DUDA RAZONABLE : Emerge duda de la intervención del acusado en los hechos que se le imputan
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Absolución por insuficiencia probatoria – No obra acopiado medio de prueba que determine objetivamente la preexistencia del dinero materia de sustracción.
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Deber de fundamentar la valoración de la versión incriminatoria del testigo impropio en el delito de tráfico ilícito de drogas.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
RECURSO DE NULIDAD N.º 746-2020
CALLAO

Nulidad de la sentencia impugnada

La Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Callao no fundamentó, de forma adecuada, suficiente y congruente, la valoración de la declaración brindada por el testigo impropio Eduardo David Milla Espinoza; por lo tanto, al ser este el único testigo que sindica al procesado Aldo Navarro Mazzotti, no es posible determinar con certeza, por ahora, la responsabilidad o irresponsabilidad del procesado.

Lima, trece de octubre de dos mil veintiuno

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del procesado Aldo Francisco Navarro Mazzotti contra la sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, que lo condenó como autor del delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas agravado, en agravio del Estado, a quince años de pena privativa de libertad, 280 días multa a razón de S/ 5 (cinco soles) por día multa que deberá pagar en el plazo establecido en el artículo 44 del Código Penal y a dos años de inhabilitación con posterioridad al cumplimiento de la sentencia respecto al derecho establecido en el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal; asimismo, ordenó la obligación del pago de la reparación civil ascendente a S/ 50 000 000 (cincuenta millones de soles) a favor del Estado (fijada en la sentencia de fecha diecisiete de octubre de dos mil uno), que deberá pagar de forma solidaria con los demás sentenciados.

Intervino como ponente la señora jueza suprema CARBAJAL CHÁVEZ.

CONSIDERANDO

I. Hechos objeto del proceso penal

Primero. Conforme se desprende de la acusación fiscal, los hechos imputados son los siguientes (foja 13 624, tomo 38):

a. Primer hecho

Estos datan del año mil novecientos noventa y nueve y fueron denominados el caso Los Camellos.

Así, con fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, en circunstancias en que los estibadores del frigorífico Setepo, ubicado en la avenida Carlos Concha 180 —Callao—, se encontraban cargando cajas que contenían pescado merluza hacia un contenedor transportado por el camión de placa de rodaje YD-1718, conducido por el procesado Jeremías Chávez Picón, se percataron de que dichas cajas tenían pesos distintos y, al revisarlas, vieron que en su interior se notaba un plástico de color plateado que contenía un polvo blanco. Por ello, conjuntamente con el abogado de la empresa, comunicaron el hecho a la Policía Antidrogas del Callao, la que al constituirse al lugar conjuntamente con el representante del Ministerio Público constató que se trataba de 2171 kilos y 646 gramos de clorhidrato de cocaína, cargamento que pertenecía a la empresa exportadora V & M S. A., de propiedad del procesado Luis Valer Alarcón, que registraba como domicilio el jirón Las Antillas 161 —Pueblo Libre—, e iba a ser enviado a Bilbao —España—, a la empresa PAO Industrial Exportación, dirigida por el procesado José Bugallo López, para lo cual se utilizarían los servicios de la empresa de transporte marítimo Agunsa, propiedad del barco denominado Ancud, donde se embarcaría el contenedor de pescado con la droga incautada.

Toda esta operación se inició en el mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, cuando el procesado Boris Foguel Suengas pactó en forma verbal con el empresario Helmuth Pricco Vaccari Candiotti, propietario de Industrias Pesqueras Frida Sophia (IPF S. A.), con sede en Negritos —Piura—, para que esta última procesara el contenedor de merluza y le encargó USD 7000 (siete mil dólares) en efectivo como adelanto, por lo que se envió a las instalaciones de la empresa Serfrisa un total de 20 910 kg de merluza, carga que estaba a nombre de la empresa Tecnipecsa.

