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ELEMENTOS TÍPICOS DEL DELITO DE PECULADO
25 octubre, 2021

Estándar de prueba en el delito de lavado de activos

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
NULIDAD N. º 2053-2018
SANTA

VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS PRADO SALDARRIAGA Y BALLADARES APARICIO

NO HABER NULIDAD EN LA SENTENCIA CONDENATORIA POR SUFICIENCIA PROBATORIA

Al haberse acreditado la responsabilidad penal del procesado impugnante en la comisión del delito de lavado de activos y cumplido el Colegiado Superior con fundamentar ello, así como la pena privativa de libertad y reparación civil impuestas, corresponde declarar no haber nulidad en la sentencia recurrida.

Lima, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos por la defensa del procesado Jorge Luis Balbis Castro y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio contra la sentencia del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa (folio 1868), en los extremos que, respectivamente: a) Condenó al citado procesado como autor del delito de lavado de activos, en las modalidades de actos de ocultamiento y tenencia, en perjuicio del Estado, e impuso ocho años de pena privativa de la libertad, ciento veinte días multa y el pago de cuarenta mil soles de reparación civil; y, b) Impuso al citado procesado el pago de cuarenta mil soles por concepto de reparación civil, en favor del Estado.

CONSIDERANDO

IMPUTACION FACTICA Y JURIDICA

PRIMERO. Según la acusación fiscal (foja 1085):

1.1. Se atribuye a Jorge Luis Balbis castro haber incrementado en los últimos años, de forma injustificada y sospechosa, su patrimonio, al haber adquirido dos canales de televisoras locales (canales 15 y 27), que por su alta tecnología requieren de equipos costosos y sofisticados, los cuales estarían valorizados en cuatrocientos mil dólares americanos; además, habría adquirido innumerables inmuebles, en uno de los cuales funcionan los canales de televisión descritos. El lavado de activos tiene su origen en los delitos de defraudación tributaria, corrupción de funcionarios y contra la administración pública.

1.2. Estos hechos fueron calificados por el representante del Ministerio Público como delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia, previstos en el artículo dos de la Ley N.º 27765, en su reacción original y en la modificatoria introducida por el Decreto Legislativo N.º 986, que prevé para dicha conducta ilícita una pena privativa de libertad de entre ocho a quince años y ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. Asimismo, solicitó se imponga al acusado diez años de pena privativa de libertad y el pago de siete mil soles por concepto de reparación civil a favor del Estado.

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

SEGUNDO. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, a través de la sentencia impugnada, detallo cuales son las actuaciones a nivel preliminar, en la instrucción y durante el juicio oral que acreditan la materialidad del delito y la responsabilidad del procesado Jorge Luis Balbis Castro en la comisión del delito de lavado de activos. Específicamente señaló que:

2.1. El acusado Balbis Castro fue titular del RUC 10329140496, como persona natural y titular gerente de las empresas Radio Difusora Magestad E.I.R.L., Magnetico´s E.I.R.L. y Balcas E.I.R.L. Solo declaró ingresos ante la Sunat a través de la primera empresa, entre los años dos mil seis a dos mil diez, por un importe total de s/. 26948.00 No declaró como persona natural.

2.2. Conforme con las conclusiones del informe pericial contable ampliatorio, señaladas en juicio oral por el perito Oscar Fernando Espinoza, en los años dos mil seis a dos mil diez el acusado recibió depósitos dinerarios en su contra de ahorros en soles por un monto de s/. 329 957.01 y en su cuenta de ahorros en dólares americanos $15320.00; ambas del Banco de Crédito del Perú. De estos depósitos, descontados los ingresos por ventas que declaró, que ascienden a s/ 26 948.00, se determinó un desbalance patrimonial ascendente a s/. 303
909.01 y $ 15 320.00 Este desbalance patrimonial es de origen desconocido, por cuanto no se tiene sustento contable o legal.

2.3. Castro Balbis fue titular de las autorizaciones de los canales de televisión denominados Canal 15, Canal 27 y conductor del Canal 43 (radiofusión comercial por televisión en la banda UHF). El valor aproximado de los equipos que son utilizados para su funcionamiento de dichos canales, a la fecha de constatación, ascienden a s/ 73 692.10 La valorización de los equipos se hizo vía internet, utilizando datos de las empresas Amazon, IVEI y mercado libre, conforme informaron los peritos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en juicio oral, ya que la mayoría de los componentes y equipos que se utilizan en la estación son demasiado antiguos y no se encuentran en el mercado. Por tanto, el desbalance patrimonial es mayor, pues, además, se consideró la titularidad de un inmueble, ubicado en el Asentamiento Humano Upis Villa San Luis II Etapa-Parcelas 12-14 manzana M lote 41, y un vehículo, de placa RE 2763.

2.4. En cuanto a la procedencia ilícita del dinero recibido, quedó acreditado con las declaraciones testimoniales actuadas que tenía relación con políticos de la región Ancash, con quienes primero tuvo buenas relaciones y luego se quebraron a propósito de las denuncias interpuestas en su contra. Por ello, resulta probable que los montos recibidos en sus cuentas bancarias provengan de delitos contra la Administración Pública, no siendo relevante probar ello.

2.5. Un indicio grave de la presunción de ilicitud del dinero que recibía el procesado Balbis Castro lo constituye el hecho de que recibió en el dos mil quince s/. 1 397 432.33 soles, por parte de la Universidad Privada San Pedro, según se detalla en el contrato de arrendamiento compraventa del Canal 27, pues se trataría de una presunta venta por la magnitud del precio pagado; empero, este hecho no forma parte de las imputaciones que dieron lugar al presente proceso, por lo que dispuso la remisión de copias al Ministerio Público, ya que el referido contrato sería fruto de un acto defraudatorio a fin de apoderarse de dinero de la referida casa de estudios.

FUNDAMENTOS DE LOS IMPUGNANTES

TERCERO. La defensa del procesado Jorge Luis Balbis Castro solicitó que la sentencia impugnada sea declarada nula, por cuanto la Sala Superior vulneró sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la prueba. Además, en lo sustancial señaló que:

3.1. Se omitió identificar y determinar a través de medios probatorios o indicios probables, el hecho ilícito generador de los activos maculados. Solo se limitó a indicar la existencia de un desbalance patrimonial, deficiencia que proviene desde la etapa de investigación e instrucción, pues jamás se hizo mención alguna al delito previo.

