifras elevadas por el pago de honorarios, cuando en realidad los trabajadores recibían como sueldo mensual entre S/ 410 y S/ 450 (cuatrocientos diez y cuatrocientos cincuenta soles), afectando al Fisco.

Asimismo, se señaló que la referida empresa acreditó mediante facturas emitidas por los proveedores Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo «Perú 2000» Ltda., Arvec Consultores S. A. y Hugo Cueva Egúsquiza, servicios que correspondían a operaciones comerciales no reales con el propósito de aumentar indebidamente el crédito fiscal del Impuesto General a la Venta de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2000, sin que ninguna de estas empresas haya acreditado la realidad de las operaciones contenidas en los comprobantes de pago observados.
En ese sentido, la conducta descrita se encuentra adecuadamente tipificada en los artículos 1 y 4, literal a, del Decreto Legislativo número 813, Ley Penal Tributaria.

A. Sobre la vigencia de la acción penal

Noveno. Los recurrentes cuestionan distintos aspectos de la sentencia: vigencia de la acción penal, condena y absolución.

En ese sentido, corresponde dilucidar el primer aspecto, tanto más si los procesados Juan Carlos Baca Sotomayor y Roger Américo Espinoza Romero, en los escritos presentados ante esta Instancia Suprema, aducen que el ilícito prescribió el veintidós de febrero de dos mil veintiuno.

9.1. El delito de consumó el treinta y uno de diciembre de dos mil.

9.2. La comisión del delito de obtención indebida de crédito fiscal, imputada a los procesados, está conminada con una pena privativa de libertad no menor ocho ni mayor de doce años. La prescripción extraordinaria (artículo 83 del Código Penal) para dicho delito es de dieciocho años desde la fecha de su consumación.

9.3. Por otro lado, desde el cinco de agosto de dos mil catorce (foja 5358) hasta el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis (foja 5410), se suspendió la causa, por existir un proceso en la vía contencioso-administrativa, lo que dio lugar a que se declarara fundada la cuestión prejudicial promovida por uno de los procesados, por lo que el plazo de prescripción quedó suspendido por el plazo de dos años, un mes y veintitrés días.

9.4. De ese modo, desde el treinta de diciembre de dos mil, debe correr el término que corresponde a la prescripción extraordinaria (dieciocho años), con el descuento del tiempo transcurrido desde que se declaró fundada la cuestión prejudicial (dos años, un mes y veintitrés días), lo cual evidenciaría que la acción penal habría prescrito el veintiuno de febrero de dos mil veintiuno.

9.5. Empero, es menester excluir también de ese plazo el tiempo transcurrido durante el estado de emergencia nacional para prevenir la COVID-19, puesto que existe normatividad que suspendió los plazos procesales de prescripción y caducidad emitidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

9.6. Se tiene la Resolución Administrativa número 115-2020-CE-PJ (dieciséis de marzo de dos mil veinte), seguida de otras2 y, en especial, de la Resolución Administrativa número 177-2020 (treinta de junio de dos mil veinte), que aclaró que la suspensión comprende plazos procesales de prescripción y de caducidad. La última Resolución Administrativa es la número 14-2021-P-CE-PJ (trece de febrero de dos mil veintiuno).

9.7. En ese sentido, como precisó el señor fiscal supremo en lo penal en su dictamen del tres de mayo de dos mil veintiuno, la acción penal se encuentra vigente. Por tanto, al no haber transcurrido la indicada suspensión de plazos desde el treinta y uno de diciembre de dos mil, la facultad de perseguir y sancionar el delito atribuido a los procesados se encuentra aún expedita.

