ACTOS CONTRA EL PUDOR : Derecho fundamental a un juez imparcial
4 septiembre, 2021
La revictimización en los delitos de abuso sexual de niños y adolescentes – Lenguaje estereotipado de género
7 septiembre, 2021

VIOLACIÓN SEXUAL : La conformidad como “situación excepcional” que determina la reducción punitiva en los delitos sexuales.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 1997-2019
LAMBAYEQUE

La conformidad como “situación excepcional” que determina la reducción punitiva en los delitos sexuales

La Sentencia Plenaria Casatoria número 01-2018/CIJ-133 ha establecido con carácter vinculante que la pena de cadena perpetua, prevista en el artículo 173 del Código Penal, no es inconstitucional, pero que corresponde al juez penal ser muy riguroso en la determinación e individualización de la pena. Sin embargo, esto último no es absoluto, pues el fundamento 29 de dicha sentencia posibilita aminorar la pena cuando concurran “situaciones excepcionales”, como las que constituyen una regla de reducción de la pena por bonificación procesal.

La conformidad, según definición del Acuerdo Plenario número 5-2008/CIJ-116, importa la pronta culminación del proceso –en concreto, del juicio oral–, a través de un acto unilateral del imputado y su defensa: el reconocimiento de los hechos objeto de imputación, concretados en la acusación fiscal, y la aceptación de las consecuencias jurídicas penales y civiles; también es posible, dentro del marco de la aceptación de los cargos, un cuestionamiento y ulterior debate procesal, en cuanto se refiere a la pena y la reparación civil (conformidad relativa). Toda conformidad, si reúne los requisitos legalmente establecidos, tiene como efecto el beneficio de reducción de la pena.

El impedimento de aplicar la conformidad como regla de reducción punitiva, establecido en el artículo 372, numeral 2, del Código Procesal Penal, colisiona con el derecho constitucional de igualdad ante la ley, previsto en el artículo 2, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, sobre lo cual existe en Sede Suprema consolidada y reiterada posición jurisprudencial.

En la sentencia de vista recurrida se plantea esta situación para aminorar la pena, pero los fundamentos que lo sustentan no se condicen con lo establecido en el acotado fundamento 29, excepto por el reconocimiento de los hechos imputados, efectuado por el sentenciado en el juicio oral, que importa una motivación aparente en dichos extremos; lo que conlleva declarar fundado y casar la sentencia de vista.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, seis de agosto de dos mil veintiuno

VISTOS: el recurso de casación interpuesto por la representante del Ministerio Público contra la sentencia de vista del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en el extremo que revocó la pena de cadena perpetua

impuesta al sentenciado José Martín Mesta Alama en la sentencia de primera instancia del once de julio de dos mil diecinueve y, reformándola, le impuso veinticinco años de pena privativa de libertad, y confirmó dicha sentencia en los extremos en que se condenó al mencionado sentenciado como autor del delito contra la libertad sexual y violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales M. K. N. B., así como la reparación civil fijada; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el señor juez supremo Coaguila Chávez.

FUNDAMENTOS DE HECHO

I. Del procedimiento en primera y segunda instancia

Primero. Mediante requerimiento de acusación fiscal, del primero de abril de dos mil diecinueve, el Ministerio Público formuló acusación contra José Martín Mesta Alama por la comisión del delito contra la libertad, violación de la libertad sexual, violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales M. K. N. B., y solicitó que se le imponga la pena de cadena perpetua, inhabilitación por el plazo de diez años –consistente en la prohibición de comunicarse con la víctima y sus familiares–, tratamiento terapéutico, y el pago de la suma de S/ 10 000 (diez mil soles) por concepto de reparación civil.

Segundo. Por sentencia contenida en la Resolución número 8, del once de julio de dos mil diecinueve (foja 22), el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque condenó a José Martín Mesta Alama como autor del delito contra la libertad sexual en su figura de violación sexual de menor de edad, en agravio de la persona identificada con las iniciales M. K. N. B., y le impuso la pena de cadena perpetua, inhabilitación por el plazo de diez años –consistente en la prohibición de comunicarse con la víctima y sus familiares– y el pago de la suma de S/ 5000 (cinco mil soles) por concepto de reparación civil; con lo demás que al respecto contiene.