3.2. Se incurrió en error de valoración de las pruebas y falta de motivación, pues se limito a señalar que sus activos provienen de una posible vinculación con políticos del Gobierno Regional por el delito de difamación a Rosa Olivares, vinculada a C A A. Por ello, la denuncia de Pedro Luis del Águila Arrieta resulta tendenciosa, ya que este también se encuentra vinculado al exfuncionario conforme con las fotografías que obran en los actuados.

3.3. La carga probatoria ofrecida por el Ministerio Público en su acusación no incluía la pericia valorativa de ingeniería ni pericia contable, que no fueron postuladas como nueva prueba al inicio del juicio oral, sino recién en el desarrollo del juicio oral, cuando su oportunidad había precluido. El modelo procesal antiguo no contempla prueba de oficio en dicha etapa, por lo que su actuación constituye una vulneración al debido proceso.

CUARTO. El representante de la Procuraduría Pública, en el recurso impugnatorio propuesto (folio 1951), solicitó que se aumente el monto de la proporcionalidad en el monto establecido con las conclusiones del informe pericial contable, que determinó que existe un incremento patrimonial injustificado que asciende a s/ 303 009.01, y se determinó que los orígenes de los ingresos no tienen sustento legal ni contable. Además, conforme con lo dispuesto en el Acuerdo Plenario N.° 6-2006/ CJ-116, la reparación civil deriva de una infracción civil y, en el caso concreto, la conducta del acusado generó daños patrimoniales como extrapatrimoniales.

ANALISIS DEL CASO-CONSIDERACIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL

QUINTO. Los hechos materia de acusación fueron tipificados como delito de lavado de activos, en las modalidades de actos de ocultamiento y tenencia, en perjuicio del Estado.

5.1. Estas modalidades se encontraban previstas en el artículo dos de la Ley N.º 27765, que primigeniamente establecía:

El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa

5.2. Asimismo, esta norma, modificada por el Decreto Legislativo N.º 986, preveía lo siguiente:

El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta, dentro del territorio de la República o introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

a) Una actividad criminal previa idónea para generar determinados activos. No se requiere la identificación de las concretas operaciones delictivas previas, sino que basta la acreditación de la actividad criminal de modo genérico -de un injusto penal-.
b) La realización de actos de conversión y transferencia, o actos de ocultamiento y tenencia, o de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional.

c) El conocimiento directo o presunto de la procedencia ilícita del activo, dolo directo o dolo eventual.

5.4. En el presente caso, la comisión del delito de lavado de activos, en las modalidades de ocultamiento y tenencia, se encuentra acreditado según el siguiente detalle:

a) Las declaraciones del proceso Jorge Luis Balbis Castro (folio 31), quien señaló que desde el año dos mil cinco se dedica a la actividad laboral de comunicaciones y percibió entre tres mil a cuatro mil soles mensuales.

b) El Informe Contable (folio 291) elaborado por las contadoras públicas Margarita Lavandera Gonzales y Lidia Córdova Rosales, que concluye que revisadas las declaraciones juradas presentadas por el procesado recurrente ante la Sunat (específicamente con relación a la empresa radiodifusora Magestad E.I.R.L.) e información financiera de las entidades bancarias, se aprecia las declaraciones anuales de ingresos por las siguientes sumas:

i) Año 2006: Ingreso anual de tres mil doscientos noventa soles.
ii) Año 2007: Ingreso anual de siete mil doscientos cuarenta soles.
iii) Año 2008: Ingreso anual de tres mil ocho soles.
iv) Año 2009: Ingreso anual de trece mil cuatrocientos diez soles.

Sumado todo lo declarado como percibido durante los años dos mil seis a dos mil diez asciende a veintiséis mil novecientos cuarenta y ocho soles (s/. 26 948.00). Además, esta pericia practicada a la información brindada por la Sunat no fue cuestionada ni desacreditada por el ahora impugnante.

c) En el informe Pericial Contable N° 002-2018 (folio 1804), ratificado en el juicio oral (folio 1821), y en los Informes Periciales números 278 (folio 1565), 279 (folio 1573) y 280 (folio 1590), elaborados por los peritos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se concluye que revisado el análisis financiero de las cuentas bancarias del procesado Jorge Luis Balbis Castro, en el Banco de Crédito del Perú, se advierte ingresos no justificados; específicamente se aprecia que desde enero de dos mil seis a diciembre de dos mil diez se depositó en sus cuentas bancarias un total de trescientos veintinueve mil novecientos cincuenta y siete soles con un céntimo (s/. 329 957.01) y quince mil trescientos veinte dólares estadounidenses ($ 15 320.00). De modo que, descontando lo que declaró como montos percibidos, presenta un desbalance patrimonial de origen desconocido que asciende a trescientos tres mil nueve soles con un céntimo (s/ 303 009.01).

d) El detalle descrito, sobre el incremento patrimonial no justificado, fue detallado en el examen pericial practicado al perito contable Oscar Fernando Espinoza Tapia (folio 1821), donde se describe los depósitos recibidos en la cuenta del Banco de Crédito del procesado impugnante durante los años dos mil seis a dos mil diez, en soles y dólares, la suma total a las que ascienden, lo declarado como ingresos ante la Sunat durante dichos años y propiamente el desbalance existente.

e) Además, el propio procesado señalo que adquirió el canal veintisiete a vente mil dólares; sin embargo, tampoco obra en autos prueba de como adquirió dicho dinero, ni la forma que compró los bienes con los que cuentan los canales 15 y 27 de su propiedad, que se valorizan en sumas superiores a los diez mil soles cada una, según se detalló en las pericias practicadas a dichos canales, lo que pone de manifiesto la existencia de un desbalance patrimonial incluso mayor.

f) El representante del Ministerio Público, en la acusación fiscal y requisitoria oral, señaló que dicho desbalance provendría de delitos de defraudación tributaria, corrupción y contra la Administración Pública, lo que fue acogido en la sentencia impugnada, parcialmente en los siguientes términos:

Está probado más allá de toda duda razonable que ha recibido dinero a través de tres cuentas de ahorros, dos en soles y una en dólares, cuya procedencia ilícita debía presumir, ya que conforme lo han indicado los testigos en el juicio oral, él tenía relación con políticos de la región Ancash con los que primero tenia buenas relaciones y luego se quebraron y se produjeron las denuncias. Por lo que es probable que estos montos de dinero provengan de delitos contra la Administración Pública; no siendo relevante la prueba de ello.

