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Ausencia de notificación y vulneración del derecho a la defensa

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Pleno. Sentencia 835/2021
EXP. N.° 00074-2021-PHC/TC LIMA
VÍCTOR ORLANDO HUAPAYA VILLALOBOS

En Lima, a los 19 días del mes de agosto de 2021, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los magistrados Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos Núñez y Sardón de Taboada, pronuncia la siguiente sentencia; con el abocamiento del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera conforme a lo aprobado en la sesión del Pleno del 19 de agosto de 2021. Asimismo, se agregan el fundamento de voto del magistrado Blume Fortini y los votos singulares de los magistrados Ledesma Narváez y Ramos Núñez. Se deja constancia de que el magistrado Espinosa-Saldaña Barrera votará en fecha posterior.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don César Simón Vásquez Vásquez, abogado de don Víctor Orlando Huapaya Villalobos, contra la resolución de fojas 220, de 19 de diciembre de 2019, expedida por la Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de habeas corpus de autos.

ANTECEDENTES

El 27 de noviembre de 2018, don Víctor Orlando Huapaya Villalobos interpone demanda de habeas corpus (f. 1) contra los magistrados supremos integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores San Martín Castro, Salas Arenas, Barrios Alvarado, Príncipe Trujillo y Chávez Mella. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso y de defensa.

El recurrente solicita que se declare nula la resolución suprema de 24 de abril de 2017 (f. 76), que declaró haber nulidad en la sentencia de 13 de agosto de 2015 (f. 18), que lo condenó como autor del delito de actos contra el pudor a seis años y seis meses de pena privativa de la libertad; la reformó en estos dos extremos y lo condenó por el delito de violación sexual de menor de edad, y le impuso treinta y dos años de pena privativa de la libertad (RN 3244-2015).

El recurrente manifiesta que la sala suprema emplazada no cumplió con remitir los actuados al fiscal supremo en lo penal a fin de que formule el dictamen correspondiente. Además, no fue debidamente notificado a fin de participar en la audiencia de vista de la causa, por lo que no estuvo en posibilidad de ejercer válidamente su derecho a la defensa.

Asimismo, refiere que los jueces demandados no valoraron de manera conveniente la documentación probatoria recabada durante el trámite del proceso. Agrega que no se tomó en consideración que el acta de entrevista única realizada a la menor es una prueba contaminada, por cuanto la transcripción del acta realizada por el Ministerio Público difiere de la versión de los hechos que se recabó durante el desarrollo del juicio oral. De igual forma, aduce que no se analizó adecuadamente el testimonio brindado por la presunta agraviada, pues fue valorado a pesar de que el mismo carece de veracidad, coherencia y solidez. Sostiene que la madre de la menor en su declaración en juicio oral indicó que la menor no miente, pero en la pericia psicológica manifestó que su hija comenzó a mentir; que no se ha probado la aseveración de la madre de la menor de que habría aceptado la responsabilidad de los hechos, pues no hay testigo, grabación ni informe de la compañía de teléfonos. El recurrente enfatiza que no existen pruebas idóneas, pertinentes y conducentes para condenarlo por el delito de violación sexual de menor de edad.

El procurador público adjunto encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, mediante escrito de 8 de enero de 2019, absuelve el traslado de la demanda. Solicita que se la declare improcedente, por cuanto no es función de los jueces constitucionales el reexamen de lo decidido por la justicia ordinaria, ni mucho menos evaluar el criterio jurisdiccional de los jueces que resolvieron la sentencia. Asimismo, asegura que no se vulneró el derecho de defensa del beneficiario, por cuanto del seguimiento del sistema de consulta de expedientes judiciales de la Corte Suprema, se advierte que este no presentó ningún escrito a fin de apersonarse y solicitar el uso de la palabra (f. 119).

Don César Simón Vásquez Vásquez, abogado del favorecido, ratificó los argumentos expuestos a fin de sustentar la pretensión de la demanda (f. 135).

