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Elementos típicos del delito de usurpación agravada – Infracción a la motivación de las resoluciones judiciales.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 1083-2019
LIMA ESTE

ELEMENTOS TÍPICOS DEL DELITO DE USURPACIÓN AGRAVADA

1. Las conductas desplegadas por los encausados resultaron ser típicas. Se adecuan a los supuestos de hecho del tipo penal de usurpación agravada, prescrito en el artículo 202, numeral 2, concordante con el artículo 204, numerales 1 y 2, del Código Penal. Es antijurídica, porque no está autorizada por norma jurídica alguna y estuvieron en plenas condiciones físicas y psicológicas mínimas para comprender el acto delictivo que consumaron; sin embargo, actuaron en contra de la norma penal, por lo que son culpables y merecedores del reproche penal.

INFRACCIÓN A LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

2. El razonamiento realizado por el Tribunal Superior en los extremos de los delitos de tenencia ilegal de material explosivo, homicidio calificado y lesiones graves, contiene una motivación insuficiente, pues para concluir que se encuentra acreditada la comisión de los citados delitos, y determinar la responsabilidad penal de los recurrentes, se limitó a sostener que habrían adquirido dicho material explosivo, sin estar debidamente autorizados, y bajo esa misma premisa haber ocasionado la muerte y lesiones a los efectivos policiales perjudicados.

En consecuencia, al haber incurrido en infracción a la motivación de las resoluciones judiciales (motivación insuficiente), impide a este Tribunal Supremo, analizar los demás motivos de agravio y establecer más allá de toda duda razonable la inocencia o responsabilidad de los recurrentes respecto a los citados delitos.

Lima, veintiséis de julio de dos mil veintiuno

VISTOS: se pronuncia este Supremo Tribunal sobre los recursos de nulidad interpuestos por los sentenciados ÁNGEL EPIFANIO ORTIZ TAIPE, MIGUEL ÁNGEL GONZALES CAMPOS, y FIDEL PABLO RAMOS PARIGUANA contra la sentencia del 9 de agosto de 2018, emitida por la Sala Superior Especializada en lo Penal Descentralizada Transitoria del distrito de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, en los extremos siguientes:

a) CONDENÓ a ÁNGEL EPIFANIO ORTIZ TAIPE y MIGUEL ÁNGEL GONZALES CAMPOS, como autores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación agravada, en perjuicio de la empresa Inversiones Monte Surco Grande S.A.C., representada por Thessa María Lina Navarro Grau Dyer; y como tal, les impuso cinco años de pena privativa de la libertad efectiva.

b) CONDENÓ a ÁNGEL EPIFANIO ORTIZ TAIPE y MIGUEL ÁNGEL GONZALES CAMPOS, como autores del delito contra la seguridad pública – peligro común, en la modalidad de tenencia ilegal de materiales explosivos, en agravio del Estado y como tal, se les impuso seis años de pena privativa de la libertad; y, fijó por concepto de reparación civil en la suma de S/ 1000,00 (Mil con 00/100 soles), a favor del Estado, representado por la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, que deberán pagan en forma solidaria los citados sentenciados en ejecución de sentencia.

c) CONDENÓ a ÁNGEL EPIFANIO ORTIZ TAIPE y MIGUEL ÁNGEL GONZALES CAMPOS, como autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en agravio del occiso suboficial superior PNP Carlos Jesús Vera Tordoya y como tal se les impuso veinte años de pena privativa de la libertad; y fijó por concepto de reparación civil en la suma de S/ 50 000,00 (Cincuenta mil con 00/100 soles), a favor de los herederos legales del citado occiso, que serán cancelados en forma solidaria por los antes citados en ejecución de sentencia.

d) CONDENÓ a ÁNGEL EPIFANIO ORTIZ TAIPE y MIGUEL ÁNGEL GONZALES CAMPOS, como autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, en agravio del suboficial brigadier PNP Jesús Berrocal Durand y suboficial de segunda PNP Giancarlo Berastain Morales, a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva; y, fijó por concepto de reparación civil en la suma de S/ 25 000,00 (Veinticinco mil con 00/100 soles), a favor de cada uno de los agraviados suboficial brigadier Jesús Berrocal Durand y suboficial de segunda Giancarlo Berastain Morales, que deberán pagar en forma solidaria los citados sentenciados en ejecución de sentencia.

Y al tratarse de un concurso real de delitos se les impone a cada uno de los nombrados treinta y cinco años de pena privativa de la libertad efectiva, computándose desde el 15 de agosto de 2015, y vencerá el 14 de agosto de 2050.

e) CONDENÓ a FIDEL PABLO RAMOS PARIGUANA como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación agravada, en perjuicio de la empresa Inversiones Monte Surco Grande S.A.C., representada por Thessa María Lina Navarro Grau Dyer, imponiéndole como tal cinco años de pena privativa de la libertad efectiva, que computada desde el 9 de agosto de 2018 vencerá el 8 de agosto de 2023; y,

f) Fijó por concepto de reparación civil por el delito de usurpación agravada en la suma de S/ 5000,00 (Cinco mil con 00/100 soles), a favor de la empresa Inversiones Monte Surco S.A.C., representada por Thessa María Lina Navarro Grau Dyer, que deberán cancelar en forma solidaria los sentenciados Ortiz Taipe, Gonzales Campos, Ramos Pariguana, Olarte Chocca, Onofre Mayhua, Cardenas Suca, Miranda Guardia, Ocaña Shuan, Padilla Sacha, Cárdenas Suca, Miranda Guardia en ejecución de sentencia.

De conformidad en parte con lo opinado por el fiscal supremo en lo penal. Intervino como ponente la jueza suprema PACHECO HUANCAS.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Se atribuye al encausado ÁNGEL EPIFANIO ORTIZ TAIPE en su condición de presidente de la “Asociación de Vivienda Montesurco Grande”, conjuntamente con los miembros de su junta directiva, haber convocado a sus demás coinculpados, a concurrir a las 22:00 horas, del 14 de agosto de 2015, a un local ubicado a la altura del paradero “Elektra”, distrito de Ate Vitarte, ofreciéndoles hacerse beneficiarios de los lotes de terreno del predio denominado “Potrero Monte Surco Grande”, conocido como “Parcela Monteverde Chico”, ubicada en el distrito de El Agustino.

Ello, pese a tener conocimiento que los lotes antes descritos eran propiedad privada y estaba en posesión de la empresa agraviada, representada por Thessa María Lina Navarro, les habrían solicitado como única condición el pago de S/ 100,00 (Cien con 00/100 soles) por derecho de inscripción, así como constituirse a dicho predio para tomar posesión inmediata del mismo. Tal incursión, la llevarían a cabo en horas de la madrugada del 15 de agosto de 2015, aprovechando que en ese momento se contaba con escasa custodia, y para concretar su propósito, se les impartió instrucciones referentes al accionar que desarrollarían al llegar al predio y durante su permanencia en el mismo.

Es así que, conforme a lo concertado, siendo aproximadamente las 02:00 horas, del 15 de agosto de 2015, los ocupantes, a bordo de 2 camiones, se constituyeron al predio, atemorizando con su superioridad numérica al personal que lo custodiaba, entre ellos, Santos Palomino Campos, logrando anular su defensa y su posterior retiro del lugar. Acto seguido, se tiene que el citado Ortiz Taipe habría encabezado la incursión al predio y además habría organizado las acciones que realizarían sus demás coencausados, ordenando

que parte de ellos se situaran en la parte frontal, custodiando el portón de ingreso; otro grupo, instalaría las casas de madera prefabricada que habían trasladado; y, el resto, por diversas zonas del terreno para demostrar su posesión ante la llegada de las autoridades.

De ese modo se les atribuye a los encausados MIGUEL ÁNGEL GONZALES CAMPOS y FIDEL RAMOS PARIGUANA haber acordado con el acusado ÁNGEL EPIFANIO ORTIZ TAIPE para que, bajo su mando, ingresen al predio en cuestión a fin de despojar de la posesión que detentaba su legítima propietaria.

Asimismo, se atribuye a ÁNGEL EPIFANIO ORTIZ TAIPE haber concertado con su coinculpado MIGUEL ÁNGEL GONZALES CAMPOS la compra de artefactos explosivos que introdujeron a una de las casas prefabricadas para emplearlo como medio para repeler las acciones de recuperación del predio usurpado; y como consecuencia de su explosión haber provocado la muerte del suboficial superior PNP Carlos Jesús Vera Tordoya y lesiones que han puesto en eminente riesgo a la vida de los efectivos policiales Giancarlo Berastian Morales y Jesús Berrocal Duran, quienes en el ejercicio de sus funciones habían ingresado al terreno, materia de usurpación.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

2. El Tribunal Superior, en la sentencia de mérito, respecto a los extremos impugnados por los recurrentes –páginas 4867 al 4955. Razonó lo siguiente:

RESPECTO AL DELITO DE USURPACIÓN AGRAVADA

2.1. Se acreditó que la empresa agraviada estaba en posesión del bien inmueble que contaba con vigilancia y personal de seguridad de custodia.

2.2. El encausado Ángel Efipanio Ortiz Taipe, creó la Asociación de Vivienda Montesurco S.A., ejerciendo la función de presidente, como fachada para organizar invasiones al predio, como ocurrió el 9 de agosto de 2015, siendo que en dicha fecha no se pudo concretar porque fueron desalojados por la fuerza pública.

