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HOMICIDIO : ABSOLUCIÓN – La acusación escrita no describió el rol ni el nivel de intervención del acusado en los hechos, lo que sí ocurrió con su coacusada, quien fue absuelta por insuficiencia probatoria.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 523-2019
PUNO

ABSOLUCIÓN Y PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN SUFICIENTE O NECESARIA

SUMILLA. El principio de imputación necesaria o suficiente tiene estrecha vinculación con el derecho de defensa. Precisa que los hechos imputados tengan un mínimo nivel de detalle que permitan al imputado conocer el suceso histórico que se le atribuye, la forma y las circunstancias en que pudo tener lugar, y la conducta específica que se le imputa cuando sean varios acusados.

En este caso, la acusación escrita no describió el rol ni el nivel de intervención del acusado en los hechos, lo que sí ocurrió con su coacusada, quien fue absuelta por insuficiencia probatoria. Por tanto, se ratifica la absolución decretada.

Lima, dieciséis de julio de dos mil veintiuno

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por el fiscal superior de la FISCALÍA SUPERIOR PENAL DE PUNO contra la sentencia del trece de noviembre de dos mil dieciocho (foja 690), emitida por la Sala Penal de Apelaciones en Adición Sala Penal Liquidadora y Anticorrupción de la provincia de Puno de la Corte Superior de Justicia de Puno, que absolvió a ROBERTO HONORI CALANI como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en perjuicio de la menor Gladis Rocío Honori León. Con lo demás que contiene

Intervino como ponente la jueza suprema SUSANA CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

SUSTENTO DEL RECURSO DE NULIDAD

PRIMERO. El fiscal de la Fiscalía Superior Penal de Puno, en el recurso de nulidad (foja 702), solicitó que se declare la nulidad de la sentencia absolutoria impugnada. Sostuvo los siguientes agravios:

1.1. La Sala Penal Superior no valoró el indicio de móvil de la comisión del delito, el cual se acreditó con lo siguiente:

i) La declaración preliminar del propio acusado Roberto Honori Calani y la brindada por la madre de la agraviada en juicio oral, pues ambos confirmaron la existencia de un inmueble que iba a ser entregado como herencia el mismo día en que falleció la menor. ii) La transacción judicial del 23 de abril de 2002, celebrada entre los hermanos Honori Calani y la madre de la agraviada, en la cual esta última se comprometió a no recurrir a instancia judicial para acusarlos.

1.2. No valoró que el consumo del plátano por parte de la menor no fue un hecho aislado sino uno planificado, ya que un día antes Roberto Honori Calani se reunió con su familia a efectos de no entregar el inmueble que le correspondía a la menor como herencia. Por tanto, su presencia o no en el lugar de los hechos es irrelevante.

1.3. Se vulneró el principio de congruencia, puesto que la Sala Penal Superior no se pronunció respecto a la existencia de prueba indiciaria.

IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

SEGUNDO. El fiscal superior, en la acusación escrita y ratificada en juicio oral (fojas 153 y 495, respectivamente), acusó a José Honori Calani o José Honori Catari1, Luz Agripina Gutiérrez Mamani y Roberto Honori Calani, por los hechos acaecidos el 24 de enero de 2002.

Tal día, la menor Gloria Rocío Honori León de tres años de edad y su madre Martina León Juchani se encontraban en su domicilio ubicado en la comunidad campesina de Patacollo, sector Quilca, del distrito de Zepita, provincia de Chucuito, en Puno. A las 06:00 horas, aproximadamente, la menor ingresó a la cocina de dicho inmueble, donde se encontraba Luz Agripina Gutiérrez Mamani, conocida como Martha (esposa del acusado Roberto Honori Calani), quien le invitó un plátano y luego de ingerirlo empezó a vomitar y mostrar dolores estomacales, por lo que fue conducida al centro de salud de Zepita, a donde llegó cadáver. Se determinó como causa básica de su muerte “falla sistémica” y de las muestras extraídas del cuerpo de la menor se encontró compuesto carbámico. La hipótesis fiscal es que los acusados tenían interés en perjudicarla, pues iba a recibir una casa por derecho hereditario el día en que se produjeron los hechos.