En el mes de enero de mil novecientos noventa y nueve se conoció como verdadera propietaria del cargamento de merluza a la empresa IPF S. A., y a mediados de marzo del mismo año dicha empresa comunicó a Serfrisa que la mercadería que trasladaba a esta empresa había sido transferida al procesado Luis Herrera Otiniano, quien a partir de ese momento aparecía como propietario de la merluza, y le pagó a la empresa IPF S. A. la suma de USD 15 000 (quince mil dólares) en efectivo y, al día siguiente, otros USD 15 000 (quince mil dólares); de esta forma, canceló la mercadería.

El quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve Herrera Otiniano, en compañía de su coprocesado José Mattza Valladares, propietario de la empresa Rematsa S. A. (la cual ya no operaba), retiraron cien cajas de merluza (3000 kg) y las trasladaron en dos camiones: el primero de placa de rodaje OG-5788, conducido por el testigo Tejada Valenzuela, y el segundo de placa de rodaje XG-2666, conducido por el inculpado Aldo de la Cadena Nole; dejaron cuarenta y cinco cajas en el frigorífico Setepo y cinco cajas se quedaron en el domicilio del procesado Herrera Otiniano. Se desconoce dónde fueron dirigidas las otras cajas.

El dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve el inculpado Luis Herrera Silva, encargado de los trámites administrativos para la explotación de la mercadería con droga y cumpliendo lo dispuesto por su hijo y coprocesado Luis Herrera Otiniano, retiró de la empresa Serfrisa un total de 597 cajas a bordo del vehículo de placa de rodaje ZG-55793 y las almacenó en Setepo a nombre de la empresa V & M S. A.

Entre los días veinte y veintidós de marzo, el inculpado David Santamaría Reyes recibió en la cochera de su propiedad, ubicada en la avenida Tacna 450 —Callao—, un camión que contenía las cajas de merluza con la droga debidamente acondicionada y las condujo en el camión de placa de rodaje XQ-5942 al frigorífico Setepo con una guía de remisión de la empresa Rematsa S. A., de propiedad del procesado José Mattza Valladares, en la que se consignó como destinataria de la mercadería a la empresa V & M S. A., de propiedad del inculpado Valer Alarcón. Dicho vehículo, conducido por el procesado Santamaría Reyes, en el que se transportó la droga camuflada en la merluza, fue recogido al día siguiente por el inculpado Bruno Chiappe Ebner, quien lo llevó al taller mecánico Motorscan, donde se efectuaron algunas reparaciones.

Según las primeras investigaciones, se tomó conocimiento de que toda la parte operativa estaba a cargo del procesado Navascués Tello. Se verificó que el citado camión fue adquirido por el inculpado Abel Alcarraz Guizado por orden de su coprocesado Bruno Chiappe Ebner, quien le pidió que la transferencia saliera a su nombre. Finalmente, respecto a este primer hecho, durante la investigación policial, se encontraron en el domicilio del inculpado Herrera Otiniano los sunchos y otros elementos utilizados para el embalaje de la droga. Asimismo, se atribuyó al procesado Marco Rosell Castillo (policía retirado) ser el encargado de dar seguridad al procesado Foguel Suengas; al procesado Bruno Chiappe Ebner ser el encargado de coordinar el embalaje, transporte y explotación de la droga; mientras que al procesado Aldo Navarro Mazzotti ser el encargado de prestarle seguridad personal a Bruno Chiappe Ebner. También se comprendió en la investigación al inculpado Juan Rázuri Chávez por tener vínculos comerciales con los procesados Herrera Silva y Herrera Otiniano.

b. Segundo hecho

El trece de abril de mil novecientos noventa y nueve se intervino el inmueble ubicado en la calle San Marcos 169 —Pueblo Libre—, en el que se encontraba el procesado Esteban Flores Alvarado. Se constató, en una de las paredes de triplay, la existencia de una caleta donde se guardó la droga entre diciembre de mil novecientos noventa y ocho y marzo de mil novecientos noventa y nueve que luego se acondicionó en la merluza y se transportó en el camión de placa de rodaje XG-2666, conducido por el inculpado Aldo de la Cadena Nole, con el fin de ser embalada, operación que estuvo a cargo de los inculpados Héctor Raymundo Anaya y Benigno Campos Mattos, para luego ser trasladada a la empresa frigorífica Setepo. Asimismo, se incriminó al inculpado Imel Padilla Aranda ser uno de los colaboradores de la organización cuando la droga estuvo en poder del procesado Flores Alvarado.

