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Homicidio calificado : Suficiencia probatoria para condenar – Disminución de la pena por responsabilidad restringida

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.° 78-2020
LIMA ESTE

Homicidio calificado, suficiencia probatoria para condenar. Disminución de la pena por responsabilidad restringida

I. Los medios de prueba acopiados, desde una perspectiva de mutua imbricación, revelan de forma inconcusa la participación de las encausadas en la muerte de la menor agraviada. La sentencia ha cumplido con los principios constitucionales de motivación suficiente, debido proceso y tutela judicial efectiva. Se encuentran objetivamente señalados los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten sustentar la condena penal impuesta. Por ello, los argumentos de defensa sostenidos por las recurrentes no son estimables y corresponde confirmar la sentencia venida en grado.

II. Se advierte que en la determinación de la sanción el órgano jurisdiccional no tuvo en cuenta que sobre las encausadas concurre la causal de atenuación referida a la responsabilidad restringida por razón de la edad, normada en el artículo 22 del Código Penal; toda vez que, a la fecha de los hechos, contaban con diecinueve años de edad. Tal situación permite establecer que la pena impuesta transgrede los principios de proporcionalidad y razonabilidad, deficiencia que es pasible de ser reducida por este Tribunal Supremo, en el marco de lo regulado en el artículo 300, numeral 1, del Código de Procedimientos Penales y en salvaguarda de los principios de legalidad, proporcionalidad, lesividad y culpabilidad, previstos en los artículos II, IV, V, VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal, que se erigen como fundamento normativo de la determinación judicial de la pena.

Lima, veintiséis de abril de dos mil veintiuno

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de las encausadas Yolanda Stephany Milagros Sulca Asín y Damary Janeth Leilha Flores Camus contra la sentencia del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (foja 1408), emitida por la Sala Penal Descentralizada Permanente de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que las condenó por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de Ariana Adallhi Andrade Cores; le impuso a cada una diecisiete años de pena privativa de libertad y fijó como reparación civil la suma de S/ 80 000 (ochenta mil soles), que deberán abonar en forma solidaria. De conformidad en parte con el dictamen del señor fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el señor juez supremo Coaguila Chávez.

CONSIDERANDO

§ I. Expresión de agravios

Primero. La defensa de la sentenciada Yolanda Stephany Milagros Sulca Asín, en su recurso de nulidad del veintinueve de octubre de dos mil diecinueve (foja 1450), denunció la vulneración de las garantías y derechos constitucionales de la motivación de las resoluciones, presunción de inocencia y legalidad penal. Precisó lo siguiente:

1.1. La condena se basó en indicios contingentes, pese a no probar los hechos base. No es posible establecer que accionó contra el cuerpo de la agraviada, asunto medular para la determinación de su responsabilidad. No existe ningún testigo, además de su persona y su coimputada Flores Camus, que haya presenciado el hecho criminal en la loza deportiva (escena del crimen), lugar donde el autor confeso y sentenciado Roberto Carlos Carrera Julcarima expresó que dopó a la víctima y, en ese estado, la lesionó de muerte con un ladrillo. La inspección técnico-policial del veintisiete de julio de dos mil dieciocho no es un elemento incriminatorio contra su patrocinada; por el contrario, ratifica el testimonio del autor confeso y sentenciado, quien en juicio oral dijo: “Yo soy el único responsable”, y detalló la verdad de los hechos. Agregó que no pudo ejercer ninguna acción contra la agraviada, dada su propia condición de mujer gestante con amenaza de aborto, conforme se acredita con el Informe médico-ginecológico oralizado en el proceso.

1.2. La Sala Superior realizó una ilegal valoración de su declaración en fase preliminar, donde precisó supuestos detalles del caso y se autoinculpó bajo manipulación y amenazas por parte del autor confeso y sentenciado Roberto Carlos Carrera Julcarima, quien valiéndose de su posición ventajosa, por el manejo de información respecto a sus familiares, la coaccionó y amenazó de muerte, conforme se acreditó con las cartas que el citado sentenciado le remitió.

1.3. Desde iniciado el juicio oral, ratificó su inocencia y atribuyó la verdadera autoría a Carrera Julcarima, lo que no fue valorado por la Sala Superior. Además, al brindar su manifestación, no contó con un abogado defensor, pese a haberlo solicitado, recortándose su derecho a la defensa, por lo que, para fines judiciales, su declaración deviene en ilegal e improcedente.

1.4. Para sustentar la responsabilidad de su patrocinada, la Sala otorgó valor a las declaraciones brindadas en fase preliminar por familiares, las cuales no aportan reales elementos de juicio; se trataría de sus padres, hermanas, hermanos y primos, así como parientes del autor confeso y sentenciado Roberto Carlos Carrera Julcarima, testigos no presenciales, cuya manifestación estuvo dirigida en razón de la coartada debidamente planificada por este. Asimismo, cuestionó la valoración de las pruebas periciales practicadas que realizó la Sala Superior, así como las diligencias de confrontación.

