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ROBO AGRAVADO : Contenido de la sentencia, libertad probatoria e incorporación de las declaraciones de los testigos que no concurrieron al juicio oral.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 176-2020
CUSCO

Contenido de la sentencia, libertad probatoria e incorporación de las declaraciones de los testigos que no concurrieron al juicio oral

I. La sentencia debe contener: a) una motivación clara, lógica y completa de los hechos objeto de debate; b) la valoración de la prueba actuada, con indicaciones del razonamiento justificativo; y, c) la precisión de los enjuiciamientos legales correspondientes. La valoración de la prueba debe respetar las reglas de la sana crítica y ser conforme con los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos.

II. Ello implica, a partir de las reglas probatorias descritas, que el juzgador cuenta con libertad para analizar las pruebas actuadas y lícitamente incorporadas al proceso, según prevé el inciso 1 del artículo 393 del Código Procesal Penal. De modo que la logicidad de la motivación de la sentencia está conectada con la valoración de las pruebas válidamente incorporadas, en razón de que sólo estas pueden ser utilizadas como fundamento de la decisión final adoptada.

III. Los presupuestos para la actuación y la valoración de las declaraciones de los testigos que no concurren a juicio oral son los siguientes: a) la intervención del fiscal; b) que se haya garantizado la posibilidad de contradicción de las partes, con el emplazamiento de sus defensas; y, c) la introducción del contenido de estas declaraciones a través de la lectura de las actas en que se documentan y que esta sea sometida a contradicción en el juicio oral.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, catorce de julio de dos mil veintiuno

VISTOS: en audiencia pública1, los recursos de casación interpuestos por los sentenciados José Luis Olayunca Quecaño y Adolfo Almirón Arteaga (folios 204 y 210) contra la sentencia de vista del nueve de diciembre de dos mil diecinueve (folio 184), por la cual la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco confirmó la sentencia del primero de octubre de dos mil diecinueve (folio 137), que condenó a los mencionados encausados como autores del delito de robo con agravantes, en perjuicio de Iván Soncco Ccana, les impuso nueve y doce años de pena privativa de libertad, respectivamente, y fijó en S/ 1500 (mil quinientos soles) la reparación civil.
Intervino como ponente la señora jueza suprema CARBAJAL CHÁVEZ.

CONSIDERANDO

I. Itinerario del proceso

Primero. Según la acusación fiscal (folio 2):

1.1 Circunstancias precedentes: el veintinueve de junio de dos mil ocho, a las 3:00 horas, aproximadamente, Iván Soncco Ccana (agraviado) se encontraba caminando con dirección al puente de Almudena, por la vereda derecha de la calle Hospital, en el Cercado de Cusco. Allí advirtió, a unos diez metros delante de él, a un grupo de cinco personas que estaban paradas en el lugar.

1.2 Circunstancias concomitantes: mientras se acercaba a este grupo de personas, tres de ellas cruzaron hacia el frente de la calle y las otras dos se le acercaron. Uno de ellos, luego identificado como Adolfo Almirón Arteaga, lo cogió por el cuello (en la modalidad de cogoteo) y el otro, después identificado como José Luis Olayunca Quecaño, le rebuscó los bolsillos, mientras le decía: “Ya perdiste, mira cuántos somos y no grites”. Ante ello, el agraviado opuso resistencia, lo que generó que su teléfono celular cayera al piso; sin embargo, le arrancharon su mochila, que contenía sus documentos de la universidad, diversas boletas de pago, sus cuadernos, un cargador de celular, una llave loro pequeña, un desodorante, su lentes de sol, un uniforme de trabajo y una gorra. Luego, una vez que pudo zafarse, optó por escapar del lugar con dirección al mercado de San Pedro, donde observó que el grupo de cinco personas tenían su teléfono celular.