El Cuadragésimo Séptimo Juzgado Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 2 de octubre de 2019, declaró infundada la demanda, por considerar que la resolución cuestionada se emitió en el marco de un proceso regular. En esa línea, argumenta que el demandante no se apersonó a la instancia suprema a fin de ejercer su derecho de defensa. Por otro lado, estima que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 83° de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, el fiscal supremo no tenía la exigencia legal de emitir dictamen previo a la emisión de la cuestionada ejecutoria suprema (f. 178).

La Tercera Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución de 19 de diciembre de 2019, en líneas generales, confirmó la apelada por similares argumentos (f. 220).

FUNDAMENTOS

Petitorio

1. El objeto de la demanda es que se declare nula la resolución suprema de 24 de abril de 2017, por la que la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró haber nulidad en la sentencia de 13 de agosto de 2015, que condenó a don Víctor Orlando Huapaya Villalobos como autor del delito de actos contra el pudor a seis años y seis meses de pena privativa de la libertad; la reformó en estos dos extremos y lo condenó por el delito de violación sexual de menor de edad y le impuso treinta y dos años de pena privativa de la libertad (RN 3244-2015). Se alega la vulneración de los derechos al debido proceso y de defensa.

Análisis del caso

2. La Constitución establece en el artículo 200, inciso 1, que mediante el habeas corpus se protege tanto la libertad personal como los derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad personal o los derechos conexos a ella puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el habeas corpus.

3. En este caso, en un extremo, se cuestiona que los jueces demandados, al emitir pronunciamiento no valoraron de manera adecuada la documentación probatoria recabada durante el trámite del proceso. El accionante sostiene que no se tomó en consideración que el acta de entrevista única realizada a la menor es una prueba contaminada, por cuanto la transcripción de la misma realizada por el Ministerio Público difiere de la versión de los hechos que se recabó durante el desarrollo del juicio oral. De igual forma, aduce que no se analizó adecuadamente el testimonio brindado por la presunta agraviada, pues fue valorado a pesar de que el mismo carece de veracidad, coherencia y solidez; que la madre de la menor expresó que no miente, pero en la pericia psicológica manifestó que su hija comenzó a mentir; que no se ha probado que habría aceptado la responsabilidad de los hechos imputados; y, que no existen pruebas idóneas, pertinentes y conducentes para condenarlo por el delito de violación sexual de menor de edad.

4. Al respecto, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha dejado sentado que no es instancia en la que pueda dictarse pronunciamiento tendiente a valorar pruebas penales y determinar su suficiencia, ya que dichos asuntos no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, toda vez que son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria, que no compete revisar a la judicatura constitucional.

5. En consecuencia, respecto de lo señalado en los considerandos 3 y 4, supra, es de aplicación el artículo 7, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.

El derecho de defensa

6. Este Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha enfatizado que el derecho a la defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso penal, el cual tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que torna conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso.

7. Asimismo, este Tribunal ha precisado que el derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los titulares de derechos se ven impedidos de ejercer los medios legales suficientes para su defensa; no obstante, no cualquier imposibilidad de ejercer esos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo (Sentencias 00582-2006-PA/TC y 05175-2007-PHC/TC). Es importante tener presente que no se vulnera el derecho de defensa cuando el alegado estado de indefensión se generó por acción u omisión del propio afectado (Sentencia 00825-2003-AA/TC).

Análisis del caso concreto

8. En este caso, don Víctor Orlando Huapaya Villalobos alega que ante el recurso de nulidad interpuesto por el fiscal superior contra la sentencia condenatoria dictada en su contra en primera instancia, la sala suprema no cumplió con remitir los actuados al fiscal supremo en lo penal a fin de que este formule el dictamen correspondiente.

9. Al respecto, el artículo 83 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052, establece los supuestos en los que el fiscal supremo en lo penal debe emitir dictamen previo a la sentencia. Ninguno es de aplicación al presente caso, toda vez que la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima le impuso a don Víctor Orlando Huapaya Villalobos una condena de seis años y seis meses de pena privativa de la libertad.