Segundo. Por su parte, la defensa de la sentenciada Damary Janeth Leilha Flores Camus, en su recurso de nulidad del treinta de octubre de dos mil diecinueve (foja 1463), postuló como objeto del recurso que se revoque la sentencia y, reformándola, se absuelva a su patrocinada. Sustentó su pretensión en las inconsistencias del relato acusatorio que fundamenta la recurrida, motivación insuficiente y subjetiva, así como presión mediática. Puntualizó lo siguiente:

2.1. En la imputación no obra declaración de su patrocinada, por encontrarse oculta por muchos meses. Solo rindió su declaración en juicio oral, momento en que expresó su inocencia y precisó que estuvo en el lugar de los hechos por llamado insistente de su amiga, la encausada Sulca Asín, con quien observó cómo el sentenciado Carrera Julcamari causaba la muerte de la agraviada.

2.2. Resaltó que el sentenciado Carrera Julcarima expuso los hechos con una conveniente manipulación a su favor y a favor de su coimputada Sulca Asín (pareja y madre de su hija). No se ha determinado cuál de los procesados causó la muerte, hecho que niega y que solo obedece a lo declarado originalmente por sus coimputados, quienes en juicio oral modificaron sus dichos.

2.3. No tenía motivación para actuar en contra de la agraviada, como sí la tenían sus coprocesados. Es entendible que, ante el dantesco hecho del que fue testigo, quedara absorta y sin voluntad para impedir tal accionar y menos huir.

§ II. Imputación fiscal

Tercero. La acusación fiscal del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve (foja 911) postula como hechos incriminados lo siguiente:

3.1. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, aproximadamente a las 21:45 horas, el imputado (sentenciado) Roberto Carlos Carrera Julcarima se comunicó vía WhatsApp con la agraviada occisa Ariana Adallhi Andrade Cores y la citó, para ese mismo día en el parque llamado “El Triángulo”, ubicado en el PP. JJ. Quirio, Chosica (a unas siete cuadras del domicilio del acusado). Tras ello, se comunicó por vía telefónica con su coacusada y enamorada Yolanda Stephany Milagros Sulca Asín, para indicarle sobre la cita programada. Previamente al encuentro, la acusada Sulca Asín alcanzó a su coencausado en el óvalo de Quirio, lugar donde le entregó un frasco con cloroformo y un pedazo de tela. En ese momento, el acusado le preguntó dónde se encontraban sus amigos, con relación a su coacusada Damary Janeth Leilha Flores Camus y el enamorado de esta, y le refirió que los iba a buscar.

3.2. Posteriormente, el acusado se dirigió a encontrarse con la agraviada, con quien conversó sobre su estado de gestación y sobre la gestación de la acusada Sulca Asín, pues ambas le atribuían la paternidad de sus respectivos hijos. Luego de unos minutos, el acusado Carrera Julcarima y la agraviada se trasladaron hasta el complejo Quirio –a dos o tres cuadras del parque–, donde el acusado advirtió la presencia de su coacusada Sulca Asín. Es así que, bajo el pretexto de miccionar, se alejó por un momento de la agraviada y se acercó a su coacusada, a quien le cuestionó su presencia en dicho lugar, razón por la que ella le indicó que sus amigos (la coacusada Flores Camus y su enamorado) habitaban por los alrededores, y el acusado le pidió que los busque.

3.3. Al regresar el acusado Carrera Julcarima al lugar donde se encontraba la agraviada, ambos continuaron conversando y discutiendo a la vez; luego el aludido encausado se alejó de la agraviada por segunda vez con el fin de miccionar; es así que, mientras retornaba, abrió el frasco que contenía el cloroformo y lo vertió en un paño. Acto seguido, se sentó al lado de la agraviada, la abrazó fuerte, le tapó la boca con el paño por un período aproximado de treinta segundos, hasta que ella se quedó dormida; entonces, la sujetó y se sentó a su lado para que no se desplome. Luego envió un mensaje a su coacusada Sulca Asín, comunicando que la agraviada ya se encontraba dormida, es por eso que ella y su coacusada Flores Camus acudieron a su llamado. Una vez reunidos, los acusados se

urnaron para buscar al sujeto conocido como Freddy, quien conduciría su vehículo para trasladar a la agraviada hasta el descampado denominado Callahuanca, con la finalidad de quitarle la vida. Pese a sus denodados esfuerzos, no lograron encontrar al referido sujeto; por que la acusada Sulca Asín propuso utilizar el vehículo de su padre, que se encontraba internado en una cochera.

3.4. Para tal fin, el acusado Carrera Julcarima se comunicó, vía mensajes, con su excuñado Cristian Alexander Castillo Gil, a quien mediante engaño hizo acudir a dicho lugar para que retire un vehículo de una cochera, a fin de utilizarlo para libar licor; asimismo, le ofreció el pago de S/ 50 (cincuenta soles). Seguidamente, el acusado se dirigió a su domicilio para retirar dinero, momento en el que dejó a la agraviada al cuidado de las acusadas.