1.3 Circunstancias posteriores: al llegar al templo de San Pedro, advirtió la presencia de una camioneta de serenazgo, que estaba estacionada en el lugar. Por ello, pidió ayuda a esta unidad, donde se encontraban una policía y el personal de serenazgo, con quienes fue detrás de los asaltantes y lograron capturar a José Luis Olayunca Quecaño y Adolfo Almirón Arteaga, y en poder de este último se encontró la mochila del agraviado con parte de los bienes sustraídos.

Segundo. El representante del Ministerio Público tipificó estos hechos como delito de robo con las agravantes específicas de comisión del delito durante la noche y con el concurso de dos o más personas, previstas en los artículos 188 y 189, incisos 2 y 4, del Código Penal. Por ello, solicitó que se condene a José Luis Olayunca Quecaño y Adolfo Almirón Arteaga como autores del mencionado delito agravado, se les impongan doce años de pena privativa de libertad y se fije en S/ 1500 (mil quinientos soles) la reparación civil.

Tercero. El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial A de la Corte Superior de Justicia de Cusco, mediante la sentencia del primero de octubre de dos mil diecinueve (folio 137), condenó a José Luis Olayunca Quecaño y Adolfo Almirón Arteaga como autores del delito de robo con agravantes y les impuso nueve y doce años de privación de libertad, respectivamente, y fijó en S/ 1500 la reparación civil.

3.1 Para llegar a esta conclusión, valoró la sindicación efectuada por Iván Soncco Ccana en su primera declaración y los relatos corroborativos que brindaron los efectivos policiales Edith Karina Roque Gutiérrez, Cristian Fernández Llanos y Ronald Curro Calsina, así como las actas de intervención, hallazgo de bienes y lacrado de estos que se practicaron; también analizó la declaración ampliatoria del agraviado y el relato que brindó en el juicio oral, donde se retractó parcialmente de su inicial sindicación incriminatoria, indicando que no estaba seguro de que José Luis Olayunca Quecaño y Adolfo Almirón Arteaga fueran quienes le sustrajeron sus pertenencias y solo los reconoció porque ellos tenían los bienes que le robaron, y concluyó —el Juzgado Colegiado— que el relato inicial del agraviado presentaba mayor solidez, pues fue recibido a las pocas horas de ocurrido el hecho ilícito.

3.2 También precisó que José Luis Olayunca Quecaño y Adolfo Almirón Arteaga, ante la sindicación que realizó el agraviado al momento de su detención, ocurrida luego de aproximadamente siete minutos, se limitaron a increpar a la policía Edith Karina Roque Gutiérrez su detención, mas no negaron su autoría en el hecho; además, Adolfo Almirón Arteaga, al finalizar el juicio oral —en su autodefensa—, recién indicó que se encontró la mochila del agraviado en la basura, cuando inicialmente no indicó ello; incluso ambos sentenciados suscribieron las actas elaboradas, sin dejar constancia de los argumentos de defensa que después expusieron.

3.3 El agraviado Iván Soncco Ccana, en su parcial retractación, indicó que la policía lo presionó para que sindicara a los recurrentes; sin embargo, no supo identificar a los policías que supuestamente lo presionaron; además, se puso nervioso ante las preguntas que se le formularon sobre los hechos, según se dejó constancia en el juicio oral; también reconoció que se reunió con la madre del procesado José Luis Olayunca Quecaño.

3.4 No es coherente que los autores del ilícito hayan sustraído las pertenencias del agraviado en grupo y después las hayan arrojado a un basurero, donde Adolfo Almirón Arteaga indicó que encontró los bienes.

Cuarto. Una vez apelada la sentencia por parte de los procesados José Luis Olayunca Quecaño y Adolfo Almirón Arteaga (folio 156), la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco, a través de la sentencia de vista del nueve de diciembre de dos mil diecinueve (folio 184), confirmó la sentencia del primero de octubre de dos mil diecinueve (folio 137), que condenó a los ahora recurrentes como autores del delito de robo con agravantes, en perjuicio de Iván Soncco Ccana, al amparo de argumentos similares a los expuestos por el Juzgado Penal Colegiado.