Décimo. Por lo demás, se debe considerar que ya en anterior pronunciamiento esta Sala Suprema estableció que la suspensión es un efecto jurídico –que se verifica en presencia de algunas causas impeditivas del procedimiento penal– por el cual el transcurso del término de la prescripción se detiene durante el tiempo necesario para remover el obstáculo, de tal modo que la porción de tiempo ya transcurrida no pierda validez y pueda sumarse al periodo de tiempo posterior, que transcurre desde el día de la cesación de la causa suspensiva. “Las causas de suspensión tienen que ser expresamente determinadas por la ley, y su consistencia jurídica la toman exclusivamente de la ley, no del principio contra non valetem agere non currit praescriptio: la prescripción no corre contra el que no puede obrar3“.

B. Respecto a los cuestionamientos del procesado Jhesson Chávez Valderrama

Undécimo. El recurrente Chávez Valderrama denuncia aspectos que darían lugar a una nulidad. En primer lugar, señala que el Colegiado Superior omitió consultarle sobre su conformidad o no de la resolución que declaró infundada la excepción de prescripción que dedujo. Empero, del análisis de los actuados se desprende que en la sesión de juicio oral del veinticinco de agosto de dos mil veinte (foja 5761 vuelta), ante el pedido de la defensa del referido procesado, se dispuso que en la siguiente sesión debía dar su conformidad o no; y a pesar de que en la siguiente sesión no se dio cuenta de este aspecto pendiente (foja 5774), su defensa solicitó en ese acto la nulidad de lo actuado desde agosto de dos mil catorce, lo que comprendía la resolución que declaró infundada la excepción de prescripción deducida, de modo que se descarta el agravio postulado.

Duodécimo. En igual sentido, también señaló que no se resolvió la excepción de naturaleza de acción deducida (foja 5278) y ampliada en las sesiones de juicio oral (fojas 5761 y 5775); sin embargo, lo alegado se descarta, puesto que con la resolución del veintidós de septiembre de dos mil veinte (foja 5802), oralizada y notificada en el acto oral (foja 5809), se emitió el respectivo pronunciamiento.

Decimotercero. Por otro lado, en cuanto al cuestionamiento sobre la decisión de condena, de los actuados se desprende que se cuenta con el Informe de indicios de delito, emitido por la Sunat (foja 14), donde se concluye que los recibos por honorarios eran entregados específicamente al supervisor o jefe de mensajeros y eran devueltos al término de la relación laboral.

Decimocuarto. En esa línea se cuenta con lo manifestado por el procesado Juan Carlos Baca Sotomayor (fojas 4994 y 5849), quien señaló que contrató a su coprocesado Chávez Valderrama para que se desempeñe como supervisor o jefe de mensajeros; labor que también fue reconocida y aceptada por este último (fojas 3572, 5066 y 5829), de modo que es factible inferir que el cargo que ostentaba propiciaba la constante comunicación con los mensajeros a su cargo (emisores de los recibos), lo que también le permitía retener y custodiar los talonarios de los recibos por honorarios que le entregaban para que su empleadora, la empresa fiscalizada Courier San Martín de Porres S. A., consigne en ellos, de manera fraudulenta, montos de pago superiores que no se ajustaban a lo que realmente los trabajadores percibían, logrando así, reducir el pago del impuesto a la renta.

Decimoquinto. Lo expuesto se encuentra corroborado con la declaración de Blanca Neri Celis Cayao, trabajadora de Courier San Martín de Porres S. A. (foja 5929), quien refirió que la empresa se quedaba con los talonarios completos de los trabajadores, los llenaba y que, el día de pago, unas veces les hacía firmar y otras veces no, y que, debido al tiempo transcurrido, no recuerda si le devolvieron su talonario.

