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Omisión y defectos en la valoración probatoria por delito de lavado de activos.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
RECURSO DE NULIDAD N.° 472-2019
NACIONAL

DEFECTO DE MOTIVACIÓN EN SENTENCIA ABSOLUTORIA POR DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Sumilla. La Sala Superior absolvió por insuficiencia probatoria a los acusados; sin embargo, de las dos actividades criminales previas atribuidas: enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria, solo se pronunció por la primera (defectuosamente) y no por la segunda. Descartó el valor probatorio de la pericia oficial que concluyó desbalance patrimonial únicamente porque sostuvo que no se vincula con una actividad previa, sin analizarla debidamente. Por el contrario, le dio valor a la pericia de parte sin contrastarla ni realizar un debate con el perito oficial. Por tanto, se aprecian defectos en la motivación pues se incurrió en vicios y omisiones en la valoración de la prueba. En tal sentido, se debe anular la decisión y llevar a cabo un nuevo juicio oral.

Lima, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por el FISCAL DE LA PRIMERA FISCALÍA SUPERIOR NACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PÉRDIDA DE DOMINIO y la PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PROCESO DE PÉRDIDA DE DOMINIO contra la sentencia del once de diciembre de dos mil dieciocho (foja 5400), emitida por el Colegiado A de la Sala Penal Nacional1, que absolvió de la acusación fiscal a Pedro Alfredo Carranza Salinas y Javier Alejandro Álvarez Guzmán, como presuntos autores del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia, en perjuicio del Estado, con lo demás que contiene. Con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema SUSANA CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE

PRIMERO. Este Supremo Tribunal considera necesario poner de relieve los siguientes antecedentes y actos procesales:

1.1. El 6 de febrero de 2003, el oficial de cumplimiento del Banco Continental, mediante Carta CN-003R/2003, comunicó a la Fiscalía de la Nación de las transacciones sospechosas por parte de la empresa Farma Perú Universal S. A. C. en la Cuenta de Ahorros N.° 0011-01140200003268, perteneciente a PEDRO ALFREDO CARRANZA SALINAS y MÓNICA CECILIA FERRARI RODRÍGUEZ DE CARRANZA, que no guardarían relación con su perfil económico. La Primera Fiscalía Provincia Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, mediante resolución del 24 de febrero de 2003 dispuso iniciar la investigación financiera contra aquellos y la empresa mencionada ante la División de Investigación Financiera de la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro).

1.2. Luego de las investigaciones, la Dirandro concluyó que no se les encontró indicios o evidencias razonables que ameriten una investigación financiera por el presunto delito de lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas. El 30 de marzo de 2005, el fiscal provincial dispuso la ampliación de la investigación y la remisión de los actuados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta entidad, mediante Informe N.° 4- 2007/CONJUNTA, del 22 de marzo de 2007, concluyó la existencia de datos incriminatorios.

1.3. El 30 de octubre de 2008, el fiscal provincial formalizó la denuncia penal contra PEDRO ALFREDO CARRANZA SALINAS, como autor, y contra JAVIER ALEJANDRO ÁLVAREZ GUZMÁN y MÓNICA CECILIA FERRARI RODRÍGUEZ DE CARRANZA, como cómplices primarios, de la comisión del delito de lavado de activos. Asimismo, dispuso que, ante la existencia de indicios de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito por parte de Carranza Salinas, se remitan copias certificadas de lo actuado a la Fiscalía de la Nación para que procedan conforme con sus atribuciones. El 24 de diciembre de 2008, el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima abrió instrucción en la vía ordinaria y dictó mandato de comparecencia con restricciones.

1.4. El 22 de febrero de 2011, el fiscal de la Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada emitió el dictamen acusatorio contra Pedro Alfredo Carranza Salinas y Javier Alejandro Álvarez Guzmán como autores del delito de lavado de activos, y de no haber mérito para pasar a juicio oral contra Mónica Cecilia Ferrari Rodríguez de Carranza. Este dictamen fue acogido por la Sala Superior mediante resolución del 28 de abril de 2011.

1.5. En cuanto al extremo de no haber mérito para pasar a juicio oral contra Mónica Cecilia Ferrari, la Procuraduría Pública interpuso recurso de nulidad. Este Supremo Tribunal, mediante ejecutoria suprema del 10 de octubre de 2012 (R. N. N.° 142-2012), declaró nula la citada resolución en dicho extremo e insubsistente el dictamen superior y dispuso que se emita un nuevo pronunciamiento al respecto. El 14 de agosto de 2015, el fiscal superior emitió dictamen acusatorio contra Mónica Cecilia Ferrari. El 7 de junio de 2017 se dictó auto de enjuiciamiento en su contra.