Además, esto no fue cuestionado por el ahora recurrente, ni obra en autos prueba que acredite lo contrario.

5.5. Ahora bien, con relación a los agravios denunciados, los alcances típicos del delito de lavado de activos fueron precisados por este Tribunal en los Acuerdos Plenarios números 3-2010/CJ-1161 , y 2-2011/CJ-1162, y en la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-4333.

a) Conforme con el primer Acuerdo, el delito de lavado de activos es todo acto o procedimiento realizado para dar una apariencia de legitimidad a los bienes y capitales que tienen un origen ilícito. Es un delito no convencional y constituye en la actualidad un notorio exponente de la moderna criminal organizada.

b) Se protege una pluralidad de bienes jurídicos que son afectados o puestos en peligro de modo simultaneo o sucesivo durante las etapas y operaciones delictivas que ejecuta el agente. En ese contexto dinámico, por ejemplo, los actos de colocación e intercalación comprometen la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico- financiero. En cambio, los actos de ocultamiento y tenencia afectan la eficacia del sistema de justicia penal frente al crimen organizado.

c) De modo que, según el primer párrafo, del artículo diez, del Decreto Legislativo N.° 1106, el lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidos a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena.

d) Además, la Sala Superior correctamente estableció que no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes y ganancias. Hayan sido descubiertos y juzgados; incluso se estableció que el desbalance patrimonial obedecería a los delitos de defraudación tributaria, contra la Administración Pública y por corrupción de funcionarios, según postuló el representante del Ministerio Público.

e) En la Sentencia Plenaria Casatoria N.° -01-2017/CIJ-433 se ratificó la autonomía del delito de lavado de activos, y con relación al origen delictivo de los activos se estableció que es un componente normativo, que debe corresponder necesariamente a actividades criminales que tengan la capacidad de generar ganancias ilícitas y requerir el auxilio de operaciones de lavado de activos4. No se alude a un elemento de gravedad de la actividad criminal precedente; porque la ley no optó por el enfoque del “umbral”.

f) En conclusión, ya no es necesario acreditar el delito previo o delito fuente en todas sus circunstancias, sino la vinculación o procedencia delictiva de los activos, de modo razonable a través de los indicios. La Corte Suprema, en este aspecto, señaló que basta la acreditación de la actividad criminal de modo genérico5, lo que ocurrió en autos.

5.6. Respecto al agravio que cuestiona la obtención de la pericia valorativa de ingeniería y la pericia contable, recabadas en el desarrollo del juicio oral, de la revisión de autos se advierte que mediante la ejecutoria suprema del dos de junio de dos mil dieciséis (Recurso de Nulidad N.° 1684-2014) este Tribunal dispuso a ampliación excepcional de la instrucción para que se realice una nueva pericia valorativa a efectos de evaluar exhaustivamente los ingresos y egresos del acusado; sin embargo, el plazo resultó insuficiente y fue actuada en el juicio oral. Por lo tanto, si la averiguación de la verdad es la finalidad del proceso, no se verifica la vulneración aludida, tanto mas si no existe norma prohibitiva que así lo restrinja.

5.7. Conforme con lo anotado, al no advertirse la concurrencia de ninguna causal de nulidad prevista en el artículo doscientos noventa y ocho del Código de Procedimientos Penales, corresponde confirmar la sentencia impugnada.

SEXTO. Con relación a los agravios denunciados en el recurso impugnatorio de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio, estos son estimados parcialmente, por lo siguiente:

6.1. La reparación civil se estima esencialmente teniendo en cuenta el grado de participación en el delito, la gravead del mismo y la trascendencia del hecho; además, no debe resultar simbólica ni imposible de ser cumplida por el sentenciado (de modo que este se rehabilite, cumplan los objetivos constitucionales de la pena y proscriba la estigmatización de la persona que cometió un ilícito).

6.2. Este Colegiado, siguiendo los criterios descritos, estima que el monto de reparación civil fijado por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, resulta razonable y proporcional con la gravedad material y objetiva de la lesión producida al bien jurídico tutelado.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, de conformidad en parte con el dictamen de la Fiscalía Suprema en lo Penal:

I. DECLARARON NO HABER NULIDAD en la sentencia del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa (folio 1868), que condenó a Jorge Luis Balbis Castro como autor del delito de lavado de activos, en las modalidades de actos de ocultamiento y tenencia, en perjuicio del Estado, e impuso ocho años de pena privativa de libertad, ciento veinte días multa y el pago de cuarenta mil soles de reparación civil, en favor del Estado; con lo demás que contiene.

II. DISPUSIERON que se notifique la presente decisión a las partes apersonadas en esta instancia, devuélvanse los actuados a la Sala Superior de origen y se archive el cuadernillo.


NULIDAD DE SENTENCIA

Sumilla: En cuanto a la actividad criminal de la que surgieron los activos cuestionados, conforme con la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01-2017/CIJ-433, basta con la existencia de indicios que a través de un proceso lógico lleven a la concusión racional y motivada de su procedencia delictiva. La acreditación se determina con indicios que permitan construir la prueba indiciaria sobre su delictuosidad. En el presente caso, tal razonamiento no se ha realizado. Tampoco se ha valorado de modo integral las pruebas actuadas en juicio oral, con relación al incremento del patrimonio del acusado. Por ello, corresponde anular la sentencia y ordenar que se lleve a cabo un nuevo juicio oral.

Lima, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve

VISTOS: los recursos de nulidad interpuestos contra la sentencia del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa (foja 1868), por parte de: i) la defensa del sentenciado JORGE LUIS BALBIS CASTRO en el extremo que lo condenó como autor del delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de ocultamientos y tenencia, recepción de dinero de procedencia ilícita, en perjuicio del Estado, y como tal le impuso ocho años de pena privativa de la libertad, ciento veinte dias multa, y fijó en cuarenta mil soles el importe de la reparación civil a favor del Estado, con lo demás que contiene; y, ii) la PROCURADURIA PUBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PROCESOS DE PERDIDA DE DOMINIO respecto al importe de la reparación civil señalada.