TERCERO. El fiscal superior los acusó como autores del delito de homicidio calificado, previsto en el artículo 1082 del Código Penal (CP), con las agravantes de los incisos 1 (por lucro) y 4 (envenenamiento). Solicitó se les imponga veinticinco años de pena privativa de libertad y veinte mil soles por concepto de reparación civil a favor de los herederos legales de la menor agraviada.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

CUARTO. La Sala Superior emitió la sentencia del 26 de diciembre de 2018, en la que absolvió a Roberto Honori Calani con base en los siguientes argumentos:

4.1. En cuanto a la materialidad del delito, quedó acreditado que la muerte de la menor fue por envenenamiento, con base en las siguientes pruebas: i) Protocolo de necropsia, que acreditó que la muerte de la agraviada fue por falla multisistémica. ii) El análisis químico toxicológico, que dio positivo para compuesto carbámico y fue ratificado en juicio oral por el perito Luis Gonzales Portugal. iii) Las declaraciones de los médicos Luis Alberto Lipe Lizárraga y Guido Armando Cruz Tagle, quienes refirieron que la sustancia encontrada en el cuerpo de la menor le pudo causar vómitos y una muerte por asfixia.

4.2. Respecto a la responsabilidad penal de Roberto Honori Calani, concluyó que no se acreditó y tuvo como sustento la absolución por falta de pruebas de los otros dos acusados José Honori Catari y Luz Agripina Gutiérrez Mamani. En su criterio, no existe prueba directa que lo vincule con el envenenamiento de la menor y no es posible aplicar la prueba por indicios, puesto que la actuada en juicio oral acreditó que en el momento de los hechos solo se encontraban en la cocina los dos acusados mencionados, quienes fueron absueltos, la menor y su madre. Concluyó que la acusación fiscal no contiene una imputación concreta en contra de Roberto Honori Calani, y que lo postulado como móvil del asesinato no es suficiente para condenarlo.

FUNDAMENTOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

QUINTO. El principio acusatorio constituye una de las garantías esenciales del proceso penal, que integra el contenido esencial del debido proceso, referido al objeto del proceso, y determina bajo qué distribución de roles y en qué condiciones se realizará el enjuiciamiento del objeto procesal penal3. Una de las características del principio acusatorio guarda relación directa con la atribución del Ministerio Público, reconocida en el inciso 5, artículo 159, de la Constitución, de la titularidad de la acción penal. Este mandato constitucional implica que solo a este órgano constitucionalmente autónomo le corresponde indagar, formalizar la investigación y, en su momento, requerir el sobreseimiento o la acusación.

SEXTO. Por su parte, el principio de imputación necesaria o suficiente tiene sustento en el inciso 15, artículo 139, de la Constitución4. A nivel convencional, está consagrado en el literal a, inciso 3, artículo 14, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos5, y en el literal a, inciso 2, artículo 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos6, tiene estrecha vinculación con el derecho de defensa. Precisa que los hechos imputados tengan un mínimo nivel de detalle que permita al imputado saber el suceso histórico que se le atribuye, la forma y las circunstancias en que pudo tener lugar, y la conducta específica que se le imputa cuando sean varios acusados.

SÉPTIMO. Con relación a este principio, el Tribunal Constitucional tiene establecido que no se colma únicamente con la puesta en conocimiento al acusado de aquellos cargos que se le imputan, sino que comporta la ineludible exigencia de que la acusación ha de ser cierta, no implícita; sino precisa, clara y expresa, Es decir, una descripción suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y del material probatorio en que se fundamentan7.

Los jueces supremos en lo penal de la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario N.° 02-2012/CJ-1168, han establecido que los cargos penales son aquella relación o cuadro de hechos (acontecimiento histórico) de relevancia penal que se atribuye al imputado y que, prima facie, justifican la inculpación formal del Ministerio Público. De modo correcto han efectuado precisiones respecto de este principio, puesto que su nivel de precisión debe estar acorde con el momento procesal del ejercicio o promoción de la acción penal.

OCTAVO. Ahora bien, el principio de presunción de inocencia consagrado en el literal e, inciso 24, artículo 2, de la Constitución Política, prescribe que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad9. Conforme con la doctrina y la jurisprudencia, la presunción de inocencia tiene una doble dimensión en el proceso penal: como principio y como regla, de tratamiento, probatoria y de juicio. Como regla probatoria exige la actuación de suficiente prueba de cargo directa o indiciaria sobre la existencia del hecho y la intervención del acusado. Como regla de juicio exige que si luego de la valoración de la prueba el juzgador no llega a la certeza sobre la culpabilidad del acusado debe declarar su inocencia.

NOVENO. Por su parte, una sentencia condenatoria requiere de una actividad probatoria realizada con las garantías necesarias y donde se haya tutelado el contenido constitucionalmente protegido de los derechos a la prueba, defensa y debido proceso, que permita evidenciar la concurrencia plena de los elementos del delito y el grado de intervención y/o participación de un acusado. Además, el órgano jurisdiccional deberá explicar las razones por las que arriba a determinada conclusión, pues con ello se evita la existencia de arbitrarias restricciones del derecho a la libertad individual de los justiciables y se tutela su derecho a la presunción de inocencia10.

ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO

DÉCIMO. En principio, se tiene que el proceso penal inició en mérito a que la madre de la menor agraviada concurrió a la comisaría de Zepita y denunció que su hija de tres años de edad falleció y desconocía las causas de su muerte. Con base en su denuncia, se realizaron diversas diligencias preliminares que determinaron se abriera investigación contra Roberto Honori Calani, su esposa Luz Agripina Gutiérrez Mamani y su hermano José Honori Catari, pues la madre de la menor refirió que los tres, en calidad de familiares de su esposo, tuvieron una reunión un día antes de los hechos, en la que discutieron la entrega de un terreno ubicado en el distrito de Desaguadero que le correspondía a su hija como herencia, y que el mismo 24 de enero de 2002 su cuñada Luz Agripina Gutiérrez Mamani invitó un plátano a su hija, quien luego de ingerirlo falleció.

DECIMOPRIMERO. El fiscal superior, en la acusación fiscal, imputó a los tres acusados que la menor falleció producto de la ingesta de un plátano contaminado que le dio la acusada Luz Agripina Gutiérrez Mamani y que el  móvil del delito sería la disputa de un terreno que le correspondía a la menor por derecho hereditario.

DECIMOSEGUNDO. Ahora bien, con relación a Luz Agripina Gutiérrez Mamani y José Honori Catari, la Sala Penal de Apelaciones Liquidadora de Puno, mediante la sentencia del 11 de mayo de 2016 (foja 275 del cuaderno T-1), los absolvió como autores del delito de homicidio calificado11. Para ello tuvo en consideración lo siguiente:

12.1. En cuanto a Luz Agripina Gutiérrez Mamani, consideró que si bien aceptó en su declaración a nivel preliminar que le invitó un plátano a la menor en la mañana que falleció, los peritos médicos Alfonso Manuel Lazo Rojas y Guido Armando Cruz Tagle explicaron que se requiere de un mínimo de tres horas si la cantidad de ingesta es abundante para que se produzcan los efectos del envenenamiento, por lo que resultaba imposible determinar que su muerte haya sido causada por la ingesta del plátano y su efecto haya sido inmediato.

12.2. Con relación a José Honori Catari (reo ausente), sostuvo que el hecho de que la menor tenía que recibir una herencia no es suficiente para condenarlo, además de que no existe nexo causal que lo vincule con los hechos objeto de acusación ni existe prueba suficiente que lo incrimine.

DECIMOTERCERO. En cuanto a la responsabilidad penal del acusado Roberto Honori Calani, se advierte que previamente se emitió una sentencia absolutoria a su favor el 13 de octubre de 2014, que fue objeto de recurso de nulidad12. Este Tribunal Supremo la declaró nula y dispuso se lleve a cabo un nuevo juicio oral con diligencias, entre ellas, la concurrencia de la madre de la menor agraviada, del testigo Ricardo Caizaya Capaquira y, de ser el caso, se confronten con el acusado. Se dispuso también que se notifique a los peritos Wilfredo Revilla C. y Luis Gonzales Portugal, puesto que los hechos revisten de apariencia delictiva.

DECIMOCUARTO. En el nuevo juicio oral se actuaron las siguientes pruebas:

i) Declaración del testigo Ricardo Calizaya Capaquira (primo de la esposa del acusado), quien manifestó que no sabe quién le dio de comer a la menor el plátano y que cuando llegó al lugar de los hechos ella ya estaba en la posta. ii) Declaración de la madre de la agraviada, quien manifestó que el día de los hechos se encontró en la cocina con su hija, José Honori Catari y Luz Agripina Gutiérrez Mamani, y esta última le dio de comer el plátano a su hija. Agregó que Roberto Honori Calani no estaba en ese momento porque se había ido a cortar cebada para las vacas. iii) Confrontación entre Roberto Honori Calani y la madre de la menor. No aportó mayores datos a la forma en que ocurrieron los hechos, pues estuvo orientada a establecer el móvil delictivo, sin datos de relevancia. El acusado sostuvo que la venta del terreno se la dividieron en mitad para su familia y la otra mitad para la madre de la agraviada. Por su parte, la confrontada refirió que no sabía nada de arreglos del terreno, que no se “agarró ni un centavo” y se enfermó gravemente por la muerte de su hija.