Entre los días catorce, quince y dieciséis de abril de mil novecientos noventa y nueve, personal policial, en compañía del representante del Ministerio Público, se constituyó a la localidad de Topará, en Chincha, exactamente al fundo La Bodega, cuyo guardián era el inculpado Juan Jesús Cahuana Hernández, lugar en el que se ubicaron cuatro caletas enterradas; dos de ellas contenían hornos microondas, centrífugas y otros implementos propios para el laboratorio y procesamiento de drogas; en otra caleta, igualmente, se encontraron veintiséis bidones que contenían 2152.476 kg de pasta básica de cocaína húmeda, que no llegó a ser procesada; y, en la cuarta caleta, se encontraron aproximadamente 171 kg de cocaína en sustancia líquida, insumos químicos diversos utilizados para la preparación de clorhidrato de cocaína.

Dicho fundo había sido adquirido en el mes de abril de mil novecientos noventa y siete por el inculpado Héctor Raymundo Anaya con el fin de instalar un laboratorio para el procesamiento de droga; allí trabajaban sus familiares Eusebio Raymundo Anaya, Manuel Raymundo Anaya, Jesús Raymundo Anaya, Genoveva Oyola Anaya y Nola Raymundo Anaya, así como el también inculpado Imel Padilla Aranda, quienes participaron en la compra de combustible, seguridad y preparación de los alimentos para los cargadores y los que se encargaban de preparar la droga.

Se atribuyó al procesado Moisés Godofredo Romero Edwards la labor de acopio y traslado de la droga en el fundo La Bodega. Además, se verificó que el camión frigorífico que transportaba la droga fue adquirido por el inculpado Lorenzo La Rocca Parisi, cuñado del procesado Bruno Andrés Chiappe Ebner.

Asimismo, Eduardo Milla Espinoza (mayor de la Policía Nacional del Perú destacado a la Dirección de Inteligencia de la FAP) era el encargado de realizar coordinaciones entre los inculpados Foguel Suengas, Astudillo Rodríguez —alias “Álvaro”, “Ingeniero” o “Diablo”— y Herrera Otiniano, así como también con el procesado Pablo Mures Loaiza, de nacionalidad panameña, que era el hombre de confianza de Foguel Suengas por ser su familia.

Por su parte, Demetrio Cossío Mandujano también colaboró con la tramitación de documentos para la exportación de la droga camuflada en merluza, mientras que el procesado Nelson Córdova Proaño era la persona que acompañaba en todo momento al procesado Astudillo Rodríguez.

Se atribuyó también al procesado Juan Zacnich Teves ser el encargado de realizar coordinaciones entre los procesados Bruno Chiappe Ebner y Foguel Suengas con relación al envío de la droga hacia Bulgaria.

Durante las investigaciones se conoció que la droga, previamente a ser camuflada, había sido trasladada desde la ciudad de Tingo María hacia Lima, al inmueble ubicado en la calle San Marcos —Pueblo Libre—, en el mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, por los inculpados Jesús Pajuelo Meléndez y Percy Sánchez Ayala, quienes la recibieron de un sujeto conocido como “José”.

Los inculpados Boris Foguel Suengas y Bruno Chiappe Ebner, desde el Perú, coordinaron acciones con el conocido como “don Felipe” y su socio, el inculpado Vicente Rivera González, ambos de nacionalidad colombiana, para que estos, desde el extranjero, financiaran el envío de la droga a Europa; en tanto, el procesado Miguel Quinteros Martínez era el enlace entre las órdenes impartidas por “don Felipe” y los demás integrantes de la organización; además, coordinaba en la llegada de los químicos colombianos que procesarían la droga y traían el dinero para dichas operaciones ilícitas.

También se atribuyó a los procesados José Lázaro Tasabella y su esposa, María Engracia Benítez García, trasladar desde España sumas de dinero ascendentes a USD 300 000 (trescientos mil dólares) y USD 400 000 (cuatrocientos mil dólares) para el inculpado Foguel Suengas.