4.1 Asimismo, con relación a los agravios denunciados por los impugnantes, la Sala Superior señaló que no es un hecho controvertido la ocurrencia del robo con agravantes y ello fue corroborado con la declaración de la policía Edith Karina Roque Gutiérrez, quien detalló cómo se enteró del robo, la forma en que se detuvo a los recurrentes, luego de aproximadamente siete minutos, y que en poder de estas personas se encontró parte de los bienes sustraídos, según se dejó constancia en el acta de registro personal, que fue redactada por el policía Cristian Fernández Llanos, lo que motivó que se detuviera a los encausados y se les trasladara a la comisaría de Saphy, donde el agraviado Iván Soncco Ccana nuevamente los reconoció como autores del hecho ilícito, lo que motivó que se presentara la denuncia policial correspondiente.

4.2 El detalle de la intervención policial, los bienes encontrados en posesión de Adolfo Almirón Arteaga y la sindicación incriminatoria que realizó el agraviado Iván Soncco Ccana en la comisaría también fueron corroborados con la declaración del policía Cristian Fernández Llanos.

4.3 Otro dato importante —a criterio de la Sala Superior— es el testimonio que brindó el policía Ronald Elvis Curro Calsina, que fue quien recibió la declaración policial de Iván Soncco Ccana y tuvo el primer contacto con la versión de los hechos que narró el agraviado poco después de ocurrido el ilícito. El relato de este testigo también corroboró la responsabilidad de los encausados ahora recurrentes.

4.4 Además, el Colegiado Superior señaló que las únicas pruebas susceptibles de valoración:

Son aquellas pruebas que se admitieron y actuaron válidamente en el enjuiciamiento, como parte del contradictorio, por lo que en inicio el abogado de los sentenciados tiene razón al afirmar que los soportes físicos del registro personal de los sentenciados en sede policial o la declaración policial del agraviado no deberían ser valorados, empero lo que no indica la defensa es que los órganos de prueba correspondientes han concurrido al proceso, habiendo sido válidamente ofrecidos, admitidos y actuados, por lo que en lugar de dar lectura al acta de registro personal, nos tenemos que remitir a la declaración del testigo Cristian Fernández Llanos, pues solo ante la prescindencia de alguna declaración puede ser factible la lectura de los documentos.

4.5 Si bien el representante del Ministerio Público indicó que el agraviado estaba siendo influenciado por José Luis Olayunca Quecaño y Adolfo Almirón Arteaga, ello no fue acreditado; no obstante, aparece de la declaración en juicio oral de Iván Soncco Ccana que tenía temor de las consecuencias que tendrían que afrontar los responsables del delito del que era agraviado.

II. Motivos de la concesión del recurso de casación

Quinto. Este Tribunal, mediante la resolución de calificación del trece de julio de dos mil veinte (folio 62 del cuadernillo formado en esta instancia), declaró bien concedido el recurso de casación propuesto por los sentenciados José Luis Olayunca Quecaño y Adolfo Almirón Arteaga por la causal prevista en el inciso 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal.

5.1 En esta resolución se precisó que los impugnantes indican “que se valoró la manifestación preliminar del agraviado con contenido de cargo, a pesar de que no se introdujo en el juicio oral, debido a la ausencia del representante del Ministerio Público” [sic].

5.2 También estableció que:

Se abordará la posibilidad de determinar si, a pesar de que la declaración del agraviado en contra de los procesados —sin presencia del representante del Ministerio Público— no fue incorporada en el juzgamiento, esta podría ser introducida de forma indirecta —a través de otros medios probatorios— o si se estaría vulnerando el artículo 393, numeral 1 (“El juez penal no podrá usar para deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio”) del Código Procesal Penal.

III. Audiencia de casación

Sexto. Instruido el expediente, se señaló fecha para la realización de la audiencia de casación para el veintitrés de junio del año en curso (folio 77 del cuadernillo formado en esta instancia), la que se realizó con la intervención de la defensa del sentenciado José Luis Olayunca Quecaño, quien expuso los argumentos parcialmente propuestos en su recurso de casación, con lo que la causa quedó expedita para emitir pronunciamiento.