1.6. El 29 de septiembre de 2017 se instaló la audiencia de juicio oral contra los tres acusados. En la sesión del 25 de julio de 2018 el fiscal superior retiró la acusación contra Mónica Cecilia Ferrari. La Sala Superior declaró procedente el pedido y sobreseyó la causa contra aquella.

1.7. Finalmente, el 11 de diciembre de 2018, la Sala Superior absolvió de la acusación fiscal a Pedro Alfredo Carranza Salinas y Javier Alejandro Álvarez Guzmán. Contra esta decisión, la Procuraduría Pública y el fiscal superior interpusieron recursos de nulidad, los que son materia del presente pronunciamiento.

HECHOS MATERIA DE JUICIO ORAL Y TIPIFICACIÓN

SEGUNDO. Conforme con el dictamen acusatorio y la requisitoria oral, el fiscal superior sostuvo que mediante Oficio N.º 1258-2003MP-FN-SEGFIN, del 11 de febrero de 2003, la secretaria general de la Fiscalía de la Nación remitió la Carta CN-003R/2003, del Banco Continental a la Primera Fiscalía Especializada Antidrogas-Lima, a través de la cual se reportaron transacciones inusuales realizadas en la cuenta de moneda nacional N.º 0011-01140200003268 (S/ 38 950,00 en efectivo, S/ 12 555,05 en cheques y S/ 39 384,00 en depósitos), perteneciente al acusado Pedro Alfredo Carranza Salinas y su cónyuge Mónica Cecilia Ferrari Rodríguez de Carranza. Estos abonos se produjeron inicialmente desde provincias entre 1999 a 2000 y durante el 2002, con cheques provenientes de la Cuenta Corriente N.º 0110357-0100006954, perteneciente a la empresa Farma Perú Universal S. A. C., cuyo gerente fue su coacusado Javier Alejandro Álvarez Guzmán, fondos que no fueron sustentados y fueron posteriormente retirados en efectivo, operaciones que a consideración de la entidad bancaria no guardan relación con el perfil económico e ingresos declarados por los acusados, sino que constituyen operaciones sospechosas y reportadas al Ministerio Público. Asimismo, se reportó que también son titulares en forma mancomunada e indistinta de las siguientes cuentas: i) Cuenta corriente N.° 0011-0114-0100016214 por $ 14 248,00. ii) Cuenta corriente N.º 0011-0114-0100016206 por S/ 7200,00. iii) Cuenta de ahorros N.° 0011-0114-0200016327 en dólares americanos. iv) Cuenta a plazo fijo N.° 0011-0114-030006061 en soles.

El acusado Carranza Salinas, en su condición de teniente coronel del Ejército peruano, durante el periodo del 1 de enero de 2001 al 30 de mayo del 2002, se desempeñó como gerente de la Clínica Militar Virgen de las Mercedes (perteneciente al Hospital Militar), y recibió en sus cuentas, depósitos de dinero en efectivo que no guardan relación con sus ingresos; por lo que, a fin de dar apariencia de legalidad a sus ilícitos ingresos obtenidos durante su gestión como gerente, constituyó una serie de empresas como:

Estas empresas, según las búsquedas a través de Sunat se registran con baja de oficio, es decir que no tienen actividad en la actualidad. En ese aspecto, fueron creadas con la finalidad de desviar ingresos producto de las actividades ilícitas de Carranza Salinas, dinero que luego fue transferido a sus cuentas bancarias por concepto de remuneraciones por desempeñarse como asesor y así justificar sus ingresos de manera ilícita.

Asimismo, Carranza Salinas invirtió dinero de origen ilícito por S/ 50 00,00 en la empresa Farma Perú Universal S. A. C., a través de su amigo, el coacusado Álvarez Guzmán, para luego ser retornados a través de cheques girados a su nombre, pagos que buscaron aparentar relaciones de asesoría y arrendamiento de un vehículo, con los que realizaron actos de conversión.

Además, Yeremi Arón Espinoza Velarde realizó un depósito por $ 9278,00 en la Cuenta corriente N.° 0011-0114-0100016214, perteneciente al acusado Carranza Salinas. Alegó que hizo esta operación porque no tenía cuentas bancarias y que ese dinero le fue devuelto en efectivo por el acusado; sin embargo, ambos se encuentran vinculados, ya que Espinoza Velarde es accionista y gerente general de la empresa Farma Perú Universal S. A. C., la cual otorgó un poder a favor del acusado y tiene el mismo domicilio fiscal que la empresa Hold Equipment S. A. C.

