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VIOLACIÓN SEXUAL : Supuestos de ilogicidad en la motivación y errores materiales.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
CASACIÓN N.° 346-2018
ICA

SUPUESTO DE ILOGICIDAD EN LA MOTIVACIÓN Y ERRORES MATERIALES

La causa prevista en el numeral 4, del artículo 429, del Código Procesal Penal, referida a la manifiesta ilogicidad de la motivación, está centrada en revisar si el órgano jurisdiccional cometió algún error en su razonamiento o viola las reglas de la lógica, de modo que, esta causa está directamente vinculada a la tutela del derecho y a la motivación de las resoluciones judiciales. En el ámbito probatorio, la razonabilidad del juicio del juez, a efectos de un control casacional, descansa ya no en la interpretación de las pruebas o en su selección bajo la regla epistémica de relevancia, sino en la corrección de la inferencia aplicada.

La determinación de la falta de motivación o su manifiesta ilogicidad debe evidenciarse con la sola lectura de la decisión cuestionada, y no ser producto de una interpretación o del examen de los acompañados o recaudos. La identificación del vicio debe sujetarse a la literalidad del texto. Los errores materiales no necesariamente configuran una condición de ilogicidad que invaliden la sentencia. En todo caso deben ser corregidos.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, veintiocho de abril de dos mil veintiuno

VISTO: en audiencia pública, el recurso de casación por manifiesta ilogicidad en la motivación (folio 1053 del cuaderno de debate, en adelante CDD), interpuesto por la Fiscalía Superior Penal de Pisco contra la sentencia de vista del siete de diciembre de dos mil diecisiete (folios 961-981 CDD), en el extremo que revocó la sentencia del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis (folios 780-816 CDD) que condenó a Víctor Rafhael Fuentes Quispe1 como autor del delito de homicidio calificado por lucro, en perjuicio de Gonzalo Guillermo Guillén Calle, le impuso la pena de dieciocho años de privación de la libertad (acumulada con la pena de tenencia ilegal de armas); y reformándola, condenó a Víctor Rafhael Fuentes Quispe como autor del delito de homicidio simple, en perjuicio de Gonzalo Guillermo Guillén Calle, en consecuencia, le impuso una pena acumulada de once años de privación de la libertad (acumulada con la pena de tenencia ilegal de armas).

Intervino como ponente el juez supremo GUERRERO LÓPEZ.

FUNDAMENTOS DE HECHO

§ I. Procedimiento en primera instancia

Primero. El fiscal provincial, mediante requerimiento acusatorio (folio 6 del CDD), formuló acusación contra Víctor Rafhael Fuentes Quispe como autor del delito de homicidio calificado por lucro y tenencia ilegal de armas de fuego, en perjuicio de Gonzalo Guillermo Guillén Calle y el Estado, respectivamente; solicitó que se le imponga la pena acumulada de veintiocho años de privación de la libertad (veinte por el delito de homicidio calificado y ocho años por el delito de tenencia ilegal de armas) y que se fije como reparación civil las sumas de S/ 60 000,00 (sesenta mil soles) y S/ 2000,00 (dos mil soles) a favor de la sucesión de Gonzalo Guillermo Guillén Calle y el Estado, respectivamente. Posteriormente, en los mismos términos del dictamen fiscal indicado, se dictó el auto de enjuiciamiento del diecisiete de diciembre de dos mil catorce (folio 52 CDD).

Segundo. Llevado a cabo el juzgamiento, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Norte – Chincha, mediante sentencia del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis (folios 780-816 CDD), condenó por mayoría a Víctor Rafhael Fuentes Quispe como autor del delito homicidio calificado, en perjuicio de Gonzalo Guillermo Guillén Calle, y por tenencia ilegal de armas de fuego, en perjuicio del Estado, le impuso la pena acumulada de dieciocho años de pena privativa de libertad (trece por el primer delito y cinco por el segundo), y fijó en S/ 80 000,00 y S/ 2000,00 el monto por concepto de reparación civil a favor de los agraviados, respectivamente.

Tercero. Contra la mencionada sentencia, el sentenciado interpuso recurso de apelación el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (folio 858 CDD). Dicha impugnación fue concedida por auto del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (folio 870 CDD). Se dispuso elevar los actuados al superior jerárquico.

