HOMICIDIO : ABSOLUCIÓN – La acusación escrita no describió el rol ni el nivel de intervención del acusado en los hechos, lo que sí ocurrió con su coacusada, quien fue absuelta por insuficiencia probatoria.
2 octubre, 2021
NULIDAD : Al recurrente no se le notificó debidamente la sentencia condenatoria impuesta en su contra.
6 octubre, 2021

ROBO: Preexistencia del bien materia del delito.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.º 1129-2020
LIMA NORTE

Preexistencia del bien materia del delito de robo

La preexistencia de la cosa materia del delito es indispensable para la afirmación del juicio de tipicidad; no obstante, no existen razones legales que impidan al Tribunal de instancia admitir para su probanza la propia declaración de la víctima. En ese sentido, en el caso sub judice, la declaración del agraviado cumple dicha finalidad probatoria.

Lima, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del procesado Richard Brian Caballero Coronado contra la sentencia del dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que lo condenó como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Abel Fernando Heredia Típula, a diez años de pena privativa de libertad efectiva y fijó en S/ 1000 (mil soles) el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar a favor del agraviado; con lo demás que al respecto contiene.

Intervino como ponente la señora jueza suprema Carbajal Chávez.

CONSIDERANDO

§ I. Agravios invocados

Primero. La defensa del encausado Caballero Coronado, en su recurso formalizado (foja 242), insta a la absolución de su patrocinado por insuficiencia probatoria. Precisa que solo existe la declaración del agraviado Heredia Típula a nivel policial, quien al momento de los hechos tenía dieciséis años, y que dicha declaración carece de verosimilitud; asimismo, no existen corroboraciones periféricas de carácter objetivo. Agrega que no se acreditó la preexistencia del bien objeto de robo.

§ II. Hechos materia de imputación y calificación jurídica

Segundo. El representante del Ministerio Público, a través de su acusación (foja 118), atribuye al encausado lo siguiente:

2.1. El veinticinco de diciembre de dos mil quince, a las 20:45 horas, en circunstancias en que el agraviado Abel Fernando Heredia Típula, de dieciséis años, se encontraba en compañía de su enamorada, en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Universitaria, el procesado Richard Brian Caballero Coronado lo interceptó, lo cogoteó –es decir, lo tomó del cuello por la espalda– y logró tumbarlo al suelo. Acto seguido, otros dos sujetos le propinaron golpes y le arrebataron su celular Samsung Galaxy S5 color blanco, con línea de la empresa Claro (número 986008873). Sin embargo, pese a haber estado en el piso, el agraviado, luego de ser golpeado, logró retener a uno de sus agresores (procesado), a quien sujetó de la pierna. Momentos después, hicieron su aparición efectivos policiales que patrullaban la zona (SO2 PNP Richard Salvador Norabuena y SO3 PNP Carlos Jhovany Zegarra Paredes), quienes se percataron de que vecinos del lugar habían retenido a un sujeto, a quien acusaban de haber asaltado, junto a otros dos, a la pareja de enamorados; por lo que el encausado fue conducido a la comisaría de Condevilla.

2.2. Los hechos fueron subsumidos en el delito contra el patrimonio, robo con agravantes, previsto y sancionado en el artículo 188 del Código Penal (tipo base)1, con las circunstancias agravantes contenidas en los incisos 2, 4 y 7, primer párrafo, del artículo 189 del citado texto legal2.

FUNDAMENTOS

Tercero. La Constitución Política del Estado, en el artículo 2, inciso 24, literal e, reconoce la garantía constitucional de la presunción de inocencia, según la cual solo se puede dictar sentencia condenatoria cuando el despliegue de la actividad probatoria sea suficiente y genere en el juzgador la certeza plena de la existencia del hecho punible y la responsabilidad penal del procesado. El contenido de este derecho comprende que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal convicción de la existencia del hecho punible y la responsabilidad penal del acusado, y con ello desvirtuar la presunción de inocencia.

De esta manera, en tanto no se prueba de forma definitiva la responsabilidad del acusado, este se encuentra asistido por dicha garantía constitucional.

Cuarto. El delito de robo, previsto y sancionado en el artículo 188 del Código Penal, tiene como nota esencial, que lo diferencia del delito de hurto, el empleo que hace el agente de violencia o amenaza contra la persona –no necesariamente sobre el titular del bien mueble–. La conducta típica, por tanto, integra el apoderamiento de un bien mueble total o parcialmente ajeno con la utilización de violencia física o intimidación sobre un tercero. Esto es, la violencia o amenaza –como medio para la realización típica del robo– han de estar encaminadas a facilitar el apoderamiento o a vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento.

En consecuencia, la violencia es causa determinante del desapoderamiento y está siempre orientada a neutralizar o impedir toda capacidad de actuación anterior o de reacción concomitante de la víctima, que pueda obstaculizar la consumación del robo3.

