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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N.° 1606-2019
ÁNCASH

Peculado doloso

No rendir cuenta oportuna de los gastos realizados con fondos del Estado pese a la obligación de hacerlo constituye indicio de ánimo de apropiación de dichos fondos; más aún si la rendición de cuentas posterior se sustentó con documentos falsificados.

Lima, diez de agosto de dos mil veintiuno

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por Claudio Rodríguez Benites y el Ministerio Público contra la sentencia emitida el once de julio de dos mil diecinueve por la Sala Mixta Descentralizada-Huari de la Corte Superior de Justicia de Áncash, que lo condenó como autor del delito contra la administración pública-corrupción de funcionario-peculado doloso, tipificado en el artículo 387 del Código Penal, texto vigente según la modificación por la Ley n.o 26198 del trece de junio de mil novecientos noventa y tres, en agravio de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde del centro poblado de Chacas, distrito de Aczo, provincia de Antonio Raimondi, departamento de Áncash, y le impuso tres años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de dos años bajo el cumplimiento de reglas de conducta y la pena accesoria de inhabilitación relacionada con la incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público durante el tiempo de la condena; asimismo, le impuso el pago de S/ 2000 (dos mil soles) por concepto de reparación civil.

Intervino como ponente el señor juez supremo SEQUEIROS VARGAS.

CONSIDERANDO

Primero. Fundamentos de la impugnación

La defensa de Claudio Rodríguez Benites solicita que se revoque la recurrida y se le absuelva de los cargos en su contra. Sostiene que no se han compulsado debidamente las pruebas actuadas en el juicio oral. Sus fundamentos son los siguientes:

El Informe de Mantenimiento lo hizo la profesora Maza Garay mediante el Oficio n.o 045-2008 del nueve de julio de dos mil ocho, pero los recibos por honorarios que presentó no le fueron entregados por el acusado; además, no eran necesarios para sustentar los gastos, los cuales estaban probados con las boletas de venta de fojas 26-38 y las declaraciones juradas obrantes de fojas 283-295.

En la pericia contable solo se verificaron los recibos por honorarios profesionales; no se verificó la infraestructura educativa.

La pericia grafotécnica solo demuestra que los recibos por honorarios no fueron firmados por el titular de la razón social; no acredita que el procesado los haya firmado.

La visita de verificación in situ se realizó el dieciocho de diciembre, mientras que los trabajos de mantenimiento se realizaron en los meses de enero a marzo de ese año; era lógico que ya no estuviesen los envases de pintura por el tiempo transcurrido.

Los integrantes del Comité de Mantenimiento y del Comité Veedor son los directos fiscalizadores y estos no cuestionaron los trabajos de mantenimiento que se hicieron.

La opinión de un padre de familia, Juan Adrián Huertas Anaya, quien dijo que el trabajo de mantenimiento que hizo no está acorde con los S/ 9600 (nueve mil seiscientos soles) asignados a la institución educativa, no lo vincula con la comisión del delito, ya que dicha persona no es perita.

El que el gasto de mano de obra haya superado el 30 % genera responsabilidad administrativa, no penal.

El Ministerio Público solicita que se declare nulo el extremo de la pena impuesta. Sus fundamentos son los siguientes:

La pena impuesta no es proporcional a la gravedad del hecho imputado, por lo que se incurrió en causal de nulidad.

El Colegiado Superior no valoró el cargo que tenía el acusado al momento de la comisión del hecho ilícito, pues era el director de la institución educativa agraviada; por ende, le correspondía salvaguardar los intereses de la institución como funcionario público y como autoridad máxima; además, falsificó los documentos con la finalidad de sustentar los gastos inexistentes. Si bien es cierto que la acción penal por el delito de falsificación de documentos habría prescrito, configura una situación agravante no tipificada que se debió tomar en cuenta para la imposición de la pena.

Por la suma de dinero apropiada y el perjuicio económico causado, se le deben imponer cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por un periodo de prueba de tres años, pues se cumplen los requisitos del artículo 57 del Código Penal para la suspensión de la ejecución de la pena.