Tercero. Contra la mencionada sentencia, la defensa técnica del sentenciado interpuso recurso de apelación (foja 35), la cual fue concedida por auto contenido en la Resolución número 9, del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve (foja 42), disponiéndose que se remitan los autos al superior en grado.

Cuarto. Verificada la audiencia de control de apelación, no se incorporaron ni actuaron medios probatorios, realizándose solo el interrogatorio al sentenciado, así como las alegaciones finales del señor fiscal superior y el abogado defensor, según consigna el acta correspondiente (foja 49).

En ese sentido, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través de la sentencia de vista contenida en la Resolución número 14, del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (foja 54), confirmó la sentencia de primera instancia en los extremos de la condena impuesta a José Martín Mesta Alama como autor del delito contra la libertad sexual en su modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales M. K. N. B., así como la reparación civil fijada; revocó el extremo de la pena impuesta de cadena perpetua y, reformándola, impuso al procesado veinticinco años de pena privativa de libertad.

Quinto. Frente a la decisión revocatoria de la sentencia de vista mencionada, la fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía Superior de Apelaciones de Lambayeque interpuso el recurso de casación del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 67), en el que invocó las causales que describen los numerales 3, 4 y 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal. Dichos agravios se circunscriben a cuestionar la decisión del Tribunal Superior, de reformar y rebajar la pena impuesta, pues invocó la Sentencia Plenaria número 1-2018 (sobre los alcances de la determinación de la pena en los delitos sexuales) de manera sesgada, ya que de su fundamentación no se desprenden argumentos para reducir la pena, toda vez que, erradamente y para aminorar la pena, consideró la existencia de cercanía afectiva entre la partes y que no medió violencia física, porque existió un contexto de confianza y la víctima otorgó un supuesto consentimiento, con base en las conclusiones de la pericia psicológica practicada a la menor.

Mediante Resolución número 15, del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 83), el recurso interpuesto fue admitido, lo que conlleva que el expediente judicial sea remitido a este Tribunal Supremo.

II. Trámite del recurso de casación

Sexto. Recibido formalmente el expediente por este Tribunal Supremo, mediante decreto del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (foja 29 del cuaderno de casación), se dispuso correr traslado a las partes procesales por el término de ley. Culminada esta etapa, se señaló fecha para la calificación del recurso impugnatorio. Es así que, mediante auto de calificación del diez de junio del dos mil veinte (foja 37 del cuaderno de casación), se declaró bien concedido el recurso de casación por las causales previstas en los numerales 3 y 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal.

Séptimo. Instruidas las partes procesales de la admisión del recurso de casación, conforme al cargo de entrega de las cédulas de notificación correspondientes, mediante resolución del ocho de junio de dos mil veintiuno (foja 40 del cuaderno de casación), se señaló la realización de la audiencia de casación, que se realizó mediante el aplicativo Google Hangouts Meet, para el catorce de julio de dos mil veintiuno, con la sola presencia de la señora fiscal suprema adjunta de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal. Una vez culminada, se produjo la deliberación de la causa en sesión secreta, en virtud de la cual, tras la votación respectiva, el estado de la causa es el de expedir sentencia, cuya lectura se fijó para el seis de agosto de dos mil veintiuno, con las partes que asistan, en concordancia con el artículo 431, numeral 4, del Código Procesal Penal

III. Fundamentos del recurso de casación

Octavo. El Ministerio Público fundamentó el recurso de casación (foja 67) y vinculó sus agravios con las causales contenidas en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal; el Colegiado Supremo determinó que es materia de cuestionamiento solo el extremo de la determinación de la pena y apreció que:

8.1. El Juzgado Colegiado impuso al procesado la pena de cadena perpetua indicando que no existía fundamento alguno para la disminución de la sanción penal por debajo de lo señalado en la norma; en cambio, el Tribunal Superior disminuyó la pena argumentando que las relaciones sexuales se dieron con el consentimiento de la agraviada, y varió sin motivación un hecho declarado probado por el Juzgado; añadió que no existía una pericia psicológica del daño en la menor y valoró la condición de primario del sentenciado, para reformar la pena y fijarla en veinticinco años.

