ROBO : Sentencia nula por vulneración al principio de imputación necesaria
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ROBO AGRAVADO : Estándar necesario para enervar la presunción constitucional de inocencia.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.º 1977-2019
LIMA

Robo agravado y nulidad de sentencia condenatoria por ausencia de prueba de cargo para quebrantar el principio de presunción de inocencia

Sumilla. Así, no se cuenta con una versión incriminatoria originaria válida en razón de que la declaración de la agraviada en sede preliminar no reúne las condiciones y adolece de validez, por lo que no puede tomarse en cuenta para efectos de juzgamiento, puesto que se trata de la única declaración vertida por la agraviada (folio 8). Además, no ha sido posible su concurrencia durante el proceso debido a su deceso, lo que aunado a lo glosado en el considerando anterior, nos lleva necesariamente a concluir que no existe prueba adicional alguna y, por ende, nos encontramos ante una ausencia de prueba de cargo utilizable para quebrar la presunción de inocencia del imputado, al no ser suficiente la valoración de la propia declaración del encausado o de sus antecedentes penales, dado que el derecho penal es derecho de acto y no de autor.

Lima, veintisiete de setiembre de dos mil veintiuno

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del encausado Luis Alberto Salcedo Figueroa contra la Sentencia del doce de junio de dos mil diecinueve (folio 273), emitida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a Luis Alberto Salcedo Figueroa, como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Rosa Herminia Arévalo Ynga, y le impusieron diez años de pena privativa de libertad, así como fijaron en la suma de S/ 500,00 (quinientos soles) el monto por concepto de reparación civil que deberá abonar a favor de la agraviada; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

DELIMITACIÓN DE AGRAVIOS

Primero. La defensa del encausado Luis Alberto Salcedo Figueroa, en su recurso de nulidad del diecinueve de junio de dos mil diecinueve (folio 286), solicitó se declare nula la sentencia recurrida; y, reformándola, se le absuelva de los cargos formulados. Precisó lo siguiente:

1.1. Alegó que no se habría efectuado una debida apreciación de los hechos materia de inculpación, ni se habrían compulsado adecuadamente las pruebas.

1.2. Señaló que no existe prueba objetiva que acredite la responsabilidad del acusado, dado que solo existe la manifestación a nivel policial de la agraviada y sin presencia de fiscal, quien asimismo no declaró en etapa de instrucción, tampoco en juicio oral ni acreditó la preexistencia de los bienes materia de delito. Su sindicación no fue contrastada con otro medio probatorio, por lo que una incriminación sin pruebas que lo corroboren no es suficiente para condenar.

1.3. Arguyó que se le dio valor probatorio a un acta de registro personal (foja 13), elaborado sin firma del representante del Ministerio Público ni testigos que brinden credibilidad.

1.4. Señaló que no se tomaron en cuenta las declaraciones uniformes y coherentes vertidas por el acusado, quien indicó que ingresó a la tienda para comprar una gaseosa, pero como no encontró a nadie, se retiró sin pagar.

IMPUTACIÓN FISCAL

Segundo. Conforme con el Dictamen Fiscal N.° 234-2012 (foja 151), se atribuye a Luis Alberto Salcedo Figueroa, que en compañía de un sujeto no identificado, interceptó a la agraviada Rosa Herminia Arévalo Ynga cuando se disponía a ingresar a su domicilio (avenida Las Flores N.º 615, urbanización Las Flores, San Juan de Lurigancho), la amenazaron con un cuchillo y la despojaron de su monedero con la suma de S/ 400,00 (cuatrocientos soles); hecho ocurrido el veintisiete de abril de dos mil siete, al promediar las siete horas, aproximadamente. Logró, además, ingresar a su vivienda donde rebuscaron sus cajones, para luego darse a la fuga; sin embargo, el acusado no logró su objetivo porque fue intervenido y se le encontró en su poder un cuchillo, por lo que fue puesto a disposición de la comisaría para las investigaciones del caso.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Tercero. La Sala Superior, mediante la Sentencia del dieciocho de julio de dos mil dieciocho (folio 273), concluyó en la absolución a Luis Alberto Salcedo Figueroa, en atención a los siguientes fundamentos:

3.1. La Sala Superior sostuvo que el relato de la ocurrencia realizada por el efectivo policial interviniente guarda relación y coherencia con la declaración de la agraviada en su manifestación policial (foja 8), quien ha precisado que el día de los hechos, después de haber comprado pan, al abrir la puerta para ingresar a su domicilio, dos personas desconocidas la empujaron al interior. Uno de ellos la cogió del cuello con un cuchillo con el cual la amenazaba y le quitó su cartera que contenía la suma de S/ 400,00 (cuatrocientos soles), y al ver que venía un inquilino de su casa corrieron rápidamente y subieron a un vehículo de trasporte público, por lo que un policía vestido de civil logró capturar a uno de ellos. Luego llegó un patrullero que condujo al sujeto a la comisaría. La agraviada precisó que la participación del encausado (quien proporcionó un nombre distinto) fue amenazarla con el cuchillo.

3.2. La versión del acusado queda desvirtuada con lo precisado en el atestado policial, donde se indicó que se intervino al acusado a abordo de un vehículo de transporte público y que el otro sujeto arrojó a la pista el monedero o cartera ya vacío, elementos que confirman que la agraviada fue víctima de robo para lo cual el encausado empleó un cuchillo que fue encontrado en su poder, como se detalla en el acta de registro personal.

3.3. El acusado, ya en libertad, no concurrió a declarar a la instructiva. Asimismo, durante su detención brindó un nombre diferente al real, y luego de transcurridos doce años de la fecha de comisión de los hechos recién se pudo lograr su identificación mediante pericia dactiloscópica y posterior captura.

3.4. Si bien la agraviada no ha probado la preexistencia del dinero sustraído, la Casación N.º 646-2015/Huaral y el Recurso de Nulidad N.º 144-2010/Lima señalan que la preexistencia del bien materia del hecho en los delitos contra el patrimonio solo requerirán una actividad probatoria específica cuando no existan testigos o cuando se tenga duda acerca de la preexistencia. No existen razones legales que impidan al Tribunal de instancia admitir a tales fines la propia declaración de la víctima.

3.5. De lo actuado y debatido en el proceso queda probada y demostrada la responsabilidad penal del encausado. Corresponde ubicar la pena en el primer tercio que resulta suficiente y proporcional al daño causado.

FUNDAMENTACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO

Cuarto. Para la imposición de una condena es preciso que el juzgador haya llegado a un nivel de certeza respecto a la responsabilidad penal del procesado, la cual solo puede ser generada mediante una actuación probatoria suficiente, que permita crear convicción de culpabilidad.

Quinto. La calificación jurídica de la conducta ilícita atribuida al procesado Luis Alberto Salcedo Figueroa se enmarcó en el primer párrafo, del artículo 189, del Código Penal. La imputación efectuada por el Ministerio Público recae sobre la base de la incriminación vertida por la agraviada a nivel preliminar incorporado mediante oralización en juicio oral.

Sexto. En principio, la defensa técnica del recurrente señaló que no existe prueba objetiva que acredite la responsabilidad del acusado, dado que solo concurre la manifestación a nivel policial de la agraviada y sin presencia de fiscal sin haber sido contrastada con otro medio probatorio.

En efecto, de la revisión de la manifestación vertida a nivel preliminar por la agraviada Rosa Arévalo Ynga (foja 8) se verifica que dicha diligencia no ha sido realizada con intervención del representante del Ministerio Público. Dicha omisión constituye una vulneración al requisito de legalidad que dota de virtualidad probatoria a las declaraciones vertidas en sede indagatoria, de modo excepcional, siempre que las mismas se realicen con intervención del representante del Ministerio Público y que no fueran cuestionadas en sede judicial, conforme se establece en el numeral 3, del artículo 72, del Código de Procedimientos Penales.