2.3. El 15 de agosto de 2015, el citado encausado Ortiz Taipe, se organizó con sus coacusados Miguel Ángel Gonzales Campos y Fidel Pablo Ramos Pariguana para captar personas en una casa ubicada en Huachipa –donde se vendían artefactos pirotécnicos– y acceder a un lote de terreno, debiendo inscribirse previo pago de S/ 100,00 (Cien con 00/100 soles). Luego, fueron convocados en un local cerca de Elektra –Ceres, donde los dos últimos de los nombrados, se irrogaban también ser dirigentes y daban pautas para ingresar al predio que se encontraba vigilado tanto en la parte externa e interna.

2.4. Todo ello, es coherente con las declaraciones de los encausados José Arturo Olarte Choca, Norma Onofre Mayhua, Luis Fausto Cárdenas Suca, Javier Isaías Miranda Guardia, Fredy Miranda Guardia y Francisco Timoteo Ocaña Shuan, quienes relataron que los citados se organizaron antes de concurrir al predio e ingresar al mismo. Después de múltiples forcejeos con el personal de vigilancia que estaban ubicados en la parte externa del predio, lograron ingresar al mismo para luego amenazar al vigilante Santos Palomino Campos y tomar posesión del citado inmueble armando casetas.

2.5. La presencia del encausado Fidel Pablo Ramos Pariguana, como organizador, se corroboró con las declaraciones de los acusados Francisco Timoteo Ocaña Shuan y Elber Percy Salazar Moscoso, quienes lo reconocen como la persona que tomaba lista en el local ubicado en Ceres, antes de dirigirse al predio, irrogándose ser dirigente, y al día siguiente, brindaba instrucciones en donde se construirían las chozas.

2.6. La presencia del acusado Miguel Ángel Gonzales Campos, la ha descrito Ángel Epifanio Ortiz Taipe, quien a nivel preliminar señaló que este quería 2 lotes de terreno, que es su vecino, y por la confianza que tenía le hizo entrega del cuaderno donde se anotaba la incorporación de las personas –que, a su vez eran captados por “Félix” y Ramos Pariguana– y los pagos respectivos, que estarían destinados a la implementación del predio la compra de módulos. En ese mismo sentido, también, lo señaló Norma Onofre Mayhua.

2.7. Entonces, el encausado Ángel Efipanio Ortiz Taipe, con la colaboración de sus coprocesados Miguel Ángel Gonzales Campos y Fidel Pablo Ramos Pariguana, convocó a sus coacusados José Arturo Olarte Choca, Norma Onofre Mayhua, Luis Fausto Cárdenas Suca, Javier Isaías Miranda Guardia, Fredy Miranda Guardia, Francisco Timoteo Ocaña Shuan, Yenny Yolanda Cárdenas Suca, Gregorio Padilla Sacha y otras personas que no han sido identificadas, para que previa inscripción de S/ 100,00 (Cien con 00/100 soles), se reunieran el 14 de agosto de 2015, donde se organizaron y constituyeron, el 15 de agosto de 2015, en horas de la madrugada, con módulos de madera que servirían para el armado de casetas prefabricadas para aparentar vivir en el predio sub Litis.

RESPECTO AL DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE MATERIALES PELIGROSOS

2.8. Se acreditó la comisión del delito y la responsabilidad penal de los encausados Ángel Epifanio Ortiz Taipe y Miguel Ángel Gonzales Campos, en calidad de autores, quienes se agenciaron de material explosivo y, conforme el Informe Técnico N.° 226-2015-REGION POLICIAL-LIMA/DIVEME- UDEX-SITEX, suscrito por el perito Alejandro Óscar Estaquio Herrera, – página 741–concluyó que el 15 de agosto de 2015, se produjo la detonación de productos pirotécnicos prohibidos catalogados como “bomba de impacto o trueno”, de elaboración artesanal y casera que ocasionó la destrucción total de las casetas de material rústico.

El citado informe fue ratificado en el plenario y explicó el recojo de evidencias halladas en un radio de 10 metros a la redonda, así como con las declaraciones del efectivo policial comandante PNP José Alejandro Carmen Paz, Comandante PNP Pedro Heraclio Ramos Manrique, suboficial superior Fernando Yque Chung, superior PNP Mario Valencia Morante, y las declaraciones de los agraviados Jesús Berrocal Durand y Giancarlo Berastain Morales.

2.9. Fue el encausado Ángel Epifanio Ortiz Taipe, quien ordenó a una persona no identificada a comprar material explosivo que se almacenó en un recipiente azul que ocultaron en una de las chozas que habían construido horas antes. Para ello, ordenó al encausado Miguel Ángel Gonzales Campos, que le entregue la suma de S/ 130.00 (Ciento treinta con 00/100 soles), dinero recibido de las personas que se inscribieron para la adquisición de un lote de terreno, conforme aparece de la página 125 del cuaderno que le fue incautado al citado Gonzales Campos, donde aparece: “pago: 130 soles explosivos”.

2.10. El citado encausado Gonzales Campos, se retractó de dicha declaración en el plenario; sin embargo, esta no cumple con los parámetros establecidos en el Recurso de Nulidad N.° 3044-2004, fundamento 5. Su declaración preliminar fue brindada con presencia fiscal y esta si reúne los presupuestos del Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, pues no existen posibles motivaciones de su delación, y su relato incriminador se corrobora con el cuaderno incautado a Gonzales Campos, así como el acta fiscal, donde consta haberse producido una explosión en una de las casetas que se instalaron en el referido predio.

2.11. Los citados encausados, tienen la calidad de autores al haber quedado demostrado que idearon y planificaron agenciarse del material explosivo (material cloratada y piedras), sin contar con la autorización de la autoridad competente, almacenándolo en una caseta construida en el predio usurpado para asegurar su permanencia en el predio y su posterior asignación de estos, dado que el 9 de agosto de 2015-, fueron desalojados por personal policial.

RESPECTO AL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO

2.12. Se acreditó la comisión del delito y responsabilidad de los encausados Ángel Epifanio Ortiz Taipe y Miguel Ángel Gonzales Campos con el deceso del efectivo policial Carlos Jesús Vera Tordoya. La función pública que desarrollaba el citado efectivo policial, al momento de los hechos,, consta en la Orden de Operaciones N.° 013-2015-REG-POL-LIMA/DIVTER-CENTRO2-CEA- OPER, “Invasión Potrero Montesurco Grande 2015”.

2.13. Los citados encausados en su afán de permanecer en el predio invadido, se agenciaron de material explosivo que almacenaron en una caseta construida en el predio –antes citado–, en horas de la madrugada y cuando personal policial los desalojaba, se produjo una explosión causando la muerte del efectivo policial Carlos Jesús Vera Tordoya, quien desarrollaba las acciones propias de su función policial.

RESPECTO AL DELITO DE LESIONES GRAVES

2.14. La comisión del delito y responsabilidad de los recurrentes, se acreditó con los Certificados Médico Legal N.° 044472-V, y N.° 044473-V, correspondientes a los agraviados sub oficial brigadier Jesús Berrocal Durand y suboficial de segunda Giancarlo Berastain Morales respectivamente, dando cuenta de las lesiones que ambos presentan.

2.15. El 15 de agosto de 2015, los citados encausados luego de haber invadido el predio, para evitar ser desalojados –como ocurrió el 9 de agosto de 2015–, se agenciaron de material explosivo para impedir el desalojo.

2.16. El encausado Miguel Ángel Gonzales Campos señaló que fue Ortíz Taipe, quien señaló que se le hiciera entrega de S/ 130.00 (Ciento treinta con 00/100 soles) para la compra de explosivos, –lo que se materializó– y, mientras se desarrollaba el desalojo, los explosivos detonaron causando lesiones a los agraviados, quienes en ese momento venían realizando labor policial comisionados para concurrir al inmueble sub Litis.

2.17. Ello demuestra que ambos premeditaron previamente la adquisición de dicho material explosivo, teniendo conocimiento del daño que produciría su explosión. Y fue utilizado en una eventual posibilidad de ser desalojados, teniendo pleno conocimiento del resultado, esto es, que al ser lanzado y detonar se eliminaba o lesionaba a cualquier víctima, como así sucedió con los citados efectivos policiales.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. La defensa técnica de ÁNGEL EPIFANIO ORTÍZ TAIPE interpuso recurso de nulidad y lo fundamentó dentro del plazo de ley –páginas 4961 y 4988–. Solicitó se le absuelva de la acusación fiscal. Alegó, los motivos siguientes:

Respecto al delito de usurpación.

3.1. No existe elemento de prueba que acredite su participación, solo estuvo presente en el predio.

3.2. La agraviada representada por Thessa María Lina Navarro Grau no tenía la posesión del terreno. La citada en el juicio oral declaró que había una persona que cuidaba el terreno y un guardián, pero no lo posesionaban, y solo tenían un acuerdo verbal con Sedapal. Y el guardián Santos Palomino Campos, declaró que ejercía la función de vigilante desde hace 2 semanas antes de los hechos, pero no custodiaba el terreno.

3.3. El efectivo policial Carmen Paz, comisario de El Agustino, así como los demás efectivos policiales han narrado que las personas estaban en el predio en forma pacífica, sin signos de violencia. Además, se permitió la presencia del fiscal adjunto Provincial Mixto Freddy Iván Sueldo Quiñones, quien elaboró el acta respectiva. No obstante, conforme a la Orden de Operaciones N.° 013-2015-REG.POL-LIMA/DIVTER-CENTRO-2.CEA-OPER, se ejecutó el plan de desalojo de manera irresponsable.

Respecto al delito de fabricación, suministro o tenencia ilegal de material peligroso.

3.4. El procesado Gonzales Campos en el sumario, negó que le haya ordenado la entrega de ese dinero para la compra de explosivos. Ello, lo ratificó en el juicio oral, donde precisó que la anotación de “130 soles para explosivos”, fue porque en la tarde le iba a dar cuenta a Ortiz, sobre el pedido de un joven, quien le solicita a su nombre le entregue dicho monto para la compra de cohetes para celebrar porque el fiscal había dado el visto bueno.

