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VIOLACION SEXUAL : Imputabilidad restringida y prescripción de la acción penal.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
NULIDAD N.º 1915-2019
LIMA SUR

AL TENER IMPUTABILIDAD RESTRINGIDA EL ENCAUSADO AL MOMENTO DE LOS HECHOS, OPERÓ EL PLAZO EXTRAORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, POR EL PASO INEXORABLE DEL TIEMPO.

La prescripción, resulta ser una garantía para el encausado, al limitar la potestad punitiva del Estado; esto es, extingue la posibilidad de investigar un presunto hecho delictivo y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo.

Lima, diez de setiembre de dos mil veintiuno

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado Roger Enrique Castañeda García contra la sentencia del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve (folios 433 a 445), emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que lo condenó como autor del delito contra la libertad sexual – violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor identificada con Clave N.º 51-2012, y como tal le impusieron veinticinco años de pena privativa de libertad y fijó el monto de cinco mil soles por concepto de reparación civil que deberá pagar a favor de la agraviada; con lo demás que al respecto contiene.

Con lo expuesto en el dictamen de la Fiscalía Suprema en lo Penal. Intervino como ponente el juez supremo Guerrero López.

CONSIDERANDO

Primero. IMPUTACIÓN FÁCTICA

De acuerdo con el dictamen acusatorio (folios 117 a 124), los cargos atribuidos al recurrente consisten en lo siguiente:

Se tiene de autos, que la agravada identificada con Clave N.° 51-2012 cuando contaba con 06 años de edad (1994), fue ultrajada sexualmente hasta que cumpliera los 9 años de edad en reiteradas oportunidades, por su tío el procesado ROGER ENRIQUE CASTAÑEDA GARCÍA, en el interior del inmueble ubicado en el sector 1, grupo 19, manzana F, lote 07 distrito de Villa El Salvador, debido a que la presencia de la menor agraviada en dicho inmueble se debía a que desde los 6 años de edad estuvo viviendo en la referida vivienda bajo el cuidado de su abuela materna, su tía Edita Orfelinda Castañeda García y el procesado, siendo el caso que durante las noches, la agraviada compartía el dormitorio con su tía y el denunciado, durmiendo esta con su tía en una cama y el encausado en una cama contigua; dicha circunstancia fue aprovechada por el procesado, quien esperaba que todos estén dormidos para poder trasladar a la agraviada hasta su cama y dar rienda suelta a sus bajos instintos, hechos que persistieron hasta que la menor cumpliera los 9 años y se retirara de dicho inmueble para irse a vivir con sus padres. [sic]

Segundo. FUNDAMENTOS DEL IMPUGNANTE

El sentenciado Roger Enrique Castañeda García, al fundamentar el recurso de nulidad (folios 451 a 459), sostuvo que:

2.1. No admite haber tenido relaciones con la menor agraviada. La declaración del imputado no es prueba, porque puede incluso abstenerse a declarar y que ello no se interprete como auto incriminación o reconocimiento de los hechos. Es la Fiscalía quien debe probar por hechos y no el encausado.

2.2. La fiscalía ha tenido la oportunidad de enervar la presunción de inocencia del procesado, sin embargo, no se ha recabado casi nada en sede judicial o en el plenario sobre información de calidad que lo incrimine, pues solo se ha limitado en adecuar la sindicación al Acuerdo Plenario N.° 2-2005, para dar credibilidad a un hecho supuestamente sucedido en mil novecientos noventa y cuatro.

2.3. El valor dado a la pericia psicológica y al interrogatorio de la profesional psicóloga, dan cuenta del análisis con mucha posterioridad al supuesto de hecho atribuido, y las conclusiones y causas, bien pueden ser compatibles a otras afectaciones fundamentales a la de sus padres como se ha consignado.

2.4. No se ha compulsado debidamente los medios probatorios existentes como los propios dichos de la agraviada, cuyo relato fáctico no ha sido respaldado con medio u órgano de prueba, como por ejemplo una inspección, a fin de saber si el cuarto o habitación donde se suscitaron los hechos durante tres años, sea tan grande o pequeño como ha relatado la menor agraviada.