Oídos los informes orales de los recurrentes. Con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente la jueza suprema CASTAÑEDA OTSU.

CONSIDERANDO

IMPUTACION FACTICA Y JURIDICA

PRIMERO. Según la acusación fiscal escrita (foja 1085), con base en la denuncia de parte de Pedro Luis del Águila Arrieta, se le atribuyo a JORGE LUIS BALBIS CASTRO haber incrementado su patrimonio en los últimos años de manera injustificada y sospechosa, al haber adquirido dos canales de televisoras locales (canales 15 y 27), los que por su alta tecnología requieren de equipos costosos y sofisticados, los cuales estarían valorizados en la suma de cuatrocientos mil dólares americanos; además, se denunció que habría adquirido innumerables inmuebles, en uno de los cuales funcionan los canales de televisión.

SEGUNDO. Los hechos fueron calificados por el fiscal superior como delito de lavados de activos, en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia, previsto en el artículo 2 de la Ley N.º 27765, modificado por el Decreto Legislativo N.º 986, que prevé una pena privativa de libertad de ocho a quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa. Solicitó se impongan al acusado, en calidad de autor, diez años de pena privativa de la libertad y la obligación de pagar la suma de siete mil soles por concepto de preparación civil a favor del Estado.

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

TERCERO. La Sala Superior en la sentencia impugnada efectuó un recuento y detalle de los que denominó “elementos de convicción” actuados a nivel preliminar, de los actos de investigación efectuados en la etapa de instrucción y las pruebas actuadas en juicio oral. Consideró que se probó más allá de toda duda razonable lo siguiente:

3.1. El acusado Balbis Castro fue titular del RUC 10329140496, como persona natural y titular gerente de las empresas: Radio Difusora Magestad E.I.R.L., Magnético´s E.I.R.L. y Balcas E.I.R.L Solo declaró ingresos ante la Sunat a través de la primera empresa, entre los años dos mil seis a dos mil diez, por un importe total de s/. 26 948,00. No declaro como persona natural.

3.2. Conforme con las conclusiones del informe pericial contable ampliatorio, señaladas en juicio oral por el perito Oscar Fernando Espinoza, en dicho periodo el acusado recibió depósitos dinerarios en su cuenta de ahorros en soles por un monto de s/ 329 957,01 y en su cuenta de ahorros en dólares americanos $15 320,00, ambas del Banco de Crédito del Perú. De estos depósitos, descontamos los ingresos por ventas que ascienden a s/ 26 948,00 determinó un desbalance patrimonial ascendente a s/ 303 909, 01 y $ 15 320,00. Desbalance patrimonial que es de origen desconocido por cuanto no tiene sustento contable ni legal.

3.3. Castro Balbis ha sido titular de las autorizaciones de canales de televisión denominados Canal 15, Canal 27 y conductor de Canal 43 (radiodifusión comercial por televisión en la banda UHF). El valor aproximado de los equipos que son utilizados para su funcionamiento, a la fecha de constatación, ascienden a s/ 73 692,10.

La valorización de los equipos se hizo vía internet usando las empresas Amazon, IVEI y mercado libre, conforme informaron en juicio oral los peritos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya que la mayoría de los componentes y equipos que se utilizan en la estación son demasiado antiguos y no se encuentran en el mercado. Por tanto, el desbalance patrimonial es mayor, pues además se consideró la titularidad de un inmueble (ubicado en el Asentamiento Humano Upis Villa San Luis II tapa-Parcelas 12-14, manzana M lote 41) y un vehículo (de placa RE 2763).

3.4. En cuanto a la procedencia ilícita del dinero recibido, quedó acreditado, con las declaraciones de los testigos -cuyos nombres no se señalan-, que tenía relación con políticos de la región Ancash, con quienes primero tuvo buenas relaciones y luego se quebraron y dieron mérito a las denuncias en su contra. Por lo que resulta probable que los montos recibidos en sus cuentas bancarias provengan de delitos contra la Administración Pública, no siendo relevante la prueba de ello.

3.5. Se considera que un indicio grave de la presunción de ilicitud del dinero que recibía Balbis Castro, lo constituye el hecho que recibió el dos mil quien, de la Universidad Privada San Pedro, s/ 1 397 432,33 soles, según contrato de arrendamiento compraventa del Canal 27, pues se trataría de una presunta venta por la magnitud del precio pagado. No obstante, este hecho no forma parte de las imputaciones que han dado lugar a este proceso penal, por lo que se dispuso la remisión de copias al Ministerio Público, ya que el referido contrato sería como consecuencia de un auto defraudatorio a fin de apoderarse de dinero de la referida casa de estudios.

AGRAVIOS QUE SUSTENTAN EL RECURSO DE NULIDAD

CUARTO. La defensa del recurrente Balbis Castro solicitó que la sentencia impugnada sea declarada nula, por cuanto la Sala Superior vulneró los derechos al debido proceso y de defensa, y efectuó una indebida valoración de los medios de prueba. Sus agravios, e lo esencial, son los siguientes:

4.1. Se omitió identificar y determinar a través de medios probatorios o indicios probables, el hecho ilícito generador de los activos maculados. Solo se limitó a indicar la existencia de un desbalance patrimonial, deficiencia que proviene desde la etapa de investigación e instrucción, pues jamás se hizo mención alguna al delito previo.

4.2. Se incurrió e error de valoración probatoria y falta de motivación, pues se limitó a señalar que sus activos provienen de una posible vinculación con políticos del gobierno regional de Ancash, lo cual resulta contradictorio pues su patrocinado denunció por el delito de difamación a Rosa Olivares, vinculada a Cesar Á A. Por ello, la denuncia de Pedro Luis del Águila Arrieta resulta tendenciosa, ya que este también se encuentra vinculado al exfuncionario conforme con las fotografías que obran en los actuados.

4.3. La carga probatoria ofrecida por el fiscal superior en su acusación no incluía pericia valorativa de ingeniería ni pericia contable, las que no fueron postuladas como nueva prueba al inicio del juicio oral, sino en el desarrollo del juicio oral cuando su oportunidad había precluido. El modelo procesal antiguo no contempla una vulneración al debido proceso.

