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TID-Deber de motivar la medida de comparecencia simple

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.° 485-2020
CALLAO

La comparecencia simple

La comparecencia simple es una medida de coerción procesal; por tanto, debe estar motivada y sujeta a los fines y principios que rigen este tipo de medidas.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno

VISTOS: en audiencia pública, el recurso de casación excepcional por inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad interpuesto por el representante de la Quinta Fiscalía Superior Penal del Callao contra el auto vista emitido el veinte de noviembre de dos mil diecinueve por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao, que revocó el auto del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la citada Corte, del diez de octubre de dos mil dieciocho, y reformándolo declaró improcedente el requerimiento de comparecencia con restricciones formulado contra los encausados Luis Iván Mestas Ruiz y Julio Miguel Rodríguez Vergara en el proceso penal que se les sigue por el delito de tráfico ilícito de drogas- favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico—primer párrafo del artículo 296 del Código Penal—, en agravio del Estado. Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS.

FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

1.1 El auto de calificación emitido el trece de noviembre de dos mil veinte—fojas 93-96 del cuadernillo de casación— admitió el recurso de casación planteado por el Ministerio Público por considerar de interés trascendental afianzar la línea jurisprudencial respecto al tema de la medida de coerción procesal de la comparecencia con restricciones.

1.2 El motivo casacional por el que se admitió es el previsto en el inciso 2 del artículo 429 del Nuevo Código Procesal Penal (en lo sucesivo NCPP)—inobservancia de norma legal de carácter procesal sancionada con nulidad—.

1.3 El casacionista sostiene que se realizó una interpretación restringida de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 286 —sobre los presupuestos para la imposición de la comparecencia simple—, el numeral 1 del artículo 287
—presupuesto para la comparecencia restrictiva— y el artículo 288 —medidas de restricción que pueden ser impuestas— del NCPP.

1.4 Alega que atendiendo a la interpretación sistemática de tales normas no es razonable inferir que los presupuestos para establecer la existencia de peligro de fuga u obstaculización son una facultad exclusiva del juez; cuando el fiscal solicita la imposición de una medida de coerción procesal, debe expresar las razones en las que funda su petición, tanto más si se tiene presente la restricción de derechos fundamentales.

1.5 Por ello, corresponde establecer de manera clara interpretaciones normativas de carácter procesal frente al literal, interpretación que eventualmente puede tener trascendencia en la decisión final.

SEGUNDO. IMPUTACIÓN FÁCTICA

Se atribuye al procesado Luis Iván Mestas Ruiz haber favorecido el consumo ilegal de drogas mediante actos de transporte, toda vez que el seis de junio de dos mil dieciocho, a las 11:50 horas, en la zona de aforo de contenedores del patio Villegas del depósito temporal de la empresa Neptunia S. A., en el interior del contenedor TCNU3063482 de la empresa Consorcio Distribuidor QU-México, el cual iba a ser embarcado a México, se hallaron tres maletines —los cuales fueron decomisados, embalados y lacrados conforme a ley— que contenían clorhidrato de cocaína con un peso neto de 100.483 kg. El referido imputado, aprovechando su cargo de monitorista encargado de la planificación y distribución de los contenedores, habría instruido al operario de Kalmar 9 —el ahora condenado Artemio Richard Fernández Saboya— a fin de que posesionara el contenedor de forma adecuada, con el propósito de facilitar su “preñado”, para lo cual y sin justificación alguna dispuso el dos de junio de dos mil diecisiete, a las 2:50 horas, moverlo desde su posición original en la ruma RD24, tercer nivel, hacia el primer nivel de la misma ruma RC, para finalmente, el cinco de junio siguiente a las 8:30 horas —cuando ya se había “preñado” el contenedor—, disponer su retorno hacia su posición inicial, a fin de que fuera embarcado con destino a México.

En estos hechos, la imputación contra el procesado Julio Miguel Rodríguez Vergara —encargado de la verificación de la planificación y distribución de contenedores en el patio Villegas de Neptunia S. A.— es el haber omitido de forma deliberada el control respectivo del monitorista coprocesado Luis Mestas Ruiz y permitir su accionar ilegal.