§ II. Procedimiento en segunda instancia

Cuarto. Luego del trámite respectivo, el Tribunal Superior, a través de la sentencia de vista del siete de diciembre de dos mil diecisiete (folios 961-981 CDD), confirmó la sentencia del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis en el extremo que condenó a Víctor Rafhael Fuentes Quispe como autor del delito de tenencia ilegal de armas de fuego, en perjuicio del Estado peruano, y fijó como reparación civil las sumas de S/ 80 000,00 y S/ 2000,00 a favor de los agraviados Gonzalo Guillermo Guillén Calle y el Estado, respectivamente; y revocó la sentencia en cuanto condenó a Víctor Rafhael Fuentes Quispe como autor del delito de homicidio calificado por lucro, en perjuicio de Gonzalo Guillermo Guillén Calle, y le impuso dieciocho años de pena privativa de la libertad, acumulada con la pena por el delito de tenencia ilegal de armas; y reformándola, lo condenaron como autor del delito de homicidio simple, en consecuencia, le impusieron una pena acumulada (por los delitos de homicidio simple y tenencia ilegal) de once años de pena privativa de libertad (seis por homicidio simple y cinco por tenencia ilegal de armas).

Quinto. Frente a la sentencia de vista acotada, el fiscal superior penal de Pisco promovió recurso de casación mediante escrito del cinco de enero de dos mil dieciocho (folio 1053 CDD). La citada impugnación fue concedida mediante auto del diez de enero de dos mil dieciocho (folio 1063 CDD). El expediente judicial y cuaderno de debates fueron remitidos a esta Sede Suprema.

§ III. Procedimiento en la instancia suprema

Sexto. Esta Sala Penal Suprema, al amparo del numeral 6, del artículo 430, del Código Procesal Penal, emitió el auto de calificación del veinte de julio de dos mil dieciocho (folio 61 del cuadernillo formado a esta instancia, en adelante el cuadernillo), mediante el cual declaró bien concedido el recurso de casación por una posible ilogicidad (manifiesta) en la motivación, causa prevista en el numeral 4, del artículo 429, del Código Procesal Penal.

Séptimo. Instruidas las partes procesales sobre la admisión del recurso de casación (notificaciones a folios 66 a 70 del cuadernillo), se emitió el decreto del once de marzo de dos mil veintiuno (folio 73 del cuadernillo) que señaló el nueve de abril de dos mil veintiuno como fecha para la audiencia de casación.

Octavo. Realizada la audiencia de casación, se celebró inmediatamente la deliberación de la causa en sesión privada. Efectuada la votación respectiva, por unanimidad, corresponde dictar la presente sentencia casatoria, cuya lectura se programó en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

§ IV. Motivos de la concesión del recurso de casación: manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor, causa prevista en el numeral 4, del artículo 429, del Código Procesal Penal.

Noveno. Para entender el contenido de esta causal, es pertinente remitirnos a lo que se desarrolló en la Sentencia de Casación N.° 1382-2017/Tumbes, expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el diez de abril de dos mil diecinueve, la cual desarrolló con claridad la interpretación de tal supuesto invocado con el que coincide este Colegiado Supremo. Así en los fundamentos decimoprimero a decimosexto se señaló:

Decimoprimero. Dentro de las causales para interponer el recurso de casación, en el numeral 4, del artículo 429, del Código Procesal Penal, se establece la siguiente: “Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor”. Esta causal tiene como fuente el literal e, del artículo 606, del Código de Procedimientos Penales de Italia. En efecto, en dicho artículo se establece lo siguiente:

Artículo 606 (Causales del recurso) 1. El recurso de casación puede ser planteado por los siguientes motivos: […] e) Falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, cuando el vicio resulta del texto de la resolución impugnada.

La recepción de la fuente italiana, en su exacto contenido literal, plantea algunas cuestiones que deben ser aclaradas. En principio, la norma presenta dos supuestos. El primer supuesto se refiere a la “falta de motivación”. En tanto que el segundo supuesto alude a “la manifiesta ilogicidad en la motivación”. Luego, en la medida que estas causales han sido tomadas, tal cual del ordenamiento procesal penal italiano, se ha introducido un neologismo: “ilogicidad” en la motivación. No existe en el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, un término como el traducido del italiano y que tiene, por lo demás, términos equivalentes en otras lenguas. Así, en el inglés se utiliza el término illogicality, y significa falta de sentido o claridad en el razonamiento. Igualmente, en el francés se encuentra el término illogicité, que significa contrario a la lógica, a la racionalidad. En el alemán se usa el adjetivo unlogish para designar aquello que es contrario a la lógica. Finalmente, en italiano se alude al sustantivo illogicità para designar el hecho de ser ilógico o la falta de logicidad. En sentido concreto, la ilogicidad es el razonamiento, discurso o acto ilógico.