8.2. Los argumentos del Órgano Colegiado carecen de sustento legal y la sentencia plenaria casatoria que invocó fue desnaturalizada, pues esta, además de los fundamentos legales para la disminución de la pena, indica como fundamentos excepcionales criterios preventivos que reduzcan la necesidad de una pena basados en situaciones psicológicas extraordinarias del agente, como su historia personal y condicionantes sociales, extremos que deberán ser debidamente acreditados. Solo en estos casos se realizará una reducción de forma excepcional, lo que no se verifica en la sentencia de vista. Se aprecia que existe interés casacional en revisar si la reducción de la pena realizada por la Sala Penal de Apelaciones carece de fundamentos legales y se aparta de la doctrina jurisprudencial consolidada por este Supremo Tribunal. Por tales razones, declaró bien concedido el recurso, vinculado a las causales 3 y 5 del Código Procesal Penal.

IV. Hecho materia de imputación

Noveno. Para ubicarse en el contexto factual que da origen a la controversia materia de grado, se tiene que el Ministerio Publico le atribuye al procesado José Martín Mesta Alama la calidad de autor directo del delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales M. K. N. B., de doce años de edad, quien resulta ser su sobrina materna. Este hecho ocurrió el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, aproximadamente a las 19:00 horas, en el interior del domicilio de la menor, ubicado en la calle Mariano Melgar número 200, pueblo joven Ricardo Palma, Chiclayo; al cual acudió el sentenciado, debido a la familiaridad existente entre ellos y, aprovechando que la madre de la menor se encontraba durmiendo en uno de los cuartos, accedió sexualmente a la menor por la vía anal (introduciendo su miembro viril en el ano de la menor). Debido a la minoría de edad de la víctima, el hecho le ha ocasionado perjuicio en su desarrollo psicosexual.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Décimo. La garantía de la motivación de las resoluciones judiciales ha sido materia de pronunciamiento en reiterada jurisprudencia. Implica que las decisiones judiciales estén justificadas de manera interna y externa, esto es, que lo que se decida como consecuencia del proceso esté sustentado en razones coherentes, objetivas y suficientes, explicitadas en la resolución1. Esta garantía se encuentra expresamente reconocida en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, según el cual es principio de la función jurisdiccional: «La motivación escrita de las resoluciones judiciales, en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan». En el mismo entido, en el fundamento jurídico undécimo del Acuerdo Plenario número 06-2011/CJ-116, los jueces supremos integrantes de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República expresaron lo siguiente:

La motivación, por cierto, puede ser escueta, concisa e incluso –en determinados ámbitos– por remisión. La suficiencia de la misma –analizada desde el caso concreto, no apriorísticamente– requerirá que el razonamiento que contenga, constituya lógica y jurídicamente, suficiente explicación, que permita conocer, aun de manera implícita, los criterios fácticos y jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión [sic].

Decimoprimero. La motivación, en sentido amplio, también comprende la fundamentación de la pena en el ámbito de su determinación legal y judicial, esto es, que la decisión adoptada se encuentre igualmente fundamentada. Solo de este modo la decisión punitiva adoptada podrá ser controlada tanto por las partes como por la propia comunidad. Este último aspecto es una garantía política en un Estado de derecho y se relaciona con el derecho que tienen todos los ciudadanos, independientemente de su vinculación con el caso, a criticar las resoluciones judiciales. Su observancia estricta por los fiscales y jueces dota de legitimidad secundaria al sistema de justicia.

Decimosegundo. Este Tribunal Supremo considera que en un Estado constitucional de derecho, que propugna que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana y el respeto a su dignidad, la determinación judicial de la pena no se agota con un análisis legal tasado de la pena, sino que debe aplicarse considerando los principios básicos para su determinación, como son los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad, establecidos en los numerales II, IV, VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal; ya que la debida aplicación al caso específico de las normas legales que se inspiran en dichos principios permitirá una imposición de pena que, vinculando al hecho punible, la participación del procesado y el bien jurídico afectado, no resulte tan gravosa que supere la propia gravedad del delito cometido, pero que tampoco sea tan leve que entrañe una infrapenalización de los delitos y una desvaloración de los bienes jurídicos protegidos.