Segundo. Hechos imputados

2.1 El Ministerio Público sostiene que el acusado Rodríguez Benites, en su condición de director de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde, recibió en el mes de enero de dos mil ocho una transferencia económica del Ministerio de Educación por la suma de S/ 9600 (nueve mil seiscientos soles) a efectos de que realizara el mantenimiento de la mencionada institución educativa.

2.2 El dieciocho de diciembre de ese año la Comisión de Fiscalización de la UGEL Antonio Raimondi señaló que el acusado no exhibió los envases vacíos de la pintura y demás insumos utilizados para los trabajos de mantenimiento, pese a que de acuerdo con el informe de declaración de gastos se adquirieron 36 latas de pintura, 35 galones de látex, 1 galón de esmalte, 2 baldes de barniz y 18 galones de thinner. Asimismo, se constató que se gastó el 50 % del dinero asignado para mano de obra, pese a que de acuerdo con la directiva y las recomendaciones internas de la UGEL no se debía superar el 30 %.

2.3 Por consiguiente, el mantenimiento preventivo básico de la referida institución educativa se efectuó transgrediendo la Ley n.o 29142, el Decreto de Urgencia n.o 004 y la Directiva n.o 003-2008-ME/VMGI.

2.4 Se sustentó la sobrevaloración por mano de obra con los recibos de honorarios profesionales n.os 000066 y 000065, según los cuales se pagaron S/ 1727 (mil setecientos veintisiete soles) por concepto de pintado de pared y S/ 3070 (tres mil setenta soles) por mantenimiento de servicios higiénicos, por pintado de muebles, pizarra, obra negra y tapial; además, se trataba de recibos por honorarios falsificados.

2.5 Ante estas irregularidades, el director del Sistema Administrativo II del Órgano de Control Institucional, mediante el Informe n.o 10-2009, indicó que el monto pagado por concepto de pintado de aulas era exagerado, además de que se constató que el nivel secundario del local antiguo no estaba pintado; por el contrario, se encontraba deteriorado, lo cual hace previsible que haya existido apropiación de recursos del Estado por parte del denunciado.

Tercero. Fundamentos de la sentencia impugnada

El Colegiado Superior condenó al procesado bajo los siguientes fundamentos:

3.1 Se encuentra acreditada su condición de funcionario público con vinculación funcional con los fondos del Estado, pues en los meses de enero y febrero de dos mil ocho se desempeñó como director de la institución educativa agraviada y en esa condición recibió la suma de S/ 9600 (nueve mil seiscientos soles) para los trabajos de mantenimiento del local escolar.

3.2 Se encuentra acreditado que para justificar los gastos presentó recibos por honorarios profesionales por el monto de S/ 2797 (dos mil setecientos noventa y siete soles) pertenecientes al ingeniero Saúl Heysen Lázaro Díaz, pero este ingeniero ha negado haberlos suscrito y afirmó no haber realizado trabajo alguno para dicha institución educativa.

3.3 La apropiación del dinero se encuentra acreditada con la declaración del acusado, la del testigo Saúl Heysen Lázaro Díaz, el peritaje grafotécnico y la pericia contable.

3.4 No se han advertido causales de justificación ni culpabilidad.

3.5 El acusado no registra antecedentes penales. Es una persona con instrucción superior. No existen circunstancias agravantes cualificadas ni tampoco atenuantes privilegiadas. La pena debe situarse en el tercio inferior, esto es, entre dos y cuatro años. Ha comparecido al juicio oral cada vez que ha sido citado y sigue trabajando en el sector educación como docente. No tiene la condición de reincidente, por lo que es procedente su condena condicional.

3.6 El tipo penal aplicable no prevé la inhabilitación como pena principal, pero tratándose de delitos por violación de un deber inherente a la función pública, en aplicación del artículo 39 del Código Penal, procede la imposición de inhabilitación como pena accesoria por el tiempo de la condena; en este caso, la prevista en el inciso 2 del artículo 36 del citado código.

Cuarto. Fundamentos del Tribunal Supremo

4.1 No rendir cuenta oportuna de los gastos realizados con fondos del Estado pese a la obligación de hacerlo constituye indicio de ánimo de apropiación de dichos fondos; más aún, si la rendición de cuentas posterior se sustentó con documentos falsificados.

