VIOLACION SEXUAL : Absolución por ausencia de corroboración periférica de la sindicación de la víctima
17 septiembre, 2021
TID : Nulidad – La Sala no agotó los medios necesarios para llevar a cabo la visualización de un medio de prueba.
19 septiembre, 2021

VIOLACION SEXUAL : Absolución – Deber de esclarecimiento no se cumplió debido a la ausencia de corroboración periférica de la sindicación de la víctima.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
NULIDAD 1737-2019
SELVA CENTRAL

Nulidad de sentencia condenatoria por incumplimiento de deber de esclarecimiento

Sumilla. Se advierte la afectación del deber de esclarecimiento de los hechos, en el específico extremo de la vinculación del acusado con los actos acreditados de violación sexual en agravio de la menor; por lo que corresponde la anulación de la sentencia recurrida y el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro Colegiado Superior, donde deberán desarrollarse los actos procesales descritos; así como las demás actuaciones que resulten necesarias para el correcto esclarecimiento de los hechos, de conformidad con lo normado en el artículo 299 del Código de Procedimientos Penales.

Por lo que, en observancia con los principios de inmediación y contradicción, dichas actuaciones deberán ser materializadas en el nuevo juzgamiento.

Lima, siete de septiembre de dos mil veintiuno

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado Carlos Lagones Romero contra la sentencia del veinte de agosto de dos mil diecinueve (foja 1019), emitida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Satipo de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, que lo condenó como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales N. N. C., a quince años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 5000,00 (cinco mil soles) el monto por concepto de reparación civil, con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

DELIMITACIÓN DE AGRAVIOS

Primero. El sentenciado Carlos Lagones Romero, en su recurso de nulidad formalizado por escrito del tres de septiembre de dos mil diecinueve (foja 1050), solicitó su absolución frente a los cargos incoados en su contra. Denunció que la sentencia presenta una indebida valoración de los medios de prueba y no existe suficiencia probatoria para quebrar el principio de presunción de inocencia; así como la presencia de errores de razonamiento o incongruencia lógica. De conformidad con ello, sustentó:

1.1. La Sala Superior señaló la inexistencia de una declaración directa de la menor por lo que recurre a la manifestación de la madre de esta, lo cual es incorrecto pues sí existen declaraciones directas de la menor dadas en su referenciales ante el médico legista y la psicóloga, en donde nunca lo sindicó ni directa ni indirectamente, además de que dichas versiones sí fueron evaluadas por la Sala en la sentencia absolutoria a favor de su coimputado Wilder Jaime Hilario Ramírez.

1.2. El testimonio de referencia de la madre de la agraviada resulta ser contradictoria a las declaraciones de la menor, pues se aprecia falsedad.

1.3. En el Certificado Médico Legal N.° 000644 LS (foja 13) se consignó que la menor sindicó a una persona conocida como Varón y en autos se demostró que no es conocido como tal. Si bien se le imputada el mantener relaciones sexuales con la menor desde febrero de dos mil catorce, su coimputado en su manifestación indicó que la agraviada fue su enamorada desde febrero de dos mil catorce, por lo que la primera relación sexual referida bien puede estar vinculada con dicha relación sentimental.

1.4. La declaración referencial de la menor Noemí Pilar Chávez Solís es contradictoria con la declaración directa de la agraviada ante el médico legista y el absuelto Wilder Jaime Hilario. No se valoró tampoco de manera imparcial el Acta de Inspección Técnico Policial, según el cual los primeros días de febrero de dos mil trece no vivía en el lugar objeto de inspección por haberse mudado con su suegra.

1.5. En cuanto al Certificado Médico Legal N.° 02190-L, según el cual padece de condilomatosis humana refiere que la Sala no tuvo en cuenta el Certificado Médico Legal N.° 03063-L, practicado a su coimputado absuelto Wilder Jaime Hilario Ramírez, el cual concluye que padece de dicha enfermedad.