Séptimo. Por su parte, si bien del contenido del acta de registro personal (foja 13) se desprende que durante la intervención se habría encontrado al acusado Luis Alberto Salcedo Figueroa en posesión de un arma blanca (un cuchillo de 20 cm) en la parte posterior de la cintura, no es menos cierto que, en primer término, el acta en comentario no fue suscrito por el intervenido ni por testigo alguno. Asimismo, pese a haberse reiterado la notificación al personal policial Alexander Carazas Huincho para su concurrencia a juicio oral –quien intervino al sentenciado Salcedo Figueroa vestido de civil al no encontrarse de servicio en dicho momento–, no fue posible obtener su asistencia al plenario a fin de que se ratifique sobre el acta en mención, situación que también se advierte en sede indagatoria y de instrucción, ello debido a que el mismo se encontraba en situación de retiro según la información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, conforme se indicó en la cuarta sesión de juicio oral (folio 257). En consecuencia, dadas las condiciones antes glosadas, la referida acta no reviste mérito probatorio de cargo suficiente para afincar una condena.

Octavo. Así, no se cuenta con una versión incriminatoria originaria válida, en razón que la declaración de la agraviada en sede preliminar no reúne las condiciones y adolece de validez, por lo que no puede tomarse en cuenta para efectos de juzgamiento, al ser esta la única declaración vertida por la agraviada (foja 8). Además, no ha sido posible su concurrencia durante el proceso debido a su deceso, lo que aunado a lo glosado en el considerando anterior, nos lleva necesariamente a concluir que no existe prueba adicional alguna y, por ende, nos encontramos ante una ausencia de prueba de cargo utilizable para quebrar la presunción de inocencia del imputado, al no resultar suficiente la valoración de la propia declaración del encausado o de sus antecedentes penales, dado que el derecho penal es derecho de acto y no de autor.

Noveno. En tal virtud, no se ha acreditado la conducta materia de imputación, esto es, que el acusado se haya apoderado de una suma pecuniaria perteneciente a la agraviada mediante la amenaza con un arma blanca. Por el contrario, a lo largo del proceso, esto es, a nivel policial, sumarial y en el plenario, el acusado Luis Alberto Salcedo Figueroa ha sido uniforme y persistente en señalar que, si bien se encontraba en la tienda de la agraviada, ello se debía a que deseaba comprar una gaseosa y que en ningún momento amedrentó a la agraviada o se apoderó de su cartera.

Décimo. No se cumple el estándar necesario para enervar la presunción constitucional de inocencia al no haberse aportado prueba que genere certeza respecto a la autoría del delito incriminado. En resguardo del principio de legalidad, solo corresponde declarar la culpabilidad de un agente cuando la hipótesis criminal ha alcanzado un grado de confirmación razonable, en atención a los elementos de juicio disponibles, lo que en autos no se ha producido.

Por lo expuesto, en aplicación del artículo 284 del Código de Procedimientos Penales corresponde declarar haber nulidad en la sentencia venida en grado y, reformándola, absolver al encausado de los cargos atribuidos.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, las juezas y los jueces integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declararon:

I. HABER NULIDAD en la Sentencia del doce de junio de dos mil diecinueve (folio 273), emitida por la Tercera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó a Luis Alberto Salcedo Figueroa como autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en perjuicio de Rosa Herminia Arévalo Ynga, y le impusieron diez años de pena privativa de libertad, así como fijaron en la suma de S/ 500,00 (quinientos soles) el monto por concepto de reparación civil que deberá abonar a favor de la agraviada, con lo demás que contiene; y, reformándola, ABSOLVIERON a Luis Alberto Salcedo Figueroa de la acusación fiscal por el delito y el agraviado antes mencionados.

II. MANDARON que se proceda a la anulación de los antecedentes policiales y judiciales generados a Luis Alberto Salcedo Figueroa como consecuencia de este proceso, de conformidad con el artículo 284 del Código de Procedimientos Penales.

III. ORDENARON la inmediata libertad de Luis Alberto Salcedo Figueroa, que se ejecutará siempre y cuando no se haya dictado en su contra otra orden de detención por autoridad competente. Se haga saber y los devolvieron.

Intervino el magistrado Bermejo Ríos por licencia de la jueza suprema Pacheco Huancas.

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