La generación de los ingresos ilícitos tiene como fuente los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria. En el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera se evidenció un incremento notorio del patrimonio personal del acusado. Las empresas coincidentemente se encuentran dedicadas a la venta de productos o medicamentos farmacéuticos, realizadas de manera previa, durante y posterior a su cargo como gerente en la clínica Virgen de las Mercedes, donde el acusado tenía la disponibilidad y preferencia para vender productos de dichas empresas a los pacientes de manera ambulatoria, lo que le generó ganancias que no fueron declaradas como rentas ante la Sunat. Conforme con el legajo personal de sanciones disciplinarias que se le impuso a Carranza Salinas, figuran las siguientes sanciones:

• Arresto simple por seis días, impuesto el 30 de diciembre de 2003 por faltar a la verdad ante la Inspectoría General del Ejército (IGE) al afirmar no tener relación empresarial o comercial con las empresas Farma Perú Universal S. A. C. y Farma Perú World S. A. C.; sin embargo, se demostró lo contrario, pues sí tiene vínculos con dichas empresas.

• Arresto simple por dos días, impuesto el 9 de agosto de 2005, pues en condición de gerente general de la Clínica Virgen de las Mercedes en el 2002, le faltó control con el personal bajo su mando, lo que ocasionó que elementos ajenos a la institución adquieran productos para la clínica (medicinas y leche), utilizando formatos de órdenes de compra similares a los que emplea Fospeme, empleando además el RUC del Ejército a favor de la empresa Farma Perú World S. A. C., para obtener ventajas comerciales en el mercado y evadir impuestos en la Sunat.

TERCERO. Como imputaciones concretas se sostuvo que, a Pedro Alfredo Carranza Salinas se le atribuyó cuatro cargos: i) Primera imputación. Mantener cuentas bancarias mancomunadas con su cónyuge, las cuales reportaron transacciones sospechosas incompatibles con su perfil económico de ingresos. ii) Segunda imputación. A fin de dar apariencia de legalidad a sus ingresos ilícitos, durante su gestión como gerente de la Clínica Militar Virgen de las Mercedes, constituyó cinco empresas, en las cuales fue nombrado asesor a fin de explicar los ingresos de sus cuentas bancarias. iii) Tercera imputación. Haber invertido dinero de origen ilícito por S/ 50 000,00 en la empresa Farma Perú Universal S. A. C. iv) Cuarta imputación. No haber justificado la procedencia del dinero depositado en su Cuenta Corriente N.° 0011-0114-0100016214 por $ 9278,00, por parte de Yeremi Arón Espinoza Velarde, quien dio versiones contradictorias a lo referido por el acusado.

Por su parte, a Javier Alejandro Álvarez Guzmán se le imputó haber constituido la empresa Farma Perú Universal S. A. C., donde figura como gerente general, con dinero de procedencia ilícita equivalente por S/ 50 000, proporcionado por Carranza Salinas, los cuales le fueron retornados a través de cheques girados a su nombre.

Por estos hechos, el fiscal superior acusó a Pedro Alfredo Carranza Salinas y Javier Alejandro Álvarez Guzmán como autores del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión, previsto en el artículo 1 de la Ley N.º 27765. Solicitó para ambos doce años de pena privativa de libertad, doscientos cincuenta días multa y el pago solidario de cincuenta mil soles como reparación civil.

SUSTENTO DE LOS RECURSOS DE NULIDAD

CUARTO. El fiscal superior, en el recurso de nulidad (foja 5489), solicitó que se declare la nulidad de la sentencia absolutoria. Sostuvo los siguientes agravios:

4.1. La Sala Superior no tuvo en cuenta la autonomía del delito de lavado de activos, conforme con los recursos de nulidad números 2868-2014 y 4003-2011, los acuerdos plenarios números 3-2010/CIJ-116 y 2-2011/CIJ-116, y la Sentencia Plenaria N.° 1-2017/CIJ-433, pues sostuvo que no se pude vincular a los acusados con actividades ilícitas al haberse dictado sentencia absolutoria contra Carranza Salinas por el delito de enriquecimiento ilícito. 4.2. No se requiere una sentencia condenatoria respecto al origen ilícito de los activos, más aún si la imputación consiste en el incremento inusual de su patrimonio en el periodo que se desempeñó como gerente en la clínica Virgen de las Mercedes, y en ese periodo con su coacusado Álvarez Guzmán constituyeron la empresa Farma Perú Universal S. A. C. dedicada al rubro de medicamentos, valiéndose de la institución castrense para realizar actividades ilícitas irregulares, razón por la cual fue sancionado por Inspectoría.