3.5. En estas circunstancias, la agraviada empezó a despertar, por lo que la acusada Sulca Asín le tapó la boca para que no grite, pero esta empezó a defenderse y empujó a dicha acusada al suelo, lo que provocó un forcejeo entre ambas; sin embargo, la acusada Flores Camus intervino y empezó a revolcar por los suelos a la agraviada, hasta que logró agarrarle los brazos ejerciendo presión sobre el piso. En dicho momento, la acusada Sulca Asín tomó un ladrillo y lo tiró en la cabeza de la agraviada, situación que se repitió hasta en dos oportunidades. No obstante, la agraviada intentó defenderse y levantarse del piso; frente a lo cual, la acusada Flores Camus tomó un ladrillo y le golpeó la cabeza hasta en tres oportunidades; luego de ello, tomó su cabeza y la golpeó contra el piso, a fin de asegurar su muerte.

3.6. Al llegar el acusado Carrera Julcarima al lugar de los hechos, su coacusada Sulca Asín le preguntó si tenía el dinero, pues, con relación al homicidio de la víctima, la acusada Flores Camus le dijo que “ya lo había hecho”. Frente a ello, respondió que después lo iban a arreglar. Así, la acusada Flores Camus colocó una bolsa negra en la cabeza de la agraviada, para luego asfixiarla y asegurar su muerte. Seguidamente, el acusado Carrera Julcarima envió mensajes a su excuñado Castillo Gil, preguntándole dónde se encontraba, a lo que él le respondió que ya había llegado, por lo que la acusada Sulca Asín lo alcanzó a unos metros del lugar de los hechos para luego llevarlo a la cochera donde se encontraba el vehículo de su padre; sin embargo, el encargado de la cochera no permitió la salida del auto, por lo que la acusada Sulca Asín y Castillo Gil regresaron al lugar donde se encontraban sus coacusados con el cadáver de la víctima tendido en el suelo con una bolsa negra en la cabeza. Al advertir esto, Castillo Gil se asustó, cuestionó a los acusados por el hecho y procedió a retirarse del lugar.

3.7. Es así que los acusados acordaron de forma conjunta llevar el cadáver de la agraviada al canal de agua de Edegel, a unos metros del lugar, por lo que arrastraron el cuerpo de la agraviada. Al llegar, se encontraron con un muro de concreto y los acusados Carrera Julcarima y Flores Camus cargaron el cadáver para introducirlo por un hueco en la malla metálica, por donde finalmente lanzaron el cuerpo de la agraviada.

§ IV. Fundamentos del Tribunal Supremo

Cuarto. El derecho fundamental a la presunción de inocencia1, regulado en el artículo 2, inciso 24, literal e, de la Constitución Política del Perú garantiza, entre otros aspectos, que la sentencia condenatoria se sustente en una actividad probatoria suficiente, capaz de permitir alcanzar certeza de culpabilidad del acusado. Debe fundarse en auténticos hechos de prueba, que permitan generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no solo del hecho punible, sino también de la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado2.

Para tal fin, si bien el órgano jurisdiccional es soberano en la apreciación de la prueba, conforme el criterio de conciencia que la ley faculta, esta no puede llevarse a cabo sin limitación alguna, sino sobre la base de una actividad probatoria concreta –nadie puede ser condenado sin pruebas y que estas sean de cargo–, jurídicamente correcta –las pruebas han de ser practicadas con todas y cada una de las garantías que le son propias y legalmente exigibles–, se ha de llevar a cabo con arreglo a las normas de la lógica, las máximas de la experiencia –determinadas desde parámetros objetivos– o de la sana crítica, razonándola objetivamente3.

Quinto. Ahora bien, el objeto procesal del recurso de nulidad, por exigencia de los principios de rogación y de contradicción, queda delimitado a las alegaciones de hecho y derecho expresadas en los agravios4.

Se advierte que, en lo sustancial, las defensas de las procesadas cuestionan la actividad probatoria que sustenta la condena, la cual consideran insuficiente para generar certeza respecto al juicio de responsabilidad frente a los cargos imputados.

Sexto. Previamente al análisis y absolución de los agravios planteados por las recurrentes, conviene establecer que la materialidad del delito, esto es, la muerte de la agraviada Ariana Adallhi Andrade Cores se constituye en un hecho acreditado con grado de certeza, conforme el mérito del Acta de levantamiento de cadáver del veintiséis de julio de dos mil dieciocho (foja 201) y del Informe de Necropsia número 002513-2018 (foja 850), este último detalla las lesiones presentes en la zona de la cabeza de la agraviada y concluye que la muerte fue ocasionada por traumatismo encefalocraneano.