10. El recurrente también cuestiona que no fue notificado para participar en la audiencia de vista de la causa; y, por tanto, no estuvo en posibilidad de ejercer debidamente su derecho a la defensa.

11. El segundo párrafo del artículo 131 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que:

El Presidente de la Sala hace citar con setenta y dos (72) horas de anticipación a los abogados que hayan solicitado el uso de la palabra para informar, así como a las partes que hayan pedido informar sobre hechos, precisando el tiempo que tienen para hacerlo. El abogado de la parte que no solicitó la palabra es igualmente citado si señaló domicilio en la sede de la Corte. En los demás casos no es necesario citar a los abogados o a las partes para la vista de la causa.

12. A fojas 128 corre copia de la cédula correspondiente al Expediente 006-2012, tramitado ante el Juzgado Especializado en lo Penal Transitorio de La Molina y Cieneguilla, la que fue notificada en el domicilio procesal fijado por el recurrente en dicho proceso, esto es, la “CASILLA 1220 CAL 4TO PISO DEL PALACIO DE JUSTICIA”.

13. Asimismo, corre a fojas 134 copia del reporte del Expediente 06117-2015-0-5001- SU-PE-01, respecto al trámite dado al proceso penal seguido en su contra, ante la instancia suprema. El decreto de 6 de abril de 2017 indica que

DADO CUENTA; encontrándose la presente causa expedita para resolver, señalaron fecha de vista para el día LUNES VEINTICUATRO DE ABRIL, a horas OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA, concediendo cinco minutos a los letrados para el informe oral, en caso de haberlo solicitado oportunamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo ciento treinta y uno del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, notificándose a las partes de la relación procesal, de haber fijado casilla electrónica o domicilio procesal dentro del radio urbano) de esta Suprema Corte si lo hubiere.-

14. No obstante, aunque el demandante tenía fijado domicilio procesal en una casilla del Palacio de Justicia y a la existencia de un mandado para su notificación, no se efectivizó aquella, impidiéndole el ejercicio de su derecho de defensa en la instancia suprema.

15. Por esta razón, este extremo de la demanda debe ser declarado fundado, debiendo reponerse el proceso penal subyacente al estado previo a la audiencia pública de vista de la causa, la que, programada nuevamente, le debe ser notificada en su domicilio procesal. En consecuencia, corresponde declarar nula la resolución suprema de 24 de abril de 2017 (f. 76).

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda, de acuerdo con lo expuesto en los considerandos 3 y 4, supra.

2. Declarar FUNDADA la demanda en lo que se refiere a la vulneración del derecho a la defensa; en consecuencia, declara NULA la resolución suprema (RN 3244- 2015) de 24 de abril de 2017 (f. 76), debiendo reponerse el proceso a la etapa previa a la emisión de dicha decisión, esto es, programar la vista de la causa y notificar ello a la parte recurrente en su domicilio procesal.

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ERNESTO BLUME FORTINI

En el presente caso, si bien concuerdo con la parte resolutiva de la sentencia, discrepo y me aparto de las afirmaciones contenidas en ella relacionadas con asuntos que se estima de competencia exclusiva y excluyente de la judicatura ordinaria, por cuanto, sin bien hay asuntos y aspectos que son, en principio, competencia de la justicia ordinaria, ello no significa que la Justicia Constitucional no esté habilitada para conocerlos y pronunciarse sobre los mismos, cuando detecta un proceder manifiesta y grotescamente contrario a los valores, principios, institutos y preceptos constitucionales, o un proceder manifiestamente lesivo a los derechos fundamentales, en especial a la tutela procesal efectiva y los derechos que aquella enunciativamente contiene, entre los cuales se encuentra, entre otros, el derecho al debido proceso y el derecho a obtener una resolución debidamente motivada y fundada en Derecho, tanto en Derecho sustantivo como en Derecho procedimental.

Sostener lo contrario es consagrar territorios liberados de control en el Estado Constitucional, lo cual es contrario a la esencia misma de este y a su naturaleza más íntima cuando de por medio hay violación a la jerarquía normativa de la Constitución, o amenaza o violación de derechos fundamentales.