4.3. No se motivó respecto a la generación de ingresos producto del delito de defraudación tributaria, pues conforme con el UIF-004- 2007/CONJUNTA, existe una diferencia patrimonial de S/ 355 657,00, que no fue declarada en Sunat; por lo que conforme con la ley del impuesto a la renta se trataría de la comisión del mencionado delito.

4.4. En cuanto a la adquisición de los dos vehículos, en la sentencia se sostuvo que fueron adquiridos con sus ingresos, conforme con la pericia de parte, sin tener en cuenta la pericia oficial. Asimismo, se sostuvo que el acusado tenía dinero en su caja fuerte, sin embargo, no existe documentación al respecto. En la sentencia de sostuvo que los montos depositados en la cuenta son irrisorios por S/ 7000 y S/ 2000; sin embargo, existen otros depósitos que se cuestionan, conforme con el Dictamen Pericial Contable N.° 7-2014-UPC/FISLAAPD-MP-FN, del 3 de diciembre de 2014, por S/ 985 684,46. Respecto al dinero invertido en la empresa Farma Perú Universal S. A. C. por S/ 50 000,00, la Sala Superior solo señaló que se trata de un préstamo; sin embargo, no determinó el origen del dinero.

4.5. Con relación a los negocios o actividades de Carranza Salinas presentó documentos simples de constitución de empresas y boletas de venta, los cuales no causan certeza. Tampoco se motivó respecto a la procedencia ilícita del dinero depositado por Yeremi Arón Espinoza Velarde a Carranza Salinas por $ 9278,00.

QUINTO. La Procuraduría Pública, en el recurso de nulidad (foja 5485), sostuvo la vulneración de tutela jurisdiccional efectiva al no emitirse pronunciamiento sobre la reparación civil al haberse decretado la absolución de los acusados, con base en los siguientes argumentos:

5.1. No se merituaron adecuadamente y en forma conjunta los elementos de prueba, sino que se da por cierto lo manifestado por las defensas sin haberse realizado una valoración objetiva de los documentos e indicios.

5.2. El fiscal superior sostuvo como delitos precedentes el enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria. La Sala Superior se pronunció por el primero y no analizó el segundo.

5.3. Las conclusiones del Parte N.° 115-08-03.DIRANDRO-PNP, solo están referidas a una posible comisión del delito de tráfico ilícito de drogas por parte de Carranza Salinas, lo que no ha sido materia de juicio oral.

5.4. Durante el desarrollo del proceso se acreditó lo siguiente: i) Las irregularidades y actividades ilícitas incurridas por Carranza Salinas como gerente de la clínica Virgen de las Mercedes. ii) Se utilizó irregularmente el RUC del Ejército peruano durante el periodo que se desempeñó como gerente de la citada clínica para obtener ventajas económicas en el mercado y evadir impuestos a la Sunat. iii) Conforme con las conclusiones de la Unidad de Inteligencia Financiera existiría una diferencia de S/ 355 657,00 entre los ingresos de fuentes conocidas con los abonos en las cuentas en las que figura como titular. Dicha diferencia, de acuerdo con la Sunat, no fue declarada, corroborándose el extremo del delito precedente de defraudación tributaria. iv) Según oficio de la Sunat, no registra declaraciones juradas de quinta categoría; por lo que Carranza Salinas no declaró sus demás ingresos. v) Los fondos depositados a las cuentas del acusado no guardan relación con su perfil económico y no pudieron ser explicadas, conforme con el reporte de operaciones sospechosas del Banco Continental.

FUNDAMENTOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

SEXTO. El delito de lavado de activos, según el Acuerdo Plenario N.º 3- 2010/CJ-1162, es todo acto o procedimiento realizado para dar una apariencia de legitimidad a los bienes y capitales que tienen un origen ilícito. Es un delito no convencional y constituye en la actualidad un notorio exponente de la moderna criminalidad organizada.

Se protege una pluralidad de bienes jurídicos que son afectados o puestos en peligro de modo simultáneo o sucesivo durante las etapas y operaciones delictivas que ejecuta el agente. En ese contexto dinámico, por ejemplo, los actos de colocación e intercalación comprometen la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico-financiero. En cambio, los actos de ocultamiento y tenencia afectan la eficacia del sistema de justicia penal frente al crimen organizado.

SÉPTIMO. En nuestro ordenamiento jurídico, el texto original del Código Penal de 1991 no incorporó la criminalización del lavado de activos. Recién, el 8 de noviembre de 1991, mediante el Decreto Legislativo N.º 736, en el apartado referido a los delitos de tráfico ilícito de drogas, se adicionó al acotado Código los artículos 296-A y 296-B, que criminalizaron los actos de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas.