TERCERO. ITINERARIO DEL PROCEDIMIENTO

3.1 El cinco de septiembre de dos mil dieciocho el fiscal provincial de la Primera fiscalía provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas-Sede Callao solicitó la medida de comparecencia con restricciones para Luis Iván Mestas Ruiz y Julio Miguel Rodríguez Vergara por el presunto delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas en su modalidad de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico, en agravio del Estado.

3.2 El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, mediante la Resolución número 2, del diez de octubre de dos mil dieciocho, declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público.

3.3 El imputado Julio Miguel Rodríguez Vergara apeló esta resolución y mediante la resolución del veinte de noviembre de dos mil diecinueve la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao la revocó y declaró improcedente el requerimiento fiscal.

3.4 El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve el representante de la Quinta Fiscalía Superior Penal del Callao interpuso recurso de casación contra el mencionado auto de vista, el cual fue admitido en sede superior —fojas 426-429 del cuaderno de medidas de coerción procesal—; y, elevados los autos a la Corte Suprema, esta Sala se avocó al conocimiento de la causa y se emitió el auto de calificación del trece de noviembre de dos mil veinte, en el que se declaró bien concedido el recurso antes formulado por la causa prevista en el inciso 2 del artículo 429 del NCPP.

3.5 Cumpliendo con lo establecido en el inciso 1 del artículo 431 del NCPP, mediante decreto del pasado trece de julio, se fijó fecha para la audiencia de casación para el veinticuatro de agosto, a la cual asistió la fiscal suprema adjunta Alicia Chamorro Bermúdez. Culminada la audiencia, de inmediato, se produjo la deliberación de la causa en sesión privada, en la que se produjo el debate, en virtud del cual, tras la votación respectiva y al obtener el número de votos necesarios, corresponde pronunciar la presente sentencia de casación, cuya lectura se dará en audiencia pública en la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.1 La interpretación de la norma legal requiere la aplicación de ciertas reglas, métodos y cánones.

1.2 Aun cuando el texto literal de la norma sea claro (interpretación literal), debe tomarse en cuenta su ubicación y relación con las otras normas (interpretación sistemática) y el propósito que persigue (interpretación teleológica).

1.3 Por otro lado, las normas no se interpretan en abstracto, sino en relación con hechos, acontecimientos o circunstancias sometidos al conocimiento del juez.

1.4 En cuanto a la comparecencia, esta es una medida de coerción procesal sujeta a los fines y principios que la rigen, conforme a lo dispuesto en el artículo VI del Título Preliminar del NCPP, que a su vez es concordante con el artículo 2, inciso 24, parágrafo b), de la Constitución Política del Perú.

1.5 El artículo 286, incisos 1 y 2, del NCPP dispone literalmente que el juez dicta mandato de comparecencia simple cuando el fiscal no solicita prisión preventiva o cuando habiéndola solicitado no concurren los presupuestos materiales para su imposición. En el último párrafo señala que en los supuestos anteriores el juez debe motivar su decisión.

1.6 Este último párrafo necesariamente debe ser interpretado en concordancia con el artículo 291 del mismo código —que establece que se dictará comparecencia simple cuando el hecho punible denunciado esté penado con sanción leve o los actos de investigación aportados no lo justifiquen—.

1.7 Normas que a su vez guardan coherencia con lo dispuesto en los artículos 254 y 203 del NCPP —sobre los requisitos del auto judicial que imponga la medida coercitiva y la motivación que debe observar cuando se restringen derechos, restricción que ha de realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida en que existan suficientes elementos de convicción—.

1.8 El Colegiado Superior revocó la medida de comparecencia con restricciones impuesta, fundamentándola en que el Ministerio Público no tenía legitimidad procesal para solicitarla. Esto es, efectuó una interpretación literal de los dos incisos del artículo 286 del NCPP, obviando lo dispuesto en el último párrafo de la norma, interpretación que no es correcta y no se condice con el sistema procesal y menos con el tema de las medidas cautelares personales.

1.9 Adicionalmente, dicha interpretación inadecuada, tergiversó el propósito de la norma, pues no solo negó legitimidad al Ministerio Público para solicitar medidas de coerción procesal, pese a que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 203 del NCPP y en virtud también de su titularidad de la acción penal este puede solicitar la restricción de derechos mediante requerimiento motivado y debidamente sustentado.