Finalmente, se atribuyó el procesado Benjamín Barona Ruiz ser el encargado del acondicionamiento de la droga en los distintos embarques de dicha sustancia hacia Lima, y que el inculpado José Elizalde Picón, de nacionalidad colombiana, era también personal de confianza de “don Felipe” y que juntamente con el procesado colombiano Luis Astudillo Rodríguez participaron en el envío de droga hacia el puerto de Varna, en Bulgaria.

Se atribuyó al inculpado Francisco Merino Escalante haber coordinado con los procesados Astudillo Rodríguez y Milla Espinoza para participar en las ilícitas actividades de dicha organización.

c. Tercer hecho

En el mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, se recibió información oficial proveniente de Bulgaria en el sentido de que el trece de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en circunstancias en que el personal policial de aduanas del puerto de Varna procedió a la revisión del contenedor HLCU219616-2, hallaron 681.139 kg de clorhidrato de cocaína, que se encontraba en paquetes envueltos con cinta adhesiva y cubiertos con mostaza y grasa para no ser descubiertos, acondicionados dentro de 470 cajas con pantalones jeans.

Si bien dicho cargamento tenía como destinatario inicial a la sociedad búlgara Romex Ltd., con fecha veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y ocho, a través de la oficina de Hapag Lloyd en Viena, se cambió al destinatario consignando al inculpado Manuel González Lagos y la empresa Servicenter Europa, domiciliada en Tomiño Coutro 24, Pontevedra 36002, España.

Se verificó que el cargamento fue enviado desde el Perú a través de la empresa remitente San Ser Gen Santoyo Servicios Generales E. I. R. L., de propiedad del inculpado Luis Campos Ríos.

Al momento de la intervención se pudo capturar en Varna —Bulgaria— al inculpado Juan Rojas Fernández cuando pretendía retirar el contenedor del puerto.

El veintitrés de abril de mil novecientos noventa y nueve se intervino al procesado César Roque Loayza Vizcarra, quien efectuó cobros de dinero mediante giros a través de la agencia Western Union por un monto de USD 3000 (tres mil dólares), y por su parte Haydee Palomino Ramírez también realizó cobros de dinero. Estos procesados, junto con Lida Sotomayor Otero y Miguel Ghyorso Peña, facilitaron sus nombres para recibir el dinero de España y entregárselo a su coinculpado Juan Santoyo Otero, a fin de que sufragara los diversos servicios que necesitaban para la ilegal explotación de droga. Asimismo, se atribuyó a los procesados Milla Espinoza y Campos Ríos (quien se identificó como Wor Ríos Vega) ser quienes alquilaron el depósito en la avenida Canta, manzana F, lotes 46, 47 y 48, de la urbanización Las Brisas del Callao, de propiedad de Flor de María Arias Hoyos de Suárez, por la suma de USD 350 (trescientos cincuenta dólares) mensuales, lugar que sirvió para guardar y acondicionar la droga, y ellos fueron apoyados en todo momento por el inculpado Jaime León Bojórquez.

Otro de los principales implicados en este envío de droga a Bulgaria fue el inculpado Astudillo Rodríguez, quien captó para la organización al inculpado Manuel Bazán Padilla, encargado de suministrar teléfonos celulares a los demás integrantes.

Se atribuyó a los inculpados Carlos Ríos Campos y Cossío Mandujano haber sido las personas encargadas de comprar los pantalones jeans donde se acondicionó la droga enviada al extranjero; en cuanto a los trámites administrativos para el ilegal envío de la droga, el procesado Santoyo Otero contó con el apoyo del inculpado José Arana Aznarán, quien obtuvo el aforo documentario evitando el registro correspondiente que realiza el personal de aduanas, por lo que recibió USD 1700 (mil setecientos dólares).