Posteriormente, el 26 de junio de 2002, se estableció una regulación propia para el lavado de activos a través de le Ley N.º 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos. Esta ley luego fue reformada en el 2012 por el Decreto Legislativo N.º 1106, que con sus respectivas modificatorias rige actualmente.

OCTAVO. En lo que se refiere a este caso, el dispositivo aplicable es la Ley N.º 27765. A los acusados se les atribuyó la modalidad prevista en el artículo 1 de la citada ley, referida a los actos de conversión y transferencia, cuyo texto literal es el siguiente:

El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

NOVENO. En cuanto a la valoración de la prueba, debe ser realizada observando las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. En ese aspecto, el artículo 280 del C de PP estipula que la sentencia debe apreciar la confesión del acusado y demás pruebas producidas en la audiencia, así como los testimonios, peritajes y actuaciones de la instrucción. Esto es, una valoración conjunta de todos los medios probatorios.

DÉCIMO. En el lavado de activos es usual recurrir a la prueba indiciaria, indirecta o circunstancial. Esta Corte Suprema, en el fundamento trigésimo cuarto del Acuerdo Plenario N.º 3-2010/CJ-116, sostuvo que no se pueden establecer criterios cerrados o parámetros fijos en materia de indicios y de prueba indiciaría. Es por ello que se establecieron algunas aplicaciones de este tipo de prueba y que indican en el fondo la clara intención de ocultar o encubrir los objetos materiales del delito. Así, señala los siguientes indicios.

• Incremento inusual del patrimonio del imputado.

• Manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones, utilización de testaferros, depósitos o apertura de cuentas en países distintos de la residencia de su titular, o por tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias.

• Inexistencia o notable insuficiencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias.

• La ausencia de una explicación razonable del imputado sobre sus adquisiciones y el destino que pensaba darles o sobre las anómalas operaciones detectadas.

• Vínculo o conexión con actividades delictivas previas o con personas o grupos relacionados con las mismas.

LA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

DECIMOPRIMERO. El inciso 5, artículo 139, de la Constitución, consagra el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Sobre este derecho, el Tribunal Constitucional, en reiteradas decisiones3, sostiene que importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso.

DECIMOSEGUNDO. Por consiguiente, la respuesta del órgano jurisdiccional, debe provenir de la valoración objetiva de la prueba actuada, la misma que debe ser realizada observando las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. En ese aspecto, el artículo 280 del C de PP estipula que la sentencia debe apreciar la confesión del acusado y demás pruebas producidas en la audiencia, así como los testimonios, peritajes y actuaciones de la instrucción. Esto es, una valoración conjunta de todos los medios probatorios.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

DECIMOTERCERO. De la revisión de la sentencia impugnada se tiene que a los acusados se les absolvió de la acusación fiscal por insuficiencia probatoria. En cuanto a Pedro Alfredo Carranza Salinas se sostuvo lo siguiente:

13.1. Sobre el vínculo con actividades criminales previas, mediante sentencia que ha quedado consentida, se le absolvió de la acusación fiscal por el delito de enriquecimiento ilícito; por lo que no se acreditaría la vinculación con algún ilícito penal. Asimismo, conforme con los partes de la Dirandro tampoco se le encontraron indicios por el presunto delito de lavado de activos proveniente de tráfico ilícito de drogas.

13.2. Con relación al incremento inusual del patrimonio. De acuerdo con el informe pericial de parte MLMT/2009, los vehículos de placa RK-4137 y RQD-240, que fueron adquiridos en 1998 y 2002, respectivamente, son producto de las transferencias en sus cuentas bancarias y del dinero guardado en efectivo en su caja fuerte desde 1987, esto es, su trabajo sería el sustento de la adquisición, lo que se corrobora con el Parte N.° 115- 08-03.DIRANDRO-PNP. Asimismo, en dicho parte se señala que fue becado en 1984 por el Ejército peruano a la ciudad de Madrid por dos años y tres meses, de los cuales obtuvo ingresos económicos por $ 300 314,00.