1.10 Por otro lado, al no motivarla conforme dispone el último párrafo del artículo 286 del NCPP vulneró el derecho a la debida motivación y soslayó tomar en cuenta los fines de las medidas de coerción —asegurar los fines del proceso—, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 287 del código adjetivo —sobre imposición de restricciones previstas en el artículo 288 del mismo—, lo que la torna en una resolución arbitraria.

1.11 Es inherente al Ministerio Público requerir al juez de garantías, todas las medidas cautelares preventivas que la norma faculta, con restricción de aquellas que solo puede hacer el actor civil debidamente apersonado; en consecuencia, la no existencia de norma expresa que determine la posibilidad de que solicite una comparecencia con restricciones de derechos, no determina que no pueda hacerlo, en razón de que sus facultades de titular de la acción penal y director de la investigación establecidas en los artículos 9 y 11 del Decreto Legislativo N° 52 –Ley Orgánica del Ministerio Público–, le otorgan la potestad amplia de solicitar todo tipo de medidas cautelares personales que requiera para el cumplimiento de su función, en tanto el juez controlará si dichos pedidos son legalmente válidos o no.

1.12 Por lo tanto, es erróneo afirmar que no tiene legitimidad para reclamar una medida cautelar de comparecencia con restricciones y que solo puede pedir detención preventiva, convirtiendo al juez en el único legitimado de manera residual ante dicho pedido para otorgar la comparecencia con limitación de derechos. Esta interpretación originaría que el fiscal solo esté facultado a requerir prisión preventiva en todos los casos, opción legal inviable, atendiendo que ese requerimiento es de última ratio.

1.13 El tipo penal imputado a los procesados, delito de tráfico ilícito de drogas, previsto en el primer párrafo del artículo 296 del Código Penal, establece una pena no menor de seis ni mayor de doce años y de ciento veinte a ciento ochenta días multa; y el fiscal en su petición enumeró los elementos de convicción que vinculan a los procesados con el hecho ilícito (diversas actas de verificación, recojo, recepción de documentos y CD; el resultado preliminar de análisis químico de drogas, de intervención personal, de deslacrado y visualizado de videos; la auditoría del sistema SPARCS, y diversas declaraciones testimoniales), de los cuales se advierte que la prognosis de la pena a imponerse no es menor de los cuatro años porque hasta el momento no se aprecian circunstancias atenuantes privilegiadas que permitan la rebaja de la pena por debajo del mínimo legal.

1.14 Por lo que se aprecia que la motivación del auto de primera de instancia emitido el diez de octubre de dos mil dieciocho por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria que declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público de comparecencia con restricciones a los imputados y señaló las restricciones a imponérseles se encuentra arreglado a ley.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON FUNDADO el recurso de casación excepcional por inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad interpuesto por el representante de la Quinta Fiscalía Superior Penal del Callao contra el auto vista emitido el veinte de noviembre de dos mil diecinueve por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao, que revocó el auto del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la citada Corte, del diez de octubre de dos mil dieciocho, y reformándolo declaró improcedente el requerimiento de comparecencia con restricciones formulado contra los encausados Luis Iván Mestas Ruiz y Julio Miguel Rodríguez Vergara en el proceso penal que se les sigue por el delito de tráfico ilícito de drogas-favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico —primer párrafo del artículo 296 del Código Penal—, en agravio del Estado. En consecuencia, CASARON el auto de vista impugnado y actuando como instancia confirmaron el de primera instancia que declaró fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones a los imputados Luis Iván Mestas Ruiz y Julio Miguel Rodríguez Vergara, por el presunto delito contra la salud pública –en su modalidad de tráfico ilícito de drogas, en su forma de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico, en agravio del Estado Peruano, con mención de las restricciones impuestas, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de revocarse el mandato de comparecencia son restricciones por el de detención.

II. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia pública y, acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas en esta sede suprema.

III. MANDARON que, cumplidos estos trámites, se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen y se archive el cuadernillo de casación en esta Suprema Corte.

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