Séptimo. En cuanto a la determinación de la responsabilidad penal de las encausadas Yolanda Stephany Milagros Sulca Asín y Damary Janeth Leilha Flores Camus, respecto al hecho base atribuido (descrito en el considerando tercero de la presente resolución), se verifica a partir de la valoración conjunta de los siguientes medios de prueba: i) la declaración del testigo Cristian Alexander Castillo Gil, quien indicó en  fase preliminar (foja 106, con presencia del señor representante del Ministerio Público) que, tras acudir al llamado de Carrera Julcarima para un presunto servicio de movilidad, pudo observar a este junto con su enamorada, la imputada Sulca Asín, y otra chica (la coimputada Flores Camus) al lado de una joven tendida en el suelo (la menor agraviada), frente a lo cual Carrera Julcamari indicó: “No pasa nada, está borracha”, situación que conllevó que el testigo se retire del lugar y se dirija al domicilio del sentenciado Carrera Julcarima a dar aviso a sus familiares para auxiliar a la joven, pero al retornar al lugar no encontraron a nadie; ii) la manifestación de Fermín José Sulca Pariapaza (foja 91, en presencia del representante del Ministerio Público), padre de la encausada Sulca Asín, quien indicó, pese a tener conocimiento de que no estaba obligado a declarar, que efectivamente es titular de un vehículo automotor; también refirió que el día de los hechos su hija se dirigió a la casa de su amiga Damary (coencausada) y que al volver le comunicó que estuvo con su coencausado Carrera Julcarima; asimismo, señaló que la encausada le indicó que conocía que su coencausado y pareja sentimental Carrera Julcarima salía con otra chica y que, por intermedio de su esposa Gregoria Yanet Asín Ramírez, tomó conocimiento de que su hija, la encausada Sulca Asín, le refirió que iba a confesar lo que le habían hecho a la menor agraviada; iii) la manifestación de Yesica Noelia Araníbar Asín (foja 98, en presencia del representante del Ministerio Público), prima de la encausada Sulca Asín, quien señaló, pese a tener conocimiento de que no estaba obligada a declarar, que el día de los hechos acompañó a su tía, madre de la encausada Sulca Asín, a buscar a la agraviada, pues, al parecer, se había peleado con alguien, por lo que, al avanzar unas cuadras, encontraron a los familiares de Carrera Julcarima; además, indicó que, posteriormente, se dirigieron a la casa de Damary (coimputada); el dicho de esta testigo permite verificar las acciones desplegadas por los familiares de los encausados a partir de la comunicación que efectuara el testigo Cristian Alexander Castillo Gil; iv) la manifestación de Vianka Rossisella Carrera Julcamari (foja 102, en presencia del representante del Ministerio Público), hermana del sentenciado Carrera Julcamari, quien indicó, pese a tener conocimiento de que no estaba obligada a declarar, que conocía sobre la relación sentimental entre Carrera Julcarima y la menor agraviada occisa y también con la encausada Sulca Asín; agregó que el día de los hechos, en horas de la noche y madrugada del día siguiente, el encausado Carrera Julcarima se apersonó en su domicilio para retirar dinero; v) la manifestación de Lorena Mayte Sagastizábal Julcarima (foja 02), quien dio cuenta de la manera en que el testigo Cristian Alexander Castillo Gil puso en su conocimiento los hechos que había observado en relación con la muerte de la menor occisa; vi) la declaración del testigo Hugo Fernando Sáenz Muñoz, quien a nivel de juicio oral (Sesión de audiencia número XV, del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, foja 1259) ratificó lo depuesto en fase preliminar (foja 95), donde precisó que reside frente al complejo deportivo donde se suscitaron los hechos; precisó que el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en horas de la noche, vio que una pareja llegó caminando y se sentó en el complejo deportivo, el muchacho abrazaba a la joven; posteriormente, vio al muchacho solo y hablando por teléfono; tras ello, aproximadamente veinte o treinta minutos después, se acercaron dos féminas, a quienes identificó como las encausadas Sulca Asín y Flores Camus; vii) la declaración de Alicia Elena Cores Salhuana, madre de la menor agraviada (Sesión de audiencia número IX, del diez de julio de dos mil diecinueve, foja 1134), quien dio detalles respecto a la relación de su hija con el encausado Carrera Julcarima, con quien esperaba un hijo. Agregó que la encausada Sulca Asín llamaba a su hija constantemente para decirle que salga, que quería verla y conocerla en persona, porque también estaba embarazada; indicó además que habló por teléfono con ella; viii) la declaración de Wilder Alcántara Malca (Sesión de audiencia número X, del diecisiete de julio de dos mil diecinueve, foja 1170), perito encargado del Dictamen pericial de biología forense (foja 787), quien señaló en lo pertinente que en la zona donde fue tirado el cuerpo de la menor agraviada existe un desnivel, una barrera de un metro que representa cierta dificultad para arrojar un objeto; ix) la declaración de Alejandro Mesahuanca Peralta (Sesión de audiencia número XI, del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, foja 1195), quien efectuó la inspección técnico-policial del lugar de los hechos (foja 165), ratificó su contenido y describió los hallazgos encontrados (restos de sangre, piedras y un muro de 30 a 40 centímetros con manchas de color negro parduzco en la pared); x) el Informe Pericial de Examen Toxicológico número 690/18 (foja 826), realizado a los frascos de botellas que se encontraron entre los hallazgos de la inspección técnico-policial, cuya conclusión refiere que se encontraron muestras de cloroformo; y, xi) el Acta de recepción de celulares (foja 162) y la Visualización de mensajes del teléfono celular (foja 224), donde se verifica la comunicación entre la agraviada y el encausado Carrera Julcarima, respecto al embarazo de esta, situación que, refiere, también era de conocimiento de la encausada Sulca Asín, quien también se encontraba embarazada, motivo por el cual insistía en que abortara.