Decimosegundo. Ahora bien, en función de los diversos conceptos que se han dado al término ilogicidad, podríamos señalar que la ilogicidad es lo contrario a la lógica. A su vez, la lógica es el razonamiento intelectual en el que las ideas se manifiestan o se desarrollan de forma coherente, sin que haya contradicciones entre sí. Por tanto, la ilogicidad, en el ámbito de la garantía de la motivación de las resoluciones, podría ser definida como aquella –motivación– que es contraria al razonamiento coherente o libre de contradicciones. En sentido opuesto, una motivación lógica es la que evidencia un razonamiento debidamente estructurado entre sus premisas y la conclusión. Es de considerar adicionalmente que la ilogicidad a la que alude el legislador debe tener una especial intensidad. El defecto de motivación por ilogicidad debe ser manifiesto; esto es, un vicio patente, claro, grosero, evidente. En este sentido, la Corte Suprema se ha pronunciado, señalando que la manifiesta ilogicidad de la motivación está centrada en revisar si el órgano jurisdiccional cometió algún error en su razonamiento o viola las reglas de la lógica, de modo que esta causa está directamente vinculada a la tutela del derecho y a la motivación de las resoluciones judiciales. En el ámbito probatorio, la razonabilidad del juicio del juez, a efectos de un control casacional, descansa ya no en la interpretación de las pruebas o en su selección bajo la regla epistémica de relevancia, sino en la corrección de la inferencia aplicada. El enlace entre el elemento de prueba extraído del medio de prueba que da lugar a la conclusión probatoria, debe estar conforme con las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o las leyes o conocimientos científicos.

Decimocuarto. Por otro lado, en cuanto a la falta de motivación, esta se encuentra relacionada a la ausencia absoluta del sustento racional que conduce al juzgador a tomar una decisión. En otras palabras, cuando no exista argumentación que fundamente la declaración de voluntad del juez en la resolución de un caso sometido a su competencia, por ejemplo: cuando se enumeren los medios de prueba en la sentencia, sin llegar a analizarlos. La mera enunciación, en rigor, no conduce a establecer una afirmación. Es el proceso intelectual de valoración el que viabiliza la acreditación de un suceso fáctico. Cabe precisar que existirá falta de motivación, también, cuando esta sea incompleta; esto es, cuando se eluda el examen de un aspecto central o trascendente de lo que es objeto del debate, el cual puede comprender la omisión de evaluación a una prueba esencial que acredite el injusto típico. En conclusión, a diferencia de la exigencia cualificada para el caso de la ilogicidad en la motivación, en este supuesto, el legislador abarca como motivo casacional tanto la total falta de motivación como la insuficiencia de motivación.

Decimoquinto. Este supuesto guarda relación con lo que el Tribunal Constitucional ha llamado Inexistencia de motivación o motivación aparente; esto es, cuando en la resolución no se da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o esta no responde a las alegaciones de las partes del proceso o solo se intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. Este Tribunal Supremo, en el Recurso de Casación número 1313- 2017/Arequipa, del veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, fundamento jurídico 5.2., precisó que la motivación es aparente cuando la resolución incorpora razonamientos impertinentes sobre los puntos materia de imputación o de descargo (objeto del debate), o introduce razonamientos vagos, genéricos o imprecisos, al punto de que no explique la causal de su convicción. Es decir, cuando se advierta que del propio tenor de la resolución se evidencie falta de motivación, el recurso de casación ha de ser estimado.

Decimosexto. Finalmente, en ambos supuestos, el vicio debe resultar del propio tenor de la resolución, esto es, del propio contenido de lo expuesto por el juzgador en la resolución, al momento de resolver un caso. La determinación de la falta de motivación o su manifiesta ilogicidad debe evidenciarse con la sola lectura de la decisión cuestionada, y no ser producto de una interpretación o del examen de los acompañados o recaudos. La identificación del vicio debe sujetarse a la literalidad del texto.

La presunción de inocencia es una garantía constitucional que asiste al encausado durante todo el proceso penal, esto es, desde el inicio hasta la emisión de sentencia. [Subrayados y resaltados agregados]

§. V. Análisis del caso concreto

Décimo. La casación ordinaria, interpuesta por el Ministerio Público, fue bien concedida por la causa prevista en el numeral 4, del artículo 429, del CPP, en tanto se hizo manifiesto que el Colegiado Superior habría incurrido en errores en varios de los considerandos y en la decisión, que harían a la motivación, desde su punto de vista, ilógica.