4.2 Se encuentra acreditado con el Oficio Múltiple n.o 033-2008-ME/MGI del viceministro del Ministerio de Educación y la relación adjunta —fojas 8-9— que el acusado Rodríguez Benites, en su condición de director de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde, recibió en el mes de enero de dos mil ocho una transferencia económica del Ministerio de Educación por la suma de S/ 9600 (nueve mil seiscientos soles), a efectos que se realizara el mantenimiento de la institución educativa a su cargo.

4.3 El dieciocho de diciembre de dos mil ocho la Comisión Evaluadora de Mantenimiento de Locales Escolares, conformada por el presidente Eden Javier Pitman, el secretario abogado Roger Raza Vásquez y el veedor abogado Silvio Daniel Jamancri López, efectuaron una constatación en el local de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde de Chacas —acta de verificación obrante a fojas 14-17— con la finalidad de verificar el mantenimiento y mejoramiento de los locales escolares con el dinero asignado por el Ministerio de Educación.

4.4 Producto de ello, se elaboró el Informe n.o 010-2009 de la Comisión de Fiscalización de Mantenimiento de Aulas y OCI al director de la UGEL Antonio Raimondi, Félix Francisco Soto, fechado el catorce de abril de dos mil nueve —foja 43—, en cuyas conclusiones se consignó que el acusado no conformó ninguno de los Comités (ni el de Mantenimiento ni el Veedor) y su informe de ejecución del quince de julio de dos mil ocho lo hizo en forma deficiente.

4.5 El testigo Silvio Daniel Jamanca López, en su manifestación preliminar—fojas 244-251—, quien trabajaba en la UGEL Antonio Raimondi en el Área de Control Interno desde el año dos mil tres a la fecha de la declaración e integraba la Comisión de Control Posterior de Mantenimiento de Aulas de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde, afirmó que elaboró el Informe n.o 010-2009 conjuntamente con otros funcionarios de la UGEL y constató que, a excepción de dos o tres aulas que estuvieron regularmente pintadas del área primaria y dos del nivel secundario, el resto de ellas no estaban pintadas, y el director Claudio Rodríguez justificó no haberlo hecho porque se encontraban muy deterioradas y estaba gestionando una nueva construcción, por lo que fueron exageradas las sumas de S/ 1772 (mil setecientos setenta y dos soles) y S/ 3070 (tres mil setenta soles) consignadas en los recibos por honorarios, ya que tenían informes recibidos de otras instituciones en las que el costo de los honorarios por pintado había sido mucho menor a esa suma; además, el director excedió el monto del 30 % recomendado para el gasto por mano de obra.

4.6 El acusado presentó las actas de conformación de los Comités Veedor y de Mantenimiento de fecha cuatro de febrero de dos mil ocho y el acta del informe final del Comité Veedor —fojas 122-126— del veintiocho de febrero de dos mil ocho, pero el testigo Marco Cárdenas Veramendi, en su manifestación preliminar —foja 105—, afirmó que no hubo asamblea para la formación de los Comités de Fiscalización del Trabajo y el director conformó a dedo la Comisión.

4.7 Conforme se advierte de la revisión de autos, fue la profesora Nicolaza Maza Garay quien en calidad de directora encargada remitió tres oficios entre los meses de abril, mayo y julio de dos mil ocho —Oficio n.o 020- 2088-ME-D EA/UGEL-AR-LL/I del catorce de abril de dos mil ocho a foja 23, Oficio n.o 030-3008-ME/RA-DREA/UGEL-AR/1.E.VAB/CHACAS.LL del dieciocho de mayo de dos mil ocho a fojas 99-102 y Oficio n.o 045-2008 del nueve de julio de dos mil ocho a foja 22— informando sobre los gastos de mantenimiento y adjuntando los documentos sustentatorios del consolidado de gastos realizados del monto asignado a la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde para el mantenimiento preventivo básico de aulas por la suma de S/ 9600 (nueve mil seiscientos soles), entre los que se incluyen la declaración de gastos, la copia fotostática de los recibos por honorarios profesionales y las boletas de ventas.