MARCO DE IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

Segundo. Conforme con la acusación fiscal postulada mediante dictamen del ocho de febrero de dos mil dieciséis (foja 446) se advierte que el hecho incriminado refiere lo siguiente:

2.1. Por el trabajo que realizaba el encausado Carlos Lagones Romero, de transporte público a bordo de su mototaxi color rojo plata llegó a conocer a la menor de iniciales N. N. C. (13 años), ahora fallecida, a quien desplazaba a su casa ubicada en el Centro Poblado de Pampa Tigre y del mismo Centro Poblado San Ramón. Se acusado se habría hecho enamorado de la menor y obligado a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad; la primera vez en el mes de febrero de dos mil catorce y desde entonces las relaciones sexuales habrían sido constantes. Asimismo, el imputado esperaba a la agraviada cerca del colegio a bordo de su mototaxi para irse juntos.

2.2. Cuando la menor se enteró que el acusado Carlos Lagones Romero tenía familia (conviviente Sheyla Yisela Flores Venturo de 16 años y un hijo de nombre Henry) decidió terminar la relación sentimental.

2.3. El dieciocho de abril de dos mil catorce, por la mañana, cuando la agraviada regresaba a su casa –a la altura del parque de San Ramón– se encontró con el procesado y este, al tener pleno conocimiento de dónde y con quién habría estado la menor los días 16, 17 y 18 de abril de 2014, le hizo un reclamo por celos, le quitó su celular y le propinó una cachetada. Ante esta situación, la menor habría tomado la decisión de quitarse la vida, para lo cual ingirió sustancias tóxicas (veneno para piña) y falleció el once de mayo de dos mil catorce.

Tercero. En cuanto a la calificación jurídica, el titular de la acción penal postuló la configuración del delito de violación sexual de menor de edad, previsto en el artículo 173, numeral 2, del Código Penal.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

Cuarto. La meta del proceso penal en un Estado constitucional no puede ser otra que la búsqueda de la verdad material –o, mejor dicho, de la verdad judicial–, acercarse a la verdad respecto del hecho punible y, en su caso, castigar al autor o partícipe de su comisión; por consiguiente, el fin del proceso es solucionar un conflicto, pero con una aplicación correcta de la regla de juicio y, luego, de una regla de derecho, cuya estructura es condicional (una reconstrucción posiblemente verdadera de hechos es una premisa necesaria para demostrar que la decisión es correcta, pero no es suficiente)1.

La consecución de tal fin exige el despliegue de una actividad probatoria capaz de permitir al juzgador alcanzar certeza en su percepción, pues solo la certeza en cuanto a la materialidad del delito y la participación del sujeto permitirá la imposición de una condena penal.

Quinto. En el presente caso, se verifica que el sentenciado Lagones Romero, mediante recurso de ciernes cuestiona, en lo sustancial, el mérito probatorio de lo actuado a lo largo del procesamiento y que sustentó la condena dictada en su contra, por considerar que la prueba incorporada a debate resulta insuficiente e incapaz de quebrar la presunción de inocencia de la que es titular. Garantía constitucional reconocida y normada en el artículo 2, inciso 24, literal e, de la norma fundamental2, según la cual toda persona es considerada inocente antes y durante el desarrollo del proceso penal.

Sexto. Conviene iniciar el presente análisis estableciendo que la materialidad del delito imputado, esto es, la vulneración de la indemnidad sexual de la menor agraviada, se encuentra efectivamente acreditada con la actuación probatoria coetánea recopilada; la misma que fue incorporada al contradictorio mediante su oralización, al amparo del artículo 262 del Código de Procedimientos Penales (sesión de audiencia número VIII, del ocho de agosto de dos mil diecinueve, foja 997).

6.1. El Certificado Médico Legal N.° 000644-LS (foja 13), practicado a la menor agraviada el veintiuno de abril de dos mil catorce, ratificado a nivel de instrucción (foja 353), el cual establece que la menor presenta: “1. Himen complaciente. 2. Ano con no signos de acto contranatura. 3. Condiloma acuminado”.