No se advierte que entre los citados testigos y las encausadas Sulca Asín y Flores Camus existan relaciones de animadversión o encono personal que los haya impulsado a formular datos concomitantes a una atribución delictiva de tal entidad, con el fin de perjudicarlas, más aún si, en algunos casos, se trata de familiares de Sulca Asín; por lo tanto, sus declaraciones revisten credibilidad subjetiva.

Aunado a ello, se verifica que las exposiciones brindadas se condicen y corroboran entre sí, a partir de las documentales incorporadas al plenario, que denotan un relato coherente, uniforme y circunstanciado. Se trata de hechos concretos y específicos. En este sentido, no se vislumbran contradicciones ni aspectos inverosímiles o contrarios a la lógica.

Octavo. Sumado a lo anterior, se tiene lo expuesto por el sentenciado Carrera Julcarima, quien a nivel preliminar (foja 111, continuada a foja 131, con presencia del representante del Ministerio Público y participación de abogado defensor, lo que reviste legalidad a dicha actuación, al amparo de lo normado en el artículo 62 del Código de Procedimientos Penales), nivel sumarial (como es de verse de la diligencia de reconstrucción, foja 592) y de juicio oral –al acogerse a los alcances de la conclusión anticipada del juicio oral, normada por Ley número 28122, supuesto jurídico que convoca la aceptación total e incuestionable de la imputación fáctica y jurídica formulada en su contra–, formuló una descripción precisa y detallada de la forma y circunstancias de los actos que conllevaron el fallecimiento de la menor agraviada y de las acciones que desplegaron sus coimputadas Sulca Asín y Flores Camus.

Si bien la declaración de un coimputado reviste entidad capaz de enervar la presunción de inocencia de la que está revestido todo justiciable, la valoración de dicha declaración merece especial cautela, dada su posición en el proceso,por cuanto no comparece como testigo, obligado como tal a decir la verdad. El Acuerdo Plenario número 02-2005/CJ-116, fundamento jurídico octavo, establece que, aun cuando se debe reconocer que el testimonio de un coimputado puede ser utilizado para formar la convicción judicial –no existe por ese hecho descalificación procedimental–, corresponde valorar varias circunstancias que se erigen en criterios de credibilidad –no de mera legalidad– y que apuntan a determinar si existen datos relevantes que las desnaturalicen o situaciones que expliquen que el coimputado podría mentir.

En el caso, no se verifica que, en su oportunidad, se desplegara cuestionamiento alguno destinado a establecer, a nivel subjetivo, un móvil espurio o animadversión en lo declarado por Carrera Julcarima; contrariamente, respecto a la encausada Sulca Asín, señaló mantener una relación sentimental con ella y encontrarse a la espera de un hijo; además, precisó que, tras ocurrir los hechos, viajaron juntos a la ciudad de Arequipa; en cuanto a la sentenciada Flores Camus, indicó conocerla de vista, por ser amiga de la procesada Sulca Asín, su pareja; no refirió conflicto o problema alguno que justifique la imputación de actos de esta envergadura.

Desde una perspectiva objetiva, lo expuesto por el citado sentenciado se condice con las pruebas actuadas a lo largo del proceso, conforme se ha descrito ut supra.