Decimosexto. En el mismo sentido declaró el trabajador Willy Martín Tassara Díaz en el plenario (foja 5958). Así como, ante los auditores de la Sunat, los trabajadores Virginia Raza Valverde (foja 525), Santos Panana Rueda (foja 539) y Rosario Bautista Montes (foja 544), donde de modo uniforme refirieron que el jefe de su sección era el procesado Chávez Valderrama, quien les decía que entreguen sus talonarios de recibos por honorarios, encargándose de su control, emisión y custodia; además, que tenían conocimiento de que la empresa emitía tales recibos por un importe mensual superior a lo que realmente recibían, pero que no tomaron ninguna acción por temor a las represalias del empleador. Dichas declaraciones forman parte del Informe de indicios de delito tributario, que es considerado como prueba de cargo válida, como se ha señalado. En consecuencia, existe prueba fehaciente respecto a que el procesado se encuentra vinculado al ilícito y, por ende, está probada su responsabilidad penal en el suceso.

C. En cuanto a la impugnación del encausado Roger Américo Espinoza Romero

Decimoséptimo. El encausado Espinoza Romero cuestiona el título de imputación, de coautor, por el que fue acusado; sin embargo, en la sentencia, sin que se le corra traslado o se haga valer su derecho de defensa, fue condenado como autor. Al respecto, además del Acuerdo Plenario número 04-2007/A-16, citado por el fiscal supremo, la jurisprudencia, a nivel supremo, también descartó que la variación del título de imputación vulnere el derecho de defensa del procesado. Si en la variación del título de imputación de coautor a autor, no hubo modificación de los hechos ni de la calificación, no se generó indefensión, dado que ello no constituyó una reforma peyorativa ni exigió la acreditación de elementos adicionales para la determinación de este título de intervención. Asimismo, el reproche penal de sanción a la coautoría es igual a la autoría4. De modo que si, en el caso concreto, no se variaron los hechos ni el bien jurídico tutelado, la alegada vulneración debe ser rechazada.

Decimoctavo. Respecto a que él no elaboró los documentos ingresados a la administración de la empresa, se tiene que el procesado Baca Sotomayor, representante legal de esta última (foja 4994), refirió que las declaraciones tributarias fueron elaboradas por el encausado Espinoza Romero, para lo cual contó con la documentación que su representada le alcanzó.

Decimonoveno. En ese sentido, el mismo procesado Espinoza Romero, a nivel instruccional y plenarial (fojas 4951 y 5813, respectivamente), señaló que, como asesor contable externo y representante de la empresa Accounting Solutions S. R. L., recibía la documentación que le enviaba la empresa Courier San Martín de Porres S. A. para ordenarla, clasificarla y procesarla, con el fin de hacer la contabilidad y los pagos correspondientes evaluando los reportes que realizaba su personal para luego alcanzarlos a la empresa fiscalizada; lo que acredita que, como contador externo, elaboró los documentos que la empresa fiscalizada ingresó a la administración tributaria con conocimiento de la ilicitud de la documentación que la respaldaba, lo cual trajo como consecuencia que se defraudara al Fisco, puesto que era el encargado directo del procesamiento de dicha información, que luego fue observada.

Vigésimo. En cuanto a que, como contador externo, recibía de buena fe los documentos que le remitía Courier San Martín de Porres S. A. para elaborar los informes y ser alcanzados por él mismo a dicha empresa, y que no reparaba sobre la veracidad de estos, ya que ello no le competía, es de tener en cuenta que, en su calidad de contador público, tenía el deber de vigilar que las declaraciones que presentaba la empresa a la que le brindaba sus servicios contables (Courier San Martín de Porres S. A.) debían estar sustentadas en recibos por honorarios fehacientes y en facturas que respalden operaciones comerciales reales, pues, dada su especialidad –contador público– conocía la forma y modo exigidos por ley para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como también que debía reparar en la veracidad y contrastación documental de las declaraciones tributarias que elaboraba y remitía a la administración tributaria.

Vigesimoprimero. Los argumentos defensivos no son aceptables, dado que el ilícito es uno de infracción de deber y, dada su experiencia la elaboración de los documentos ingresados a la administración tributaria, a sabiendas de que los recibos por honorarios no eran fehacientes y las facturas correspondían a operaciones comerciales no reales, quebrantó los deberes funcionales inherentes a su calidad de contador público frente a la hacienda pública.