Además, se verifica en la data del citado certificado la siguiente descripción: “Usuaria refiere que persona conocida varón le invitó una gaseosa, se durmió, se despertó y se encontraba en su casa, refiere que le mantuvo tres días en su casa. Refiere que el día sábado se escapó de su casa del hombre”.

6.2. La ficha Reniec de la agraviada (foja 26) que permite establecer su minoría de edad al momento de los hechos (trece años).

6.3. El Informe Psicológico N.° 11-2014 MIMP-PNCVFS-CEM PANGOA (foja 31) practicado a la menor agraviada el veintidós de abril de dos mil catorce. Evaluación que concluyó en lo siguiente: “Luego de evaluar a N. C. N., de catorce años de edad, soy de la conclusión que la persona presenta una reacción al estrés agudo producido, sucedido por hechos traumáticos recientes. Lo que puede poner en riesgo el desarrollo emocional de la menor”.

6.4. El Informe Social N.° 018-2014-MIMP-PNCVFS-CEM PANGOA/TS-RMMC (foja 33), practicado el dos de mayo de dos mil catorce, que concluyó:

Menor N. C. N. (14), acompañada de su madre […], se acerca a la oficina del CEM PANGOA para dar a conocer que habría sido víctima de abuso sexual de parte de un sujeto. VII. Apreciación personal: Usuaria se encuentra en situación de ALTO RIESGO, habiéndose encontrado factores que ponen en riesgo su integridad como: Usuaria víctima de abuso sexual, además intentó suicidarse. Agresor amenaza de muerte a víctima.

Séptimo. De conformidad con lo expuesto, la cuestión controvertida constriñe determinar si el encausado Carlos Lagones Romero efectivamente participó, en calidad de autor, en los hechos materia de imputación, esto es, en el acto de vejación sexual en agravio de quien en vida fue la menor de iniciales N. C. N.

Ahora bien, las máximas de la experiencia demuestran que en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, dado el carácter soterrado y oculto de su materialización, la principal prueba de cargo se erige en la declaración de la víctima, la cual reviste capacidad tal de enervar la presunción de inocencia del encausado. Dicha capacidad no lleva implícito el otorgamiento de fiabilidad absoluta a su versión, sino que demanda del juzgador extremo cuidado y el fiel cumplimiento de garantías de certeza en su análisis.

Octavo. La conclusión fáctica de los hechos en la presente causa (fallecimiento de la menor agraviada) impidió la posibilidad de obtener la declaración referencial de la menor a partir de los mecanismos procesales convencionales (entrevista en cámara Gessell); por lo que resulta necesario remitirnos a las versiones recopiladas a partir de las actuaciones procesales y recaudos probatorios coetáneos a la fecha de los hechos, en los que la menor agraviada participó de manera directa. Ello considerando, además, que en el procesamiento de delitos sexuales, en función de las particularidades situacionales del hecho sexual que se distingue, escoge y prefiere entre los distintos medios de prueba que se tienen al alcance para determinar, confirmar o rechazar la tesis inculpatoria objeto de prueba3.

Así tenemos la información obtenida en la diligencia de evaluación y reconocimiento físico contenida en el Certificado Médico Legal N.° 000644-LS (foja 13), del veintiuno de abril de dos mil catorce, que describe en la data el relato de la menor en los siguientes términos: “Usuaria refiere que persona conocida varón le invitó una gaseosa, se durmió, se despertó y se encontraba en su casa, refiere que la mantuvo tres días en su casa. Refiere que el día sábado se escapó de su casa del hombre”; señala también como fecha de primera relación sexual: febrero-2014; asimismo, se tiene el Informe Psicológico N.° 11-2014 MIMP- PNCVFS-CEM PANGOA (foja 31), del veintidós de abril de dos mil catorce, e Informe Social N.° 018-2014-MIMP-PNCVFS-CEM PANGOA/TS-RMMC (foja 33), del dos de mayo de dos mil catorce, evaluaciones detalladas en el siguiente relato:

Menor refiere: Yo a él le conocía, porque mi amiga me ha presentado. El miércoles él ha ido a buscarme a la salida de mi colegio, me invitó una gaseosa y me estaba quedando dormida, y me dijo te voy a llevar a tu casa. Cuando me desperté estaba en su casa, estaba sola y la puerta cerrada, más tarde él ha vuelto. Me he quedado ahí hasta el día viernes, me ha obligado a tener relaciones sexuales dos veces al día, me ha abusado cinco veces. La primera ha sido cuando me llevó a su casa, me ha amenazado con matarme, me ha quitado el pantalón, se ha puesto en mi encima y ahí ha estado como 10 minutos, de ahí se ha salido, las otras veces ha sido igual, hasta el viernes en la tarde que me he escapado.