3.5. El Informe Técnico N° 226-2015-REGIÓN POLICIAL-LIMA/DIVEME- UDEX-SITEX, ratificado por su suscribiente Alejandro Óscar Eustaquio Herrera, explicó que las bombas de impacto o trueno son elaboradas por un conocedor de productos pirotécnicos y para poder detonar necesariamente tiene que ser golpeado en forma brusca para que estalle. Y en ese sentido, no existe prueba alguna que determine su participación, ni pericia de absorción atómica que acrediten el contacto con dicho material explosivo.

3.6. No concurren los elementos típicos del delito. Tampoco, se ha establecido cuál de las 6 modalidades delictivas se le atribuye al recurrente, incurriéndose en infracción al principio de imputación necesaria.

En cuanto al delito de homicidio calificado y lesiones graves.

3.7. No se agenció del material explosivo. Se percató que los agraviados estaban en el lugar con la detonación. Él estuvo en la puerta esperando la llegada del fiscal y no tuvo acceso a la caseta que explotó. Ello, lo han corroborado los testigos comandante José Alejandro Carmen Paz –comisario de El Agustino–, quien declaró que Ortiz estaba junto a él, el fiscal, un alférez, y los abogados que asesoraban a Ortiz. También, con las versiones de los abogados Kelly Cutti Tantaquilla y Daniel Augusto Galvan Berrios, quienes refieren que estaba a 50 metros del lugar de la explosión.

4. La defensa técnica del sentenciado MIGUEL ÁNGEL GONZALES CAMPOS interpuso recurso de nulidad –página 4961 y lo fundamentó –páginas 5003 y 5023–. Solicitó se le absuelva de la acusación fiscal. Alegó, los motivos siguientes:

Respecto al delito de tenencia ilegal de materiales explosivos

4.1. No existen medios de prueba que acrediten que estuvo en posesión o tenencia de materiales explosivos, tampoco que lo adquirió, suministró, manipuló o almacenó. En el Informe Técnico N.° 226-2015-REGIÓN POLICIAL-LIMA/DIVEME-UDEX-SITEX, concordante con el acta de registro personal no aparece que se le haya encontrado en su poder el material explosivo o pirotécnico que originó la explosión y ocasionaron la muerte y lesiones a los agraviados.

4.2. Infracción al principio de legalidad. La anotación del cuaderno donde aparece el registro de compra del material explosivo, no acredita la configuración del delito.

4.3. No se le practicó pericia de absorción atómica en sus manos o vestimentas para determinar que estuvo en posesión del material explosivo. No existe declaración de sus coprocesados que lo hayan visto portando o manipulando el material explosivo inflamable tóxico, o similares.

4.4. Infracción al principio de imputación necesaria, legalidad, y acusatorio, en su caso no concurran los elementos típicos del delito, y no se estableció cuál de las 6 modalidades delictivas descritas en el artículo 279 del Código Penal se le atribuye.

En cuanto al delito de homicidio calificado y lesiones graves.

4.5. El acta fiscal acredita que no estuvo presente en el lugar donde se dio la explosión. Ello, se acredita con la declaración del efectivo policial Giancarlo Berastain Morales, quien declaró que en una de las casas prefabricadas, el superior Vera Ortoya lo llamó porque vio unas bolsas con contenido como arena, ingresando ambos a dicha casa, y al poner en conocimiento del hallazgo se dio la explosión.

4.6. No existen elementos probatorios que acrediten que el recurrente se agenció del material explosivo, el cual explotó causando la muerte del efectivo policial interviniente y lesionando a otros 2.

En cuanto al delito de usurpación agravada.

4.7. El acusado Ortiz Taipe declaró en juicio oral que el día de los hechos fueron sujetos desconocidos los que llegaron a usurpar el terreno, donde él no se encontraba.

4.8. Tampoco, existe elemento probatorio que acredite que ingresó al predio con violencia o amenaza contra el guardián.

5. Y la defensa técnica del sentenciado FIDEL PABLO RAMOS PARIGUANA interpuso recurso de nulidad y lo fundamentó –páginas 44961 y 4973–. Solicitó se le absuelva de la acusación fiscal por el delito de usurpación agravada, al no existir elementos que acreditan su responsabilidad. Alegó, los motivos siguientes:

5.1. El encausado Miguel Ángel Gonzales Campos en el plenario declaró que no lo conoce, mientras que Ángel Epifanio Ortiz Taipe relató que no lo invitó y el día de los hechos lo vio por el portón, pero no que abría y cerraba la puerta del predio usurpado.

5.2. Ahora, Francisco Timoteo Ocaña Shuan, declaró que su patrocinado era quien llamaba lista la noche anterior. Además estaba en la reunión y la dirigía; sin embargo, a Elber Percy Salazar Moscoso no se le ha escuchado que lo reconozca realizando tal conducta y José Arturo Olarte Chocca tampoco lo ha reconocido.

5.3. Ello, acredita su tesis de defensa, que llegó al lugar con un grupo de personas que no conoce, porque vivía en casa alquilada con su pareja Gloria Ramos Luján, y se limitó a ayudar a cerrar la puerta de ingreso porque estaba cerca, conforme lo corrobora la antes citada y con las declaraciones de María Taipe Martín, Javier Isaías Miranda Guarda, Efraín Josué Salazar Caro, Julia Rosa Laura Rivas, Irma Jovita Porras, Victoriana Carhuancho Huachucaco, Eduardo Amador Orihuela Michue, quienes no lo reconocen como la persona que estuvo en la puerta.

CALIFICACIÓN DE LOS DELITOS MATERIA DE CONDENA

6. El delito de usurpación agravada, tipificado en el artículo 202, numeral 2, del Código sustantivo –modificado por el artículo 1, de la Ley N.° 30076, del 19 de agosto de 2013–, prescribe:

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años: […] 2. El que, con violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real.

Este artículo es concordado con el artículo 204, numerales 1 y 2, del referido código sustantivo – modificado por la cuarta disposición transitoria de la Ley N.° 30327, del 21 de mayo de 2015–, vigente al momento de los hechos, prescribe:

La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación, según corresponda, cuando la usurpación se comete: 1. Usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosos y 2. Con la intervención de dos o más personas.

7. Este Supremo Tribunal, en la Casación N. ° 458-2015, Sala Penal Permanente, del 3 de mayo de 2017, en el fundamento 9, estableció:

El bien jurídico protegido, referido a la tutela del patrimonio, con este término se alude, en general, al conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o afectos a un fin, y que son susceptibles de estimación económica. En concreto, en el delito de usurpación “Lo que se protege en forma concreta el uso y disfrute de los derechos reales, esencialmente la posesión, que se ve mermada y atacada cuando la víctima es sacada del bien inmueble. […], en consecuencia, este se da cuando se desplaza al sujeto pasivo y se impide que realice actos propios de la ocupación que venía ejercitando. Que la particular conducta contenida en el inciso 2, la violencia, implica también el ataque a la libertad personal, la vida, el cuerpo y la salud de los ocupantes del bien inmueble, por lo que habría que identificar un bien jurídico complejo.

8. El delito de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos, previsto en el artículo 279 del Código Penal –modificado por la primera disposición complementaria de la Ley N.° 30299, del 22 de enero de 2015–, sanciona al agente que:

[…] que, sin estar debidamente autorizado, fabrica, ensambla, almacena, suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas, armas, armas de fuego artesanales, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años, e inhabilitación conforme al inciso 6, del artículo 36, del Código Penal.

9. El delito de homicidio calificado, tipificado en el artículo 108-A del Código Penal –artículo incorporado por el artículo 1, de la Ley N.° 30054, del 30 de junio de 2013–, sanciona al agente:

[…] que mata a un miembro de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, a un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público o a un miembro del Tribunal Constitucional o a cualquier autoridad elegida por mandato popular, en el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años.

10. El bien jurídico protegido es la vida humana independiente, entendido como aquella esfera de libertad con la que cuenta el ser humano para decidir sobre su proyecto de vida y las actividades en sociedad que le ayudarán a satisfacer sus expectativas.

11. Y el delito de lesiones graves, tipificado en el artículo 121, numeral 1, del Código Penal –artículo modificado por el artículo 2, de la Ley N.° 30054, del 30 de junio de 2013–, sanciona al agente

[…] que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones graves: 1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima.

12. Este Supremo Tribunal, en el Acuerdo Plenario N.° 2-2016/CJ-116, del 12 de junio de 2017, fundamento jurídico 7, señaló:

El bien jurídico protegido se entiende a la salud desde sus ámbitos físico y psíquico, pero tradicionalmente el aspecto psíquico no fue considerado, lo que viene cambiando actualmente.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

13. Examinará esta Suprema Corte la sentencia de mérito, conforme con lo prescrito por el artículo 300, numeral 1, del Código de Procedimientos Penales, vinculado al principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; en cuya virtud, se reduce el ámbito de la resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido, las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

14. Los reclamos de los impugnantes Ángel Epifanio Ortiz Taipe, Miguel Ángel Gonzales Campos y Fidel Pablo Ramos Pariguana están vinculados a demostrar su inocencia, cuestionando la valoración probatoria. En lo central, censuran que no existen elementos probatorios que acrediten su responsabilidad penal.

Por ello, conforme a cada uno de los motivos de agravio descritos en los fundamentos 3, 4 y 5 de la presente resolución, corresponde verificar la racionalidad del razonamiento de la Sala de Mérito, bajo el sistema de la sana crítica, se verificará si las premisas declaradas probadas se sostienen en la prueba actuada y si se justifica la decisión de condena o si por el contrario, los cuestionamientos de los impugnantes tienen amparo respecto a cada uno de los delitos que se les atribuye, y si subsiste el principio de presunción de inocencia que les asiste.