Decimotercero. En ese sentido, se tiene en cuenta, en primer orden, que la Sentencia Plenaria Casatoria número 01-2018/CIJ-433 ha establecido como conclusiones con carácter vinculante, respecto a la determinación de la pena en los delitos sexuales, las siguientes:

13.1. “A. El artículo 173 del Código Penal no contempla una pena inconstitucional (cadena perpetua). No existen razones definitivas o concluyentes, desde el principio de proporcionalidad, para estimar que la pena legalmente prevista para el delito de violación sexual de menores de edad no puede ser impuesta por los jueces penales”.

13.2. “B. Corresponde al juez penal ser muy riguroso en la determinación e individualización de la pena. En tal virtud, debe seguir las disposiciones fijadas en los artículos 45, 45-A y 46 del citado código y los demás preceptos del Código Penal y del Código Procesal Penal, con influencia en la aplicación, determinación e individualización de la pena (párrafos 21 – 14). Estas expresan las reglas de rango ordinario, que afirman los principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad, propios del derecho penal en su relación con el derecho constitucional. El párrafo 26 de esta sentencia plenaria debe tomarse en especial consideración”.

13.3. “C. No son aplicables los denominados «factores para la determinación del control de proporcionalidad de la atenuación». Estos no se corresponden con las exigencias jurídicas que guían la determinación y aplicación de las penas. La ley penal y el conjunto del derecho objetivo tienen previstas las reglas respectivas, ya indicadas en el párrafo anterior”.

13.4. “D. La pena de cadena perpetua debe ser aplicada en sus justos términos. Siempre es posible una opción individualizadora y de menor rigor en situaciones excepcionales. Al respecto, es de tener presente el párrafo 29 de esta sentencia plenaria”.

Decimocuarto. Cabe precisar que, si bien la pena de cadena perpetua debe ser aplicada en sus justos términos, siempre es posible una opción individualizadora y de menor rigor en situaciones excepcionales. En ese sentido, el fundamento 29 de la acotada sentencia plenaria ha orientado la determinación de tales situaciones excepcionales; así, se glosa que:

29. Es verdad que en este tipo delictivo [violación sexual de menor de edad] se está ante una conminación penal absoluta –admitida desde consideraciones de prevención general– aunque siempre con ayudas resocializadoras y la oportunidad de reintegración social […], pero también es cierto que es posible reconocer, e imponer, ante situaciones excepcionales […], una pena privativa de libertad temporal, aunque de uno u otro modo esencialmente grave (artículo 29 del Código Penal).

La excepcionalidad se podría presentar, primero, cuando concurre al hecho una causa de disminución de punibilidad o es aplicable una regla de reducción de la pena por bonificación procesal; y, segundo, cuando se presentan circunstancias especialmente relevantes desde criterios preventivos que reduzcan sensiblemente la necesidad de pena –aunque en este caso, obviamente, la respuesta punitiva será mayor que en el primer supuesto y su aplicación tendrá lugar en casos especialmente singulares o extraordinarios–. Pueden servir para ubicar estas situaciones excepcionales el desarrollo psicológico concreto del agente –su historia personal desde el prisma de exámenes psicológicos especialmente rigurosos–, y, entre otros, los condicionantes sociales extremos que padeció –acreditados con pericias o informes sociales fundamentados que razonablemente expresen un nivel de sociabilidad diferenciado y complejo–, de suerte que permitan reducir sensiblemente la necesidad y, en su caso, el merecimiento de pena.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Decimoquinto. Desde la perspectiva de los razonamientos precedentes y conforme al hecho acreditado que ha conllevado el dictado de una sentencia condenatoria, es claro que la pena de cadena perpetua impuesta al sentenciado se condice con los principios de legalidad, lesividad y culpabilidad, en la medida en que se encuentra taxativamente prevista en el artículo 173 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley 30838, y se ha vulnerado el bien jurídico tutelado de la indemnidad sexual, pues la conducta reprochable del sentenciado está acreditada y no se presenta ninguna eximente de responsabilidad; por lo demás, la imputación ha sido reconocida por este último.