QUINTO. El representante de la Procuraduría Pública solicitó en su recurso de nulidad (foja 1951) se aumente el monto de la reparación civil a s/ 200 000,00, en atención a que no existe proporcionalidad en el monto establecido con las conclusiones del informe pericial contable, el que determinó que existió un incremento patrimonial injustificado que asciende a s/ 303 009,01, y se determinó que los orígenes de los ingresos no tienen sustento legal ni contable. Además, conforme con el Acuerdo Plenario N.º 6-2006/CJ-116, la reparación civil deriva de una infracción civil y, en el caso concreto, la conducta del acusado generó daños patrimoniales como extrapatrimonial.

CONSIDERACIONES DEL SUPREMO TRIBUNAL

SEXTO. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, se encuentra consagrado en el inciso 5, artículo 139, de la Constitución. Constituye un derecho fundamental del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y asegura que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino que exige que los órganos judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que la llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso1.

SETIMO. Los hechos materia de acusación al recurrente, fueron tipificados como delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia, en perjuicio del Estado. Esta modalidad se encuentra prevista en el artículo 2 de la Ley N.º 27769, modificada por el Decreto Legislativo N.º 986, cuyo texto es el siguiente: “El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o transporta, dentro del territorio de la Republica o introduce o retira del mismo o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa”.

OCTAVO. El delito de lavado de activos ha sido precisado por esta Corte Suprema en los acuerdos plenarios números 3-2010/CJ-1162 y 2-2011/CJ-1163, y en la Sentencia Plenaria Casatoria N.° 01-2017/ CIJ-4434. Conforme con el primer acuerdo, es todo acto o procedimiento realizado para dar una apariencia de legitimidad a los bienes y capitales que tienen un origen ilícito. Es un delito no convencional y constituye en la actualidad u notorio exponente de la moderna criminalidad organizada.

Se protege una pluralidad de bienes jurídicos que son afectados o puestos en peligro de modo simultaneo o sucesivo durante las etapas y operaciones delictivas que ejecuta el agente. En ese contexto dinámico, por ejemplo, los actos de colocación e intercalación comprometen la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico-financiero. En cambio, los actos de ocultamiento y tenencia afectan la eficacia del sistema de justicia penal frente al crimen organizado.

NOVENO. Frente al agravio de la defensa técnica sobre la falta de valoración probatoria por parte de la Sala Superior, en el extremo referido al origen delictivo de los activos cuestionados, es pertinente precisar que, según el primer párrafo, del artículo 10, del Decreto Legislativo N.º 1106: “El lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena”.

DECIMO. Esta Corte Suprema, en la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 01- 2017/CIJ-433, ratificó la autonomía del delito de lavado de activos, y en cuanto al origen delictivo de los activos estableció que es un componente normativo, que debe corresponder necesariamente a actividades criminales que tengan la capacidad de generar ganancias ilícitas y requerir el auxilio de operaciones de lavado de activos5. No se alude a un elemento de gravedad de la actividad criminal precedente; porque la ley no optó por el enfoque del “umbral”.

En cuanto al estándar de prueba para la condena de este delito, es necesaria la convicción más allá de toda duda razonable, basada en parámetros objetivos y racionales, de que concurren todos y cada uno de los elementos del delito: i) una actividad criminal previa idónea para generar determinados activos; ii) la realización de actos de conversión y transferencia, o actos de ocultamiento y tenencia, o de actos de transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional; y, iii), subjetivamente, tanto el conocimiento directo o presunto de la procedencia ilícita del activo, dolo directo o eventual. En este punto, precisó que no se requiere la identificación de las concretas operaciones delictivas previas; sino que basta la acreditación de la actividad criminal de modo genérico -de un injusto penal-. Lo cual es correcto, porque guarda concordancia con el carácter autónomo del delito de lavado de activos.

DECIMOPRIMERO. En conclusión, ya no es necesario acreditar el delito previo o delito fuente en todas sus circunstancias, sino la vinculación o procedencia delictiva de los activos, de modo razonable a través de los indicios. La corte Suprema, en este aspecto, señalo que basta la acreditación de la actividad criminal de modo genérico6.

DECIMOSEGUNDO. En el presente caso, tal razonamiento no se ha realizado, ya que, en efecto, revisados los actuados, se advierte que la motivación de la Sala Superior es incompleta respecto a este extremo, pues concluyó que:

Está probado más allá de toda duda razonable que ha recibido dinero a través de tres cuentas de ahorros, dos en soles y una en dólares, cuya procedencia ilícita debía presumir, ya que conforme lo han indicado los testigos en el juicio oral, él tenía relación con políticos de la región Ancash, con los que primero tenia buenas relaciones y luego se quebraron y se produjeron las denuncias. Por lo que es probable que estos montos de dinero provengan de delitos contra la Administración Publica; no siendo relevante la prueba de ello.

DECIMOTERCERO. Del contenido textual de la conclusión mencionada, se verifica que la Sala Superior no precisó quienes son aquellos testigos que declararon en ese sentido. Al respecto, este Supremo Tribunal ha constatado que al juicio oral concurrieron los siguientes testigos:

13.1. Daniel Geldres Vera (foja 1357), quien manifestó ser parte de la Organización Cristiana Evangélica y que en el dos mil ocho, aproximadamente, le compró a Balbis Castro el Canal 43 por cuarenta y cinco mil dólares, los que fueron pagados en tres partes a través del sistema financiero, y el único documento que se suscribió es una transferencia de derechos, dado que el tramite para obtener la resolución del Ministerio de Transportes toma unos años pero se pusieron de acuerdo para continuar con el mismo.

13.2. Fernando Roosevelt Olivera (foja 1360) señalo que alquiló su casa de dos pisos a Balbis Castro, por quinientos soles al mes, para que coloque su antena, y en dicho inmueble funcionaban los canales 15 y 27.

13.3. Gloria Carbajal de Zamora (foja 1361) manifestó que trabajaba con Balbis Castro en el Canal 15, como operadora de audio y video, y solo recibía propinas, ya que es su familiar, pues él y su hija tienen un hijo. Refirió que, al inicio, Balbis Castro tenia una radio y luego le dieron permiso para un canal de televisión.

