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HOMICIDIO : Diferencias entre dolo eventual y culpa consciente.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 1817-2019
LIMA SUR

No haber nulidad en la condena y el pago solidario de la reparación civil. Haber nulidad en la pena

La distinción entre un delito por dolo eventual y otro culposo es que en el primero el agente prevé las consecuencias de su conducta, circunstancia presente en la acción del impugnante. Respecto a la pena, no se soslaya que la conducta del impugnante tuvo como antecedente una situación violenta, circunstancia que justifica la reducción de la pena. Finalmente, se acreditó el vínculo de dependencia laboral entre el agente y los terceros civiles, por lo que estos últimos responden solidariamente respecto a la reparación civil.

Lima, diez de noviembre de dos mil veinte

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por Edwin Vivanco Quirare –condenado–, Errol Aylas Marquiño y Armando Molina Flores –terceros civiles– contra la sentencia emitida el ocho de febrero de dos mil diecinueve por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que condenó a Vivanco Quirare como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio simple-dolo eventual –artículo 106 del Código Penal–, en agravio de quien en vida fue Rafael Chuquihuanga Chuquicóndor, y le impuso catorce años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 80 000 –ochenta mil soles– el monto de pago solidario por concepto de reparación civil.

Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos del recurso

A. De Edwin Vivanco Quirare –folios 921-936–

1.1. Interpuso el recurso de nulidad en virtud del literal a) del artículo 292 concordante con el inciso 5 del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales. Pretende que se revoque la sentencia y que se le condene por homicidio culposo.

1.2. Sostuvo que las agresiones fueron iniciadas por el occiso y un grupo de personas, quienes estaban ebrias, motivo por el que se defendió y realizó disparos disuasivos. Como las agresiones persistieron, tras escalar una pared, el impugnante cayó y el arma disparó accidentalmente al agraviado.

1.3. Agregó que el Colegiado no justificó el monto impuesto como reparación civil.

B. De Errol Aylas Marquiño –folios 951-957– y Armando Molina Flores –folios 959-966–

1.4. Ambos terceros civiles cuestionaron la cantidad de la reparación civil. Adujeron que el Colegiado no motivó sobre qué concepto la fijó en S/ 80 000 –ochenta mil soles– si los gastos por sepelio ascendieron solo a S/ 1000 –mil soles–.

1.5. Señalaron que el Colegiado no compulsó debidamente la declaración de Vivanco Quirare, quien indicó que ni Aylas Marquiño ni Molina Flores sabían que aquel tenía un arma, por lo que fue iniciativa de Vivanco Quirare traerla; entonces, su conducta no se realizó en el ejercicio del cargo –no fue contratado como personal armado–. Agregaron que tampoco debió soslayarse que Vivanco Quirare disparó como víctima de agresiones y no como seguridad.

Segundo. Opinión fiscal –folios 62-65 del cuadernillo de nulidad–

Mediante el Dictamen fiscal número 984-2019-MP-FN-1FSP, el representante de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal opinó porque se declare no haber nulidad en la sentencia recurrida.

Tercero. Hechos imputados

3.1. El veintiocho de septiembre de dos mil catorce, a las 2:30 horas, el occiso Chuquihuanga Culquicóndor se encontraba al costado de la pared perimétrica del Estadio Chalhuanca –sito en avenida Veintisiete de Diciembre 123, Tablada de Lurín, Villa María del Triunfo–, mientras presenciaba un concierto de cumbia. Circunstancia en la que dos personas procuraron ingresar al local, pero fueron intervenidas por la seguridad, quienes los golpearon. El occiso junto a otras personas les reprocharon su accionar, por lo que un miembro de seguridad –Vivanco Quirare– disparó contra el grupo ocasionando la muerte del agraviado.

3.2. En el decurso de las investigaciones se demostró que el concierto fue organizado por Aylas Marquiño, quien contrató los servicios de personal de seguridad por intermedio de Armando Molina Flores.

Cuarto. Fundamentos de este Tribunal Supremo

A. Respecto a Rafael Chuquihuanga Culquicóndor

4.1. En cuanto a los alegatos de Vivanco Quirare, se advierte que no impugna su responsabilidad penal, sino la calificación del tipo penal –aduce que debe ser condenado por homicidio culposo y no por homicidio por dolo eventual–.

4.2. La distinción entre un homicidio por dolo eventual respecto a uno culposo es que en el primero el agente puede prever que su conducta ocasionará un resultado lesivo para un bien jurídico, mientras que en el segundo caso no. Para acreditar dicha posibilidad deberán compulsarse los medios de prueba incorporados en el decurso del proceso.

4.3. En ese sentido, se acreditó que Vivanco Quirare tenía un arma con licencia –Informe número 2433-2014–, por lo que sabía bajo qué circunstancias su uso constituía un riesgo para otras personas.

4.4. Se advierte –folios 180 y 205– que entre el occiso –quien permanecía fuera del local– y Vivanco Quirare –quien estuvo dentro del local como seguridad– existía una pared perimétrica. Frente a las agresiones del occiso y otras personas, Vivanco Quirare adujo que realizó disparos disuasivos. Pero esto no está probado.

4.5. Lo que sí se corroboró fue que, frente a las agresiones, el impugnante disparó hacia la pared del interior del local –Dictamen Pericial de Inspección Criminalística número 1188, a folios 178-179– y después trepó el muro para sujetarse con una mano y con la otra realizar disparos hacia el frontis del local –uno de estos impactó en el occiso–.