6.1 De otro lado, el sentenciado Adolfo Almirón Arteaga y su defensa técnica no concurrieron a la audiencia de casación ni presentaron hasta la fecha dispensa alguna para ello.

6.2 Así, cerrado el debate y deliberada la causa, se produjo la votación correspondiente, en la que se acordó pronunciar por unanimidad la presente sentencia y darle lectura en la audiencia programada para la fecha.

IV. Fundamentos de derecho

Séptimo. Este Tribunal, como garante de los principios, derechos, bienes y valores constitucionales, y como última instancia de la jurisdicción ordinaria2, admitió el recurso de casación propuesto para desarrollar la doctrina jurisprudencial nacional por la causal de casación prevista en el inciso 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal. Por ello, con relación al recurso de casación propuesto por el sentenciado Adolfo Almirón Arteaga y ante la inconcurrencia de su defensa a la audiencia de casación, primero se procederá según lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 431 del Código Procesal Penal (considerando octavo); después se realizará, en abstracto, el análisis jurisprudencial peticionado por el sentenciado José Luis Olayunca Quecaño (como premisa mayor, considerando noveno); luego, se evaluará la incidencia de dicho desarrollo en el caso en concreto (como premisa menor, considerando décimo).

Octavo. El nuevo modelo procesal penal pone de manifiesto las reglas y los requisitos objetivos que se deben cumplir en cada etapa del proceso, debido a que las acciones y los medios impugnatorios propuestos requieren la necesidad de su invocación, sustento y reafirmación por la parte recurrente.

8.1 Acorde con ello, el inciso 2 del artículo 431 del Código Procesal Penal establece que la falta de comparecencia injustificada del abogado de la parte recurrente dará lugar a que se declare inadmisible el recurso de casación.

8.2 Por ello, la falta de concurrencia del sentenciado Adolfo Almirón Arteaga y de su abogado defensor a la audiencia de casación, sin que esta se encuentre debidamente justificada, tiene como consecuencia que se declare la inadmisibilidad de su recurso impugnatorio, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la norma invocada precedentemente.

Noveno. Ahora bien, con relación al fondo del asunto, se admitió el recurso de casación propuesto por la causal de presunta vulneración de las garantías de presunción de inocencia y debida motivación de las resoluciones judiciales, para definir si la inicial declaración del agraviado, a pesar de que no fue incorporada en el juicio, puede ser introducida a través de otros medios probatorios (de forma indirecta) o si con dicha actuación se estaría vulnerando lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 393 del Código Procesal Penal, según argumenta el sentenciado José Luis Olayunca Quecaño.

9.1 Sobre el particular debemos precisar que el artículo 394 del Código Procesal Penal exige que en la sentencia exista: a) una motivación clara, lógica y completa de los hechos objeto de debate; b) la valoración de la prueba de cargo y descargo actuada con indicaciones del razonamiento justificativo; y, c) la precisión de los enjuiciamientos legales correspondientes. Asimismo, el inciso 2 del artículo 393 del acotado Código establece que la valoración de la prueba debe respetar las reglas de la sana crítica y, especialmente, debe ser conforme con los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Esto último de conformidad con lo también dispuesto en el artículo 158 del Código Procesal Penal.

9.2 De este modo, la motivación de la sentencia exige que se expresen los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la interpretación y valoración de las pruebas, así como la interpretación y aplicación del derecho al caso, según se precisó en la Casación número 343-2018/Madre de Dios.

9.3 Ello también implica que el órgano juzgador cuenta con libertad para analizar, a partir de las reglas probatorias que prevé el propio ordenamiento jurídico (antes descritas), las pruebas que se actuaron debida y oportunamente en el juicio. Una limitación previa a este análisis probatorio lo encontramos en el inciso 1 del artículo 393 del Código Procesal Penal, que establece que “el juez penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio”.