13.4. José Luis García Sánchez (foja 1379) manifestó que es periodista y trabajó con Balbis Castro, en Radio Uno, desde 1998 hasta el 2001 y le pagaba trescientos soles por su programa.

13.5. Robert James Lázaro Narváez (foja 1429), refirió que concurrió a programas radiales y de televisión, como representante de la Universidad Alas Peruanas, para dar a conocer a la población que se encontraban en dicha localidad, a fin de promocionar sus servicios. La procuradora Pública le preguntó si en algún momento había compartido programas radicales o televisivos con César Á A, a lo que este testigo respondió que nunca.

13.6. Ericka Rosario Machuca (foja 1654), esta testigo refirió que Balbis Castro es padre de su hijo. En el dos mil quince empezó a trabajar en el Canal 15 en el área de publicidad. Cuando se vendió el Canal 27 a la Universidad de San Pedro, recibió depósitos en calidad de administradora.

Por tanto, del contenido de las declaraciones de las declaraciones de los citados testigos se aprecia que no guardan conexión con la conclusión a la que arribó la Sala Superior respecto a la procedencia delictiva de los activos.

DECIMOCUARTO. Además, otro testigo que concurrió a juicio oral fue José Romero Rafaile (foja 1374), quien señaló que fue trabajador de Balbis Castro en el periodo 2000 al 2007, cuando este tenía una radio, que al inicio trabajó como locutor de radio y luego dejó de trabajar con él por una mejora laboral. En el 2005 realizó un tramite ante el Ministerio de Transportes para tener la autorización de un canal, una vez que obtuvo la resolución de autorización vendió los derechos al citado Balbis Castro por veinte mil dólares, de los cuales solo le ha pagado doce mil dólares, dado que debía realizar el trámite para la transferencia y pasarlo a su nombre.

En el interrogatorio, la Procuradora Pública le preguntó sobre los vínculos que pudo haber tenido Balbis Castro con políticos del gobierno regional de Ancash, a lo que contestó que conoce a Cesar Á A porque fue el presidente regional y Ángel Á A es su hermano, quienes iban a la radio, donde trabajaba para hacer propaganda. El necesitaba un medio de comunicación y ahí lo conoció, pero no hubo ninguna amistad.

DECIMOQUINTO. Con relación a la declaración del testigo Romero Rafaile, el acusado en juicio oral7, ante la pregunta formulada por uno de los jueces superiores: ¿Y sobre la base de donde sale los s/ 400 000?, respondió lo siguiente: “El peritaje no indica nada de dicha suma sino que la persona que denuncia ha hecho todo esto porque mi persona le entabló una denuncia a Cesar , Rosy Olivares, Juan Sánchez por difamación ya que mi canal no estaba de acuerdo con la gestión de Á, entonces el señor Luis Arroyo Rojas y su abogado Luis Arroyo Guevara buscaron como hacerme daño, contrataron al señor Pedro del Águila Arrieta8 para que me denuncie por lavado de activos y, en esa época, ellos tenían el poder y me hicieron aparecer como un millonario como no lo soy”.

Como se advierte, la Sala Superior no se pronunció sobre las versiones disimiles brindadas por el testigo Romero Rafaile y el acusado Balbis Castro, en cuanto a la vinculación de este último con Á A, lo que era necesario a efectos de determinar la existencia de tal vínculo, pues como es de público conocimiento, Á A se encuentra comprendido en diversos procesos por delito de corrupción de funcionarios.

DECIMOSEXTO. Por otro lado, en la sentencia se consignó que el fiscal superior, en la requisitoria oral sostuvo que el delito de lavado de activos tiene su origen ilícito en otros delitos como es el caso de la defraudación tributaria, y que el acusado tiene investigaciones por corrupción de funcionarios. Que si bien el acusado señaló que la denuncia habría sido por venganza por haberse manifestado o declarado en contra del expresidente Regional Cesar Á: “Sin embargo, de los debates orales se ha advertido que él mismo ha señalado que se recibió al señor César Á en su canal cuando estaba en plena campaña y también ha recibido dinero ilícito de esta persona”.

Al respecto, como se tiene anotado, de la revisión de las actas de audiencia y contenido de la declaración de Balbis Castro, se verifica que lo que el fiscal superior habría expresado no se condice con lo referido por el acusado.

DECIMOSETIMO: Ahora bien, en la sentencia se transcriben las pruebas obtenidas en la etapa de investigación preliminar, instrucción y juicio oral, y se concluyó que existe suficiencia probatoria; no obstante, el pronunciamiento no se hizo realizando una valoración integral de las pruebas debidamente incorporadas al proceso. En esa lógica de razonamiento, las pruebas debieron ser confrontadas no solo como prueba directa, sino, además, con la existencia de indicios, básicamente, porque hay hechos acreditados y no negados, con relación al incremento del patrimonio del acusado.

DECIMOCTAVO. Conforme con lo anotado, si bien la Sala Superior sostuvo que las testimoniales de los compañeros de trabajo del acusado no abonan en su favor ni en contra, pues el desbalance patrimonial es un dato objeto obtenido a través de las pericias, la valoración integral de la prueba constituye una garantía para todos los sujetos procesales. En esta línea de razonamiento, por ejemplo, la Sala Superior no valoró que el testigo Romero Rafaile, declaró haber trabajado para el acusado desde el año dos mil al dos mil siete; además, aceptó que se le otorgó la licencia del canal 27, en el año 2005, y se lo vendió al acusado por veinte mil dólares. Tal hecho probado, debió ser analizado en su contexto, pues este testigo, trabajador del acusado hasta el año 2007, adquirió una licencia el 2005, y la vendió de inmediato a su feje (el recurrente) por veinte mil dólares; y, posterior a ello, siguió trabajando para este último hasta dos años después.

Es por ello que se debieron valorar las declaraciones de todos los testigos involucrados en el tracto sucesivo de las adquisiciones, traspaso, cesión de derechos, entre otros, vinculados con los canales de televisión del recurrente, a fin de determinar la ruta del dinero y si en la compra y venta de los canales de televisión y sus respectivas licencias, se usó o no testaferros.