2.5. No se ha realizado una evaluación psicológica a la testigo Edita Orfelinda Castañeda García que establezca razonablemente, si era posible que esta no pueda despertarse por razones orgánicas como sueño pesado o alguna enfermedad, pues no es razonable que nunca haya visto o sentido lo que pasaba en horas de la noche.

2.6. No se ha realizado un cuadro antropométrico, al encausado ni a la agraviada, a fin de saber si era posible que una persona de veinte años, mediante una erección y durante tres años, no le haya causado alguna lesión en el genital externo o interino, considerando que no está apta para mantener vida sexual. No se ha obtenido información si el procesado ya teniendo vida sexual, haya contagiado o causado alguna enfermedad o micosis al tener contacto sexual con la menor.

2.7. Se ha incurrido en subjetividad al momento de la valoración de la prueba, se ha basado en lo recabado en sede preliminar que es la sindicación de la menor y el peritaje, se ha minimizado el resultado del certificado del médico legista en el extremo del himen dilatable, máxime que el colegiado no ha interrogado y tampoco observado a la menor, porque no ha concurrido al juicio oral.

Tercero. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL

Mediante Dictamen N.° 086-2020-MP-FN-1°FSP (folios 34 a 39 del cuadernillo formado en esta instancia), el fiscal supremo de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, opinó que se declare no haber nulidad en la sentencia, en tanto, la sindicación de la menor agraviada cumple con los criterios exigidos por el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116, determinando la responsabilidad del encausado.

Cuarto. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL1

4.1. La prescripción en el derecho sustantivo se define como el límite temporal que tiene el Estado para ejercer su poder penal cuando ha transcurrido el plazo de tiempo máximo establecido en la ley sustantiva para el delito incriminado (pena abstracta)2.

4.2. Es una causal de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al ius puniendi3, en razón de que el tiempo transcurrido borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de la misma. En otras palabras, mediante la prescripción se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores del mismo4.

4.3. Esta figura se justifica por la presencia de la garantía constitucional del plazo razonable, que constituye un límite temporal al ejercicio de la potestad persecutoria del Estado, puesto que la acción penal no puede ejercerse de modo indeterminado. En ese sentido, el Tribunal Constitucional también ha establecido que la prescripción tiene relevancia constitucional5.

Quinto. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

5.1. El ilícito penal imputado al procesado Roger Enrique Castañeda García es el de violación sexual de menor de edad, previsto en el numeral 1, del artículo 173, del Código Penal, concordado con el último párrafo del mismo artículo (modificado por el artículo 4 de la Ley N.° 26293), que preveía, como marco punitivo, una pena privativa de libertad no menor de veinticinco ni mayor de treinta años.

5.2. De acuerdo con el cuarto párrafo, del artículo ochenta, del Código Penal, y lo dispuesto en el Acuerdo Plenario N.º 9-2007/CJ-1166, cuando se trate de delitos sancionados con una pena privativa de libertad superior a veinte años —como en el presente caso, que la pena máxima del tipo penal imputado es de treinta años—, el plazo ordinario de prescripción será de veinte años, y el plazo extraordinario opera al transcurrir un total de treinta años.

5.3. En ese sentido, en el presente ilícito suscitado entre 1994 a 1997, opera el plazo extraordinario a los treinta años, ya que los hechos imputados fueron sometidos a un proceso penal; es decir, se dio la intervención de las autoridades judiciales lo que implica la interrupción. Sin embargo, de acuerdo al sustento fáctico de la imputación, el encausado Roger Enrique Castañeda García tenía diecisiete años de edad cuando los actos sexuales iniciaron, en mil novecientos noventa y cuatro —año en que la menor tenía seis años—, pues nació el veinte de enero de mil novecientos setenta y siete —conforme a su ficha Reniec, a folio 62—.

5.4. Según la misma imputación, dichos actos se repitieron hasta que la menor cumplió nueve años, es decir, hasta el tres de agosto de mil novecientos noventa y siete, cuando el imputado tenía veinte años de edad; por lo que es de aplicación el artículo ochenta y uno del Código Penal, que establece la reducción a la mitad del plazo de prescripción, ya que el encausado tenía responsabilidad restringida7 al momento que ejecutó el ilícito. En consecuencia, el plazo de prescripción ordinaria de treinta años se reduce a quince años para los supuestos –-como en el presente caso— de imputabilidad restringida.