Decimosexto. En el presente caso, el Colegiado Superior ha considerado la presencia de situaciones excepcionales que justifican la reducción de la pena de cadena perpetua impuesta al sentenciado, tales como: a) el hecho se produjo en un entorno familiar con bastante cercanía afectiva, sin implementarse violencia o amenaza, lo que denota un contexto de confianza de la menor al procesado; b) la menor reconoció que las relaciones fueron con su consentimiento; c) no existe una pericia psicológica de la menor que determine su afectación emocional; d) el procesado reconoció que cometió los hechos, mostró arrepentimiento y se disculpó con la víctima; adicionalmente, se trata de un agente primario. Sin embargo, las situaciones indicadas en los cuatro literales en modo alguno pueden reputarse como las situaciones excepcionales a las que se refiere el acotado fundamento 29 de la referida sentencia plenaria, para aminorar la pena abstracta. No solo ello, se trata de un delito que atenta contra el bien jurídico de la indemnidad sexual, respecto al cual existe la posición doctrinal y jurisprudencial definida y consolidada de que resulta inaceptable considerar el consentimiento en las relaciones sexuales con menores de catorce años como circunstancia para atenuar la pena, dado que, por su edad, no han alcanzado la madurez suficiente para autodeterminarse sexualmente; en ese orden de ideas, la ausencia de una pericia psicológica que determine la afectación emocional de la menor tampoco puede justificar una reducción de pena, pues basta con recurrir a las máximas de la experiencia para, razonadamente, asumir que un abuso sexual sí deja una secuela negativa en la conducta del menor que lo haya padecido, lo que en la mayoría de los casos conlleva tratamiento psicológico o psiquiátrico.

Decimoséptimo. Situación distinta es la que se presenta con el reconocimiento expreso del procesado de los cargos que se le imputan, avalado por su abogado defensor, pero solicitando que sea debatida la pena, conforme es de verse de la audiencia de juzgamiento del nueve de julio de dos mil diecinueve (ver foja 17 del cuaderno de casacón); no obstante que el Juzgado Colegiado le hizo conocer previamente la posibilidad de que el proceso termine mediante conclusión anticipada, pero sin reducción de pena, de conformidad con el numeral 2, último párrafo, del artículo 372 del Código Procesal Penal, modificado por Ley número 309632; asimismo, se dejó constancia de que el representante del Ministerio Público manifestó que había llegado a un acuerdo con el acusado y su abogado defensor, quien aceptó los cargos discrepando en cuanto a la pena (ver numeral 1.3 de la sentencia de primera instancia, foja 29 del cuaderno de casación).

Resulta pertinente precisar, además, la posición final de las partes, expuesta en la audiencia de apelación de sentencia, en cuya acta (foja 49 del cuaderno de casación) se consigna que la pretensión impugnatoria del sentenciado apelante era que se reduzca la pena de cadena perpetua a una pena temporal de treinta y cinco años de pena privativa de libertad, bajo el argumento que la Sentencia Casatoria número 01-2018 establece la posibilidad de imponer una pena temporal; por su parte, el representante del Ministerio Publico se allanó al pedido final del sentenciado e indicó que comparte el criterio de la defensa y que debería aplicarse lo previsto en el artículo 29 del Código Penal.

Decimoctavo. Para dilucidar el presente grado, corresponde tener en cuenta el criterio valorativo asumido en la doctrina consolidada por la Corte Suprema, que es la prevalencia del principio constitucional de igualdad ante la ley3, frente al criterio de gravedad abstracta por el tipo de delito cometido. El respeto de este principio está vinculado con la prohibición de toda forma de discriminación. El ámbito constitucional de la prohibición de discriminación es abierto e implica toda forma de discriminación, cualquiera sea su índole4. Esta limitación no está definida en la Constitución en su forma directa ni indirecta5. En su forma directa ha sido definida como: “La diferencia de trato de las personas en situaciones análogas básicamente similares y basadas en una característica identificable o estatus6. Para efectos de su determinación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido un test de discriminación7. Por consiguiente, una diferencia legal de trato por razón del delito, atendiendo a consideraciones de prevención general, deviene en discriminatoria.