15.El Tribunal Constitucional, con relación al derecho constitucional a probar, sostiene que aunque no es autónomo, se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela del derecho al debido proceso. Es un derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa.

Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado –STC N.° 6712-2005-PHC, fundamento 15–.

16. En el contexto de los hechos por razones metodológicas se analizaran en su orden, los delitos de usurpación agravada y los delitos de tenencia ilegal de materiales explosivos, homicidio calificado y de lesiones graves respectivamente.

17. Previo a ingresar al tratamiento de los agravios planteados por los recurrentes, es de subrayar que ha quedado fijado en la sentencia de mérito, en los fundamentos 3.1.3., 3.1.5., que no han sido cuestionados por las partes y quedan como premisas probadas lo siguiente:

17.1. Con fecha 8 de mayo de 2014, se creó la Asociación de Vivienda Montesurco Grande –VIMONGRA, cuyo consejo directivo estuvo integrado por el encausado Ángel Epifanio Ortiz Taipe –presidente–, Edwin Arotinco Taipe –vicepresidente–, Gliceria Adelayda Ciriano Colonia –tesorera–, Maribel Doris Quispe Cusi –secretaria de actas–, Rosa María Galarza Soller –secretaria de asistencia–, Wilson Lavio Morales –secretario de disciplina–, Ernesto Baldomero Campos –fiscal– e Hilario Martín Ramos Juanillo –vocal– Tal como aparece de la Partida Registral N.° 13235599, de la Sunarp –página 2102–, oralizadas en el plenario –página 4616–.

17.2. El 9 de agosto de 2015, el encausado Ángel Epifanio Ortiz Taipe y otras personas no identificadas, ingresaron en la madrugada al predio denominado Potrero Montesurco Grande, perteneciente a la empresa Inversiones Monte Surco Grande SAC., conforme aparece de la Ocurrencia de Calle común N.° 664 —páginas 775 y 776—, oralizadas en el plenario y sometidas a contradictorio –página 4614–. Aquí el personal policial de la comisaría de El Agustino, deja constancia que al tomar conocimiento de la invasión en el citado predio, a las cuatro de la madrugada se constituyen al lugar, y observan un aproximado de 200 personas provistas de escaleras y palos que ingresaron al terreno y con la denuncia formulada por el personal de seguridad del predio Santos Palomino Campos, siendo, finalmente desalojados.

17.3. El 15 de agosto de 2015, Santos Palomino Campos, denunció a Ángel Epifanio Ortiz Taipe, y a Rosa María Galarza Soller, que en circunstancias que cuidaba el terreno de la señora Thessa María Lina Navarro Grau Dyer, denominado “Potrero Montesurco Grande”, en la madrugada ingresaron aproximadamente doscientos cincuenta personas desconocidas, provistas de palos, esteras, escaleras y carteles, dirigidos por los denunciados, quienes lo botaron del lugar, aprovechándose de la oscuridad y cantidad numérica. Ello, consta en el parte de intervención policial y la denuncia policial N.° 1137–páginas 6 y 776–, oralizadas en el plenario –página 4615–.

17.4. De otro lado está la Orden de Operaciones N.° 013-2015-REGPOL- LIMA/DIVTER-CENTRO-2-CEA-OPER INVASION POTRERO MONTESURCO GRANDE 2015 –página 746– donde consta que personal policial de la comisaría de El Agustino, se constituyó al lugar, conjuntamente con el representante del Ministerio Público, siendo atendidos por Ángel Epifanio Ortiz Taipe, y dos abogados, quienes autorizaron el ingreso, previa explicación de su presencia, se constató un aproximado de cien personas entre hombres y mujeres, quienes mencionaban tener derechos sobre el inmueble y la existencia de niños, siendo, desalojados por la fuerza pública, como consta del acta fiscal respectiva –página 780–.

17.5. En similar término está el acta fiscal –página 1078–, del 15 de agosto de 2015, a las 14:35 horas, suscrita por el comandante José Alejandro Carmen Paz y el fiscal Fredy Iván Sueldo Quiñones, oralizada en el plenario –página 4612–, consta que constituidos en el lugar denominado “Potrero Montesurco Grande”, por comunicación de la comisaría de El Agustino, se constituyeron al lugar, encontrando el portón cerrado y al tocar fueron atendidos por Ángel Epifanio Ortiz Taipe, acompañado de sus abogados Jessye Kelly Cotti Tantaquilla y Daniel Augusto Galván Berrios, constatándose la presencia de cien personas aproximadamente, entre hombres y mujeres.

Y donde se les hizo de conocimiento que el 9 de agosto se realizó una constatación en el lugar por los mismos hechos, e hizo su ingreso personal policial a pie y caballo con el propósito de desalojarlos, produciéndose un desorden en el lugar y al no existir garantías se retiraron por el portón. Luego, se escuchó una explosión y observó salir personas corriendo y un patrullero salía con los heridos y le mencionaron que un efectivo policial falleció.

RESPECTO AL DELITO DE USURPACIÓN AGRAVADA

18. Precisado lo anterior se analiza el motivo 3.2, del encausado Ángel Epifanio Ortiz Taipe. Reclama, que la agraviada no acreditó la posesión previa sobre el bien inmueble.

19. Sobre este punto la agraviada empresa Inversiones Montesurco Grande S.A.C., a través de su representante Thessa María Lina Navarro Grau Dyer en el plenario –páginas 3835 y 4339–, expresó que es propietaria del mismo, conforme a la partida de registro de predios –página 2106–, oralizada en el plenario –página 4612–, quien declaró haber tenido la posesión legal del terreno denominado “Potrero Monte Surco Grande S.A.C”, o “Parcela Monteverde Chico”, porque el 2 de junio de 2015, se les hizo entrega del mismo, mediante una diligencia de lanzamiento, ordenada por el Poder Judicial.

Añadió, que el predio estaba cercado y al cuidado del guardián Santos Palomino Campos y de personal contratados por la empresa de seguridad, y que en el predio, había un muro que lo realizó la empresa Sedapal.

20. Veamos, si tal afirmación tiene correspondencia con la prueba colectada. El derecho posesorio de la agraviada, se sustentó en las documentales emitidas en el proceso seguido entre empresa Inversiones Monte Surco Grande S.A.C., contra Victoria Martínez Rincón viuda de Cárdenas, ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de El Agustino –a mérito del exhorto N.° 2705-2015-CIVIL 1° JPLMBJA-HR-CRC, del 22 de mayo de 2015, remitido por el Juzgado Mixto de Chachapoyas–, donde consta que el 2 de junio de 2015, se llevó a cabo la diligencia de lanzamiento, esto es de la entrega del bien inmueble “Potrero Monte Surco Grande”, también denominado “Parcela Monte Verde Chico Segundo”, distrito de El Agustino, totalmente desocupado al representante de la empresa Inversiones Montesurco Grande S.A.C –páginas 3544–.

21. Del mismo modo, con los trabajos realizados de nivelación del citado terreno –página 3725– y porque el predio estaba siendo custodiado por personal de seguridad. Este último extremo lo corroboró Santos Palomino Campos, quien formuló las denuncias policiales –página 776–, y su condición de guardián la ratificó en las diversas oportunidades en que declaró. En el plenario –página 3839–, narró que el 15 de agosto de 2015, mientras dormía ingresaron varias personas, lo amenazaron e hicieron que se retire del bien.

22. Como se ha descrito en el fundamento 19, numeral 19.2, de la presente resolución suprema, el 9 de agosto de 2015, el citado Ángel Epifanio Ortiz Taipe y otras personas no identificadas, también ingresaron al bien inmueble.

Hecho que también fue denunciado por Santos Palomino Campos, en su condición de vigilante de la empresa agraviada, conforme aparece de las denuncias respectivas de los hechos acaecidos el 9 y 15 de agosto de 2015. Entonces, se concluye sin ninguna duda, previo al 15 de agosto de 2015, la empresa agraviada tenía la posesión del inmueble sub Litis. Sus motivos no se estiman.

23. Los motivos 3.1., y 3.2., del encausado Ángel Epifanio Ortíz Taipe, están vinculados a los motivos 4.7., y 4.8., del recurrente Miguel Ángel Gonzales Campos, y con los motivos 5.1., 5.2., y 5.3, del sentenciado Fidel Pablo Ramos Pariguana. Reclaman, que no existe elemento probatorio que acrediten haber despojado mediante violencia o amenaza en forma total o parcial o haber turbado de la posesión a la agraviada. Y el último de los nombrados afirma que su presencia en el lugar se dio para acceder un terreno.

24. Sobre este punto consta del fundamento 19, numeral 19.3., de la presente resolución, que el vigilante Santos Palomino Campos, detalló en forma pormenorizada la forma y circunstancias en que el encausado Ortiz Taipe conjuntamente con otras personas ingresaron al terreno sub Litis, y bajo amenaza lo obligaron a salir del mismo.

25. Está acreditado como contexto previo de actuación al 15 de agosto de 2015 que vinculan a los recurrentes, la declaración policial del encausado José Arturo Olarte Chocca, brindada con presencia fiscal y abogado defensor
–página 227–, que al ser realizada con las garantías de ley, mantienen su valor probatorio. De una lectura de los artículos sesenta y dos del Código de Procedimientos Penales, la investigación policial o diligencias que se actúen con presencia del representante del Ministerio Público mantienen su valor probatorio para ser apreciados en su oportunidad por los jueces y tribunales, por ende, en el juzgamiento.