En este envío de droga a Bulgaria también participó el inculpado Lorenzo La Rocca Parisi, quien llegó a hipotecar su casa, ubicada en la calle El Montículo 190-191 de la urbanización La Planicie —La Molina—, con el fin de financiar el embarque de la droga hacia Europa. Finalmente, se ha involucrado al inculpado Luis Cabrera Leveau, de nacionalidad colombiana, como uno de los integrantes de la organización liderada por el panameño Boris Foguel y el peruano Bruno Chiappe Ebner.

d. Cuarto hecho

Como último hecho independientemente de los anteriores cargos por el delito de tráfico ilícito de drogas, se tiene que, al haberse efectuado el registro domiciliario del procesado Eduardo David Milla Espinoza, se pudieron incautar diversos billetes que resultaron ser falsificados, motivo por el cual se abrió instrucción también en su contra por el delito monetario.

Al procesado Aldo Francisco Navarro Mazzotti, puntualmente, se le atribuyó que habría operado en la organización como chofer personal y hombre de confianza del inculpado Bruno Chiappe Ebner, y no solo tenía conocimiento de las actividades ilícitas del antes mencionado, sino que además se encontraba presente en algunas de las conversaciones y coordinaciones que se llevaban a cabo entre los dirigentes de la organización criminal, tal como afirmó el condenado Milla Espinoza en su declaración instructiva.

II. Pretensión impugnativa

Segundo. La defensa del procesado Aldo Francisco Navarro Mazzotti, al fundamentar el recurso de nulidad propuesto (foja 30139 y ampliado a foja 30155), en lo esencial1, señaló que:

2.1 La Sala dejó de pronunciarse respecto a los argumentos de defensa del acusado, por lo que se vulneró el derecho constitucional protegido relativo a la motivación de las resoluciones judiciales; por ello, corresponde la nulidad de la resolución impugnada.

2.2 Existe una indebida valoración de la prueba, pues la Sala Penal no expresó las razones por las cuales otorgó o no eficacia probatoria a las pruebas que sustentan la imputación; simplemente, el ad quem se limitó a transcribir y dar valor probatorio al testimonio de Eduardo David Milla Espinoza, quien varió su declaración en juicio oral, por lo que no se advierte verosimilitud, conforme al Acuerdo Plenario número 2-2005.

2.3 La presencia en el lugar de los hechos de una persona es insuficiente para establecer su responsabilidad penal; por el contrario, se debe probar su participación en el hecho delictivo, ya que su sola presencia se puede deber a la relación de pareja o de cualquier otra índole que se pudiera tener con el autor de un hecho ilícito, conforme a lo resuelto en el Recurso de Nulidad número 3634-2011/Callao.

2.4 La Sala realizó un inadecuado uso de la prueba indiciaria, dado que los hechos mencionados no se refuerzan entre sí.

2.5 La referencia que hace la Sala Superior está sustentada irracionalmente en máximas de la experiencia, que no explican de manera armónica y racional este tramo de la actividad delictiva consistente en que ser conductor de Bruno Chiappe lo hace responsable del delito de tráfico ilícito de drogas.

2.6 El representante del Ministerio Público no ha acreditado de modo alguno en todo el proceso el supuesto grado de confianza que le atribuye al procesado con Bruno Chiappe, la cual le habría permitido conocer las actividades ilícitas que desarrollaba esta persona.

2.7 No existe prueba que acredite y corrobore que Navarro Mazzotti presenció o escuchó conversaciones sobre actividades de tráfico ilícito de drogas; por el contrario, el testigo Eduardo David Milla Espinoza, en todas sus declaraciones, refirió la forma y las circunstancias como operaba la organización y, en este rol de coordinador, conocía a todos sus integrantes y los roles que estos desempeñaban, y en ninguna de sus declaraciones mencionó que Navarro Mazzotti hubiera integrado la organización o participado de sus actividades ilícitas, menos aún le atribuyó rol alguno en dicha organización, lo que desvirtúa su participación en este delito.

III. Absolución del grado

Tercero. El recurso impugnatorio se rige por el principio dispositivo y, por lo tanto, la revisión de la sentencia se ejerce de acuerdo con la voluntad de las partes impugnantes que delimitan el marco de la competencia del Tribunal.

Cuarto. El derecho a la prueba es un derecho complejo cuyo contenido está determinado por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos y adecuadamente actuados, a que se asegure su producción o conservación a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y a que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darles el mérito probatorio que ostenten en la sentencia (STC números 1014-2007-PHC y 6712-2005-HC/TC).