Esta línea de interpretación, se verifica puntualmente en el Acuerdo Plenario número 04-2008/CJ-116, el cual estableció que los jueces penales están plenamente habilitados para pronunciarse, si así lo juzgan conveniente, por la inaplicación del párrafo segundo del artículo 22 del Código Penal, si estiman que dicha norma introduce una discriminación –desigualdad de trato irrazonable y desproporcionada, sin fundamentación objetiva suficiente–, que impide un resultado jurídico legítimo; en esa orientación se tiene también las Casaciones número 1662-2019-Lambayeque, del veintiuno de marzo de dos mil diecinueve; número 133-2017- Lambayeque del diecinueve de junio de dos mil diecinueve, y número 336-2016-Cajamarca, del catorce de junio de dos mil diecisiete.

De la misma manera, el Acuerdo Plenario número 04-2016/CIJ-116, en el que deja sentado que la aplicación del numeral 2 (último párrafo) del artículo 372 del Código Procesal Penal, modificado por Ley número 30963, en cuanto excluye de la reducción punitiva cuando el agente se acoge a la confesión sincera, porque es reincidente o habitual en el delito, contraviene el derecho fundamental a la igualdad, como también al principio de proporcionalidad.

Decimonoveno. Ahora bien, la conformidad, según definición del Acuerdo Plenario número 5-2008/CIJ-116, importa la pronta culminación del proceso –en concreto del juicio oral– a través de un acto unilateral del imputado y su defensa: el reconocimiento de los hechos objeto de imputación, concretados en la acusación fiscal, y la aceptación de las consecuencias jurídicas penales y civiles; también es posible, dentro del marco de la aceptación de los cargos, un cuestionamiento y ulterior debate procesal en cuanto se refiere a la pena y la reparación civil (conformidad relativa). Estableciendo que toda conformidad, si reúne los requisitos legalmente establecidos, tiene como efecto el beneficio de reducción de la pena8, de lo que se desprende que la conformidad sincera importa una renuncia a la actuación de pruebas y al derecho a un juicio público; lo que, desde la perspectiva de una política criminal legislativamente aceptada, determina una respuesta punitiva menos intensa y constituye, conjuntamente con la terminación anticipada, la colaboración eficaz o la confesión sincera, una de las modalidades del derecho premial que conlleva la reducción punitiva por bonificación procesal.

Vigésimo. En ese sentido, en el presente caso se evidencia lo siguiente:

20.1. La restricción de la regla de reducción de la pena por bonificación procesal por conformidad procesal –establecida en el numeral 2, último párrafo, del artículo 372 del Código Procesal Penal, modificado por Ley 30963– constituye una contravención al derecho fundamental a la igualdad ante la ley, derecho fundamental establecido en el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, por lo que no corresponde aplicarse al caso concreto.

20.2. Así las cosas, resulta válido el reconocimiento del cargo imputado por parte del sentenciado al inicio del juicio oral, lo que importa una conformidad procesal, la cual constituye una de las situaciones excepcionales permitida en el fundamento 29 de la Sentencia Plenaria Casatoria número 01-2018/CIJ-133 y debió conllevar una reducción de la pena abstracta.