5.5. Así, si los hechos imputados se han producido hasta el tres de agosto de mil novecientos noventa y siete —cuando la menor cumplió nueve años de edad— ha operado la prescripción extraordinaria en el peor de los casos, el dos de agosto del año dos mil doce, fecha en la que transcurrieron los quince años exigidos para el supuesto de imputabilidad restringida (computados desde la fecha en que la menor cumplió nueve años, ya que, según la acusación las agresiones sexuales se suscitaron hasta ese límite temporal). Ello significa entonces, que se ha superado con exceso, el plazo extraordinario de prescripción de la acción penal, siendo irrelevante que se le haya declarado contumaz entre el veintitrés de octubre de dos mil quince (folio 209) y el diecisiete de abril de dos mil diecinueve (folios 262 a 263), porque en ese ámbito temporal procesal, ya había operado la prescripción como se ha referido.

5.6. Lo expuesto significa, como se puede advertir con meridiana transparencia, que, también cuando se emitió la sentencia cuestionada, el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, la acción penal ya había prescrito, por lo que es imperativa su anulación debiendo declararse de oficio la extinción de la acción penal por prescripción, debiendo darse por fenecido el proceso y disponiéndose el archivamiento de la causa donde corresponda, siendo la razón de esta situación, tanto la denuncia tardía como la demora a nivel de la investigación prejurisdiccional, pues, el auto apertorio de instrucción se emitió el trece de junio de dos mil doce (folios 47 a 51) dos meses antes de la prescripción extraordinaria.

5.7. En ese sentido, es de aplicación el último párrafo, del artículo cinco, del Código de Procedimientos Penales, en el cual, de oficio, se debe declarar fundada la excepción de prescripción de la acción penal.

5.8. Asimismo, al tomarse en cuenta que Roger Enrique Castañeda García se encuentra cumpliendo la pena impuesta en la sentencia recurrida, se debe disponer su inmediata libertad.

DECISIÓN

Por estos fundamentos:

I. DECLARARON NULA la sentencia del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve (folios 433 a 445), emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que condenó a Roger Enrique Castañeda García como autor del delito contra la libertad sexual – violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor identificada con Clave N.° 51- 2012, y como tal le impusieron veinticinco años de pena privativa de libertad y fijó el monto de cinco mil soles por concepto de reparación civil que deberá pagar a favor de la agraviada; con lo demás que al respecto contiene.

II. DECLARARON FUNDADA, DE OFICIO, la excepción de prescripción de la acción penal, a favor de Roger Enrique Castañeda García; en consecuencia, EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL seguida contra el citado encausado, por la comisión del delito contra la libertad sexual – violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor identificada con Clave N.° 51-2012.

III. ORDENARON la inmediata libertad de Roger Enrique Castañeda García, siempre y cuando no existan órdenes dictadas en su contra emanadas de autoridad competente, para cuyos efectos debe oficiarse en el día al Órgano Jurisdiccional de origen.

IV. DISPUSIERON la anulación de los antecedentes judiciales generados a consecuencia del presente proceso y se archive definitivamente lo actuado.

V. DISPUSIERON se notifique la ejecutoria a las partes apersonadas en esta instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.


1 El inciso 13, del artículo 139, de la Constitución Política del Perú establece que la prescripción, entre otras instituciones, produce los efectos de cosa juzgada.
2 Fundamento Jurídico N.° 5, del Acuerdo Plenario N.° 1-2010/CJ-116.
3 Locución latina que significa “derecho punitivo”.
4 Sentencias del Tribunal Constitucional emitidas en los expedientes números 1805-2005-HC, fundamentos jurídicos 6 y 7, y 07451-2005-HC, fundamento jurídico 4.
5 Fundamento consignado por ejemplo en la Sentencia del Tribunal Constitucional en el Exp. N.° 02407-2011-PHC/TC.
6 Fundamentos jurídicos números nueve y diez; en donde se interpreta el articulo ochenta y ochenta y tres del Código Penal, referido a los plazos de prescripción de la acción penal en delitos sancionados con pena privativa de libertad.
7 Una persona tiene responsabilidad restringida por la edad cuando tenga más de dieciocho y menos de veintiún años o más de sesenta y cinco años al momento de cometer el delito; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo veintidós del Código Penal.

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