Quinto. La materialidad del delito de tráfico ilícito de drogas se encuentra acreditada con los siguientes medios probatorios:

5.1 En la acusación fiscal se sostiene que la droga hallada con fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve en el interior del frigorífico Setepo, ubicado en la avenida Carlos Concha 180 —Callao—, sumó 2,171 kilos con 646 gramos de clorhidrato de cocaína, lo que guarda relación con el acta de pesaje y prueba de campo, con las pericias químicas de análisis químico que señalan que la cantidad de la droga incautada y las circunstancias de su descubrimiento han sido establecidas en la acusación escrita (foja 13 624), así como en las sentencias condenatorias dictadas contra los procesados Eduardo David Milla Espinoza, Bruno Chiappe Ebner, Héctor Raymundo Anaya, Esteban Flores Alvarado, Luis Eduardo Astudillo Rodríguez, Nelson Jaime Córdova Proaño, Jaime Wilfredo León Bojórquez, Luis Enrique Herrera Silva, Manuel Raymundo Anaya, Nola Raymundo Anaya, Moisés Godofredo Romero Edwards, Juan Lino Santoyo Otero, Luis Felipe Navascués Tello, Luis Valer Alarcón, Luis Álvaro Herrera Otiniano y Eusebio Raymundo Anaya.

Sexto. La responsabilidad penal que se le atribuye al procesado Aldo Francisco Navarro Mazzotti, puntualmente, es que habría operado en la organización como chofer personal y hombre de confianza del inculpado Bruno Chiappe Ebner, y no solo tenía conocimiento de las actividades ilícitas del antes mencionado, sino que además se encontraba presente en algunas de las conversaciones y coordinaciones que se llevaban a cabo entre los dirigentes de la organización criminal, tal como afirmó el condenado Eduardo David Milla Espinoza en su declaración instructiva.

Séptimo. Respecto a ello, es de precisar, conforme se advierte de autos, que solo uno de los procesados ya sentenciados —Milla Espinoza— mencionó que Bruno Chiappe Ebner le entregó USD 10 000 (diez mil dólares) en presencia de Aldo Francisco Navarro Mazzotti, tal como se aprecia de su declaración instructiva (foja 8025):

Respecto de la participación de Bruno Chiappe, refirió que cuando Boris Foguel viajó al exterior dos días antes de la entrega de la droga dejó las indicaciones para que se reúna con Bruno Chiappe, es por ello que se reunieron en la farmacia Pharmax del Centro Comercial El Polo, donde Boris Foguel le dijo que tenía que viajar porque su hermana se recibió de abogada y que tenía que ir a Panamá y que coordinará con Bruno Chiappe los avances, quien además le iba a entregar 50 000 dólares americanos según cómo iba necesitando y que Bruno Chiappe previa consulta con él le iba a hacer la entrega de los demás adelantos referentes al embarque de la droga, debiendo mantenerlo siempre al tanto a Boris Foguel; señala que Bruno Chiappe le entregó al deponente 30 000 dólares americanos en ese momento y 10 000 dólares americanos posteriormente, estando presente su chofer Aldo Navarro Mazzotti y las entregas siempre se hacían en el auto de Bruno Chiappe en distintos lugares de Lima.

Octavo. Si bien es cierto que Milla Espinoza —testigo impropio— señaló que Aldo Navarro Mazzotti estuvo presente en la entrega de USD 30 000 (treinta mil dólares) y posteriormente USD 10 000 (diez mil dólares), ello no revela de manera clara cuál era el rol que le correspondía a Navarro Mazzotti dentro de la organización. La presencia en el lugar de los hechos de una persona no es suficiente para establecer su responsabilidad penal.