Por ello, frente a procesos constitucionales en los que se cuestiona una decisión del órgano jurisdiccional no cabe asumir posiciones fundamentalistas que cierran toda posibilidad de intervención a la jurisdicción constitucional, como si estuviéramos frente a epitafios confesionales bíblicos y absolutos, o cotos cerrados e inalcanzables para el control constitucional; tanto es así que el artículo 9 del Código Procesal Constitucional habilita el amparo y el hábeas corpus contra resolución judicial firme, el cual permite ingresar a la constatación de si el proceder del órgano jurisdiccional ordinario se ha ajustado o no a los parámetros constitucionales.

En efecto, y a contramano de lo que se señala en la resolución en mención, hay casos excepcionales en que la Justicia Constitucional puede ingresar a revisar, por ejemplo, la valoración de las pruebas y su suficiencia, entre otros. Ello se da, insisto, cuando se ha producido la violación de algún derecho fundamental o se ha afectado la Constitución de alguna forma, lo cual incluye a sus principios, valores e institutos, entre otros aspectos inherentes a la misma.

Asimismo, puede ingresar a revalorar los medios probatorios en todos aquellos supuestos en los que se detecte un proceder manifiestamente irrazonable o inconstitucional, lo que a criterio del suscrito se presenta, entre otros casos, cuando se valoran irrazonablemente los hechos o, por ejemplo, se da una actuación arbitraria de la prueba, sea al momento de seleccionar los medios probatorios, prescindir antojadizamente de los mismos u otorgar una valoración absolutamente incompatible con lo que de aquellos se desprende.

Nuestra jurisprudencia, por lo demás, ha abordado este tipo de supuestos en diversas oportunidades (como, por ejemplo, lo hizo en los expedientes 0613-2003-AA/TC y 0917- 2007-PA/TC, entre otros), por lo que mal haría nuestro Colegiado en abandonar dicha orientación de suyo garantista y tutelar.

Más aún, esa habilitación, lo enfatizo, es propia y consustancial al Tribunal Constitucional, si se tiene en cuenta que a él le corresponde garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la primacía normativa de la Constitución, como instancia final en la jurisdicción nacional.

Por otro lado, considero necesario señalar que la referencia a la libertad personal que se hace en la sentencia de autos, debe ser entendida como libertad individual, la que, de acuerdo al artículo 200, inciso 1, de la Constitución, es la protegida por el hábeas corpus, además de los derechos constitucionales conexos, siendo la libertad individual un derecho continente, que engloba una serie de derechos de primer orden, entre los que se encuentra, por supuesto, la libertad personal o física, pero no únicamente ella; derechos que, enunciativamente, están reconocidos en los diversos incisos del artículo 33 del Código Procesal Constitucional.

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ

Con el debido respeto por la decisión de mis colegas magistrados, en el presente caso considero que la demanda debe ser declarada improcedente en un extremo e infundada en otro. Mis fundamentos son los siguientes

1. Víctor Orlando Huapaya Villalobos interpone demanda de habeas corpus solicitando que se declare nula la resolución suprema de fecha 24 de abril de 2017, que declaró haber nulidad en la sentencia de fecha 13 de agosto de 2015, que lo condenó como autor del delito de actos contra el pudor a seis años y seis meses de pena privativa de la libertad; y la reformándola lo condenó por el delito de violación sexual de menor de edad y le impuso treinta y dos años de pena privativa de la libertad (RN 3244-2015).