Los errores a los que se refiere son:

a) En el considerando 2.3.: en el acápite “antecedentes” de la sentencia de vista, se señaló: “[…] previa audiencia de control de acusación de fecha 26 de setiembre del 2016, dictó el auto de enjuiciamiento”; sin embargo, la audiencia de control de acusación se realizó en el 2014.

b) En el considerando 3.14.3.: en el acápite “análisis” de la sentencia de vista se indicó en el numeral 1: “[…]“[…] se ha constatado que el día 25 de junio del 2015 cuando el agraviado se desplazaba en la mototaxi conducida por el testigo Gustavo Rubén Benavides Arotuma, por la intersección de las calles Progreso y Bolognesi, apareció un sujeto a bordo de una motocicleta lineal, quien disparando un arma de fuego hizo que el piloto detuviera el vehículo, y cuando este estacionó su vehículo el sujeto que apareció en la motocicleta lineal descendiendo del suyo, se acercó al agraviado para dispararle con el arma de fuego hasta dos veces a la altura del abdomen”; no obstante, no se tomó en cuenta que los hechos acontecieron el 28 de febrero de 2013 y que en la motocicleta iban dos sujetos y no solo uno; y en el numeral 6 se afirmó que el agraviado mantenía relaciones sexuales con Beatriz Silva Santisteban Flores (esposa de Randolph Medina Ortega), pero no existe ningún medio de prueba que lo acredite.

c) En el considerando 3.14.4.: cuando señalan “de los hechos constatados podemos inferir que el día de los hechos el agraviado se encontraba y trasladándose en una motocicleta por las calles Progreso y Bolognesi de la provincia de Chincha”; no obstante, la imputación versa sobre hechos sucedidos en Pisco.

d) En el considerando 3.17.8.: cuando el Colegiado afirma: “[…] sin embargo, al apreciar que estos instrumentos o pruebas no contienen datos que bien podrían significar indicios de determinación del móvil de la muerte del agraviado, consideramos que las mismas resultan datos débiles y limitados, para el fin indicado, esto es porque si bien el imputado Medina Ortega mantuvo conversaciones con la testigo Ghezzi Torres y existen comunicaciones entre los titulares de los celulares indicados, lo cierto es que el contenido de las conversaciones o comunicaciones telefónicas no puede inferirse la existencia de un encargo fatal por el provecho patrimonial.”; la Sala yerra en razón que en el expediente no obra ningún audio de las comunicaciones que pudo haber sostenido el acusado Randolhp Medina Ortega y el sentenciado Rafhael Fuentes Quispe, por lo que mal puede la Sala de Apelaciones afirmar que del contenido de las conversaciones o comunicaciones telefónicas no puede inferirse la existencia de un encargo fatal por un provecho patrimonial.

e) En la parte resolutiva: se tiene por nombre del sentenciado “Víctor Rafhael Fuentes Quispe” cuando su nombre correcto es Víctor Raphael Fuentes Quispe.

Decimoprimero. Lo que claramente se verifica de las observaciones realizadas por el casacionista en los literales a, parte del b, c y e del considerando precedente, es que existen errores materiales en fechas, lugar y en una letra de uno de los nombres del sentenciado (que en realidad es una atingencia errada), pero en ninguna de estas observaciones señala en qué sentido el órgano jurisdiccional cometió algún error en el razonamiento o violó las reglas de la lógica, de modo que se vulnere la tutela del derecho y la motivación de las resoluciones judiciales; toda vez que de las propias citas, se puede establecer con claridad que se trata de los hechos suscitados en la ciudad de Pisco, esto es, el homicidio de Gonzalo Guillermo Guillén Calle por parte de Víctor Rafhael Fuentes Quispe.

Cabe señalar que el nombre correcto del encausado es tal y como se indicó en la sentencia de vista, esto es, Víctor Rafhael Fuentes Quispe, y no como se indicó en la sentencia de primera instancia Víctor Raphael Fuentes Quispe, por lo que corresponde aclarar dicho aspecto; y de conformidad con el numeral 3 del artículo 432 del CPP, corresponde corregir los demás errores materiales.