Aquí, señaló el 14 de agosto de 2015, fue a una concentración de personas en el local ubicado por el paradero Elektra – Vitarte, donde les indicaron que irían a posesionarse al terreno, una señora le cobró el dinero, y anotaba en una libreta. El dirigente, se reunió con siete de sus colaboradores, quienes planificaron cómo ingresarían. Se distribuyeron en dos camiones y al llegar al terreno había 6 policías, abrió la reja y el dirigente les mostró unos papeles a los policías, diciéndoles que se retiren, y ante su negativa este se molestó y les habló fuerte, siendo que cuando armaban entre siete a diez módulos los policías se retiraron.

Allí, reconoció a Ortiz Taipe, como presidente de la asociación quien coordinaba las acciones, y Fidel Ramos Pariguana como uno de los colaboradores. Esta versión fue ratificada en el sumario y plenario –páginas 1761 y 3911–, aunque allí brindó información general.

26. Está la narrativa circunstanciada de cómo se produjo la reunión, de la sentenciada Norma Onofre Mayhua, a nivel preliminar –página 256–, también garantizada con presencia fiscal y su defensa. En lo relevante, señaló ser esposa de Rodrigo Padilla Villanueva, sus tíos Emilio Mayhua Mallqui, Antonio Mayhua Mallqui, sus primos Hugo Padilla y Gregorio Padilla, sus vecinas Yolanda Cárdenas, Hilda Huamán, Naama Pérez y Zenaida –cuyos apellidos desconoce–.

Y, el 14 de agosto de 2015, su vecina Yolanda Cárdenas Suca, le pasó la voz que se estaban inscribiendo para adquirir un terreno. Fue a Huachipa donde una fémina le explicó que era propiedad privada y no invasión. Seguidamente, se reunieron a la altura de Elektra, le presentaron a la junta directiva, trasladándose al inmueble en dos camiones, los dejaron ingresar y bajaron las casas prefabricadas y les indicaron que los armen.

Esta versión, la ratificó en el sumario –página 1765–, donde reconoció a los encausados Gonzales Campos y Ortiz Taipe como los dirigentes que les ofrecieron el terreno sub materia. Y en el plenario –página 3767–, reiteró que en la reunión previa a los hechos, los citados encausados se presentaron con sus nombres.

27. En ese mismo sentido, narró el sentenciado Javier Isaías Miranda Guardia, en su declaración policial –página 361–, realizada con las garantías de ley, en presencia fiscal y su defensa. Relató que fue su hermano de Fredy Miranda Guardia, quien le comunicó para adquirir un terreno previo pago de cien soles. El 14 de agosto de 2015, tuvo una primera reunión con la señora “Rosa”, les ofreció una constancia de posesión legal porque tenían una sentencia a su favor. Por ello, llegaron al terreno en la madrugada y uno de los siete dirigentes ingresaron en forma violenta, y ellos los siguieron.

Esa versión también la ratificó en el sumario y el plenario –páginas 1743 y 3764–, donde detalló que los procesados Ángel Epifanio y Gonzales Campos se hacían pasar como poseedores y mostraban una constancia de posesión, siendo el primero, quien dirigía a todos. Fue Ortiz Taipe, quien les dijo que habían ganado un juicio y les iban a dar una constancia, y los dirigentes fueron quienes ordenaron el ingreso al terreno. Y en el plenario precisó que la puerta estaba cerrada y toda la gente entró bruscamente.

28. En igual sentido, narró el encausado Fredy Miranda Guardia, en su declaración policial –página 356–, también realizada con presencia fiscal y su defensa, detalló que su hermano Pedro Fernández Guardia, reiteró la forma y circunstancias en que se les ofreció el terreno. También, describió la presencia de “Rosa”, quien a su vez, les dijo que debían ingresar el terreno porque la dueña lo iba a vender a una tercera persona. Por ello, se constituyeron al inmueble en la madrugada, ingresando dos camiones, instalaron las casas prefabricadas y permaneciendo en el lugar hasta que fueron intervenidos por la policía y un fiscal, quien les indicó que debían retirarse. Ello, también, lo reiteró en el plenario –página 3765–.

29. A todas las declaraciones antes descritas, se suman:

29.1. La declaración del encausado Luis Fausto Cárdenas Suca, a nivel policial–página 212–. También realizada con presencia fiscal y su defensa. Señaló que por convocatoria de Ángel Epifanio Ortiz Taipe, se constituyó a un corralón en Vitarte, donde se reunieron treinta personas aproximadamente, enseñándole documentación, dirigiéndose en camión al inmueble. Lo relevante es que detalló que al momento del cobro de la inscripción, el encausado Ortiz Taipe, le manifestó que invitaran a sus familiares, inscribiéndolos sin pago. Al terreno llegaron en dos camiones y en el inmueble habían tres policías con quienes surgió una discusión y al ver eso se retiró del lugar. Y regresó al siguiente día llevando almuerzo a su enamorada Lizeth Villavicencio Quispe.

Luego en el plenario –página 3846–, señaló que vio que se acercaban a Ortiz Taipe, ya que estaba comunicando junto a los abogados y cuando llegó al lugar al ver que estaban forcejeando dijo que terminaría mal y se fue.

29.2. El sentenciado Francisco Timoteo Ocaña Shuan, en su declaración policial –página 367–, realizado con presencia fiscal y su abogado defensor, señaló que fue avisado por su vecina Yolanda, y respecto al ingreso y permanencia de lugar corroboró las circunstancias antes descritas, con la diferencia que la puerta de ingreso del inmueble estaba abierta.

Luego, en el sumario –página 1260– narró que Fidel Ramos Pariguana, lideraba la reunión que se dio un día antes de los hechos, y lo reiteró en el plenario –página 3917–, donde lo reconoció en el juicio como la persona que ingresó al predio usurpado en la madrugada y era quien pasaba lista en la precitada reunión, dejándose constancia que el citado encausado, lo reconoció al recurrente como la persona que se encontraba en el grupo de ingreso al predio en la madrugada del 15 de agosto de 2015.

30. Se adiciona a ello, las declaraciones Maritza Ardiles Gonzales, Rosa María Rojas Taipe, Edelmira Huamán Aira, a nivel policial con presencia fiscal y su defensa –páginas 122, 127, 271–. La primera sostuvo que el recurrente Ángel Epifanio Ortiz Taipe, le ofreció en venta un lote de terreno en el lugar denominado Potrero Montesurco, en marzo de 2015, por el que pagó S/. 750,00 (Setecientos cincuenta soles), que se registró en un cuaderno que tenía un dirigente de la asociación. La segunda, señaló que Ángel Epifanio Ortiz Taipe es su primo hermano, y le ofreció en venta el terreno por setecientos cincuenta soles, y la tercera, también señaló que Ángel Epifanio Ortiz Taipe, los convocó y en el local denominado “La Canchita”; les dio instrucciones a las personas de cómo ingresarían al terreno.

31. Ahora, respecto a su permanencia en el lugar de los hechos en el inmueble sub Litis, están las declaraciones de los efectivos policiales José Alejandro Carmen Paz, brindada en el plenario –página 4009–. Relató que quienes ingresaron al terreno, objeto de desalojo, reventaban bombardas. Por ello, envió a personal policial a verificar y para recuperar la propiedad usurpada, conforme a la Orden de Operaciones N.° 013-2015-REG.POL-LIMA/DIVTER- CENTRO-2.CEA-OPER –página 746–, que describe la forma de la intervención policial en el predio Montesurco Grande, que nos ocupa.

32. En esa misma dirección, los efectivos policiales Alexander Fiascunari Valdivia, Jorge Antonio Acosta Manzanares, César Oswaldo Cruz Segovia, Nemecio Carlos Salvamore, Aurelio Salome Rodríguez, Gilmer Atanacio Benito, Roberto César Urbina Novoa, Anibal Aurelio Minaya Rivera, y Eder Nilton Garcilazo Fonseca, en sus respectivas declaraciones brindadas a nivel policial, con presencia fiscal –páginas 26, 29, 36, 54, 57, 60, 67, 71 y 78, oralizadas en el plenario –página 4612–, las declaraciones de Fiascunari Valdivia, Acosta Manzanares, Cruz Segovia, Carlos Salvamore y Garcilazo Fonseca y Pedro Heraclio Ramos Manrique, a nivel policial –página 22– ratificada en el plenario –página 4013–, coinciden en detallar el operativo policial realizado a mérito del ingreso en el inmueble, y algunos precisaron que se produjo una explosión del material que fue dejado en el terreno usurpado.

33. Ello, también lo corroboraron los efectivos policiales Mario Valencia Morante, Fernando Yque Chung, Aurelio Arturo Salome Rodríguez, Roberto Cesar Urbina Novoa, en el plenario –páginas 4018, 4020, y 4021–, quienes explicaron que ocurrió una explosión a unos metros, que produjo el deceso de su colega. También, lo señaló el efectivo policial Pedro Daniel Pérez Chávez, a nivel preliminar y en el plenario –páginas 50 y 53 y 4019–, quien detalló que en el terreno había chozas o casuchas de material de madera y en regular cantidad de personas, y se dio el deceso de un policía y dos heridos.

34. Bajo igual línea, lo reiteró el efectivo policial Isaías Grandez Morim, al brindar su declaración policial y en el plenario –páginas 32 y 4016–, quien explicó que por orden superior se constituyó al terreno invadido, donde había mucha gente distribuida en diferentes lugares, y confirmó la explosión sucedida. Ello, también, lo corroboraron los efectivos policiales Aníbal

Aurelio Minaya Rivera, José Luis Tirado Calderón y Celino Elías Bueno Dávila, quienes en el plenario –páginas 4020 reverso, 4020 y 4017, respectivamente–, el primero, destacó que en el lugar el día de los hechos había gente que obstruía el pase de la puerta de entrada del predio usurpado; el segundo, precisó que no todos acataban la orden de retirarse del lugar y el tercero, observó entre 6s o 7 casitas y un aproximado de cien personas.