D. En cuanto al recurso promovido por Juan Carlos Baca Sotomayor

Vigesimosegundo. El procesado alega que el hecho imputado en realidad se desdobla en dos. El primero es el que guarda relación con los recibos por honorarios no fehacientes y su injerencia en la determinación del impuesto a la renta, al cual le corresponde solo el tipo base (ocho años), y que, por el tiempo transcurrido, este ya prescribió; se debe considerar que los hechos, en realidad, configuran un suceso único y, por ende, corresponde una sola tipificación, esto es, el artículo 1, concordado con el artículo 4 como tipo agravado, el cual está sancionado con doce años de pena privativa de libertad; por ende, como se expuso precedentemente, la acción penal se encuentra vigente.
Vigesimotercero. Refiere también que no se analizó cada hecho por separado, pero los hechos –que, además, fueron comprendidos como únicos– se originaron por una acción de fiscalización de la administración tributaria a la empresa Courier San Martín de Porres S. A., respecto a un período de tiempo en el que se cometieron acciones ilícitas (año 2000) enmarcadas tanto en el tipo base como en el tipo penal agravado del delito de defraudación tributaria, como se expuso. En consecuencia, constituyen una sola actividad ilícita cometida dentro de un periodo de tiempo y no puede ser desglosada.

Vigesimocuarto. El procesado Juan Carlos Baca Sotomayor, en su defensa, señala que solo se le condenó por ser gerente general de la empresa fiscalizada y, pese a que no tenía funciones específicas que lo vinculen a los hechos, pues incluso algunas de ellas le correspondían al testigo Antonio Baca Sotomayor (como el haber suscrito el contrato de personal con la Cooperativa de Trabajo y Fomento al Empleo «Perú 2000»); sin embargo, del Informe de indicios de delito tributario se desprende que este suscribió la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta 2000 e Impuesto a la Venta de los meses de octubre a diciembre de 2000, en que se consignaron datos falsos que beneficiaron económicamente a la empresa que dirigía; además, para no pagar los mencionados impuestos, se agenció de facturas que contenían operaciones no reales y, para concretar su ilícito proceder de defraudar el pago del Impuesto a la Renta del ejercicio 2000, obtuvo recibos por honorarios de sus trabajadores contando para ello con la intervención del procesado Chávez Valderrama. Por tanto, en la suscripción de los documentos que respaldaban las declaraciones juradas, el procesado infringió su deber que, como gerente general de la empresa fiscalizada, era contribuir mediante el pago de tributos al sostenimiento del gasto público.

Vigesimoquinto. En efecto, la pericia institucional recabada por la Sunat da cuenta de lo expuesto y sus conclusiones no pudieron ser rebatidas por los procesados, pues luego del debate pericial, con relación al Informe pericial de parte, se otorgó valor probatorio al primero, que junto a las pruebas actuadas, evidencian que el procesado Baca Sotomayor, en su calidad de gerente general de la empresa Courier San Martín de Porres S. A., a la fecha de los hechos, infringió su obligación frente al Fisco, permitiendo y suscribiendo declaraciones ingresadas a la administración tributaria, producto del engaño y la simulación, con el fin de procurarse beneficios económicos a favor de su representada y en perjuicio del Fisco.

Vigesimosexto. Finalmente, la empresa Courier San Martín de Porres S. A., representada por el procesado Juan Carlos Baca Sotomayor, fue comprendida como tercero civilmente responsable, al haber resultado beneficiada económicamente de manera ilícita con la obtención indebida del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas de los periodos octubre a diciembre de 2020, así como el incremento indebido de gastos en la determinación del Impuesto a la Renta en el ejercicio gravable 2000 (foja 5114) y, dado que en los fueros tributario y contencioso administrativo se determinó que la empresa fiscalizada incurrió en infracción tributaria, se encuentra justificada la decisión de reiterar la obligación de pagar la reparación civil ya establecida en la vía extrapenal, de forma solidaria con los condenados.