De lo expuesto se advierte que la menor refirió ser víctima de una agresión sexual materializada a partir de la privación de su libertad. Señaló que estuvo retenida de miércoles a viernes en casa de su agresor (sin precisar la ubicación), lugar del que logró escapar ante la ausencia de su victimario, a quien no identifica ni individualiza.
No obstante, se verifica que la identificación del encausado recurrente Carlos Lagones Romero se sustentó en la sindicación que contra él formulara la madre de la menor, Lourdes Jessica Córdova Huari, quien precisó, tanto a nivel preliminar (foja 127) como de juicio oral (sesión de audiencia número IV, del veintisiete de junio de dos mil diecinueve, foja 956), que su menor hija, antes de fallecer, señaló como su agresor al citado.

Noveno. Como se indicó, las particularidades del presente caso permiten considerar, de manera preliminar, una adecuada remisión de la Sala Superior a la declaración de la madre de la menor (testigo de oídas de los hechos). Ya la jurisprudencia ha establecido que en los delitos sexuales: “Las variadas combinaciones que la multiplicidad de conductas reguladas pueden arrojar y aplicarse en la praxis a un supuesto determinado de la realidad exige al juzgador valerse de los distintos medios de prueba actuados en la causa que por su naturaleza puedan corroborar una incriminación”4.

Sin embargo, esta previsión jurisprudencial no implica relativizar los cánones de suficiencia que se exigen para arribar a un juicio de responsabilidad penal.

Los testigos de referencia u oídas tienen un carácter supletorio y un peso más relativizado respecto del juicio de credibilidad, que el testigo fuente o presencial5, de aquí que el valor del testimonio de referencia no solo está ligado al crédito que su versión pueda merecer, sino que demanda el auxilio de otros medios de prueba que incorporados al proceso puedan respaldar su dicho y robustecer su versión.

Décimo. Fluye de los momentos procesales en que Lourdes Jessica Córdova Huari, madre de la menor, brindó su declaración que, en un primer momento y ante la desaparición de su menor hija el dieciséis de abril de dos mil catorce, interpuso denuncia ante la dependencia policial el diecisiete de abril de dos mil catorce. En el desarrollo de las investigaciones producidas por dicha denuncia se tuvo conocimiento que los días de desaparición de la menor (del dieciséis al dieciocho de abril de dos mil catorce) esta se habría encontrado con el también encausado, ahora absuelto, Wilder Jaime Hilario Ramírez. Posteriormente, al retornar la menor a su hogar se le practicaron los exámenes de ley (descritos ut supra), lo que conllevó a la ampliación de la denuncia interpuesta, ahora por el delito de violación sexual contra el sentenciado Lagones Romero.

En su primera manifestación policial, Lourdes Jessica Córdova Huari (foja 281, con presencia fiscal), madre de la menor, indicó que su hija habría referido que el conocido como Henry, identificado como Carlos Lagones Romero, a quien conoce por ser mototaxista de la zona, la golpeó, abusó de ella, quitó su teléfono celular e, incluso, le entregó el dinero para que comprara el veneno que ingirió y ulteriormente culminó con su vida. Posteriormente, a nivel de juicio oral (sesión de audiencia número IV, del veintisiete de junio de dos mil diecinueve, foja 956) señaló que la menor habría referido que los días de su desaparición fue retenida por el encausado Carlos Lagones Romero y precisó que dicha sindicación también fue expuesta ante el médico legista.