35. Frente al material probatorio, tenemos las declaraciones del recurrente Ángel Epifanio Ortiz Taipe, en su declaración policial –página 265–, con presencia fiscal y su abogado defensor, ratificó la incorporación de personas, que se hizo a través de “Félix” y Ramos Pariguana, quienes agrupaban a más personas.

Luego, en el plenario –página 3740 vuelta–, señaló que fue presidente de la Asociación de Vivienda Montesurco Grande, con 140 asociados. Relató, que el señor Édgar Tumi, le entregó un contrato de arras con la empresa Montesurco Grande y le daba derecho de copropietarios, siendo este la cabeza y organizador de todo.

Añadió, que el 9 de agosto de 2015, ingresaron al inmueble pero fueron desalojados por la fuerza pública. Luego, el señor “Édgar Tumi” se contactó con Fredy Huamaní Sulca quien garantizaría su ingreso por ello, el 15 de agosto de 2015, a las dos de la mañana aproximadamente ingresa, porque la puerta estaba abierta, habían dos personas pero no opusieron resistencia, colocaron seis módulos de madera.

También, señaló haber invitado a su coprocesado Miguel Ángel Gonzales Campos, y a sus asociados con anterioridad para que paguen setecientos cincuenta soles, prometiéndoles que luego de posesionarlos, se lotizaba y se los entregaría a cada uno, le encargó a “Nilo”, y “Félix”, que reciban el dinero para implementar el predio y comprar módulos, lo que era registrado en el cuaderno de apuntes que tenía Nilo.

En cuanto a la presencia de los abogados Jessye Kelly Catti Tantaquilla y Daniel Agusto Galván Berrios los contrató por intermedio de José Martínez para que los asesore. Respecto a Ramos Pariguana dijo no conocerlo, pero lo ha visto en el portón el día de los hechos, y negó haber autorizado la compra de explosivos.

36. Por su parte, Miguel Ángel Gonzales Campos –página 220–, a nivel policial, con presencia fiscal y su defensa, señaló que el 14 de agosto de 2015, recibió una llamada de su vecino Ángel Epifanio Ortiz Taipe. En el lugar le pidió que anote a la gente, y algunos pagaban entre cien y doscientos soles por derecho de inscripción. Seguidamente en su ampliación de declaración policial–página 385–, también con presencia fiscal y abogado defensor, señaló que el cuaderno que fue hallado en su poder, consignó el pago de las inscripciones de los socios por la compra del terreno, y que recibía por orden de Ángel Ortiz Taipe. Tampoco explicó que en la página 135, anotación: “PAGO 130 SOLES – EXPLOSIVOS”, fue su coprocesado Ortiz Taipe que le dijo que entregue dicha cantidad de dinero a una persona de sexo masculino que no conoce.

En el plenario –página 3720–, reiteró conocer a Ortiz Taipe, porque es su vecino, y no conoce a Fidel Pablo Ramos Pariguana. Sostuvo, que llegó a la seis de la mañana a la dirección que le dio su vecino, había entre 100 a 150 personas, este le pidió que lo ayude para anotar mientras llegaba la tesorera, lo hizo en un cuaderno espiral que se encontró en una combi y no recuerda quien le dio lapicero, también estaban sus abogados. Al llegar al terreno ya estaban las casetas y desconoce de ellas.

Y en relación a la anotación del cuaderno: “130 soles para explosivos”, lo anotó porque le iba a dar cuenta al señor Ortiz en la tarde, señaló que llegó un joven flaco, moreno, que le mencionó el nombre de Ortiz, y le dijo que le diera ciento treinta o ciento sesenta soles para comprar cohetes para celebrar, ya que el fiscal está dando el visto bueno. El señor Ortiz estaba andando con sus abogados y no quiso molestarlo de ello, pero no vio el material explosivo. Fue intervenido cuando salió a sacar copias de los documentos que le había pedido Ortiz para darle al fiscal.

37. A su vez, el encausado Fidel Pablo Ramos Pariguana, brindó su declaración a nivel policial, con las garantías de ley –página 195–. Luego, en el sumario –página 2549–, refirió no recordar los hechos y en similar posición en el plenario –página 3748 reverso– dijo no conocer a sus coprocesados. Su presencia en el lugar de los hechos, fue debido a que en el mercado Volvo, escuchó comentarios de personas que habían lotes que se iban a vender barato, agrupándose la gente en un portón grande con una banderola que decía que se vende lotes, y en la entrada habían policías con la puerta abierta.

Por ello, se acercó con un grupo para adquirir un terreno porque vive en cuarto alquilado y cuando llegó al mediodía su pareja Gloria Ramos Lujan ya estaba ahí. Se constituyó al lugar solo a preguntar, se quedó en la cola y en algún momento solo ayudó a cerrar la puerta de ingreso.

38. Cabe puntualizar, que conforme a los motivos 3.1. y 3.3., el recurrente Ángel Epifanio Ortiz Taipe, reclama que solo estuvo presente en el terreno sub Litis y su ingreso y permanencia en el citado inmueble fue de manera pacífica y la orden de operaciones de los efectivos policiales se realizó de manera irresponsable, siendo inocente del delito de usurpación. Similar reclamo hace el encausado Miguel Ángel Gonzales Campos, en los ítems 4.7., y 4.8, reclama que no existe elementos probatorios que acrediten su responsabilidad. Sin embargo, la prueba personal y documental analizada tiene correspondencia con los cargos que se les atribuyen. Sus motivos no se estiman.

39. Aquí cabe analizar, los motivos de los numerales 5.1., y 5.3 del recurrente Fidel Pablo Ramos Pariguana. Reclama que su coprocesado Miguel Ángel Gonzales Campos en el plenario declaró que no lo conoce, y Ángel Epifanio Ortiz Taipe señaló que no lo invitó y el día de los hechos lo vio por el portón, pero no que abría o cerraba la puerta del bien usurpado.

40. Para analizar su reclamo, este Supremo Tribunal, tiene en cuenta las primeras declaraciones de sus coprocesados Gonzales Campos y Ortiz Taipe, quienes cambiaron de versión conforme a lo expresado en el fundamento 36 de la presente ejecutoria. Esta narrativa inicialmente incriminatoria y luego una narrativa de retractación ha sido abordada por este Supremo Tribunal, en el Recurso de Nulidad N.° 3044-2004 –Lima, Sala Penal Permanente, del 1 de diciembre de 2004, en el fundamento 5, que estableció como doctrina general que debe valorarse la declaración inicial del encausado, brindada con las garantías de ley, si presenta mayor coherencia con las pruebas actuadas que su retractación.

41. En esa línea de doctrina jurisprudencial el Acuerdo Plenario N.° 1- 2011/CJ-116, del 6 de diciembre de 2011, redactado en atención a la retractación que acontece en los delitos de violación sexual, por analogía resulta aplicable al caso concreto, es de rescatar los elementos del mismo, propios de esta institución que no se limitan a las brindadas en el contexto de un proceso por un determinado delito. Corresponde analizar el rasgo esencial de la solidez de la retractación frente a la primera versión incriminatoria de los encausados Gonzales Campos y Ortiz Taipe, en contraste con los medios probatorios actuados en el proceso.

42. Puntualizado lo anterior, la prueba colectada debilitó la retractación de los encausados Gonzales Campos, y Ortiz Taipe, descritas en los fundamentos 36 y 35 respectivamente de la presente resolución suprema, no tiene una garantía de respaldo probatorio, frente a la versión primigenia. Ello se explica por ausencia de coherencia al hecho fáctico de su presencia en el lugar de los hechos y la prueba personal descrita. El recurrente trató de justificar su presencia el haber ido a averiguar del terreno y cuando llegó ya estaba su pareja Gloria Ramos Lujan, quien en el plenario –página 3780– si bien confirmó dicha relación sentimental en el 2015, precisó que también fue a averiguar del terreno al haber tomado conocimiento por terceros que el terreno tenía los papeles en regla.

43. Sumado a ello, las declaraciones policiales incriminatorias de sus coprocesados, fueron realizadas inmediatamente después de los hechos, las que no son coherentes con sus declaraciones posteriores donde se limitan a sostener que no lo conocen, mientras que en la primera contienen detalles específico que estuvo encargado en la puerta, presencia reconocida por el citado encausado y corroborado por pareja Ramos Lujan, e incluso su coprocesado –ahora sentenciado–, Francisco Timoteo Ocaña Shuan precisó que este estuvo presente en la reunión previa como dirigente y tomó lista momentos previos al ingreso al predio. A ello, no se verifica móvil espurio, basado en odio, rencor, o similar que justifique la declaración de los citados coacusados Gonzales Campos y Ortiz Taipe a nivel preliminar, menos aún que con dicho acto obtengan algún beneficio en el proceso, pues como aparece también han sido condenados.

Entonces, se concluye que la retractación solitaria posterior de sus coacusados Gonzales Campos y Ortiz Taipe, carecen de solidez, lo que sí ocurre con sus versiones brindadas a nivel policial, brindadas con las garantías de ley que tiene correspondencia con la prueba global incorporada en este proceso. Su motivo no se estima.

44. En el motivo 5.2, el recurrente Ramos Pariguana, reclama que el encausado Francisco Timoteo Ocaña Shuan –sentenciado– precisó que fue quien llamaba lista, mientras que Elber Percy Salazar Moscoso, no se le escuchó que lo haya reconocido.