DECIMONOVENO. Respecto al agravio que cuestiona la obtención de la pericia valorativa de ingeniería, y la pericia contable, recabadas en el desarrollo del juicio oral, que resultaría contraria al principio de legalidad procesal, pues en esta etapa no se contempla la prueba de oficio. Del a revisión de autos se advierte que mediante ejecutoria suprema del dos de junio de dos mil dieciséis (R.N. N.º 1684-2014) este Supremo Tribunal dispuso la ampliación excepcional de la instrucción para que se realice una nueva pericia valorativa a efectos de evaluar exhaustivamente los ingresos y egresos del acusado; sin embargo, el plazo resultó insuficiente y fue actuada en el juicio oral. Por lo tanto, si la averiguación de la verdad es la finalidad del proceso, no se verifica la vulneración aludida, tanto más si no existe norma prohibitiva, no se verifica la vulneración aludida, tanto mas si no existe norma prohibitiva que así lo restrinja. En ese sentido, su agravio debe desestimarse.

VIGESINO. En atención a lo anotado, este Supremo Tribunal no puede emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por haberse incurrido en la causal de nulidad prevista en el inciso 1, artículo 298, del Código de Procedimientos Penales, según el cual se declarará la nulidad; “cuando en la sustanciación de la instrucción o en la del proceso de juzgamiento, se hubiera incurrido en graves irregularidades u omisiones de tramites o garantías establecidas por la Ley Procesal Penal […]”. Razones por las cuales, los motivos de impugnación se admiten.

VIGESIMOPRIMERO. Por tales consideraciones y en merito a la facultad conferida por la última parte, del artículo 301, del Código acotado, resulta necesario se lleve a cabo un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, que deberá realizar un estudio individual e integral, de forma concatenada, de los medios de prueba incorporados y actuados en el proceso, a fin de determinar las reales circunstancias de la comisión de los hechos.

Por otro lado, al haberse determinado la realización de un nuevo juicio oral, no es pertinente, en esta instancia, emitir pronunciamiento sobre los motivos de agravio de la Procuraduría Pública.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I. NULA la sentencia del 17 de agosto de 2018, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, que condenó a JORGE LUIS BALBIS CASTRO como autor del delito de lavado de activos, en la modalidad de actos de ocultamiento y tenencia-recepción de dinero de procedencia ilícita, en perjuicio del Estado; y, como tal, le impuso ocho años de pena privativa de libertad, ciento veinte días multa, a razón de diez soles el día multa, fijó en cuarenta mil soles la reparación civil que deberá pagar a favor del Estado.

II. DEJARON SIN EFECTO las órdenes de captura decretadas en contra de Jorge Luis Balbis Castro.

III. MANDARON se realice un nuevo juicio oral a JORGE LUIS BALBIS CASTRO, por otro Colegiado Superior, debiendo actuarse las pruebas ofrecidas por el fiscal superior, las que ofrezca las partes y las que resulten necesarias para el real esclarecimiento de los hechos; y los devolvieron.

Intervino el juez supremo Castañeda Espinoza, por licencia de la jueza suprema Barrios Alvarado.

CASTAÑEDA ESPINOZA; CASTAÑEDA OTSU;  PACHECO HUANCAS

LA SECRETARÍA DE LA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, CERTIFICA QUE EL VOTO DIRIMENTE DEL JUEZ SUPREMO GUERRERO LÓPEZ, ES COMO SIGUE:

Lima, ocho de julio de dos mil veintiuno

VISTOS: los votos emitidos en la presente causa. Por un lado, de los jueces supremos Castañeda Espinoza, Castañeda Otsu y Pacheco Huancas, porque se declare: I. NULA la sentencia del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, que condenó a Jorge Luis Balbis Castro como autor del delito de lavado de activos, en su modalidad de actos de ocultamiento y tenencia – recepción de dinero de procedencia ilícita, en perjuicio del Estado; impuso ocho años de pena privativa de la libertad, ciento veinte días multa a razón de diez soles el día multa, y fijó en cuarenta mil soles la reparación civil que deberá pagar a favor del Estado; II. DEJARON SIN EFECTO las órdenes de captura decretadas en contra de Jorge Luis Balbis Castro; III. MANDARON se realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado Superior, debiendo actuarse las pruebas ofrecidas por el fiscal superior, las que ofrezcan las partes y las que resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos; y, los devolvieron. Y, de otro lado, el voto de los jueces supremos Prado Saldarriaga y Balladares Aparicio, porque se declare: I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, que condenó a Jorge Luis Balbis Castro como autor del delito de lavado de activos, en su modalidad de actos de ocultamiento y tenencia – recepción de dinero de procedencia ilícita, en perjuicio del Estado; impuso ocho años de pena privativa de la libertad, ciento veinte días multa a razón de diez soles el día multa, y fijó en cuarenta mil soles la reparación civil que deberá pagar a favor del Estado; II. DISPUSIERON que se notifique la presente decisión a las partes apersonadas en esta instancia.

El suscrito fundamenta su voto, sobre la base de los siguientes fundamentos que paso a exponer:

CONSIDERANDO

I. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

Primero. El procesado Balbis Castro alegó en el recurso de nulidad:

1.1. Se omitió identificar y determinar a través de medios probatorios o indicios probables, el hecho ilícito generador de los activos maculados. Solo se limitó a indicar la existencia de un desbalance patrimonial, deficiencia que proviene desde la etapa de investigación e instrucción, pues jamás se hizo mención alguna al delito previo.

1.2. Se incurrió en error de valoración probatoria y falta de motivación, pues se limitó a señalar que sus activos provienen de una posible vinculación con políticos de gobierno regional de Áncash, lo cual resulta contradictorio pues su patrocinado denunció por el delito de difamación a Rosa Olivares vinculada a C Á A. Por ello, la denuncia de Pedro Luis del Águila Arrieta resulta tendenciosa, ya que este también se encuentra vinculado al exfuncionario conforme con las fotografías que obran en los actuados.

1.3. La carga probatoria ofrecida por el fiscal superior en su acusación no incluía pericia valorativa de ingeniería ni pericia contable, las que no fueron postuladas como prueba nueva al inicio del juicio oral, sino en el desarrollo del juicio oral cuando su oportunidad había precluido. El modelo procesal antiguo no contempla prueba de oficio en dicha etapa, por lo que su actuación constituye una vulneración al debido proceso.