Vigesimoséptimo. En consecuencia, los argumentos postulados por los procesados en sus respectivos recursos impugnatorios deben desestimarse, por cuanto se cuenta con prueba suficiente que acredita la comisión del delito; asimismo, se verifica que en la sentencia cuestionada se analizaron los medios de prueba recabados, así como que esta se encuentra debidamente motivada.

D. Con relación a la absolución de Benjamín Ángel Ventura Rivera

Vigesimoctavo. La decisión absolutoria a favor del encausado Benjamín Ángel Ventura Rivera es cuestionada tanto por la representante del Ministerio Público como por la parte civil, representada por la Sunat, por la inadecuada valoración de la prueba de cargo.

Vigesimonoveno. Sobre los cuestionamientos efectuados, en primer lugar, respecto al medio impugnatorio de la titular del Ministerio Público, este Tribunal Supremo no puede soslayar la posición jurídica del señor fiscal supremo en lo penal, pues, conforme reiterada línea jurisprudencial, la conducción de la investigación, el ejercicio de la acción penal y la interposición de la acusación corresponden al Ministerio Público, quien lleva a cabo tales funciones de manera monopólica. Dicha participación tiene reconocimiento en la Constitución Política del Perú, donde se ha encomendado al Ministerio Público la función persecutora, destinada a la aplicación del derecho penal a los infractores de las normas jurídico-penales; a partir de ello, es trascendente observar que de allí se derivan tanto el reconocimiento al principio acusatorio como la garantía esencial del proceso.

Trigésimo. De otro lado, es de considerar que el rol que se le ha atribuido al Ministerio Público, que este despliega como ente autónomo de reconocimiento fundamental, es la titularidad de la acción penal y que le corresponde ejercitarla de oficio o a pedido de parte.

Trigésimo primero. Aquella función va en consonancia con el principio institucional de jerarquía, que “estipula la prevalencia de la posición que adopte [el] superior en grado, en caso de conflicto o contradicción con la decisión que adopte el fiscal inferior”5.

Trigésimo segundo. Así, siendo uno de los principios que rige la actuación del Ministerio Público el de jerarquía, se precisa que este se caracteriza por ser una institución jerárquicamente organizada (así lo indica su Ley Orgánica), lo que se traduce en un sistema de instrucciones generales y específicas para el correcto ejercicio de sus funciones; existe, entonces, una relación que conlleva dos consecuencias fundamentales: a) la posibilidad de que el superior controle la actuación del fiscal de cargo inferior, del que es responsable, y b) el deber de obediencia de los subordinados respecto de aquel; lo referido se traduce en dos formas de control: 1) el conocimiento de los casos que conoce el superior en grado, donde la orden de este ha de cumplirse, y 2) a través de las instrucciones que se impartan de manera general, sea mediante la expedición de circulares o directivas que, en suma, lo que buscan no es sino una actuación uniforme de los miembros del Ministerio Público6.

Trigésimo tercero. En consecuencia, si el señor fiscal supremo en lo penal, al absolver en grado el recurso de nulidad interpuesto por la fiscal adjunta superior penal en el dictamen fiscal supremo, coincide con la decisión del órgano de primera instancia de absolver al procesado Benjamín Ángel Ventura Rivera y opina porque se declare no haber nulidad en el extremo absolutorio, por considerarlo justo, y dado que detenta la máxima jerarquía, así como la titularidad del ejercicio de la acción penal y la persecución pública del delito, su posición debe prevalecer.