Quinto. En ese orden de ideas, se aprecia de los agravios expuestos en el recurso de nulidad que se enfocan en cuestionar dos aspectos de la valoración probatoria de la recurrida: primero, la preexistencia del bien objeto del robo y, con ello, la materialidad del delito; y, segundo, los elementos de cargo que vinculan al procesado con el delito. Según postula el recurrente, solo obra la declaración del agraviado, la cual carece de verosimilitud y no está corroborada. Por tanto, se analizará el caudal probatorio que sirvió de sustento para la decisión primigenia.

Sexto. Uno de los elementos de cargo recabados a nivel preliminar es la declaración del agraviado Abel Fernando Heredia Típula (de 16 años de edad), del veintiséis de diciembre de dos mil quince (foja 11), quien en presencia del representante del Ministerio Público y de su hermano Paúl Santiago Tirado Típula (de 28 años de edad), señaló que, junto a otras personas, retuvo al sujeto que robó su celular hasta que llegó la policía. La participación de este sujeto (encausado) consistió en agarrarlo por la espalda –lo cogoteó, es decir, lo tomó del cuello y lo tumbó al suelo– para que los otros dos sujetos le rebusquen los bolsillos y saquen su celular, por lo que opuso resistencia y agarró al procesado. Los otros dos sujetos lograron escapar del lugar con su celular. Asimismo, precisó que el encausado fue aprehendido de inmediato y lo reconoció porque lo había visto antes (lo conoce como pasajero en el medio de transporte en que trabaja como cobrador y lo vio comprando ropa en “La Cachina” y Las Malvinas).

Séptimo. Por su parte, el encausado Caballero Coronado, quien declaró a nivel preliminar (folio 14) y en juicio oral (folio 167), a fin de justificar su presencia en el lugar de los hechos y negar los cargos que se le imputan, señaló que vive cerca al lugar de los hechos y que al momento en que ocurría el robo, se dirigía a comprar su cena, momento en que vio que dos sujetos habían tumbado al piso al agraviado, quien pedía ayuda, razón por la cual se acercó a ayudarlo, gritándoles a los asaltantes que lo suelten, quienes al notar su presencia abandonaron el lugar; sin embargo, el agraviado lo tomó de la pierna y lo acusó de ser partícipe del robo, desconociendo los motivos de la imputación. Agregó que no conoce al agraviado y que los vecinos ayudaron a retenerlo y le rompieron las prendas, hasta que la policía llegó (veinte minutos después).

Octavo. De lo expuesto se colige que el principal elemento de cargo de la imputación fiscal es la declaración del agraviado Heredia Típula, por lo que corresponde examinar su versión, de conformidad con el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-1164, en el que se establecieron las siguientes garantías de certeza: i) ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en odio, resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición y que, por ende, le nieguen aptitud para generar certeza; ii) verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria; y iii) persistencia en la incriminación.

Noveno. En cuanto a la primera garantía –ausencia de incredibilidad subjetiva–, se aprecia que el agraviado, si bien manifestó que conocía al encausado como pasajero en el medio de transporte en que trabaja como cobrador y lo vio comprando ropa en “La Cachina” y Las Malvinas, no mantenía ningún tipo de relación de amistad o enemistad con él. En igual sentido, el procesado fue enfático en negar que conocía al agraviado y, con ello, que tuviera alguna enemistad con aquel o le diera motivo alguno para que formule imputaciones falsas (folio 169). Por tanto, como se afirma en la resolución primigenia, la versión incriminatoria del agraviado carece de incredibilidad subjetiva, pues entre él y el condenado no se acreditó la existencia de enemistad o resentimiento que podría haber motivado su sindicación. Asimismo, el encausado no señaló los motivos por los que el agraviado lo estaría sindicando en los graves hechos que denuncia. Aunado a ello, en el caso que nos ocupa, el encausado fue detenido por el agraviado y ayudado por los vecinos cuando se perpetraba el hecho delictuoso.

Décimo. Respecto a la segunda garantía, se constata que la declaración del agraviado tiene verosimilitud, pues se advierte que su versión es lógica y coherente, dado que narró las circunstancias del robo, así como la participación e intervención del encausado en flagrancia delictiva. Igualmente, su declaración se encuentra corroborada con los siguientes elementos periféricos: i) Acta de intervención policial (folio 2), donde se da cuenta de la forma y modo en que se produjo la intervención del encausado por los efectivos SO2 PNP Richard Salvador Norabuena y SO3 PNP Carlos Jhovany Zegarra Paredes, en mérito de la detención realizada por el agraviado con ayuda de las personas que estaban alrededor del lugar de los hechos; ii) declaración a nivel preliminar de los aludidos efectivos policiales Salvador Norabuena (folio 36) y Zegarra Paredes (folio 37), quienes sostuvieron que el día de los hechos, en circunstancias en que se encontraban patrullando en la jurisdicción de Condevilla, a la altura del paradero Tomás Valle, cruce con la avenida Universitaria, observaron que moradores de la zona aprehendieron a un sujeto a quien acusaban de haber robado a una pareja de enamorados; así, al acercarse al lugar, el agraviado refirió que tres sujetos le robaron su celular y que el encausado lo tomó del cuello para que los otros dos le quiten su celular; y iii) declaración en juicio oral del SO3 PNP Carlos Jhovany Zegarra Paredes, quien no brindó todos los detalles de la intervención del encausado, pero proporcionó suficientes detalles, tomando en cuenta el tiempo transcurrido.