9.4 Al interpretar este enunciado normativo, ambas Salas Supremas Penales establecieron:

a. De un lado, en las Casaciones números 482-2016/Cusco y 117- 2016/Santa, que la logicidad de la motivación de la sentencia está conectada con la valoración de las pruebas lícitamente incorporadas al proceso, según establece el artículo 393 citado, en razón de que solo estas pruebas pueden ser utilizadas como fundamento de la decisión.

b. De otro lado, que el literal d) del inciso 1 de artículo 383 del Código Procesal Penal autoriza la incorporación al juicio, para su lectura, de las actas que contienen las declaraciones brindadas en la investigación preparatoria, en la medida en que en su recepción haya participado el fiscal, con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, y siempre que se den las condiciones previstas en el literal c) de dicho artículo (cuando no haya sido posible la concurrencia de los testigos al plenario por razones de fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, desconocimiento de su paradero o por causas independientes de la voluntad de las partes), según se detalló en la Casación número 1658- 2017/Huaura.

c. De este modo, los presupuestos para la actuación y valoración de las declaraciones de los testigos que no concurren a juicio oral son los siguientes: i) la intervención del fiscal; ii) que se haya garantizado la posibilidad de contradicción de las partes, con el emplazamiento de sus defensa para que puedan interrogar al testigo; y, iii) la introducción del contenido de la declaración a través de la lectura del acta en que se documenta y que esto sea sometido a contradicción en el juicio oral3.

9.5 Aquí también debe resaltarse que, si en el juicio no se oralizó una prueba, pese a que se dispuso su lectura en la fase respectiva —según disponen los artículos 379 y 383, inciso 1, literal c), del Código Procesal Penal—, esto es, se incumplió una exigencia de procedimiento formal de actuación probatoria y después se valoró dicha prueba inadmisible, ello no tiene como consecuencia inequívoca la anulación de la sentencia y las actuaciones que le precedieron y siguieron.

a. Esto porque antes debe analizarse si tal omisión (no actuación de un medio de prueba admitido) desemboca irremediablemente en la nulidad de la sentencia y de los juicios realizados (de primera instancia y de apelación), según se precisó en la Casación número 552-2018/Cañete.

b. Aquí la regla es que “si examinado el proceso en su conjunto existen medios de prueba suficientes que justifiquen, excluyendo la prueba no ejecutada [o erróneamente valorada], la condena impuesta”, esta subsiste, pues el numeral 3 del artículo 432 del Código Procesal Penal establece que los errores jurídicos de la sentencia recurrida que no influyen en su parte dispositiva no causan la nulidad de esta.

Décimo. En el caso de autos no nos encontramos en ninguno de los supuestos descritos y, por lo tanto, tampoco existe afectación alguna de los derechos a la presunción de inocencia y a la motivación de las resoluciones judiciales del sentenciado José Luis Olayunca Quecaño (quien argumenta que la inicial declaración del agraviado fue introducida a la deliberación a través de otros medios probatorios, a pesar de que no fue incorporada lícitamente al juzgamiento), debido a que el agraviado Iván Soncco Ccana concurrió al juicio oral (hecho incontrovertido), por lo que no era necesaria la lectura de su declaración policial (según también precisó la Sala Superior y fue transcrito en el fundamento 4.4 de la presente resolución) y tampoco se valoró, en segunda instancia, dicha prueba.

10.1 El Colegiado Superior, según se detalló en el considerando cuarto, valoró la declaración del agraviado, recibida en el juicio oral, y la confrontó con las demás pruebas actuadas, entre ellas, las declaraciones de los policías Edith Karina Roque Gutiérrez y Cristian Fernández Llanos, el acta de registro personal (en que se detalla la intervención policial, los bienes encontrados en posesión del sentenciado Adolfo Almirón Arteaga y la sindicación incriminatoria que realizó el agraviado Iván Soncco Ccana, en la comisaría, en contra del recurrente) y el testimonio que brindó el policía Ronald Elvis Curro Calsina (que fue quien recibió la declaración policial de Iván Soncco Ccana y tuvo el primer contacto con la versión de los hechos que narró el agraviado poco después de ocurrido el ilícito); de modo que, al final, otorgó mayor valor probatorio a estas últimas pruebas. Por ello, no nos encontramos en los supuestos descritos precedentemente, en que se justifica la lectura de las actas donde constan las declaraciones brindadas en la investigación preparatoria.