Trigésimo cuarto. Tanto más que la posición jurídica del máximo ente fiscal obedece en lo fundamental a lo siguiente:

34.1 En el caso concreto no se aprecia la presencia de prueba que acredite su responsabilidad, sino que surge duda a su favor, puesto que:

a) El procesado alegó inocencia (fojas 3568, 5052 y 5832, vuelta), señala que fue representante legal de la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo «Perú 2000» Ltda. y socio fundador de la empresa Arvec Consultores S. A. C.; sin embargo, debido a los desacuerdos societarios con el coprocesado Cueva Egúsquiza, su socio, se apartó de estas en mil novecientos noventa y nueve; por tanto, no solo desconoce de las relaciones comerciales con la empresa Courier San Martín de Porres S. A., sino también de la firma que a su nombre aparece en el Contrato de servicios del primero de agosto de dos mil (foja 302), celebrado entre esta última empresa y la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo «Perú 2000» Ltda., en la que aparece como representante legal y en los recibos extendidos por la empresa Courier San Martín de Porres S. A., a favor de la cooperativa en mención.

b) Incluso, en el Informe Pericial de Grafotecnia de parte (foja 5388) se señala que la firma atribuida al procesado Ventura Rivera, que aparece en el Contrato de servicios del primero de agosto de dos mil, presenta características gráficas de ser una firma falsificada, y si bien el cuestionamiento del Ministerio Público y el de la parte civil está referido a que fue realizada sobre una fotocopia y no en el original, es de tener en cuenta que el perito, en el juicio oral (foja 6041), no solo ratificó el contenido y firma de la pericia, sino que explicó las razones por las que era posible practicarla en una fotocopia y concluyó que la firma materia de cuestionamiento era falsificada.

c) El procesado Cueva Egúsquiza, en su declaración indagatoria (foja 4701), señaló que su coprocesado Ventura Rivera no tenía injerencia ni estaba al tanto de las operaciones comerciales que mantuvieron con la empresa Courier San Martín de Porres S. A., realizadas entre 1998 y 2000, debido a que en ese periodo empezaron las desavenencias entre ambos y, por tal motivo, su persona tomó el control del patrimonio.

d) Esta declaración fue sostenida también por el procesado Juan Carlos Baca Sotomayor, gerente general de la empresa Courier San Martín de Porres S. A. (foja 4994 vuelta), respecto a que solo conoce al encausado Cueva Egúsquiza porque tuvo relaciones comerciales, al ser su proveedor, siendo que con dicha persona hacía las coordinaciones, pero sin tener ningún tipo de trato con su coencausado Ventura Rivera, a quien ni siquiera conoce.

e) Se infiere que el procesado Ventura Rivera no tendría injerencia en las operaciones comerciales realizadas entre las empresas Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo «Perú 2000” Ltda. y ARVEC Consultores S. A. C. con la empresa Courier San Martín de Porres S. A.

Trigésimo quinto. En esa línea, y en segundo lugar, en lo concerniente a la intervención procesal de la parte civil también existe jurisprudencia emitida por esta Sala Suprema, respecto a lo que se dejó sentado que su labor es coadyuvante en la acreditación del hecho histórico postulado por el Ministerio Público, pero no es independiente de los lineamientos persecutores de aquel. Rige, en lo particular, el principio de oficialidad: el ejercicio de la acción penal y la formulación de una pretensión punitiva son prerrogativas ejercidas a instancia privativa del Ministerio Público, como órgano oficial especializado. Las atribuciones de este último no pueden ser ejercidas por ningún otro órgano, aun cuando sea gubernamental, al no existir norma constitucional que habilite un supuesto de excepción7.

Trigésimo sexto. En ese sentido, el recurso de nulidad propuesto por la parte civil, que no fue de recibo por el titular de la acción penal, tampoco puede prosperar; en observancia de los principios: acusatorio y de oficialidad en la persecución pública del delito.

Trigésimo séptimo. La decisión a la que se arribó, respecto a ambos recursos, halla su base en la autonomía del Ministerio Público, reconocida en el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, por lo que esta Sala Penal Suprema debe confirmar el extremo de la resolución recurrida.