13.3. Respecto a la dinámica de transmisiones y manejo de dinero. Se tienen dos depósitos en cheque a la cuenta de ahorros N.° 0011- 01140200003268 por S/ 7000,00 y S/ 2000,00, montos que son irrisorios. Sobre la constitución de empresas, respecto a Hold Equipment S. A. C. se constituyó el 5 de octubre de 1999, cuando aún no era gerente de la clínica Virgen de las Mercedes. En cuanto a la empresa Farma Perú World S. A. C. en que supuestamente el acusado Carranza Salinas fue favorecido por Yeremi Arón Espinoza Velarde, se tiene que este último no es procesado en este caso. En referencia a Farma Perú Universal S. A. C., obra el contrato de locación de servicios por funciones de asesoramiento a favor de Carranza Salinas por S/ 36 750,00. También el acusado alquiló a la empresa el vehículo de placa RK 4137 desde el 15 de febrero de 2002 al 14 de febrero de 2003 por S/ 60,00 diarios. En el Informe UIF-004- 2007/CONJUNTA se señala que, por rentas de primera categoría, durante marzo a diciembre de 2002 obtuvo ingresos brutos por S/ 12 780,00. En ese sentido, los trabajos como asesor se encuentran sustentados. Sobre las empresas Importaciones Farmacéuticas Peruanas S. A. C. y Farma Lima Internacional S. A. C. fueron constituidas cuando el acusado ya había dejado de laborar en la clínica el 30 de mayo de 2002.

Con relación al dinero depositado por Yeremi Arón Espinoza Velarde a la cuenta N.° 0011-0114-0100016214 por $ 9278,00, esta operación se hizo porque su empresa no tenía cuenta corriente; por lo que no se evidencia acción ilícita. En cuanto al peritaje realizado que concluyó desbalance patrimonial por S/ 755 040,32, el solo desbalance patrimonial no constituye prueba firme en el delito de lavado de activos, sino que debe estar probado con el delito conexo que se presenta.

13.4. Insuficiencia de negocios lícitos, al respecto se tiene la constitución de la empresa Mana S. A. del 15 de junio de 1993, que habría realizado actividades, obteniendo ingresos cuantiosos de actividades lícitas. La empresa Jhong & Carranza Surquillo S. R. L., del 25 de agosto de 1993, en la cual se tiene documentación que realizó actividad. El acusado habría percibido ingresos a través de DECO del DA-CGE, los conceptos por su nombramiento en misión de estudios en Madrid entre 1984 y 1986 por la suma de $ 65 414,98. Asimismo, explicó que se desempeñó como asesor de la empresa Farma Perú Universal S. A. C. y percibió S/ 36 750,00. Tiene un contrato de arrendamiento de un vehículo por S/ 60,00 diarios de la citada empresa. Figuran también liquidaciones de pago de asignaciones de viaje por S/ 8574,62, S/ 2143,48 y S/ 1939,48.

13.5. Ausencia de explicación razonable. En el plenario, el acusado explicó la forma cómo laboró en las empresas, y esto se corrobora con su experiencia y perfil profesional.

DECIMOCUARTO. Con relación al acusado Javier Alejandro Álvarez Guzmán, en la sentencia se sostuvo lo siguiente:

14.1. Sobre el vínculo o conexión con actividades criminales previas. No registra ninguna sentencia condenatoria por el delito de tráfico ilícito de drogas u otros en los cuales esté vinculado a actividades ilícitas, conforme con el Parte N.° 115-08-03.DIRANDRO-PNP. Su única vinculación es con el acusado Carranza Salinas, quien no ha sido condenado por enriquecimiento ilícito.

14.2. Dinámica de transmisiones y manejo de dinero. El 19 de marzo de 2002 constituyó la empresa Farma Perú Universal S. A. C. con un capital de S/ 10 000,00. El dinero de S/ 50 000,00 entregado por el acusado Carranza Salinas fue en condición de mutuo, conforme se registra en el contrato. Además, el dinero es de origen lícito.

14.3. Ausencia de explicación razonable. El acusado indicó en el plenario que con anterioridad se dedicó a la actividad agrícola, pero que por la asesoría de Carranza Salinas ingresó al rubro medicamentos; por lo que no existe contradicción en sus dichos y no se acreditó el origen ilícito de S/ 50 000,00.

DECIMOQUINTO. Al respecto, corresponde al Supremo Tribunal analizar si la Sala Superior evaluó minuciosa y adecuadamente las pruebas actuadas para decidir la absolución.

En ese aspecto se aprecia que en relación con las actividades criminales previas, si bien en el Parte N.° 115-08-03.DIRANDRO-PNP de la Dirandro, en efecto, se concluyó que no existe vinculación con el delito de tráfico ilícito de drogas, tal ilícito no fue considerado en la acusación como actividad criminal previa. Por tanto, la Sala Superior no debió pronunciarse al respecto. En la acusación el fiscal superior delimitó como actividades criminales previas: enriquecimiento Ilícito y defraudación tributaria. En ese aspecto, sobre estas actividades imputadas debió centrar su pronunciamiento.

DECIMOSEXTO. Con relación a la actividad de enriquecimiento ilícito se verifica que la Sala Superior sostuvo que el 30 de octubre de 2012 se dictó sentencia absolutoria (Expediente N.° 173-2011) y que ha quedado consentida; sin embargo, no tuvo en cuenta que los periodos de investigación de dicho proceso y la presente causa difieren. En este caso, el periodo fue de 1996-2003 y en el caso del delito enriquecimiento ilícito fue de 2001-2009.