2. Arguye que la sala suprema emplazada no cumplió con remitir los actuados al fiscal supremo en lo penal para que se formule el dictamen correspondiente. Agrega que no fue debidamente notificado para participar en la audiencia de vista de la causa, por lo que no estuvo en posibilidad de ejercer válidamente su derecho a la defensa. Señala que los jueces demandados, al momento de resolver, no valoraron de manera conveniente la documentación probatoria recabada durante el trámite del proceso; así, precisa que no se tomó en consideración que el acta de entrevista única realizada a la menor es una prueba contaminada pues la transcripción de la misma realizada por el Ministerio Público difiere de la versión de los hechos que se recabó durante el desarrollo del juicio oral. De igual forma, señala que no se analizó adecuadamente el testimonio brindado por la presunta agraviada, pues fue valorado a pesar de que el mismo carece de veracidad, coherencia y solidez. Añade que la madre de la menor agraviada en su declaración en juicio oral señaló que su hija no miente, pero en la pericia psicológica manifestó que ella había comenzado a mentir; agrega que no se ha probado la aseveración de la madre de la menor de que habría aceptado la responsabilidad de los hechos, pues no hay testigo, grabación ni informe de la compañía de teléfonos. Finalmente, sostiene que no existen pruebas idóneas, pertinentes y conducentes para condenarlo por el delito de violación sexual de menor de edad.

3. En primer lugar debo señalar que coincido con la ponencia en cuanto declara improcedente la demanda en relación con el cuestionamiento que efectúa el recurrente a la actuación de los medios probatorios durante el proceso cuestionado y a la valoración que de los mismos efectuaron los jueces, pues, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el proceso constitucional no es instancia en la que pueda dictarse pronunciamiento tendiente a valorar pruebas penales y determinar su suficiencia, ya que dichos asuntos no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal, toda vez que son aspectos propios de la jurisdicción ordinaria, que no compete revisar a la judicatura constitucional.

4. Del mismo modo coincido con la ponencia en cuanto considera, contrariamente a lo afirmado por el recurrente, que no resulta aplicable al proceso subyacente lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 052, que establece los supuestos en los que el fiscal supremo en lo penal debe emitir dictamen previo a la sentencia dado que al actor se le impuso una condena de seis años y seis meses de pena privativa de la libertad, es decir, en el proceso subyacente no correspondía que la fiscalía suprema emita dictamen.

5. Empero, discrepo de lo resuelto en el punto 2 de la parte resolutiva de la sentencia que declara fundada la demanda por afectación del derecho de defensa, entendiendo que se omitió notificar al recurrente con la citación a la vista de la causa en sede de la Corte Suprema. A mi consideración, este extremo de la demanda también debe desestimarse.

6. En relación con ello, en primer lugar se debe tener en cuenta que, conforme lo dispone el artículo 131 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

La Corte Suprema y las Cortes Superiores ven las causas en audiencias públicas, por riguroso orden de ingreso, dentro de los treinta días siguientes a que se hallen expeditas para ser resueltas. No es necesario que la designación de día y hora para la vista conste en resolución expresa.

El presidente de la Sala hace citar con setenta y dos (72) horas de anticipación a los abogados que hayan solicitado el uso de la palabra para informar, así como a las partes que hayan pedido informar sobre hechos, precisando el tiempo que tienen para hacerlo. El abogado de la parte que no solicitó la palabra es igualmente citado si señaló domicilio en la sede de la Corte. En los demás casos no es necesario citar a los abogados o a las partes para la vista de la causa. […]

7. Por otro lado, la Resolución Administrativa N° 242-2016-P-PJ, en su artículo tercero estableció “Disponer que en todos los recursos que se interpongan ante los Órganos Jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia de todo el país – para ser revisados por las Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República – o directamente ante los órganos jurisdiccionales de este Supremo Tribunal; los abogados señalen obligatoriamente el domicilio procesal electrónico o el domicilio procesal postal o físico”. (El resaltado es mío).

Asimismo, en el artículo cuarto de la misma resolución se dispuso

“Precisar que el domicilio procesal postal a señalarse ante las Salas de la Corte Suprema de la Justicia de la República, será la Oficina de Casillas Judiciales Físicas instaladas en la sede de este Supremo Tribunal, de la Corte Superior de Justicia de Lima o del Colegio de Abogados de Lima”

8. Ahora bien, de la revisión de los actuados se puede apreciar que en el recurso de nulidad formulado por el actor contra la sentencia condenatoria que se le impuso, que debía ser resuelto por la Corte Suprema, el abogado no señaló domicilio procesal electrónico ni domicilio procesa postal o físico, pese a la obligatoriedad dispuesta en la resolución administrativa citada supra; además, no consta de las piezas procesales que obran en el expediente que durante la tramitación del recurso de nulidad el beneficiado se hubiera apersonado ante la Corte Suprema y señalado su domicilio procesal dentro del radio urbano de la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo exige el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para notificársele con la citación a la vista de la causa. Siendo ello así, no advierto afectación alguna al derecho de defensa del beneficiado, debiendo desestimarse también este extremo de la demanda.