Frente al material probatorio, su alegación de que Salazar Moscoso no señaló haberlo reconocido no es relevante. Sobre su presencia en la puerta de ingreso no ha sido desvirtuado aunque según el recurrente fue por motivo distinto –de estar haciendo cola para averiguar cómo era la entrega del terreno–. Sus motivos no se estiman.

45. Hasta aquí el material probatorio acredita la participación de los imputados en el delito de usurpación agravada. El encausado Ángel Epifanio Ortiz Taipe –quien utilizó su condición de presidente de la Asociación de Vivienda–, con el apoyo de sus coacusados Miguel Ángel Gonzales Campos y Fidel Pablo Ramos Pariguana para captar personas, ofertando lotes de terreno con una cuota mínima inicial, siendo el primero de los nombrados, quien planificó, dirigió y participó activamente en los hechos ocurridos el 15 de agosto de 2015, brindando instrucciones de cómo deberían ingresar al inmueble objeto de usurpación.

Tal como ha quedado probado fue en la madrugada del 15 de agosto de 2015, al inmueble de propiedad y en posesión de empresa Inversiones Monte Surco Grande S.A.C.en donde por la superioridad numérica lograron reducir a la vigilancia, entre ellos a Santos Palomino Campos, para luego organizarlos en grupos para cuidar el ingreso, armar las casas prefabricadas y registrar los aportes que efectuaban las personas, además de contratar los servicios de los abogados Jessye Kelly Cutti Tantaquilla y Daniel Augusto Galván Berrios, para avalar su presencia en el inmueble con las autoridades. Es decir, ingresaron mediante amenaza, violencia y sin derecho alguno al inmueble sub Litis, con la evidente intención de apoderarse de este.

46. Así, las conductas desplegadas por los encausados Ángel Epifanio Ortiz Taipe, Miguel Ángel Gonzales Campos y Fidel Pablo Ramos Pariguana, resultaron ser típicas porque –como se anotó– se adecuan a los supuestos de hecho del tipo penal de usurpación agravada, prescrito en el artículo 202, numeral 2, concordada con el artículo 204, numerales 1 y 2, del Código Penal. Es antijurídica, porque no está autorizada por norma jurídica alguna y estuvieron en plenas condiciones físicas y psicológicas mínimas para comprender el acto delictivo que consumaron; sin embargo, actuaron en contra de la norma jurídica penal, por lo que son culpables y merecedores del reproche penal.

47. De ese modo, el principio de presunción de inocencia que les asiste a los recurrentes por el delito de usurpación agravada ha sido enervado debiendo ratificarse la pena impuesta y la reparación civil fijada, y así se declara.

RESPECTO A LOS DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE EXPLOSIVOS HOMICIDIO CALIFICADO Y LESIONES GRAVES

48. Previo a ingresar al tratamiento de los agravios planteados por los recurrentes, se subraya que la sentencia de mérito, en los fundamentos 3.3.3. y 3.4.7., quedan como premisas probadas –no cuestionadas por las partes– lo siguiente:

48.1. La condición de efectivo policial del agraviado Carlos Jesús Vera Tordoya, consta en la Orden de Operaciones N.° 013-2015- REG.POL.LIMA/DIVTER-CENTRO2.-CEA-OPER “INVASIÓN POTRERO MONTESURCO GRANDE-2015” –página 746–, donde aparece que el citado fue comisionado para constituirse al predio usurpado y sucedió la explosión. Allí, también, consta que se comisión a los agraviados efectivos policiales Gian Carlos Berastain Morales y Jesús José Berrocal Durand, quienes resultaron lesionados.

48.2. Asimismo, el deceso del agraviado SOS PNP Carlos Jesús Vera Tordoya, conforme con el Certificado de Necropsia e Informe Pericial de Necropsia Médico Legal –páginas 600 y 1955– donde consta que tras el examen a su cuerpo, concluyó que su muerte se dio a consecuencia de laceraciones multivicerales, traumatismos múltiples, ocasionados por artefacto explosivo.

48.3. Y con los Certificados Médicos Legales N.o 044472-V y 044472-V –páginas 597 y 599– suscritos por el médico Luis Carlos Salas Mayta ratificado en el plenario –página 4344–, practicados a los agraviados Giancarlo Berastain Morales y Jesús José Berrocal Durand, el 16 de agosto de 2015, respectivamente concluyen que presentan signos de lesiones traumáticas corporales recientes, entre otras, quemaduras en distintas partes del cuerpo, y para poder pronunciarse se solicitó informe de la evaluación por oftalmología, y por cirugía plástica con diagnósticos finales.

Está la Historia Clínica N.° 62155, Informe Médico N.° 250-2016, emitido por el departamento de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, con diagnóstico de “perforación de membrana timpánica, trauma acústico y conducta bilateral”, del agraviado Berastain Morales, e Informe Médico N.° 469924 –con Informe Médico N.° 256-16, con diagnóstico de perforación timpánica bilateral, trauma acústico referido a lo ocurrido el 15 de agosto de 2015; siendo las documentales de los numerales 17.6., 17.7. y 17.8., oralizadas en el plenario –página 4617–.

49. Siguiendo la pauta metodológica fijada en el fundamento 16 de la presente resolución suprema, corresponde analizar los reclamos de los citados delitos; esto es, el reclamo del recurrente Ángel Epifanio Ortiz Taipe, descrito en el motivo 3.6., se analiza con los motivos 4.1., y 4.4., del recurrente Miguel Ángel Gonzales Campos. Ambos reclaman que no se ha especificado cuál de las seis modalidades del artículo 279 del Código Penal se les atribuye.

Asimismo serán analizados con el motivo 3.7., del recurrente Ortiz Taipe con el motivo 4.6 del recurrente Gonzales Campos. Ambos, niegan haberse agenciado de material explosivo que ocasionaron la muerte y lesiones a los efectivos policiales agraviados. Es decir, implícitamente los recurrentes reclaman infracción a la motivación de las resoluciones judiciales, porque no se habría analizado cada uno de los elementos objetivos y subjetivos de los delitos antes citados.

50. La Constitución Política del Perú, en el numeral 5, del artículo 139 prescribe, son principios y derechos de la función jurisdiccional: “5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias […]”, concordante con el numeral uno, del artículo ocho, de la Convención Americana de Derechos Humanos y al principio de legalidad, previsto en el artículo 2, numeral 24, apartado d) parte final de la Constitución Política del Perú y articulo II, del Título Preliminar del Código Penal.

51. Con relación, a esta garantía constitucional –motivación de las resoluciones judiciales–, la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en la sentencia del 5 de agosto de 2008, Caso Apitz Barbera y otros versus Venezuela, en su fundamento 77, reitera su línea jurisprudencial, respecto a la motivación, entendida como “[…] la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. En la misma línea, el Tribunal europeo, en el caso Suominen versus Finland, señaló: “el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta Administración de Justicia”.

52. El Tribunal Constitucional, en la sentencia del 17 de octubre de 2005, Expediente N.° 06712-2005-PHC (fundamento 10), estableció que el contenido del numeral 5, del artículo 139, de la Constitución, entre otros, que toda resolución que emita una instancia que resuelva conflictos debe estar debidamente motivada, pues a través de sus considerandos establece la ratio decidendi (razón para decidir) por la cual llega a una determinada conclusión.

53. En esa misma línea, en el Expediente N.° 728-2008 -PHC/TC, fundamento 7, caso Llamoja Hilares, ha desarrollado el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, y en el numeral d) motivación insuficiente, estableció lo siguiente:

Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la «insuficiencia» de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

54. En este marco de la normatividad jurídica y línea jurisprudencial, nacional e internacional, es claro que el juez al dictar sentencia debe motivar y adecuar su pronunciamiento al principio de congruencia; es decir, lo decidido debe guardar coherencia y correspondencia con lo pretendido, incorporado y actuado en el proceso penal.

55. Dicho lo anterior, conforme aparece de la acusación fiscal –página 2994–, oralizada en el juicio oral, sesión cuatro del diecisiete de abril de dos mil dieciocho –página 3720–, por los hechos descritos en el fundamento 1, a los recurrentes, se les acusó por los delitos de tenencia ilegal de materiales explosivos, homicidio calificado y lesiones graves, vía concurso real de delitos.

56. El razonamiento realizado por el Tribunal Superior –descrito en los fundamentos 2.7., al 2.17. de la presente resolución suprema– en los extremos de los delitos de tenencia ilegal de material explosivo, homicidio calificado y lesiones graves, contiene una motivación insuficiente, pues para concluir que se encuentra acreditada la comisión de los citados delitos, y responsabilidad penal de los recurrentes, se limitó a sostener que habrían adquirido dicho material explosivo, sin estar debidamente autorizados, y bajo esa misma premisa haber ocasionado la muerte y lesiones a los efectivos policiales perjudicados.

57. Puntualmente debe subrayarse que conforme a los hechos descritos en el fundamento 1, de la presente resolución suprema, se les atribuye a los imputados ÁNGEL EPIFANIO ORTIZ TAIPE y MIGUEL ÁNGEL GONZALES CAMPOS una pluralidad de delitos, en el que a título de imputación el delito de tenencia ilegal de material explosivos, habría sido el medio para causar la muerte y las lesiones a los agraviados en el que resulta necesario establecer si operó o no un concurso real de delitos o un concurso aparente de leyes.