Noveno. Posteriormente, en audiencia de juicio oral, como testigo impropio, Milla Espinoza (foja 30 074, tomo 79) señaló lo siguiente:

Bruno Chiappe Ebner era una de las personas que dirigía las operaciones; cuando se le pregunta si Aldo Francisco Navarro Mazzotti tuvo alguna participación en la organización dedicada al tráfico ilícito de drogas señala “que yo sepa no”, solo recuerda que era el chofer de Bruno Chiappe [énfasis nuestro]. No recuerda lo que señaló en su manifestación. Cuando se le pregunta si Aldo Navarro participó en las reuniones de las actividades ilícitas respondió que no recuerda porque ya han pasado más de 20 años de los hechos.

Décimo. Ello guarda relación con las declaraciones de Bruno Chiappe Ebner, quien refirió en sede policial, en presencia del representante del Ministerio Público (foja 1783, tomo 7), que conocía a Aldo Navarro Mazzotti, ya que era su empleado que se desempeñaba como chofer y también efectuaba diligencias que directamente le comisionaba, como pago de facturas o trámites personales menores, tareas domésticas con su esposa y sus hijos para su traslado en el vehículo al colegio. Casi siempre lo acompañaba, pero siempre se quedaba en el carro; posteriormente, dijo que Navarro Mazzotti no tuvo ninguna participación, ya que solo se limitaba a manejar el vehículo en el que lo conducía a sus diversas reuniones, varias de ellas con Foguel y Milla; versión que fue sostenida en su declaración instructiva (foja 4563, tomo 16) y en audiencia de juicio oral (foja 15 205, tomo 42).

Undécimo. El procesado Aldo Francisco Navarro Mazzotti, a nivel de juicio oral (foja 30 032, tomo 79), refirió ser inocente. Conoció al señor Boris Foguel porque era amigo del señor Bruno Chiappe, para quien trabajaba como chofer. Movilizaba a los hijos de Bruno Chiappe para llevarlos al colegio, eventualmente iba a comprar con la empleada a Wong y a veces Bruno le decía para que fuera con él a algunos lugares.

Se dedicaba a la joyería, y una cliente fue y le preguntó si quería trabajar de chofer y, como estaba desempleado, se fue a laborar con Bruno Chiappe porque este necesitaba un chofer de confianza para su casa; básicamente, lo tomó para que llevara a sus hijos al colegio y después los tenía que recoger.

No sabía cómo realizaba sus actividades diarias Bruno Chiappe porque, cuando iban a algún lugar, siempre le decía que lo esperase en el carro, casi nunca se bajaba del vehículo.

Respecto a Eduardo David Milla Espinoza, señaló que nunca había tenido ningún problema o conflicto y era falso que este le entregaba dinero a Bruno Chiappe en el automóvil. A foja 30 061, señaló que trabajó con Bruno Chiappe como chofer de su familia; laboró desde el año mil novecientos noventa y cinco, y participaron juntos en el negocio de una joyería; este quebró porque Bruno no supo administrarla; luego, como se quedó sin trabajo, le ofreció laborar como chofer de la familia. Eventualmente, también transportaba a Bruno Chiappe a sus reuniones, pero no era todos los días. No participaba en las reuniones de Bruno Chiappe con Boris Foguel, pero sí los saludaba; se reunían en Pharma, en la avenida El Polo, pero nunca escuchó las conversaciones.

Duodécimo. De lo expuesto se advierte que, si bien es cierto que la declaración brindada por el testigo impropio David Milla Espinoza estaría revestida de verosimilitud y persistencia, conforme lo señala el Acuerdo Plenario número 2-2005/CJ-116, que estableció los criterios a valorar cuando se trata de la declaración de un coimputado, como expuso la señora fiscal suprema en su dictamen, el examen de dicho testigo no ha sido minucioso, de modo que se conozca si el recurrente estuvo presente y sabía de las tratativas que realizaban los miembros de la organización, así como si tuvo un rol particular en los hechos ilícitos. Esta deficiencia en el examen del testigo no permite establecer con exactitud los hechos que se le atribuyen al procesado Navarro Mazzotti y su grado de participación en la organización. Asimismo, de las sentencias dictadas en el caso, se ha podido establecer de manera categórica que el procesado fallecido Chiappe Ebner era uno de los cabecillas de la organización y el hoy apelante era una persona de su confianza, de modo que es posible especular no solo su conocimiento de la conducta ilícita, sino su participación; sin embargo, la evaluación de la prueba personal ha sido deficiente. Asimismo, de haber sido el caso, el Tribunal pudo apoyar su razonamiento judicial en la prueba por indicios, pero tampoco se ha realizado. Tales deficiencias determinan la existencia de una causal de nulidad insalvable de la sentencia.

