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PECULADO : El error en la definición del título de intervención delictiva no genera nulidad de la sentencia.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL PERMANENTE

RECURSO NULIDAD N.° 947-2020/LORETO
PONENTE: CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO

Suficiencia probatoria para condenar

Sumilla. Las pruebas de cargo son sólidas, lícitas, compatibles entre sí y suficientes para enervar la presunción constitucional de inocencia. Por consiguiente, la sentencia condenatoria, centrada en el juicio histórico, es fundada. El recurso defensivo no puede prosperar. El error en la definición del título de intervención delictiva no genera nulidad de la sentencia, desde que no se modifica el suceso fáctico, se trata de un error patente, el bien jurídico y el delito en ambos títulos de intervención es el mismo, así como, fundamentalmente, no se cambia la pena y la modificación no tiene efectos lesivos desde el Derecho de Ejecución Penal, por lo que no es posible estimar que se produce una indefensión material y una vulneración del principio de interdicción de la reformatio in peius.

Lima, veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del encausado JAQUER JIMÉNEZ PASTRANA contra la sentencia de fojas mil quinientos noventa y nueve, de diecisiete de enero de dos mil veinte, que lo condenó como cómplice primario del delito de peculado doloso en agravio de la Municipalidad Distrital de Teniente Manuel Clavero a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente por el plazo de dos años, y un año de inhabilitación, así como al pago de cinco mil soles más la devolución de lo apropiado por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene.

Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS

§ 1. DE LA PRETENSIÓN IMPUGNATIVA DEL IMPUTADO

PRIMERO. Que la defensa del encausado JIMÉNEZ PASTRANA en su escrito de recurso de nulidad formalizado de fojas mil seiscientos cuarenta y tres, de treinta de enero de dos mil veinte, instó la absolución de los cargos. Alegó que no se determinó el dolo en su conducta ni se valoró adecuadamente las declaraciones de Rodas Balcázar y Huamán Fachín; que la pericia contable no individualiza la responsabilidad de los funcionarios responsables; que los hechos que le atribuyen no son conformes con las funciones que le asigna el MOF de la institución.

§ 2. DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO PENAL

SEGUNDO. Que la sentencia de instancia declaró probado que mediante proceso de adjudicación directa selectiva número cero cero tres guión dos mil siete guión CEP guión MDTMC “Consultoría para elaboración del expediente técnico Plaza de Armas Localidad Soplín Vargas”, el Comité, presidido por el condenado Porras Huamán, otorgó la buena pro a Edwin Alcides Rodas Balcázar, por lo que el dieciséis de enero de dos mil ocho se suscribió el contrato respectivo por la suma de cuarenta mil soles. Este último, sin embargo, entregó el expediente técnico el dieciocho de marzo de dos mil ocho, vencido el plazo de treinta días acordado, pese a lo cual el condenado Huayanay Hidalgo, alcalde, y el imputado Jiménez Pastrana, sub-gerente de Logística y Patrimonio, tramitaron la orden de servicio número cero cincuenta y nueve, de veintinueve de abril de dos mil ocho, en cuya virtud se emitió el memorando sobre autorización de pago por el condenado Porras Huamán dirigido al subgerente de Tesorería, condenado Puga Álvarez, en cuya virtud se canceló a Rodas Balcázar la suma de cuarenta mil soles. Es del caso que, según el contrato, el pago debía efectuarse en tres armadas y debían levantarse las observaciones que pudieran ser presentadas, así como presentar carta fianza. El evaluador Gutiérrez Gutiérrez había presentado observaciones no subsanadas, como dieron cuenta la Subgerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura y la Gerencia de Asesoría Jurídica, lo que determinó la contratación de otro profesional para levantar las observaciones, al que se le pagó cuatro mil soles.

§ 3. DE LA ABSOLUCIÓN DEL GRADO

TERCERO. Que los hechos se determinan con el mérito de los Informes de Asesoría Jurídica de fojas ciento treinta y dos y de la Subgerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de fojas dieciséis, que dan cuenta de las irregularidades en la ejecución del contrato, en la no subsanación de las observaciones formuladas al expediente técnico y en el pago total sin exigir la respectiva penalidad por la tardanza en su entrega y por no subsanar las observaciones. Consolidada esta prueba documental, la pericia contable de fojas mil quinientos treinta y dos y su ratificación plenarial a fojas mil quinientos cincuenta y cuatro: incumplimiento del contrato en la forma de pago; atraso de setenta y cuatro días adicionales; no exigencia de cobro de la penalidad de veinticuatro mil seiscientos sesenta y seis soles con setenta y siete soles; y necesidad de contratar otro consultor para subsanar las observaciones al que se le pagó cuatro mil soles. El perjuicio total alcanzó la suma de veintiocho mil seiscientos sesenta y seis soles con sesenta y siete céntimos. Las observaciones fueron levantadas por el último conductor, conforme aparece del Informe de fojas ciento cincuenta y siete.