Segundo. La Procuraduría Pública solicitó en su recurso de nulidad se aumente el monto de la reparación civil a doscientos mil soles, en atención a que no existe proporcionalidad en el monto establecido con las conclusiones del informe pericial contable, el que determinó que existió un incremento patrimonial injustificado que asciende a trescientos tres mil nueve con 01/100 soles, y se determinó que los orígenes de los ingresos no tienen sustento legal ni contable. Además, conforme con el Acuerdo Plenario N.° 6-2006/CJ-116, la reparación civil deriva de una infracción civil y, en el caso concreto, la conducta del acusado generó daños patrimoniales como extrapatrimoniales.

II. ANÁLISIS DEL CASO

Tercero. El suscrito se encuentra conforme con cada uno de los fundamentos expresados y desarrollados por los jueces supremos Prado Saldarriaga y Balladares Aparicio, y adicionalmente expreso los siguientes argumentos:

3.1. Un aspecto relevante es que las declaraciones anuales del impuesto a la renta de radio difusora Majestad EIRL, fueron las siguientes:

3.2. Ese monto de ingresos resulta incompatible e incoherente con los movimientos económicos que se han reflejado en el Informe Pericial Contable N.° 002-2008 (folios 1804 a 1818), expedido por el Contador Público Óscar Fernando Espinoza Tapia, quien concurrió a los debates y se ratificó, explicando que el encausado Jorge Luis Balbis Castro, durante los años 2006 a 2010, recibió depósitos dinerarios a las siguientes cuentas bancarias a su nombre:

De lo cual se determinó que, entre los señalados años, existía un desbalance patrimonial de trescientos tres mil nueve con 01/100 soles (S/ 303,009.01), cuyos montos no tienen un origen conocido; sin contar que el encausado recibió pagos de la Universidad San Pedro por el monto de un millón trescientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y dos con 33/100 soles (S/ 1´397,432.33) por contrato de arrendamiento – venta de canal de televisión, de lo que se desconoce si existe pago de impuesto a la renta.

3.3. En ese sentido resulta relevante también el hecho que en la sentencia recurrida se haya establecido que los indicios de los actos ilegales de relevancia penal (delito fuente) están relacionados con ilícitos penales de defraudación tributaria, tal como lo postuló el Ministerio Público.

3.4. Con estos fundamentos, ratifico la postura de los jueces supremos Prado Saldarriaga y Balladares Aparicio en el sentido que existen indicios suficientes que acreditan la responsabilidad penal del encausado, debiendo quedar por tanto firme la sentencia condenatoria recurrida.

DECISIÓN

Por estos motivos, ME ADHIERO al voto de los jueces supremos Prado Saldarriaga y Balladares Aparicio.

GUERRERO LÓPEZ

GL/gc


1 Del 16 de noviembre de 2010. Asunto: El delito de lavado de activos.
2 Del 6 de diciembre de 2011. Asunto: Delito de lavado de activos y medidas de coerción reales.
3 Del 11 de octubre de 2017. Asunto: Alcances del delito de lavado de activos: artículo 10 del Decreto Legislativo N.° 1106, modificado por el Decreto Legislativo N.° 1249; y, estándar de prueba para su persecución procesal y condena.
4 En ese sentido, con anterioridad en el R.N. N.° 2868-2014-Lima, se detuvo: “No es de admitir, en atención a la garantía de presunción de inocencia, niveles distintos de patrones probatorios o estándares de prueba entre los diversos elementos objetivos y subjetivos del tipo legal, en especial del origen criminal o de la procedencia delictiva de dinero, bienes, efectos o ganancias. Lo realmente exigido es la acreditación necesaria -como elevada probabilidad objetiva- de que los bienes, inicialmente bajo sospecha simple -que es lo que se precisa para legitimidad de la investigación preparatoria en fase preliminar- y, luego, bajo sospecha suficiente -en que, a nivel de prognosis, se requiere que la condena resulte probable (probabilidad de condena) y que, a su vez, justifica la acusación y el auto de enjuiciamiento-, tuvieron su origen en una actividad delictiva previa”.

1 STC N.° 03433-2021-PA, del 18 de marzo de 2014, fj.4.
2 DEL 16 de noviembre de 2010. Asunto: El delito de lavado de activos.
3 Del 6 de noviembre de 2011. Asunto: Delito de lavado de activos y medidas de coerción reales.
4 Del 11 de octubre de 2017. Asuntos: Alcances del delito de lavado de activos: artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, modificado por el Decreto Legislativo 1249; y, estándar de prueba para su persecución procesal y condena.
5 En ese sentido, con anterioridad en el R.N. 2868-2014- Lima, se sostuvo: “No es de admitir, en atención a la garantía de presunción de inocencia, niveles distintos de patrones probatorios o estándares de prueba entre los diversos elementos objetivos y subjetivos del tipo legal, en especial del origen criminal o de la procedencia delictiva de dinero, bienes, efectos o ganancias. Lo realmente exigido es la acreditación necesaria -como elevada probabilidad objetiva- de que los bienes, inicialmente bajo sospecha simple -que es lo que se precisa para la legitimidad de la investigación preparatoria en fase preliminar- y, luego, bajo sospecha suficiente-en que, a nivel de prognosis, se requiere que la condena resulte probable (probabilidad de condena) y que, a su vez, justifica la acusación y el auto de enjuiciamiento-, tuvieron su origen en una actividad delictiva previa”.
6 En el R.N. N.° 422-2018.Nacional, se estableció: El delito de lavado de activos es autónomo en relación a la actividad criminal de la que surgieron los activos cuestionados. No es necesario que exista una condena por un delito precedente -ni siquiera procesamiento alguno-, tampoco se ha de acreditar acabadamente, en la multiplicidad de sus circunstancias, la actividad delictiva precedente o antecedente (…) Solo hace falta, como es patente, que en sus contornos generales se acredite la actividad criminal que dio origen a los activos maculados y que el agente pueda conocer o presumir su origen delictivo – basta que quede acreditada la actividad delictiva previa de modo genérico-. Tal acreditación, por lo demás, salvo el caso de confesión, se determina a través de la prueba por indicios -la propia naturaleza de este delito impide mayormente la posibilidad de prueba directa-.

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