Vigesimoprimero. Por consiguiente, en el presente caso, la Sala Penal de Apelaciones se valió de circunstancias erradas para aminorar en forma excesiva la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia de primera instancia, lo que conlleva que la sentencia de vista contenga una motivación aparente en el extremo de la determinación de la pena concreta a imponer. Este extremo denota un apartamiento injustificado del precedente vinculante establecido en la Sentencia Plenaria Casatoria número 01-2018/CIJ-133 y, en forma derivada, en el artículo 173 del Código Penal, modificado por Ley 30838, sin soslayar la aplicación de la conformidad procesal, única circunstancia en que el beneficio premial debe conllevar la reducción prudencial de la pena establecida en la sentencia de primera instancia, la cual se encuentra permitida por la aludida sentencia plenaria casatoria y respaldada por el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, que regula el derecho a la igualdad ante la ley. En este sentido, corresponde determinar el quantum de la rebaja de la pena por la concurrencia de una circunstancia de atenuación; al respecto, la reducción de la pena debe realizarse por debajo del mínimo legal de la pena abstracta fijada para el delito de que se trate. Sin embargo, dicha disminución debe ser prudencial. Para ello, se tiene que recurrir ineludiblemente a la aplicación del principio de proporcionalidad de la pena, conforme al artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, lo que implica que se consideren las circunstancias del caso, para que la pena disminuida a imponer no sea irrazonable.

DECISIÓN

Por las razones expuestas, los señores jueces supremos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación de la representante del Ministerio Público contra la sentencia de vista del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, emitida por la Segunda Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en el extremo que revocó la pena de cadena perpetua y, reformándola, le impuso veinticinco años de pena privativa de libertad.

II. En consecuencia, CASARON la aludida sentencia de vista, en el extremo impugnado, y actuando en sede de instancia REVOCARON sentencia contenida en la Resolución número 8, del once de julio de dos mil diecinueve, en el extremo que impuso la pena de cadena perpetua al sentenciado José Martín Mesta Alama, como autor del delito contra la libertad sexual, violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales M. K. N. B.; y, reformándola, le impusieron treinta y cinco años de pena privativa de libertad, que computados desde la fecha de su detención, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, vencerá el veintidós de octubre de dos mil cincuenta y tres; con lo demás que contiene.

III. DISPUSIERON que la presente sentencia sea leída en audiencia privada, se notifique a las partes personadas en esta Sede Suprema y se publique en la página web del Poder Judicial.

IV. MANDARON la devolución del expediente al órgano jurisdiccional de origen y que se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema. Hágase saber.


1 Sentencia de Casación número 1382-2017, del diez de abril de dos mil diecinueve, fundamento octavo.
2 Publicada en el diario oficial El Peruano en su edición del dieciocho de junio de dos mil diecinueve.
3 Consagrado en la Constitución, con el siguiente texto: “Artículo 2°: toda persona tiene derecho: […] 2. A la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, situación económica o de cualquiera otra índole”.
4 Se ha asumido la cláusula general de prohibición en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se refiere al goce de derechos y libertades, sin distinción basada en cualquier situación. Cfr. TIDH, caso Savez crkava Riječ života y otros vs. Croatia 2010, § 103; (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-102173).
5 Se ha definido la discriminación indirecta para describir los efectos perjudiciales de la desproporción de una política o medida general que, a pesar de estar sustentada en términos neutrales, tiene un efecto discriminatorio particular en un grupo determinado. Cfr.
D.H. y otros vs. República Checa. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001- 83256%22]}
6 Tribunal Europeo de Derechos Humanos: (Biao v. Denmark). http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163115
7 El método de determinación de una situación discriminatoria es el siguiente: 1. ¿Ha
habido una diferencia de trato de las personas en situaciones análogas o relevantemente similares? 2. Si es así, ¿dicha diferencia -o ausencia de diferencia– se encuentra objetivamente justificada? En particular, a. ¿Esta diferencia persigue un objetivo legítimo? b. ¿Los medios empleados son razonablemente proporcionales para el objetivo perseguido? Cfr. al respecto los casos: Molla Sali vs. Grecia 2018 – §
135 (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-188985); Fabris vs. Francia, 2013, § 56 (https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116716); D.H. y otros vs. República Checa, 2007, § 175 (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83256); Hoogendijk vs. Países Bajos, 2005 (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68064).
8 Extractos de los fundamentos 8 y 22 del Acuerdo Plenario número 5-2008/CJ-116 del dieciocho de julio de dos mil ocho.

DESCARGA RESOLUCIÓN AQUÍ:

Pin It on Pinterest