CUARTO. Que, según el Manual de Organización y Funciones, vigente en esa fecha, de la Municipalidad Distrital agraviada, corriente a fojas novecientos sesenta, el imputado Jiménez Pastrana como Subgerente de Logística y Patrimonio debía, en lo pertinente, programar y ejecutar la adquisición de servicios, así como mantener informada a la alcaldía sobre todo lo relacionado a las contrataciones de bienes y servicios. Él conocía del contrato en cuestión –incluso integró el Comité que otorgó la buena pro al consultor Rodas Balcázar– e intervino en el visado del comprobante de pago número ciento sesenta y cuatro, corriente a fojas sesenta y dos, que permitió el pago indebido con las demás consecuencias lesivas al patrimonio de la Municipalidad agraviada.

Respecto de estos hechos los encausados Huayanay Hidalgo, Puga Álvarez y Porras Huamán se acogieron a la conformidad procesal [acta de fojas mil trescientos cincuenta y siete] y fueron condenados por sentencia conformada de fojas mil trescientos sesenta y siete, de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, como coautores del delito en cuestión.

QUINTO. Que el acusado recurrente Jiménez Pastrana reconoció que participó como miembro del Comité de Adquisición y del Comité de Selección, así como en la elaboración del contrato. Agregó que, como no era su función, no verificó la conformidad del servicio, pero que le correspondía elaborar la orden de servicios, previa revisión del expediente técnico en físico y CD. Acotó que como ya constaba el acta de conformidad del área usuaria, su obligación era darle trámite, y no conocía de la demora en la entrega del expediente técnico por el consultor contratado [fojas ochenta y cinco, seiscientos ochenta y cinco, ochocientos noventa y uno, mil cuatrocientos veintiséis].

SEXTO. Que el delito de peculado es uno de infracción de deber. Como este delito se sustenta en la vulneración de un deber positivo normativamente establecido es central la responsabilidad por la competencia asumida. Como no es un delito de dominio y su conducta importa una infracción de sus deberes funcionariales, con conocimiento del riesgo que ello importaba al patrimonio municipal, es obvio que tiene la calidad de autor. Ha sido un error del Tribunal Superior calificar su conducta como cómplice primario, pues precisamente los deberes de actuación que infringió dieron lugar a la lesión del patrimonio de la Municipalidad. En el sub-lite, hay varios autores, cada uno según su propia responsabilidad por la competencia institucional que le correspondía.

La pretensión defensiva del imputado no es sostenible. El MOF le atribuía competencia específica en una fase de la ejecución del contrato de servicios, él sabía del contrato y sus cláusulas, de suerte que estaba en su conocimiento lo que era necesario para el pago, cómo debía efectuarse y en qué situaciones correspondía advertir irregularidades e informar al alcalde de lo sucedido. La pericia contable determina el perjuicio y su base administrativa, y las demás pruebas (el MOF e informes internos, así como parte de la declaración del propio imputado) dan cuenta de la intervención delictiva y de su consiguiente responsabilidad penal.

SÉPTIMO. Que, por consiguiente, las pruebas de cargo son sólidas, lícitas, compatibles entre sí y suficientes para enervar la presunción constitucional de inocencia. Por consiguiente, la sentencia condenatoria, centrada en el juicio histórico, es fundada. El recurso defensivo no puede prosperar.

Cabe puntualizar que, en el presente caso, el error en la definición del título de intervención delictiva no genera nulidad de la sentencia, desde que no se modifica el suceso fáctico, se trata de un error patente, el bien jurídico y el delito en ambos títulos de intervención es el mismo, así como, fundamentalmente, no se cambia la pena y la modificación no tiene efectos lesivos desde el Derecho de Ejecución Penal, por lo que no es posible estimar que se produce una indefensión material y una vulneración del principio de interdicción de la reformatio in peius.

DECISIÓN

Por estos motivos, de conformidad en parte con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal: I. Declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas mil quinientos noventa y nueve, de diecisiete de enero de dos mil veinte, que condenó a JAQUER JIMÉNEZ PASTRANA como cómplice primario –debiendo entenderse como autor– del delito de peculado doloso en agravio de la Municipalidad Distrital de Teniente Manuel Clavero a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente por el plazo de dos años, y un año de inhabilitación, así como al pago de cinco mil soles más la devolución de lo apropiado por concepto de reparación civil; con todo lo demás que al respecto contiene. II. DISPUSIERON se remita la causa al Tribunal Superior para que por ante el órgano judicial competente se inicie la ejecución procesal de la sentencia condenatoria; registrándose. HÁGASE saber a las partes procesales personadas en esta sede suprema.

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