Noveno. La valoración conjunta de lo actuado aporta al esclarecimiento de los hechos y permite establecer, en lo sustancial, que: i) la encausada Sulca Asín era pareja del sentenciado Carrera Julcarima, con quien esperaba un hijo y que, además, conocía que la menor agraviada también se encontraba en estado gestacional, producto de la relación sentimental paralela que mantenía con el referido sentenciado, situación que generó que Sulca Asín buscara a la agraviada para tratar dicho tema y sobre la posibilidad de abortar; en el mismo sentido, se advierte que la encausada Flores Camus tenía conocimiento de dicha situación, dada la amistad que mantenía con su coencausada (indicio de móvil); ii) las encausadas Sulca Asín y Flores Camus se encontraban en el lugar de los hechos (Complejo Quirio, ubicado frente al domicilio del testigo Sáenz Muñoz) y en el momento exacto en que se acabó con la vida de la agraviada; dicho supuesto ha sido confirmado por las propias encausadas, quienes a lo largo del proceso afirmaron que presenciaron de manera directa cómo se le dio muerte a la menor y cómo se ocultó su cuerpo (indicio de presencia u oportunidad), y iii) los encausados intentaron trasladar el cuerpo de la menor agraviada, para lo cual solicitaron apoyo al testigo Cristian Alexander Castillo Gil, quien se comunicó tanto con el sentenciado Carrera Julcarima como con la encausada Sulca Asín; asimismo, que al movilizar el cuerpo de la menor agraviada a la zona donde fue arrojada se demandó la necesaria intervención de más de una persona, dada la altura del muro de concreto que había que superar y el peso del cuerpo. Lo que respalda el dicho del sentenciado conformado, respecto a que las encausadas Sulca Asín y Flores Camus lo ayudaron con el traslado del cuerpo (indicio de participación en el delito).

Los medios de prueba acopiados, desde una perspectiva de mutua imbricación, revelan de forma inconcusa la participación de las encausadas en la muerte de la menor agraviada. El órgano jurisdiccional erige sus resoluciones a partir de la prueba acopiada en el proceso, la que no está limitada a la prueba directa, sino también a la prueba indiciaria5.

Décimo. Para la defensa de Sulca Asín, la declaración brindada por el sentenciado conformado y testigo impropio Carrera Julcarima a nivel de juicio oral –etapa procesal en la que modificó la versión de los hechos que brindó a nivel de investigación policial e instrucción– resultaría idónea para restar valor acreditativo a la actuación probatoria que sustentó su condena.

Efectivamente, el sentenciado Carrera Julcarima, en su declaración en calidad de testigo impropio ante el plenario (Sesión de audiencia número IX, del diez de julio de dos mil diecinueve, foja 1134), varió la versión que esgrimió a lo largo del proceso (nivel preliminar, sumarial y de juicio oral, pues su acogimiento a la conclusión anticipada denota conformidad en la imputación) en cuanto a la participación de la sentenciada Sulca Asín, y se atribuyó la muerte de la menor Andrade Cores, con ayuda de la encausada Flores Camus.

No obstante, el cambio de versión del sentenciado, ahora exculpatoria para la encausada Sulca Asín, no reviste justificación lógica alguna ni tampoco encuentra respaldo en elemento de prueba capaz de enervar el mérito de su declaración primigenia, la cual encuentra correlato en la prueba personal y documental actuada durante el proceso.
Las cartas que exhibe la defensa como sustento del nuevo relato expuesto por el sentenciado Carrera Julcarima tampoco permiten establecer la veracidad de lo ahora esgrimido por este, pues, en todo caso, constituyen la expresión escrita de esta nueva versión.

Sin perjuicio de ello, es de precisar que la determinación de responsabilidad de la encausada Sulca Asín no se limita al mérito de lo declarado por su coimputado Carrera Julcarima, sino que se constituye en una pieza más del engranaje de pruebas de cargo actuadas que, valoradas en conjunto, permitieron establecer su participación en los hechos.

Undécimo. Por otro lado, la defensa cuestiona que la Sala sentenciadora se haya remitido a la valoración de las manifestaciones de familiares, adoptadas en fase de investigación policial, las cuales considera que no aportan reales elementos de juicio, por tratarse de manifestaciones brindadas con base en la coartada debidamente planificada por su coimputado Carrera Julcarima.

Lo esgrimido por la defensa merece ser rechazado. Las manifestaciones a las que hace referencia revisten aptitud probatoria plena, han sido recibidas con las garantías de ley, esto es, con presencia del representante del Ministerio Público (conforme lo regulado en el artículo 62 del Código de Procedimientos Penales), incorporadas y sometidas al contradictorio a partir de su oralización (al amparo de lo normado en el artículo 262 del Código de Procedimientos Penales), momento en que no fueron cuestionadas por las defensas; además, han superado los presupuestos de certeza exigidos por el Acuerdo Plenario número 02-2005/CJ-116 (como se ha desarrollado en el considerando séptimo de la presente). Su análisis no permite verificar orientación alguna destinada a respaldar cualquier coartada (la cual tampoco ha sido individualizada) y, por el contrario, coadyuva a establecer la conducta desplegada por los encausados con posterioridad a los hechos.

Duodécimo. La defensa también denuncia la vulneración de su derecho a la defensa. Alega que la Sala sentenciadora considera en su análisis la versión que brindó en su manifestación a nivel policial y que no contó con la presencia de un abogado, pese a haberlo requerido.