58. Es pertinente destacar, sobre el tema Cuello Contreras1, cita la opinión de Stratenwerth:

Si el autor realiza con su conducta sólo un tipo penal, la correspondiente amenaza penal determina inequívocamente el marco dentro del cual ha de mantenerse la sanción; todo lo demás, especialmente la determinación de la pena, pertenece a la teoría de las consecuencias del injusto penal. Sin embargo, si aquel ha conculcado varios preceptos, habrá que aclarar primero, en qué relación se encuentra los preceptos entre sí: la aplicación de uno de ellos podrá excluir la de otro o varios; en cuyo caso se habla de concurrencia inauténtica o concurso de leyes. Pero puede ser que varios preceptos pretendan ser aplicados conjuntamente; es decir, se encuentren en concurrencia auténtica. Y la mayor coherencia estriba en que evita con ello la atribución a la norma del concurso de una función autónoma, ajena al contenido del presupuesto del tipo de la parte especial y, sobre todo, a la determinación de la pena en él contenida.

59. Es decir, tal como se presenta delimitado el cuadro fáctico respecto a los tres tipos penales, el Colegiado Superior deberá analizar la correspondencia para determinar y/o aclarar en qué tipo penal o tipos penales se subsumen los hechos, aplicando el principio de especialidad, si concurre un concurso real o concurso aparente de normas, entre los delitos de tenencia ilegal de material explosivo, homicidio calificado, lesiones graves, e incluso si se subsume a otros tipos penales.

60. Resulta de relevancia central en este caso analizar el Informe Técnico N.° 226-2015-REGION POLICIAL-LIMA/DIVEME-UDEX-SITEX, suscrito por el perito Alejandro Óscar Estaquio Herrera, en tanto, que el citado al concurrir al plenario –página 4345– señaló que este material explosivo debe ser activado. Sin embargo, para resolver este caso, la información proporcionada es incompleta, pues dado los testimonios que se tiene respecto a cómo habrían sucedido los hechos, es necesario que el representante del Ministerio Público como titular de la carga de la prueba proceda a interrogarlo sobre el procedimiento que debe llevarse a cabo para la activación del material explosivo, estableciendo si es posible dejar activado dicho material, y por cuánto tiempo, dado que este –material– causó la muerte y lesiones a los agraviados. Entonces, es útil que el órgano de prueba concurra a plenario para que explique lo señalado.

61. En consecuencia, al haberse incurrido en infracción a la motivación de las resoluciones judiciales (motivación insuficiente), impide a este Tribunal Supremo, analizar los demás motivos de agravio y establecer más allá de toda duda razonable la inocencia o responsabilidad de los recurrentes respecto a los citados delitos, incurriéndose en causal de nulidad, prescrita en el numeral uno, del artículo doscientos noventa y ocho, del Código de Procedimientos Penales, que prescribe se declarará la nulidad cuando:

“1) Cuando en la sustanciación de la instrucción, o en la del proceso de juzgamiento, se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisiones de trámites o garantías establecidas por la ley procesal penal […]”.

62. Por último, debe llevarse a cabo un nuevo juicio oral por otro Colegiado, en el que se actuaran las pruebas que resulten necesarias para un real esclarecimiento de los hechos, conforme a las precisiones descritas en la presente resolución suprema.

63. Por otro lado, respecto a los encausados Ángel Epifanio Ortiz Taipe y Miguel Ángel Gonzales Campos, se constata que han sido condenados en concurso real por los delitos de usurpación agravada, tenencia ilegal de material explosivo, homicidio calificado y lesiones graves, a treinta y cinco años de pena privativa de la libertad.

Este Supremo Tribunal, ha resuelto declarar no haber nulidad la sentencia del 9 de agosto de 2018, en el extremo que condenó a los recurrentes Ángel Epifanio Ortiz Taipe, Miguel Ángel Gonzales Campos, y Fidel Pablo Ramos Pariguana como autores del delito de usurpación agravada, a cinco años de pena privativa de la libertad, a cada uno de los nombrados, que para los dos primeros de los nombrados, se computa desde el 15 de agosto de 2015,
–conforme a las constancias de notificación del mandato de detención de páginas 425 y 388– y el último, a partir del 9 de agosto de 2018, que vencerá el 8 de agosto de 2023 –conforme al escrito de página 3428 se encuentra interno desde el 16 de junio de 2016 por otro proceso penal–.

Entonces, al haberse declarado nula la citada sentencia, respecto a los Ortiz Taipe y Gonzales Campos, por los delitos de tenencia ilegal de material explosivo, homicidio calificado y lesiones graves, y al haber vencido la condena impuesta por el citado delito, corresponde ordenar su excarcelación.

Sin perjuicio de ello, en salvaguarda del proceso, para que no sufra dilaciones indebidas, a causa de una posible inconcurrencia a las citaciones que haga la Sala Penal correspondiente, resulta necesario dictar medidas de aseguramiento del proceso. En tal sentido, los procesados quedan sujetos a las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin previo conocimiento de la Sala Penal Superior. b) Concurrir al local de la Sala Penal Superior las veces que sea requerido. c) Concurrir al Centro de Control Biométrico de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, cada treinta días, a fin de registrar su asistencia, bajo apercibimiento de ley, en caso de incumplimiento.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del 9 de agosto de 2018, emitida por la Sala Superior Especializada en lo Penal Descentralizada Transitoria del distrito de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, en los extremos siguientes:

a) CONDENÓ a ÁNGEL EPIFANIO ORTIZ TAIPE y MIGUEL ÁNGEL GONZALES CAMPOS, como autores del delito contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación agravada, en perjuicio de la empresa Inversiones Monte Surco Grande S.A.C., representada por Thessa María Lina Navarro Grau Dyer, y como tal, les impone cinco años de pena privativa de la libertad, que computada desde el 15 de agosto de 2015 –conforme a las constancias de notificación del mandato de detención de páginas 425 y 388– al haber vencido el 14 de agosto de 2020, corresponde su exarcelación.

b) CONDENÓ a FIDEL PABLO RAMOS PARIGUANA como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de usurpación agravada, en perjuicio de la empresa Inversiones Monte Surco Grande S.A.C., representada por Thessa María Lina Navarro Grau Dyer, a cinco años de pena privativa de la libertad efectiva, que computada desde el 9 de agosto de 2018 y vencerá el 8 de agosto de 2023; –conforme al escrito de página 3428 se encuentra interno desde el 16 de junio de 2016 por otro proceso penal–.y,

c) Fijó por concepto de reparación civil en la suma de S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles), a favor de la empresa Inversiones Monte Surco S.A.C., representada por Thessa María Lina Navarro Grau Dyer, monto que deberán pagar en forma solidaria los sentenciados Ortiz Taipe, Gonzales Campos, Ramos Pariguana, Olarte Chocca, Onofre Mayhua, Cárdenas Suca, Miranda Guardia, Ocaña Shuan, Padilla Sacha, Cárdenas Suca, y Miranda Guardia en ejecución de sentencia; y,

II. NULA la citada sentencia en los siguientes extremos que:

a) CONDENÓ a los encausados ÁNGEL EPIFANIO ORTIZ TAIPE y MIGUEL ÁNGEL GONZALES CAMPOS, como autores del delito la seguridad pública – peligro común, en la modalidad de tenencia ilegal de materiales explosivos, en agravio del Estado y como tal, se les impuso seis años de pena privativa de la libertad; y, fijó por concepto de reparación civil en la suma de S/ 1,000.00 (Mil con 00/100 soles), a favor del Estado, representado por la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, que deberán pagan en forma solidaria los citados sentenciados en ejecución de sentencia.

b) CONDENÓ a los encausados ÁNGEL EPIFANIO ORTIZ TAIPE y MIGUEL ÁNGEL GONZALES CAMPOS, como autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en agravio del occiso suboficial superior PNP Carlos Jesús Vera Tordoya y como tal se les impone veinte años de pena privativa de la libertad; y fijó por concepto de reparación civil en la suma de S/ 50 000,00 (Cincuenta mil con 00/100 soles), a favor de los herederos legales del citado occiso, que serán cancelados en forma solidaria por los antes citados en ejecución de sentencia.

c) CONDENÓ a los encausados ÁNGEL EPIFANIO ORTIZ TAIPE y MIGUEL ÁNGEL GONZALES CAMPOS, como autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves, en agravio del suboficial brigadier PNP Jesús Berrocal Durand y suboficial de segunda PNP Giancarlo Berastain Morales; y como tal, les impuso cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva; y, fijó por concepto de reparación civil en la suma de S/ 25 000,00 (Veinticinco mil con 00/100 soles), a favor de cada uno de los citados agraviados que deberán pagan en forma solidaria los citados sentenciados en ejecución de sentencia.

III. MANDARON se realice un nuevo juicio oral –respecto a los delitos de tenencia ilegal de explosivos, homicidio calificado y lesiones graves por Colegiado en el que se actuaran las pruebas que resulten necesarias para un real esclarecimiento de los hechos, y conforme a las precisiones descritas en la presente resolución suprema.

IV. ORDENARON se proceda a la inmediata libertad de los sentenciados ÁNGEL EPIFANIO ORTIZ TAIPE y MIGUEL ÁNGEL GONZALES CAMPOS siempre y cuando no exista en su contra, orden o mandato de detención emanada por autoridad competente. Los citados procesados, quedan sujetos a las siguientes reglas de conducta: a) No variar de domicilio sin previo conocimiento de la Sala Penal Superior. b) Concurrir al local de la Sala Penal Superior las veces que sea requerido. c) Concurrir al Centro de Control Biométrico de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, cada treinta días, a fin de registrar su asistencia, bajo apercibimiento de ley, en caso de incumplimiento.

V. En consecuencia, SE OFICIE vía fax, medio electrónico u medio idóneo a la Sala Penal correspondiente de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, para los fines legales consiguientes; y, los devolvieron.

Intervino el juez supremo Bermejo Rios, por licencia del juez supremo Guerrero López.

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