Undécimo. En cuanto a la tercera garantía –persistencia en la incriminación– debe apreciarse que si bien el agraviado solo declaró a nivel preliminar, esta declaración se realizó con las garantías de ley, pues estuvo presente el representante del Ministerio Público y, dado que era menor de edad (tenía dieciséis años), estuvo acompañado de su hermano mayor, Paúl Santiago Tirado Típula. Asimismo, en su declaración preliminar el agraviado fue enfático en señalar que el encausado fue detenido con ayuda de los moradores del lugar, quienes dieron testimonio del robo.

Duodécimo. Visto lo anterior, la declaración del menor agraviado Abel Heredia Típula cumple con las garantías de certeza estipuladas en el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116.

Decimotercero. De otro lado, en torno al cuestionamiento de que no se probó la preexistencia del objeto robado (celular), el cual, según la declaración del agraviado, sería un celular Samsung Galaxy S5 de la empresa Claro, con número 986108873, cabe precisar que tanto el Tribunal Constitucional5 como este Tribunal Supremo6 han señalado en reiterados pronunciamientos que es válido el juicio que tiene por acreditada la preexistencia del bien sustraído, cuando se asiente en prueba personal. En ese sentido, la declaración del agraviado Abel Fernando Heredia Típula cumple dicha finalidad probatoria.

Decimocuarto. Por estos motivos, conforme a la valoración efectuada por la Sala Superior, se concluye que la materialidad del delito y la responsabilidad penal del sentenciado Caballero Coronado en el delito de robo están acreditadas. La sustracción del bien (celular) se realizó con violencia física contra el agraviado.

Decimoquinto. Finalmente, como el hecho delictuoso se produjo durante la noche, intervinieron tres personas y el agraviado es un menor de edad, dicho accionar configuró el delito de robo con agravantes, previsto por el artículo 188 del Código Penal (tipo base), con las circunstancias agravantes contenidas en los incisos 2, 4 y 7, primer párrafo, del artículo 189 del citado texto legal. De modo que las circunstancias específicas agravantes justificaban imponer una pena superior al extremo mínimo legal –no menor de doce años de privación de libertad–; no obstante, el Tribunal Superior la fijó en diez años, lo cual no puede ser modificado por este Tribunal Supremo, en virtud de la prohibición de la reforma en peor.

En consecuencia, visto únicamente el recurso de nulidad interpuesto por el sentenciado, corresponde desestimar sus agravios y, con ello, ratificar la condena y sus consecuencias jurídicas, de conformidad con la facultad conferida por el inciso 1 del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que condenó a Richard Brian Caballero Coronado como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, en perjuicio de Abel Fernando Heredia Típula a diez años de pena privativa de libertad efectiva, y fijó en S/ 1000 (mil soles) el monto que, por concepto de reparación civil, deberá abonar a favor del agraviado; con lo demás que al respecto contiene.

II. DISPUSIERON que se notifique la presente ejecutoria suprema a las partes personadas en esta instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo formado.


1 Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley número 27472, publicada el cinco junio de dos mil uno, cuyo texto es el siguiente:
«Artículo 188.- Robo
El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.»
2 Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley número 30076, publicada el diecinueve de agosto dos mil trece, cuyo texto es el siguiente:
«Artículo 189. Robo agravado
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: […]
2. Durante la noche o en lugar desolado. […]
4. Con el concurso de dos o más personas. […]
7. En agravio de menores de edad […].
3 Acuerdo Plenario número 3-2009/CJ-116, fundamento jurídico 10.
4 Fundamento jurídico 10.
5 Sentencia del Tribunal Constitucional número 198-2005-HC/TC, fundamento segundo: “Respecto al alegato del recurrente de que no se habría demostrado la preexistencia del bien materia del delito, este colegiado considera que, aun cuando el derecho a la prueba constituye un elemento del debido proceso, y la presunción de inocencia obliga al órgano jurisdiccional a una actividad probatoria suficiente que desvirtúe el estado de inocencia del que goza todo imputado, en nuestro ordenamiento la prueba se rige por el sistema de valoración razonable y proporcional («Sana Crítica») En virtud de ello, el juzgador dispone de un sistema de evaluación de los medios probatorios sin que estos tengan asignado un valor predeterminado («Tarifa Legal») [sic]”.
6 Recurso de Nulidad número 144-2010/Lima, fundamento octavo: “Que, de otro lado, si bien la prueba de la preexistencia de la cosa materia del delito es indispensable para la afirmación del juicio de tipicidad, no existen razones legales que impidan al Tribunal de instancia admitir a tales fines la propia declaración de la víctima, pues el artículo doscientos cuarenta y cinco del Código Procesal Penal en vigor no impone límite alguno a las pruebas con las que se puedan acreditar la posesión del bien, sobre todo en los casos de robo de dinero en efectivo; si se excluyera tal posibilidad, se establecerían exigencias incompatibles con su naturaleza jurídica [sic]”. En igual sentido, se tiene el Recurso de Nulidad número 114-2014/Loreto, fundamento quinto.

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