Asimismo, debieron valorarse las sanciones disciplinarias impuestas a Carranza Salinas por Inspectoría General referidos a dos hechos: i) Sanción de arresto simple por seis días, del 30 de diciembre de 2003 por faltar a la verdad al afirmar no tener relación empresarial o comercial con las empresas Farma Perú Universal S. A. C. y Farma Perú World S. A. C. ii) Sanción de arresto simple por dos días, del 9 de agosto de 2005, pues en condición de gerente general de la Clínica Virgen de las Mercedes en el 2002, no controló al personal bajo su mando, lo que ocasionó que elementos ajenos a la institución adquieran productos para la clínica (medicinas y leche), para lo cual utilizaron formatos de órdenes de compra similares a los que emplea Fospeme y, además, el RUC del Ejército a favor de la empresa Farma Perú World S. A. C., para obtener ventajas comerciales en el mercado y evadir impuestos en la Sunat. Aspectos sobre los cuales la Sala Superior no se pronunció.

DECIMOSÉPTIMO. De igual manera tampoco hubo un pronunciamiento sobre la posible actividad criminal de defraudación tributaria, esto es, no se evaluó el Informe N.º UIF-004-2007/CONJUNTA, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que concluyó que:

De acuerdo con la información tributaria, en el ejercicio 2002 existiría una diferencia de S/ 355 657,70 entre los presuntos ingresos obtenidos por fuentes conocidas de Carranza Salinas con los ingresos por abonos en las cuentas de las que es titular; y que esta diferencia podría tratarse de ingresos que habría percibido pero que, de acuerdo con la información de la Sunat, no fue declarado. En ese sentido, al no existir elementos que sustenten los ingresos, podrían considerarse como incrementos patrimoniales injustificados; por lo que, de acuerdo, con la Ley del Impuesto a la Renta puede tratarse del delito de defraudación tributaria.

DECIMOCTAVO. En cuanto a los incrementos patrimoniales imputados como injustificados, la Sala Superior descartó el valor probatorio del Dictamen Pericial Contable N.° 007-2014-UPC/FISLAAPD-MP-FN (pericia oficial de foja 4797), el cual concluyó que la sociedad conyugal conformada por el acusado Carranza Salinas y Mónica Cecilia Ferrari Rodríguez en el periodo 1996-2003 presentan un desbalance patrimonial por S/ 755 040,32, porque no se le vinculó con una actividad criminal previa; sin embargo, como ya se anotó, dichas actividades atribuidas no fueron evaluadas debidamente.

Esta pericia oficial no fue contrastada con la pericia de parte; por el contrario, se dio valor a esta última sin verificar si la información consignada tiene respaldo o se sustenta únicamente en las declaraciones del acusado. En ese sentido, debió realizarse un debate pericial de conformidad con el artículo 167 del C de PP.

DECIMONOVENO. Asimismo se aprecia que se han desestimado las imputaciones con base en el Parte N.º 115-08.03-DIRANDRO- PNP/DIVTIDDC-DEPIFIN.SI.B del 18 de agosto de 2003, el cual concluyó que a los investigados no se les encontró indicios o evidencias razonables que ameriten una investigación financiera por el presunto delito de lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, por cuanto las operaciones o transacciones en las cuentas resultarían sustentadas por la acumulación de capital obtenido de actividades profesionales y comerciales. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que este parte policial recogió información preliminar incompleta, pues en reiteradas ocasiones el fiscal provincial solicitó la ampliación de la investigación.

Incluso en el último Parte N.° 107-8.04-DIRANDRO-PNP/DIVTIDDC-DEPIFIN.SI.B, del 24 de agosto de 2004, se concluyó que se dio cumplimiento en forma parcial a lo ordenado por el fiscal y que quedan diligencias pendientes. Es por ello que luego el fiscal dispuso una investigación conjunta esta vez con la Unidad de Inteligencia Financiera, entidad que mediante Informe N.° 4- 2007/CONJUNTA (foja 1131) concluyó:

19.1. Se determinó que Carranza Salinas cuenta con poderes de representación en la empresa Farma Perú World S. A. C., cuyo socio es Yeremi Arón Espinoza Velarde. En ese sentido, existe una vinculación directa con la empresa.

19.2. No se tiene conocimiento de la identificación de los depositantes ni el origen de los fondos, por lo que no se descartaría la posibilidad de que existan en el sistema financiero otras cuentas donde se hayan abonado otros depósitos y transferencias.