4.8 Estos oficios tienen el sello de Claudio Rodríguez Benites como remitente, pero son suscritos a su nombre por la directora encargada y se encuentran dirigidos al procesado Claudio Rodríguez Benites en su calidad de director del Programa Sectorial III de la UGEL Antonio Raimondi de Llamellín, pues este ostentó dicho cargo desde marzo de dos mil ocho hasta agosto del mismo año. Antes de ello, había sido director de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde de Chacas y como tal recepcionó la suma de S/ 9600 (nueve mil seiscientos soles) destinada a la reparación, refacción y habilitado de los locales escolares de las instituciones educativas a nivel nacional, conforme lo disponía el artículo 10 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal dos mil ocho.

4.9 Así lo reconoció el acusado, quien a nivel preliminar —fojas 95-97— afirmó que el mantenimiento de las aulas se realizó durante los meses de febrero y marzo de dos mil ocho, y finalizado el trabajo dentro del plazo previsto por la ley dejó lista la rendición de cuentas, así como los documentos sustentatorios de los gastos, entre los que se encontraban los recibos por honorarios profesionales correspondientes a Saúl Heysen Lázaro Díaz por las sumas de S/ 1727 (mil setecientos veintisiete soles) y S/ 3070 (tres mil setenta soles).

4.10 Sostuvo a nivel preliminar que sustentó formalmente los gastos con estos recibos debido a que el dinero no alcanzaba para contratar ingenieros y el Ministerio de Educación así se lo exigía. Aunque indicó que los gastos están justificados con las declaraciones juradas, que posteriormente presentó, de los empleados que realizaron los trabajos, por lo que es falsa su afirmación en instrucción y en juicio oral respecto a que desconocía la existencia de estos recibos falsificados.

4.11 A fojas 283-295 obran trece declaraciones juradas de diversas personas, fechadas en febrero de dos mil ocho, quienes declararon haber recibido dinero por trabajos realizados en la mencionada institución educativa, que asciende a un monto total de S/ 4770 (cuatro mil setecientos setenta soles).

4.12 Sin embargo, en el transcurso de la instrucción se recibieron las declaraciones testimoniales de los suscriptores de las declaraciones juradas, quienes aseveraron que realizaron trabajos de mantenimiento en la institución educativa; pero sus declaraciones no resultan convincentes, ya que incluso algunas de estas no concuerdan con lo consignado en las declaraciones juradas.

4.13 Así: i) Alfredo Lucero Medrano —fojas 359-360— afirmó que no otorgó recibo, sino que en un documento que no leyó puso su firma y su huella; ii) Edmundo Huerta Tarazona prestó declaración dos veces a nivel de instrucción —fojas 361 y 500-501—; en la primera dijo que recibió S/ 805 (ochocientos cinco soles) por pago de sus servicios y en la segunda refirió que le pagaron S/ 508 (quinientos ocho soles); iii) Edilberto Primitivo Acuña Villavicencio —foja 363— afirmó que prestó servicios como trabajador en el año dos mil ocho por un monto de S/ 20 (veinte soles), pero que no firmó ningún documento ni otorgó recibo alguno; sin embargo, a foja 287 obra una declaración jurada a su nombre por S/ 490 (cuatrocientos noventa soles); iv) Sebastián Espinoza Tarazona también declaró dos veces a nivel de instrucción —fojas 365 y 502-503—; en la primera dijo que cobró S/ 20 (veinte soles) por “brazeada” (en total, doce “brazeadas”) y otorgó un recibo simple; en la segunda afirmó que le pagaron la suma de S/ 150 (ciento cincuenta soles) y firmó un papel; sin embargo, en la declaración jurada a su nombre —foja 287— se consigna que recibió S/ 490 (cuatrocientos noventa soles), y v) Guillermo Trujillo Díaz también declaró dos veces en instrucción —fojas 367-368 y 505-506—; en la primera dijo que solo trabajó cuatro días y en su reemplazo fue su nieto Javier Andrés Asencio Trujillo y le pagaron S/ 80 (ochenta soles), pero en la segunda refirió que trabajó dos días y le pagaron la suma de S/ 40 (cuarenta soles); no obstante, en la declaración jurada a su nombre —foja 295— declaró que recibió S/ 30 (treinta soles).