Contrariamente a lo expuesto por la defensa (foja 120), obra la manifestación policial de Sulca Asín, quien contó con la participación de su abogado de elección, Martín Cadiz Sánchez, con registro CAC número 6113. Posteriormente, obra la continuación de dicha manifestación (foja 126), en la que, si bien no se contó con la presencia del abogado de elección, la referida situación se debió a la inconcurrencia de este, conforme a la constancia expresa: “En este acto se deja constancia de la inconcurrencia de su abogado defensor el Dr. Martin Ricardo Cadiz Sánchez con Reg. CAC 6113, toda vez que la presente diligencia se había programado para el día 31 de julio de 2018 a las 08:00 de la mañana, habiéndose esperado una hora aproximadamente para dar inicio a la presente declaración”; no obstante, la encausada Sulca Asín expresó su conformidad con rendir la ampliación de su manifestación por contar la diligencia con la presencia del señor representante del Ministerio Público, así se advierte en la primera pregunta: “Si requiere la presencia de un abogado para rendir su presente manifestación? DIJO: No, ya que se encuentra presente la Fiscal”.

Se aprecia que ambas diligencias revisten las garantías de legalidad que la norma procedimental exige, no existe vulneración a derecho alguno; por lo que su postulación como argumento de defensa resulta tendencioso y falaz. Corresponde rechazar el agravio.

Cabe precisar que el relato esgrimido por la sentenciada Sulca Asín a nivel policial también fue expuesto por ella durante su evaluación psicológica, conforme se advierte del Dictamen pericial psicológico forense (foja 513), versión que encuentra correlato en lo manifestado por el sentenciado conformado Carrera Julcarima, quien detalló la forma y circunstancias en que se desarrollaron los hechos y su participación y la de su coencausada Flores Camus, lo que, además, se respalda con el mérito de la prueba actuada a lo largo del proceso.

Decimotercero. La defensa de Sulca Asín postula también un supuesto de coacción y amenaza en su contra por parte de Carrera Julcarima, situación que justificaría, por un lado, su permanencia en el lugar de los hechos mientras él ultimaba a la víctima y, por otro lado, el tenor de su declaración a nivel preliminar (autoinculpatoria).

Lo esgrimido por la defensa carece de respaldo probatorio alguno, no se condice con la actuación procesal desplegada por la citada encausada desde iniciadas las investigaciones, donde contó con representación legal de libre elección. Se verifica incluso (conforme versión que mantiene a nivel de juicio oral) que, tras suscitarse los hechos, viajó a la ciudad de Arequipa junto al sentenciado Carrera Julcarima, sin mediar coacción ni amenaza alguna.

Aunado a ello, se advierte que el Dictamen pericial psicológico forense en mención (foja 513), practicado inmediatamente después de suscitados los hechos, precisa como características de su examen mental que: “Su lenguaje es fluido, claro y comprensible con tono de voz adecuado y adecuada producción de palabras; su pensamiento es lógico y coherente, el mismo que se encuentra centrado en la realidad […]”, en cuanto a su personalidad refiere: “Tiende a ser obsesiva, agresiva, decidida, temeraria, calculadora, manipuladora, muy egocéntrica y celosa […]”. Concluye dicho examen en que la sentenciada Sulca Asín: “Presenta temperamento sanguíneo y rasgos prevalentes de poca tolerancia a la frustración, impulsividad, agresividad, inmadurez emocional y acendrado egocentrismo y con proclividad para trasgredir las normas y patrocines socialmente establecidos, asimismo es vivaz, calculadora, decidida y evasiva, en pocas palabras tiende a la falta de freno y tendencia a imponerse sobre los demás”.

Lo expuesto permite a este Tribunal Supremo establecer que la postulación de la defensa deviene en un mero argumento destinado a evadir su responsabilidad (indicio de mala justificación), por lo que merece ser desestimado. Los rasgos de personalidad de la encausada, sumados a su conducta procesal desde iniciados los actos de investigación, no permiten verificar la supuesta coacción o amenaza a la que hace referencia.

Si bien agrega que se encontró imposibilitada de ejercer acción alguna contra la agraviada, dada su propia condición de mujer gestante con amenaza de aborto, no se encuentra establecido que a la fecha de los hechos la encausada presentara dicha condición médica que limitaría el desarrollo de sus funciones motoras.

Decimocuarto. Por su parte, la defensa de la procesada Damary Janeth Leilha Flores Camus alegó la presencia de inconsistencias en el relato acusatorio, el cual no contó con su declaración, por encontrarse oculta de la justicia y se constriñe a lo declarado por sus coimputados Carrera Julcarima y Sulca Asín, quienes a nivel de juicio oral modificaron sus dichos.

Contrariamente a lo expuesto por la defensa, la versión esgrimida por el sentenciado conformado Carrera Julcamari, en cuanto a la intervención de Flores Camus –incluso a nivel de juicio oral como testigo impropio–, mantiene coherencia y uniformidad.