Decimoprimero. Ahora bien, la sentencia recurrida se sustenta y valora con grado de certeza la sindicación formulada por la referida testigo-madre de la menor agraviada; no obstante, lo depuesto por esta no se condice con la postulación fáctica acusatoria.

La imputación postulada por el titular de la acción penal establece que la menor agraviada los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de abril de dos mil catorce se encontró en el domicilio del sentenciado absuelto Wilder Jaime Hilario Ramírez (hecho reconocido por este a nivel preliminar con presencia fiscal, foja 179) y que fue justamente la permanencia de la menor con dicha persona la que originó que el encausado Carlos Lagones Romero reaccione contra esta y la orille a acabar con su vida dada la relación sentimental previa mantenida; no obstante, la madre de la menor refirió que en las fechas señalada su hija se encontró privada de su libertad y fue abusada por Lagones Romero, conocido como Henry.

De conformidad con ello, resulta necesario efectuar una diligencia de confrontación entre el sentenciado absuelto Wilder Hilario Ramírez con el recurrente Carlos Lagones Romero, respecto a la presunta relación sentimental existente con la menor y en cuanto a la presencia de esta con alguno de ellos en el periodo del dieciséis al dieciocho de abril de dos mil catorce, a efectos de contextualizar lo depuesto por la testigo; puesto que la evaluación de su dicho no puede ser sesgada ni parcial, dadas las especiales características de la presente causa que, como se ha explicado en los párrafos precedentes, nos remiten a considerar que el tenor de lo expuesto por la testigo contiene la versión incriminatoria de la menor agraviada.

Además, es pertinente convocar al perito médico legista titular del Certificado Médico Legal N.º 000644-LS (foja 13) a fin de dilucidar si, en efecto, durante la evaluación de la menor agraviada esta brindó información adicional sobre los datos de su presunto agresor, conforme refirió la testigo en mención. En igual sentido, convocar a la especialista del Centro de Emergencia Mujer Pangoa, titular del Informe Psicológico N.° 11-2014 MIMP-PNCVFS-CEM PANGOA (foja 31) y proceder con la ratificación de dicha evaluación, debiendo precisar si durante su evaluación la menor agraviada brindó alguna información adicional a los hechos y respecto a su presunto agresor.

Asimismo, es necesaria la concurrencia del padre de la menor agraviada, José Fernando Neyra Lanazca, quien deberá precisar los datos exactos que su menor hija brindó respecto a los hechos en su agravio, pues si bien a nivel preliminar (foja 11, con presencia del fiscal) señaló que la menor indicó ser víctima de violación sexual y que su agresor fue Henry, no precisó lugar ni fecha (pregunta 4); se advierte que, durante la diligencia de Inspección Técnico Policial (foja 143) efectuada en el inmueble (alquilado) del sentenciado Lagones Romero, el padre de la menor refirió que concurrió con su hija a dicho inmueble el veinte de abril de dos mil catorce y esta le refirió que ese era el lugar: “Donde vivía Henry”.

En igual sentido, deberá propugnarse la concurrencia del titular del predio objeto de inspección, Yoni Zósimo Enrique Meza, a efectos de brindar información respecto al periodo en que el encausado Lagones Romero residió en dicho inmueble, si este se encontraba acompañado y si observó a la menor agraviada ingresar.

Diligencias que resultan necesarias a efectos de establecer con exactitud la materialidad de los hechos.

Decimosegundo. De conformidad con lo expuesto, se advierte la afectación del deber de esclarecimiento de los hechos, en el específico extremo de la vinculación del acusado con los actos acreditados de violación sexual en perjuicio de la menor; por lo que corresponde la anulación de la sentencia recurrida y el desarrollo de un nuevo juicio oral a cargo de otro Colegiado Superior, donde deberán desarrollarse los actos procesales descritos; así como las demás actuaciones que resulten necesarias para el correcto esclarecimiento de los hechos, de conformidad con lo normado en el artículo 299 del Código de Procedimientos Penales.

Por lo que en observancia de los principios de inmediación y contradicción, dichas actuaciones deberán ser materializadas en el nuevo juzgamiento.