4.14 Los suscriptores de las otras declaraciones juradas no han prestado declaración en el transcurso del proceso,

4.15 El Informe Pericial de Grafotecnia n.o N09/2010 de los recibos por honorarios —foja 184— concluye que estos no son auténticos, son firmas manuscritas falsificadas y el titular de estos recibos, el ingeniero Saúl Heysen Lázaro Díaz, en su manifestación preliminar —foja 142—, afirmó que no conoce al procesado ni la institución educativa; no ha expedido esos recibos por honorarios y la firma que aparece no es la suya; no realiza trabajos de pintura, solo de ingeniería, y esos recibos se le extraviaron en la quincena de enero del año dos mil siete, por lo que solicitó la impresión de un nuevo talonario, y desde el veinticinco de abril de dos mil siete (casi un año antes de la comisión de los hechos) empezó a emitirlos con una nueva numeración; adjuntó en prueba copia de sus verdaderos recibos por honorarios —los que obran en autos a fojas 145-167—.

4.16 A fojas 631-638 obra el informe pericial contable elaborado por las peritas contables judiciales Irma Florencia Reaño García e Ina Genoveva Valladares Rodríguez, que concluye que existe dinero pendiente de rendición que debe devolverse al Ministerio de Educación por un monto de S/ 4797 (cuatro mil setecientos noventa y siete soles) y solo se han sustentado S/ 4826.50 (cuatro mil ochocientos veintiséis soles con cincuenta céntimos).

4.17 No se cuestiona que haya realizado algunos trabajos de mantenimiento o que no haya conservado los envases de las pinturas. El problema radica en que su rendición de los gastos no solo es deficiente, sino que los elementos de prueba actuados acreditan dolo en su accionar, al haber utilizado documentos falsos que evidencian que se apropió ilícitamente de parte del dinero que se le entregó en su calidad de director de la institución educativa agraviada para que realizara labores de mantenimiento en el local.

& En cuanto a la pena

4.18 Originalmente se le imputó la comisión del delito de peculado doloso, previsto en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal, y del delito contra la fe pública-falsificación de documentos privados, previsto en el primer párrafo del artículo 427 del mismo código—acusación fiscal a fojas 653-667—. Empero, mediante la resolución del dos de junio de dos mil diecisiete —foja 847—, el Colegiado Superior declaró fundada la excepción de prescripción por el delito de falsificación de documentos privados.

4.19 El Ministerio Público en su recurso de nulidad solicitó que se le impongan cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por tres años por el delito de peculado doloso e inhabilitación accesoria por tres años.

4.20 La declaración de prescripción de la acción penal por el delito contra la fe pública no impide que se tome en cuenta la falsificación y uso de los documentos privados como una circunstancia que otorga gravedad al hecho; a ello se aúna que, según el certificado de antecedentes penales del acusado —foja 373—, este registra una condena por el delito de peculado que data de una fecha anterior a la comisión de los hechos sub judice, lo que evidencia su tendencia a la comisión de este tipo de actos ilícitos. Por lo tanto, se le debe aumentar la pena conforme solicita el Ministerio Público e incrementar el tiempo de la pena de inhabilitación por el mismo periodo.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, de conformidad en parte con el Ministerio Público, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia emitida el once de julio de dos mil diecinueve por la Sala Mixta Descentralizada- Huari de la Corte Superior de Justicia de Áncash en el extremo en el que condenó a Claudio Rodríguez Benites como autor del delito contra la administración pública-corrupción de funcionario-peculado doloso, en agravio de la Institución Educativa Víctor Andrés Belaúnde del centro poblado de Chacas, distrito de Aczo, provincia de Antonio Raimondi, departamento de Áncash; y le impuso como reparación civil el pago de S/ 2000 (dos mil soles) y HABER NULIDAD en el extremo del quantum de la pena privativa de libertad y de la inhabilitación impuesta; REFORMÁNDOLA, le impusieron cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años bajo el cumplimiento de reglas de conducta e inhabilitación accesoria por el mismo periodo (cuatro años); con lo demás que contiene.

II. MANDARON que se transcriba la presente ejecutoria suprema al Tribunal de origen; hágase saber.

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por vacaciones de la señora jueza suprema Carbajal Chávez.

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