Este señaló haberse contactado con Flores Camus para que lo ayude con el aborto que pensaron practicarle a la menor agraviada, situación que salió fuera de control y conllevó la muerte de la víctima.

Decimoquinto. La procesada Flores Camus no negó que se encontraba en el lugar de los hechos mientras era finiquitada la vida de la menor occisa, si bien alegó haberse quedado absorta, sin voluntad para impedir tal accionar y menos huir, dada la gravedad del hecho y ante un presunto acto de coacción y amenaza en su contra por parte de Carrera Julcarima, su dicho por sí solo no reviste entidad suficiente capaz de enervar la actuación probatoria desplegada que permite identificar su participación en los hechos objeto de procesamiento; por el contrario, se configura en un indicio de mala justificación que, analizado de cara a los indicios desarrollados en el punto noveno de la presente, corroboran la conclusión judicial a la que se arribó.

La imputación formulada en su contra no se limita a lo depuesto por Carrera Julcarima y Sulca Asín, sino a la actuación probatoria acopiada durante todo el juzgamiento.

Decimosexto. En el marco de lo expuesto se advierte que, contrariamente a lo postulado por las defensas recurrentes, la sentencia ha cumplido con los principios constitucionales de motivación suficiente, debido proceso y tutela judicial efectiva. Se encuentran objetivamente señalados los fundamentos fácticos y jurídicos que permiten sustentar la condena penal impuesta contra Yolanda Stephany Milagros Sulca Asín y Damary Janeth Leilha Flores Camus, con arreglo a las normas de la lógica, las máximas de la experiencia y la sana crítica, a partir de la valoración conjunta de las pruebas recabadas durante el proceso incoado en su contra. Por ello, los argumentos de defensa sostenidos por las recurrentes no son estimables y corresponde confirmar la sentencia venida en grado.

Decimoséptimo. En cuanto a la pena impuesta, corresponde indicar que los hechos han sido tipificados en el artículo 108, numeral 3, del Código Penal, que establece como margen de conminación punitivo una sanción privativa de libertad no menor de quince años.

La Sala Penal Superior impuso a las encausadas Yolanda Stephany Milagros Sulca Asín y Damary Janeth Leilha Flores Camus diecisiete años de privación de libertad. No obstante, se advierte que en la determinación de la sanción el órgano jurisdiccional no tuvo en cuenta que sobre las encausadas concurre la causal de atenuación referida a la responsabilidad restringida por razón de la edad, normada en el artículo 22 del Código Penal; toda vez que, a la fecha de los hechos, contaban con diecinueve años de edad.

Frente a ello, no se verifican causales o circunstancias de agravación de la pena. Tal situación permite establecer que la pena impuesta transgrede los principios de proporcionalidad y razonabilidad, deficiencia que es pasible de ser reducida por este Tribunal Supremo, en el marco de lo regulado en el artículo 300, numeral 1, del Código de Procedimientos Penales y en salvaguarda de los principios de legalidad, proporcionalidad, lesividad y culpabilidad, previstos en los artículos II, IV, V, VII y VIII del Título Preliminar del Código Penal, que se erigen como fundamento normativo de la determinación judicial de la pena.

Por otro lado, la reparación civil ha sido fijada conforme al principio del daño causado.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve (foja 1408), emitida por Sala Penal Descentralizada Permanente de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que condenó a Yolanda Stephany Milagros Sulca Asín y Damary Janeth Leilha Flores Camus por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de Ariana Adallhi Andrade Cores.

II. DECLARARON HABER NULIDAD en la misma sentencia, en el extremo que impuso a las sentenciadas diecisiete años de pena privativa de libertad; reformándola, les IMPUSIERON catorce años de pena privativa de libertad, la cual se computará para Yolanda Stephany Milagros Sulca Asín desde el veintiséis de julio de dos mil dieciocho (foja 192) y vencerá el veinticinco de julio de dos mil treinta y dos; y para Damary Janeth Leilha Flores Camus, desde el seis de abril de dos mil diecinueve (foja 1009) y vencerá el cinco de abril de dos mil treinta y tres.

III. DECLARARON NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene.

IV. DISPUSIERON que la presente resolución sea publicada en la página web del Poder Judicial. Y los devolvieron.


1 Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 11.1, refiere: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Fundamento jurídico 6.
2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente número 01768-2009-PA/TC, del dos de junio de dos mil diez. Fundamento jurídico 6.
3 Conforme se ha desarrollado en el fundamento jurídico 6, del Acuerdo Plenario número 02-2005/CJ-116, del treinta de septiembre de dos mil cinco.
4 Sala Penal Permanente. Recurso de Nulidad número 4104-2010-Lima, del trece de junio de dos mil doce. Fundamento jurídico 22.
5 Conforme desarrolla el Acuerdo Plenario número 1-2006/ESV-22, del trece de octubre de dos mil seis, que estableció como precedente vinculante el fundamento cuarto del Recurso de Nulidad número 1912-2005/Piura.

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