Decimotercero. Finalmente, contra el encausado Carlos Lagones Romero se dictó comparecencia restringida, conforme auto, Resolución N.° 5 del quince de agosto de dos mil catorce (foja 106 del cuaderno de prisión preventiva número 91), confirmado mediante auto de vista, Resolución N.° 7 del veintitrés de septiembre de dos mil catorce (foja 116 del cuaderno de prisión preventiva número 91), y le impuso como reglas de conducta las siguientes: “A) concurrir a todas las citaciones judiciales que realice esta judicatura. B) Firmar el cuaderno de control cada treinta días. C) No incurrir en delitos dolosos y no concurrir a lugares de dudosa reputación”.

Posteriormente, por Resolución N.° 34 del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho (foja 570) se declaró al encausado Carlos Lagones Romero reo ausente, y se dispuso su ubicación, captura y conducción compulsiva ante el órgano jurisdiccional, a efectos de programar su juzgamiento. Luego, el tres de junio de dos mil diecinueve, fue puesto a disposición de las autoridades jurisdiccionales. El titular de la acción penal solicitó la variación del mandato de comparecencia con restricciones por la detención, frente a lo cual la Sala Penal, mediante Resolución N.° 42 del cinco de junio de dos mil diecinueve (foja 922), declaró improcedente el citado pedido y fijó como concepto de caución el monto de S/ 1500,00 (mil quinientos soles).

Desarrollado el juicio oral con la concurrencia del encausado, este se presentó al acto de lectura de sentencia condenatoria el veinte de agosto de dos mil diecinueve, fecha en la que se dispuso su internamiento inmediato, conforme con lo resuelto por la Sala Penal (foja 1047).

A la fecha, el encausado Carlos Lagones Romero se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario en cumplimiento de la pena impuesta; por lo que, estando al tenor de lo resuelto en la presente resolución merece ordenarse su inmediata libertad y dictar la medida de comparecencia restringida bajo el cumplimiento de reglas de conducta, a efectos de garantizar su sujeción al desarrollo del nuevo juicio oral.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NULA la sentencia del veinte de agosto de dos mil diecinueve (foja 1019), emitida por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Satipo de la Corte Superior de Justicia de la Selva Central, que condenó a Carlos Lagones Romero como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales N. N. C., a quince años de pena privativa de libertad y fijó en S/ 5000,00 (cinco mil soles) el monto por concepto de reparación civil.

II. MANDARON que se realice un nuevo juicio oral a cargo de otra Sala Penal Superior, donde se tenga en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de la presente ejecutoria suprema.

III. DICTARON mandato de comparecencia restringida contra Carlos Lagones Romero, quien deberá cumplir con lo siguiente: a) prohibición de alejarse del lugar de su residencia, sin autorización del juez; b) comparecer personal y obligatoriamente cada treinta días a la Sala Superior, para informar y justificar sus actividades, así como firmar el cuaderno respectivo y/o el registro en el control biométrico; c) presentarse al nuevo juzgamiento las veces que el Tribunal Superior lo requiera. Todo ello bajo apercibimiento de revocársele el mandato de comparecencia por el de detención.

IV. ORDENARON la inmediata libertad del referido encausado, que se ejecutará siempre y cuando no exista otro mandato de prisión preventiva o detención en su contra, emanado de autoridad competente. Se oficie vía fax a la Sala Penal pertinente para tal efecto y se devuelva.


1 TARUFFO, Michelle, citado por SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho procesal penal. Lecciones. Primera edición. Lima: Editorial INPECCP-CENALES, 2015, p. 14.
2 El derecho a la presunción de inocencia se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así, su artículo 11.1 refiere: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Regulación también presente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.2, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.2.
3 Acuerdo Plenario N.° 1-2011/CJ-116. Fundamento jurídico 29.
4 Acuerdo Plenario N.° 1-2011/CJ-116. Fundamento jurídico 11.
5 SALA PENAL TRANSITORIA. Corte Suprema de Justicia. Recurso de Nulidad N.° 173-2012/Cajamarca. Fundamento jurídico tercero.

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