Trigésimo octavo. Finalmente, se precisa que la decisión objeto de cuestionamiento se encuentra suficientemente motivada, la que, en efecto, se halla en consonancia con los motivos o consideraciones jurídicas manifestadas por el señor fiscal supremo en lo penal (reseñada precedentemente), que se basan en criterios lógicos, los cuales evidencian la insuficiencia de pruebas manifestada en la ausencia de prueba, que no permite acreditar la responsabilidad penal del procesado Benjamín Ángel Ventura Rivera. La posición del fiscal supremo se encuentra debidamente justificada y resulta razonable. A lo que se aúna que los cuestionamientos efectuados se basan en el cuestionamiento de la valoración de la prueba, por lo que no trasciende que se haya denunciado la afectación de garantía constitucional de la tutela jurisdiccional efectiva o del derecho a la prueba.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República DECLARARON:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del diecinueve de enero de dos mil veintiuno (foja 6171), que: i) adecuó de oficio el título de imputación de “co-autor», atribuido en la acusación fiscal al procesado Roger Américo Espinoza Romero, a la de «autor»; ii) absolvió, por mayoría, a Benjamín Ángel Ventura Rivera como cómplice primario del delito de defraudación tributaria-obtención indebida de crédito fiscal por concepto de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, correspondiente al Ejercicio 2000, e Impuesto General a las Ventas, correspondiente a los períodos octubre, noviembre y diciembre de 2000, en agravio del Estado; iii) condenó a Juan Carlos Baca Sotomayor, Jhesson Pool Chávez Valderrama y Roger Américo Espinoza Romero como autores del delito de defraudación tributaria-obtención indebida de crédito fiscal por concepto de Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, correspondiente al ejercicio 2000, e Impuesto General a las Ventas, correspondiente a los períodos octubre, noviembre y diciembre de 2000, en agravio del Estado; a seis años de pena privativa de libertad y seiscientos cincuenta días-multa; fijó en S/ 2 069 738 (dos millones sesenta y nueve mil setecientos treinta y ocho soles), el monto que por concepto de reparación civil deberán pagar los citados encausados, de manera solidaria con el tercero civilmente responsable; con lo demás que contiene.

II. INFUNDADA la excepción de prescripción deducida ante esta Instancia por los procesados Juan Carlos Baca Sotomayor y Roger Américo Espinoza Romero. Hágase saber y devuélvase.


1 Se reservó el proceso en su contra.
2 Las Resoluciones Administrativas consideradas son las signadas con los números 115- 2020-CE-PJ (dieciséis de marzo de dos mil veinte), 117-2020-CE-PJ (treinta de marzo de dos mil veinte), 118-2020-CE-PJ (once de abril de dos mil veinte), 61-2020-P-CE-PJ (veintiséis de abril de dos mil veinte), 62-2020-P-CE-PJ (diez de mayo de dos mil veinte), 157-2020-CE-PJ (veinticinco de mayo de dos mil veinte), 177-2020-CE-PJ (treinta de junio de dos mil veinte), 179-2020-CE-PJ (treinta de junio de dos mil veinte) 120-2020-CE-PJ (dieciséis de octubre de dos mil veinte), 025-2021-CE-PJ (veintinueve de enero de dos mil veintiuno) y 14-2021-P-CE-PJ (trece de febrero de dos mil veintiuno).
3 Sentencia de Casación número 902-2019-La Libertad, del once de junio de dos mil veintiuno, emitida por la Sala Penal Permanente, apartados 3 y 6 del considerando tercero de los fundamentos de derecho.
4 Recurso de Nulidad número 1498-2018-Lima Norte, del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, Sala Penal Permanente, numeral 4.5 del cuarto considerando.
5 Recurso de Nulidad número 2976-2016. LIMA NORTE, del doce de marzo de dos mil dieciocho, Primera Sala Penal Transitoria, Fundamento quinto, apartado 5.3.
6 Tomado de SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Editorial Idemsa, 2004, p. 137.
7 Recurso de Nulidad número 2274-2018 Huánuco, Sala Penal Permanente, fundamento jurídico séptimo.

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