19.3 De acuerdo con la información tributaria, en el ejercicio 2002 existiría una diferencia de S/ 355 657,70 entre los presuntos ingresos obtenidos por fuentes conocidas de Carranza Salinas con los ingresos por abonos en las cuentas de las que es titular. Esta diferencia podría tratarse de ingresos que habría percibido pero que de acuerdo con la información de la Sunat no fueron declarados. En ese sentido, al no existir elementos que sustenten los ingresos, podrían considerarse como incrementos patrimoniales injustificados; por lo que de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta puede tratarse del delito de defraudación tributaria.

19.4. Existiría un aumento del patrimonio del funcionario o servidor público teniendo en consideración que la Sunat informó que Carranza Salinas solo registra retenciones del Impuesto a la Renta de primera y cuarta categoría, cuyos ingresos serían notoriamente superiores al obtenido por el sueldo y beneficios como oficial del Ejército del Perú, emolumentos percibidos, razón por la cual el Ministerio Público podrá realizar las diligencias que considere necesarias a fin de descartar la posibilidad de una presunta comisión de enriquecimiento ilícito.

19.5. En cuanto a las personas jurídicas vinculadas podrían haberse creado con la finalidad de establecer un entramado societario para presumiblemente eludir el cumplimiento de obligaciones legales o el ocultamiento de ingresos personales. Debería prestarse especial atención al aumento de capital de la empresa Gabinete Densitometría Clínica S. A. C., a través de bienes muebles por S/ 299 920,00, lo cual podría dar lugar a la configuración de fraude en la administración de personas jurídicas.

VIGÉSIMO. La Sala Superior debió tener en cuenta que Carranza Salinas laboró en el Ejército peruano desde 1973 al 2011, año en el que pasa a ese periodo resulta relevante el cargo ocupado como gerente en la Clínica Virgen de las Mercedes, tiempo en el que coetáneamente se identificaron las operaciones sospechosas como depósitos a su favor y la constitución de empresas farmacéuticas vinculadas a él por su coacusado y su cónyuge; además por haber figurado como asesor de empresas cuyo objeto social guarda relación con la institución médico militar que dirigía, inclusive conforme con las sanciones de inspectoría se ha determinado en los procedimientos administrativos correspondientes dicha vinculación con las empresas y que estas utilizaban el RUC del Ejército para adquirir medicamentos y de esta manera evadir el pago de impuestos.

Estos indicios merecen un análisis exhaustivo por parte de la Sala Superior pues determinarían un aprovechamiento del cargo a favor de las empresas, que habrían sido utilizadas para convertir los activos e ingresarlos a su patrimonio mediante el sistema financiero a través de depósitos.

VIGESIMOPRIMERO. Si bien obran contratos de asesoría y la constitución de empresas en 1993, no se han declarado tributariamente los ingresos obtenidos, como para crear convicción de la acumulación lícita de su patrimonio. La Sala Superior solo evaluó dos depósitos a las cuentas de Carranza Salinas por S/ 7000 y S/ 2000 y consideró que son sumas irrisorias, y no tuvo en cuenta que obran otros depósitos de origen desconocido, que conforme con la pericia oficial suman un total de S/ 894 247,79.

VIGESIMOSEGUNDO. Lo expuesto evidencia la existencia de vicios en la motivación de la sentencia, omisión y defectos en la valoración probatoria que determina su nulidad. En tal sentido, se debe llevar a cabo un nuevo juicio oral.

En este juzgamiento, deberá realizarse un debate pericial entre el perito oficial y el perito de parte, entre otras actuaciones que se estimen pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y las juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ACORDARON:

I. Declarar NULA la sentencia del once de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el Colegiado A de la Sala Penal Nacional (en la actualidad Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada), que absolvió de la acusación fiscal a PEDRO ALFREDO CARRANZA SALINAS y JAVIER ALEJANDRO ÁLVAREZ GUZMÁN, como presuntos autores del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia, en perjuicio del Estado. Con lo demás que contiene. En consecuencia, ORDENAR que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, en el cual se deberán efectuar las diligencias anotadas y tener presente lo expuesto en esta ejecutoria suprema.

II. DISPONER se notifique la presente ejecutoria suprema a las partes apersonadas a esta instancia, se devuelvan los actuados al Tribunal Superior de origen y se archive el cuadernillo.
Intervino el juez supremo Bermejo Rios por la licencia del juez supremo Prado Saldarriaga.


1 En la actualidad, Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
2 Del 16 de noviembre de 2010. Asunto: el delito de lavado de activos.
3 STC N.° 896-2009-PHC, del 24 de mayo de 2010, entre otras.

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