En la etapa de oralización de documentales, se sometieron a contradictorio las siguientes: i) Acta de levantamiento del cadáver, del 24 de enero de 2002, que estableció como posible causa de la muerte de la menor “falla multisistémica”. ii) Acta de inspección ocular, del 26 de enero de 2002, en el domicilio de la menor, con resultado negativo para recipientes o residuos de alguna sustancia tóxica. iii) Protocolo de necropsia, del 24 de enero de 2002, que concluyó que en la tráquea de la menor había una secreción blanquecina, con posible causa de muerte por falla multisistémica y se debe descartar muerte por aspiración e intoxicación alimentaria. iv) Análisis químico toxicológico, del 1 de febrero de 2002, que concluyó que la muestra extraída de la menor dio como resultado positivo para compuesto carbámico. Conclusiones ratificadas en juicio oral por el perito Luis Gonzales Portugal. v) La transacción voluntaria celebrada el 23 de abril de 2002 entre la madre de la menor y los hermanos Roberto y José Honori. Se consiguió que la madre refirió que sospecha de ambos como autores de la muerte de su hija sin fundamentos y que, por tanto, no recurrirá a instancia judicial alguna. vi) Certificado Médico Legal N.º 5568, del 7 de agosto de 2018, que concluyó que en el cadáver de la menor se encontraron hallazgos anatómicos que guardan relación y coherencia con la conclusión diagnosticada de aspiración traqueo bronquial. Ratificado por los peritos Guido Armando Cruz Tagle y Luis Alberto Lipe Lizárraga en juicio oral.

DECIMOQUINTO. La prueba actuada, en efecto, permite afirmar la materialidad del delito, acreditada con la prueba científica anotada y valorada positivamente por la Sala Penal Superior.

En cuanto a la vinculación de Roberto Honori Calani con los hechos materia de acusación, se advierte que la imputación en su contra es insuficiente, puesto que no se describió concretamente el rol ni su nivel de intervención en los hechos, no se dice nada al respecto; por el contrario, se afirma que él no estuvo presente cuando su esposa Luz Agripina Gutiérrez Mamani le invitó el plátano a la menor. En ese aspecto, no se indica la forma en que intervino, debiendo considerarse que los otros dos acusados fueron absueltos por insuficiencia probatoria.

DECIMOSEXTO. El fiscal superior en el recurso de nulidad vincula la intervención de Roberto Honori Calani con el hecho de que la muerte de la menor coincidió con la entrega del bien inmueble que le correspondía a la menor agraviada producto de su derecho hereditario y que debía efectuarse precisamente el día en que ocurrieron los hechos. No obstante, esta situación no es suficiente para acreditar la vinculación de Roberto Honori Calani con los hechos, puesto que como anotamos la acusación es insuficiente con relación a este acusado. Asimismo, no se aportó medio probatorio alguno sobre la existencia del terreno y su venta, a fin de verificar quién se benefició al respecto

Por tanto, debe ratificarse su absolución, ya que no se ha desvirtuado la presunción de inocencia que como derecho fundamental le asiste al imputado.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON:

I. Declarar NO HABER NULIDAD en la sentencia del trece de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Sala Penal de Apelaciones en Adición Sala Penal Liquidadora y Anticorrupción de la provincia de Puno de la Corte Superior de Justicia de Puno, que absolvió a ROBERTO HONORI CALANI como autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, en perjuicio de la menor Gladis Rocío Honori León. Con lo demás que contiene.

II. ORDENAR se notifique la presente ejecutoria suprema a las partes apersonadas a esta instancia, se devuelvan los actuados al Tribunal Superior de origen y se archive el cuadernillo.


1 Conforme se consignó textualmente en la acusación.
2 Artículo modificado por la la Ley N.º 27472, publicada el 5 de junio de 2001.
3 GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho procesal penal. Madrid: Editorial Colex, p. 79.
4 Establece el principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.
5 Consagra el derecho del imputado a ser informado sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra él.
6 Prescribe el derecho del imputado a la comunicación previa y detallada de la acusación formulada.
7 STC números 8125-2005-PHC, 8123-2005-PHC, 6033-2006-PHC y 4989-2006-PHC, entre otras.
8 Del 26 de marzo de 2012. Asunto: Audiencia de tutela e imputación suficiente.
9 Una disposición de desarrollo del mandato constitucional se encuentra en el artículo II, del
Título Preliminar, del Código Procesal Penal, el cual precisa de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales, para desvirtuar este principio-derecho fundamental. Y que, en caso de duda sobre la responsabilidad penal, debe resolverse a favor del imputado.
10 Conforme con lo señalado de manera reiterada en la jurisprudencia de este Supremo Tribunal; por ejemplo, en los recursos de nulidad números 2978-2016/Huánuco, 47-2017/Lima Norte, 614-2017/Junín, 962-2017/Ayacucho, 2269-2017/Puno, 2565-2017/Cusco, 310-2018/Lambayeque y 1037-2018/Lima Norte, entre otros.
11 Sentencia que adquirió firmeza, pues fue declarada consentida el 16 de junio de 2016.
12 R. N. N.º 99-2015/Puno, del 12 de enero de 2017.

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