Por estos fundamentos, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda en relación con lo precisado en el fundamento 3 de este voto, e INFUNDADA en cuanto a la afectación del derecho de defensa analizado en los fundamentos 4 y siguientes.

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ

Emito el presente voto, con el debido respeto por la opinión de mis colegas, porque considero, por los argumentos expuestos por la magistrada Ledesma Narváez en su voto, que la demanda debe ser declarada como IMPROCEDENTE e INFUNDADA.

VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Discrepo respetuosamente de lo que contiene en parte la ponencia en el presente caso. Paso a explicar seguidamente mis razones:

1. Con fecha 27 de noviembre de 2018, don Víctor Orlando Huapaya Villalobos interpone demanda de habeas corpus (f. 1) a su favor y la dirige contra los jueces supremos integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señores San Martín Castro, Salas Arenas, Barrios Alvarado, Príncipe Trujillo y Chávez Mella. Solicita que se declare la nulidad de la resolución suprema de fecha 24 de abril de 2017 (f. 76), a través de la cual la sala suprema demandada declaró haber nulidad en la sentencia de fecha 13 de agosto de 2015 (f. 18), que lo condenó como autor del delito de actos contra el pudor; y, reformándola, lo sentenciaron a treinta y dos años de pena privativa de la libertad por incurrir en el delito de violación sexual de menor de edad. Alega la vulneración de los derechos al debido proceso y de defensa.

2. El recurrente manifiesta, entre otros aspectos, que no fue debidamente notificado a fin de participar en la audiencia de vista de la causa ante la Corte Suprema, por lo que no estuvo en posibilidad de ejercer válidamente su derecho a la defensa.

3. Al respecto, el procurador público adjunto encargado de los asuntos judiciales del Poder Judicial, mediante escrito de fecha 8 de enero de 2019, absolvió el traslado de la demanda e indicó, entre otros aspectos, que del seguimiento del sistema de consulta de expedientes judiciales de la corte suprema se advierte que la defensa técnica del beneficiario no presentó ningún escrito a fin de apersonarse y solicitar el uso de la palabra (f. 119).

4. Ello se corrobora, en efecto, con el reporte del Expediente 06117-2015-0-5001-SU- PE-01, respecto al trámite dado al proceso penal seguido en su contra, ante la instancia suprema, en el que se advierte que la defensa técnica del favorecido no solicitó el uso de la palabra. Esta situación contrasta con el hecho que fue la defensa técnica del favorecido quien formuló el recurso de nulidad ante la propia Corte Suprema, lo que justificaba su interés en la tramitación del mismo, cosa que no ocurrió.

5. De otro lado, existe una sólida línea jurisprudencial de este Tribunal Constitucional que señala que en el trámite del recurso de nulidad establecido en el Código de Procedimientos Penales, prevalece el sistema escrito, a diferencia de lo que es un juicio oral. Por ello, el hecho de que no se haya informado oralmente en la vista de la causa no implica una violación al derecho a la defensa, toda vez que la facultad revisora de la Sala Penal Suprema se sustancia a través de una valoración netamente escrita (Expedientes 01317-2008- PHC/TC, 02833-2009-PHC/TC, 00971-2008- PHC/TC, 01866-2018-PHC/TC, entre otros).

En consecuencia, mi voto en el presente caso es de la siguiente manera:

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de acuerdo con lo expuesto en los considerandos 3 y 4 de la ponencia.

2. Declarar INFUNDADA la demanda en lo que se refiere a la vulneración del derecho a la defensa.

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