Decimosegundo. Respecto a la última parte señalada en el literal b, aunque se dice que no existen medios de prueba que acrediten las relaciones sexuales entre el agraviado y Beatriz Silva Santisteban Flores, por lo que la Sala Superior no debió afirmarlo, tampoco se aprecia que este hecho aislado afecte el contenido de lo decidido, más aún si la propia teoría del caso del Ministerio Público es que entre dichas personas había una relación sentimental (ver requerimiento acusatorio), e incluso el día de la muerte el agraviado se trasladaba al domicilio de Beatriz Juliana Silva Santisteban Flores; en ese sentido, el exceso del Colegiado Superior en afirmar que sostenían relaciones sexuales no afecta en nada el análisis probatorio, pues esta premisa no afecta la determinación de la condena y pena.

Como se citó en el considerando noveno, en el ámbito probatorio, la razonabilidad del juicio del juez, a efectos de un control casacional, descansa ya no en la interpretación de las pruebas o en su selección bajo la regla epistémica de relevancia, sino en la corrección de la inferencia aplicada; en ese contexto, corrigiendo o no dicho exceso, la conclusión no varía.

Decimotercero. Finalmente, en cuanto a lo sostenido en el literal e respecto a que el Colegiado Superior erró al sostener que “del contenido de las conversaciones” no puede inferirse la existencia de un encargo fatal por el provecho patrimonial, toda vez que no habría audios de las conversaciones entre el acusado Randolhp Medina Ortega y el sentenciado Rafhael Fuentes Quispe.

Sobre este punto en particular, resulta pertinente citar el fundamento completo al que se hace referencia:

3.17.8 La inconcurrencia del lucro como circunstancia agravante del delito imputado. El lucro supone causar la muerte de la víctima por un provecho o ganancia patrimonial, que aun cuando se concreta, debe existir un firme propósito y objetivo de obtener el beneficio económico. En el presente caso, el abogado de la defensa ha sostenido que pese a que resulta evidente que una persona causó la muerte del agraviado; sin embargo, cuestiona la concurrencia del lucro como circunstancia agravante del delito de homicidio, principalmente porque no pudo probarse que se haya causado la muerte a cambio de una retribución económica ni se pudo determinar el incremento del patrimonio de su defendido. En efecto, si bien los datos contenidos en el testimonio de Valeria Doménica Ghezzi Torres, Beatriz Juliana Silva Santisteban Flores y el propio Jackarroe Randolph Medina Ortega, pueden significar indicios sobre el comportamiento de este último frente a las relaciones extramatrimoniales de su esposa, por el cual se reunió con la testigo Valeria Doménica Ghezzi Torres, para hacerla conocer del contenido de una grabación de audio sobre la conversación del agraviado con su esposa Santisteban Flores, y para proponerla fotografiarse en una habitación para generar celos del occiso; y existen reportes de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos celulares de propiedad de la hermana del recurrente Jessica Karina Gutiérrez Quispe y del imputado Medina Ortega, como se ha precisado con mucha minuciosidad en el apartado 5.11 de la resolución apelada, con descripción de los momentos en que tuvo lugar las comunicaciones; sin embargo al apreciar que estos instrumentos o pruebas no contienen datos que bien podrían significar indicios de determinación del móvil de la muerte del agraviado, consideramos que las mismas resultan datos débiles y limitados para el fin indicado, esto porque si bien el imputado Medina Ortega mantuvo conversaciones con la testigo Ghezzi Torres y existen comunicaciones entre los titulares de los celulares indicados, lo cierto es que del contenido de las conversaciones o comunicaciones telefónicas no pueden inferirse la existencia de un encargo fatal por un provecho patrimonial.

3.17.9 […] Al respecto debemos indicar que si bien el registro de llamadas entrantes y salientes entre los teléfonos celulares 947 186 566, 969 484 494 y 956 196 5424, podemos inferir que el día de los hechos los titulares o poseedores de esos aparatos electrónicos mantuvieron una comunicación, como se halla detallada en la resolución apelada; y que la justificación de esas comunicaciones se halla descartada porque no existe algún registro en el área de licencias y comercialización de la Municipalidad de Pisco, que la testigo Marilú Rossana Quispe Aguirre y Jessica Karina Gutiérrez Quispe condujeran algún negocio, como para que estos hayan mantenido comunicación para el suministro de bebidas alcohólicas; sin embargo al apreciar que de esas comunicaciones no es posible inferirse situaciones de codicia del recurrente en la ejecución del hecho o la variación del patrimonio de este o provecho

resultante de la muerte del agraviado, significa que los datos obtenidos de los registros de llamadas entre los equipos celulares números 947 186 566, 969 484 494 y 956 196 5424; y las conversaciones de imputado Medina Ortega y Ghezzi Torres son insuficientes como para inferir unívocamente, que el lucro fuera el móvil de la muerte del agraviado.