4.6. Ello se corrobora con las declaraciones de los testigos directos Luis Octavio Chuquihuanga Chamba y Segundo Noel Chuquihuanga Chamba, quienes en el devenir del proceso sostuvieron de manera uniforme que Vivanco Quirare fue quien se aposentó en el muro y disparó hacia el grupo que aquellos formaban junto con su tío el occiso.

4.7. Se desestima el alegato de que dichos testigos fueron parciales–por ser sobrinos del fenecido– porque Fredy Meléndez López –folio 791–, quien también fue testigo directo, señaló que el día del hecho vio una mano por encima de la pared y después escuchó un disparo; manifestación periférica que dota de verosimilitud la declaración realizada por los sobrinos del occiso. En consecuencia, se desvirtúa el alegato de que Vivanco Quirare realizó disparos disuasorios.

4.8. Para justificar el disparo, el impugnante sostuvo que al trepar la pared fue alcanzado por una botella, lo que propició que perdiera el equilibrio y accionara el arma accidentalmente, lo que ocasionó el deceso de Chuquihuanga Culquicóndor.

4.9. Esta justificación es inverosímil porque: i) no se acreditó que Vivanco Quirare sufriera lesiones como consecuencia de las agresiones y ii) la actitud del impugnante de aposentarse en una pared y disparar hacia un grupo de personas –corroborado con la declaración de los testigos directos– supuso un riesgo para estas, circunstancia que le era conocida tal, como señaló en juicio oral–folio 720–.

4.10. En consecuencia, ni existió disparo accidental ni hubo homicidio culposo, pues el impugnante sabía que su acción creó un riesgo y como tal previó las consecuencias, por lo que su conducta fue dolosa.

4.11. Respecto a la pena, el Colegiado le impuso catorce años de pena privativa de libertad. Ubicó la pena en el tercio intermedio–diez años y ocho meses y quince años y cuatro meses– porque Vivanco Quirare incurrió en dos circunstancias de agravación y una de atenuación –literales f) y m) del inciso 2 y literal a) del inciso 1 del artículo 46 del Código Penal, respectivamente–.

4.12. Sin embargo, no debe perderse de vista que la conducta del impugnante fue producto de una discusión en la que el occiso y compañía agredieron a los miembros de seguridad con palos y botellas.

4.13. Como tal, Vivanco Quirare disparó para reprimir o controlar una situación violenta, circunstancia que matiza las agravantes apuntadas por el Colegiado. Por ello –y para no desnaturalizar la individualización de la pena por tercios– la pena debe revocarse y fijarse en diez años de privación de libertad.

B. Respecto a Errol Aylas Marquiño y Armando Molina Flores

4.14. En cuanto a la motivación de la reparación civil, el Ministerio Público solicitó S/ 132 000 (ciento treinta y dos mil soles) –acusación (folios 517-615)– sobre la base del lucro cesante –el dinero dejado de percibir por el occiso durante diez años–. El Colegiado señaló que el monto de la reparación civil no puede ser hipotético.

4.15. Pero sí consideró el daño emergente, por lo que impuso S/ 1000–mil soles–, monto ascendente a los gastos de sepelio. De igual manera, consideró el daño moral. En efecto, la responsabilidad civil cumple una función aflictivo-consolatoria, por lo que debe existir una indemnización para mitigar los efectos del daño. Si bien, por la naturaleza no cuantificable del bien jurídico –vida– no puede establecerse un monto exacto, se advierte que la esposa del occiso, Mercedes León Estacio –folio 725–, señaló en juicio oral que la muerte de su esposo la afectó psicológicamente. Premisa que también se infiere respecto a los hijos del fallecido, Ofelia y Jorge Luis Chuquihuanga León. En ese sentido, el daño moral justifica los S/ 79 000 –setenta y nueve mil soles–, por lo que el monto de la reparación civil fue suficientemente justificado.

4.16. Respecto al argumento de que Vivanco Quirare disparó como vícitma y no como seguridad –máxime si no fue contratado como personal armado–, por lo que su conducta no fue en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio, debe indicarse que se acreditó que Vivanco Quirare fue contratado por los impugnantes –terceros civiles– para resguardar el local el día del concierto –así, obra el recibo de este contrato (folio 236) y la lista de la relación del personal (folio 234)–, con lo que se acreditó su dependencia laboral. Esta relación de sujeción no puede omitirse, lo que justifica que los terceros civiles sean responsables solidariamente.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad en parte con la opinión del señor fiscal supremo en lo penal:

I. DECLARARON HABER NULIDAD en el extremo de la sentencia emitida el ocho de febrero de dos mil diecinueve por la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur en que, condenando a Edwin Vivanco Quirare como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud-homicidio simple-dolo eventual –artículo 106 del Código Penal–, en agravio de quien en vida fue Rafael Chuquihuanga Chuquicóndor, y fijando en S/ 80000 –ochenta mil soles– el pago solidario de la reparación civil con los terceros civilmente responsables Errol Aylas Marquiño y Armando Molina Flores, le impuso catorce años de pena privativa de libertad; y, reformándola, le impusieron diez años de pena privativa de libertad, cuyo cómputo se iniciará desde el momento en que sea detenido y puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente.

II. MANDARON que se devuelva el expediente a la Corte de origen y dispusieron que se notifique a las partes personadas en este proceso.

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