10.2 Además, el hecho de que el Juzgado Penal Colegiado haya valorado erróneamente la inicial declaración de Iván Soncco Ccana (véase el fundamento tercero) tampoco es vicio suficiente para anular la sentencia, el juicio oral que la precedió, la sentencia de vista y el juicio de apelación, pues —según se precisó en el fundamento 9.6 y se detalló en el fundamenta 10.1— la Sala Superior corrigió dicho error (tal como se transcribió en el fundamento cuarto) y analizó en conjunto las demás pruebas actuadas, excluyendo la inicial declaración del agraviado, y concluyó que existen medios de prueba suficientes para emitir una condena.

10.3 Ello pone de manifiesto que corresponde desestimar el recurso de casación propuesto por el sentenciado José Luis Olayunca Quecaño, pues el conjunto de las pruebas actuadas (obtenidas lícitamente —fuentes de la prueba— y actuadas oportunamente —medios de prueba—), con exclusión del medio de prueba no actuado en el juicio oral, constituye sustento suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia que asiste al mencionado sentenciado, pues —reiteramos— existen pruebas fiables, plurales, coincidentes entre sí, lícitas y suficientes para justificar la sentencia condenatoria dictada.

Undécimo. Finalmente, al no existir razones para exonerar a los sentenciados recurrentes de la condena de las costas procesales por interponer el presente recurso sin un resultado favorable, corresponde imponerles el pago por este concepto, según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 504 del Código Procesal Penal.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, las señoras y los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. Declararon INADMISIBLE el recurso de casación propuesto por el sentenciado Adolfo Almirón Arteaga (folio 210) contra la sentencia de vista del nueve de diciembre de dos mil diecinueve (folio 184), por la cual la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco confirmó la sentencia del primero de octubre de dos mil diecinueve (folio 137), que condenó al mencionado encausado como autor del delito de robo con agravantes, en perjuicio de Iván Soncco Ccana, le impuso doce años de pena privativa de la libertad y fijó en S/ 1500 (mil quinientos soles) la reparación civil.

II. Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el sentenciado José Luis Olayunca Quecaño (folios 204 y 210). En consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista del nueve de diciembre de dos mil diecinueve (folio 184), por la cual la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco confirmó la sentencia que condenó al mencionado encausado como autor del delito de robo con agravantes, le impuso nueve años de pena privativa de la libertad y fijó en S/ 1500 (mil quinientos soles) la reparación civil.

III. Condenaron a los sentenciados Olayunca Quecaño y Almirón Arteaga al pago de las COSTAS PROCESALES; en consecuencia, cumpla la Secretaría de esta Sala Suprema con realizar la liquidación correspondiente y el juez de la investigación preparatoria competente con requerir el pago que resulte, bajo responsabilidad.

IV. Dispusieron que la presente decisión sea leída en audiencia pública, por intermedio de la Secretaría de esta Sala; acto seguido, se notifique la misma a las partes apersonadas en esta instancia, se publique la decisión en el portal web del Poder Judicial y se archive el cuadernillo formado en este Tribunal; después, se remitan los actuados al Tribunal de origen, para que proceda según sus competencias.


1 Realizada a través del sistema de videoconferencia, en que existió una interacción visual y auditiva simultánea, bidireccional y en tiempo real, sin ningún obstáculo; además, no hubo necesidad de que las partes concurrieran, en forma física, a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia de la República.
2 Por lo tanto, encargado de dotar de uniformidad al sistema jurídico y así garantizar el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley de los justiciables.
3 Cfr. Casación número 1658-2017/Huaura, fundamento decimoctavo.

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