Decimotercero. Cabe precisar, además, que en la sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve se ha precisado que los hechos fueron tipificados en los incisos 6 y 7 del artículo 297 del Código Penal; sin embargo, se advierte que existe un error material al consignar el inciso 7, ya que en el desarrollo de la sentencia se resalta el inciso 6, más aún teniendo en cuenta que dicha circunstancia agravante (inciso 7) a la fecha de los hechos no se encontraba prevista en la ley y fue incorporada con la Ley número 28002, publicada el diecisiete de junio de dos mil tres.

Decimocuarto. Como se expuso, la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Callao no fundamentó, de forma adecuada, suficiente y congruente, la valoración de la declaración brindada por el testigo impropio Eduardo David Milla Espinoza; por lo tanto, al ser este el único testigo que sindica al procesado Aldo Navarro Mazzotti, no es posible determinar con certeza, por ahora, la responsabilidad o irresponsabilidad del procesado, y con fines estrictamente complementarios al objeto del proceso resulta necesario: a) citar a la esposa y los hijos del sentenciado fallecido Bruno Chiappe Ebner para que corroboren lo dicho por el procesado Aldo Navarro Mazzotti y señalen claramente cuál era su función, y b) evaluar las declaraciones que sobre el recurrente haya brindado Chiappe Ebner, así como los otros sentenciados.

Debe procurarse la actuación de dichos actos de prueba utilizando los mecanismos necesarios, puesto que resultan primordiales para dilucidar los hechos materia de investigación. Ello no obsta la producción de otros medios probatorios en función de criterios de conducencia, utilidad y pertinencia.

Decimoquinto. En consecuencia, es de aplicación al caso de autos el artículo 299 del Código de Procedimientos Penales —la Corte Suprema, cualquiera que sea la parte que interponga el recurso o la materia que lo determine, puede anular todo el proceso y mandar rehacer la instrucción por el mismo u otro juez instructor, o declarar solo la nulidad de la sentencia y señalar el Tribunal que ha de repetir el juicio—.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de conformidad con la fiscal suprema:

I. DECLARARON NULA la sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve, que condenó a Aldo Francisco Navarro Mazzotti como autor del delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas agravado, en agravio del Estado, a quince años de pena privativa de libertad, 280 días multa a razón de S/ 5 (cinco soles) por día multa que deberá pagar en el plazo establecido en el artículo 44 del Código Penal y a dos años de inhabilitación con posterioridad al cumplimiento de la sentencia respecto al derecho establecido en el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal; asimismo, ordenó la obligación del pago de la reparación civil ascendente a S/ 50 000 000 (cincuenta millones de soles) a favor del Estado (fijada en la sentencia de fecha diecisiete de octubre de dos mil uno), que deberá pagar de forma solidaria con los demás sentenciados; y deben subsistir contra el procesado Aldo Francisco Navarro Mazzotti las medidas coercitivas que se encuentren vigentes.

II. MANDARON que se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado, en el cual se tenga en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de la presente ejecutoria suprema.

III. ORDENARON que se notifique la presente decisión a las partes apersonadas en esta instancia, se devuelvan los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo formado en esta instancia.

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por vacaciones del señor juez supremo San Martín Castro.


1 La disconformidad con una decisión judicial que es impugnada se manifiesta en agravios, los cuales son entendidos como la alegación de errores de hecho o derecho en que, a criterio del impugnante, se incurrió con la emisión de la resolución recurrida y que, de ser estimados, deben ser corregidos. Por ello, los calificativos o argumentos subjetivos, la transcripción parcial o total de los hechos o las pruebas, la cita textual de los fundamentos de las decisiones judiciales (entre ellas, la propia resolución impugnada) o los argumentos carentes de claridad, concreción y congruencia no son fundamentos a analizar.

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