Decimocuarto. Como se puede verificar de los considerandos precedentes, aunque podría interpretarse que se contaba con el contenido de las conversaciones entre los titulares de los celulares, sin embargo, si se lee detenidamente la estructura del razonamiento a lo que se están refiriendo es que el reporte de llamadas, cuyo contenido de conversaciones se desconoce, resulta ser un indicio insuficiente para acreditar la agravante del lucro, justamente por el desconocimiento de dichas conversaciones.

En ese sentido, este Tribunal no aprecia ilogicidad en dicho fundamento.

Decimoquinto. Cabe señalar, además, que la pretensión del Ministerio Público en el recurso es que se declare la nulidad de la sentencia para que se “rectifiquen” los errores cometidos en la recurrida, sin especificar el vicio procesal en que se habría incurrido, más allá de las observaciones a los errores materiales que como ya se analizaron no constituyen ni configuran una condición de ilogicidad que invalide la sentencia.

§. VI. De las costas

Decimosexto. El numeral 2, del artículo 504, del CPP establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito, las cuales se imponen de oficio, conforme con lo preceptuado por el numeral 2, del artículo 497, del Código acotado; sin embargo, el numeral 1, del artículo 499, del CPP, establece que están exentos del pago de costas los miembros del Ministerio Público, en tal sentido corresponde exonerar al recurrente.

DECISIÓN

Por estos fundamentos:

I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de casación por presunta ilogicidad en la motivación, interpuesto por la Fiscalía Superior Penal de Pisco contra la sentencia de vista del siete de diciembre de dos mil diecisiete, en el extremo que revocó la sentencia del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis (folios 780-816 CDD) que condenó a Víctor Rafhael Fuentes Quispe como autor del delito de homicidio calificado por lucro, en perjuicio de Gonzalo Guillermo Guillén Calle, le impuso la pena de dieciocho años de privación de la libertad (acumulada con la pena de tenencia ilegal de armas); y reformándola, condenó a Víctor Rafhael Fuentes Quispe como autor del delito de homicidio simple, en perjuicio de Gonzalo Guillermo Guillén Calle, en consecuencia, le impuso una pena acumulada de once años de privación de la libertad (acumulada con la pena de tenencia ilegal de armas). De manera que, no casaron la sentencia de vista.

II. ACLARARON que el nombre correcto del imputado es VÍCTOR RAFHAEL FUENTES QUISPE.

III. CORRIGIERON la sentencia de vista del siete de diciembre de dos mil diecisiete, en los siguientes extremos:

a) En el considerando 2.3.: en el acápite “antecedentes” se dijo “[…] previa audiencia de control de acusación de fecha 26 de setiembre del 2016 […]”; DEBE DECIR: “[…] previa audiencia de control de acusación de fecha 17 de setiembre del 2014 […]”.

b) En el considerando 3.14.3.: en el acápite “análisis” se indicó en el numeral 1: “[…] se ha constatado que el día 25 de junio del 2015 cuando el agraviado se desplazaba en la mototaxi conducida por el testigo Gustavo Rubén Benavides Arotuma […], apareció un sujeto a bordo de una motocicleta lineal, […] el sujeto que apareció en la motocicleta lineal […] se acercó al agraviado para dispararle con el arma de fuego hasta dos veces a la altura del abdomen”; DEBE DECIR: “[…]se ha constatado que el día 28 de febrero de 2013 cuando el agraviado se desplazaba en la mototaxi conducida por el testigo Gustavo Rubén Benavides Arotuma […] aparecieron dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal, […] uno de los sujetos que apareció en la motocicleta lineal […] se acercó al agraviado para dispararle con el arma de fuego hasta dos veces a la altura del abdomen”.

c) En el considerando 3.14.4.: se dijo “de los hechos constatados […] por las calles Progreso y Bolognesi de la provincia de Chincha”; DEBE DECIR: “de los hechos constatados […] por las calles Progreso y Bolognesi de la provincia de Pisco”.

IV. ORDENARON se remitan las actuaciones a la Sala Superior de origen para la continuación de la ejecución de la sentencia condenatoria por el órgano jurisdiccional competente.

V. EXONERARON al recurrente del pago de las costas.

VI. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia pública, se publique en la página web del Poder Judicial y en el diario oficial El Peruano, y se notifique a las partes apersonadas a esta instancia.

Intervino el juez supremo Bermejo Ríos, por licencia de la jueza suprema Pacheco Huancas.

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