ELEMENTOS TÍPICOS DEL DELITO DE PECULADO
25 octubre, 2021
Validez de la prueba pericial.
27 octubre, 2021

DIFAMACIÓN CALUMNIOSA AGRAVADA: Prescripción de la acción penal

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TRANSITORIA
NULIDAD 1173-2019
LIMA

Prescripción de la acción penal

Sumilla. Delimitado el momento de consumación del presupuesto fáctico incriminatorio, corresponde señalar que el régimen individualizado de prescripción de la acción penal del delito imputado (delito contra el honor-difamación calumniosa agravada) establece como plazo de prescripción (ordinario y extraordinario) cuatro años y seis meses.

Al efectuar el cómputo del plazo de vigencia de la acción penal, en atención a los descuentos de plazos ordenados mediante disposiciones descritas, se concluye que en la presente causa se ha superado en exceso el plazo prescriptorio extraordinario de la acción penal (al dos de junio de dos mil veintiuno); operando de pleno derecho el efecto liberatorio del tiempo; razón por la que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo quinto in fine del Código de Procedimientos Penales, debe declararse la extinción de la acción penal, feneciéndose el proceso.

Lima, nueve de junio de dos mil veintiuno

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del querellante Scotiabank Perú S. A. A., contra la sentencia de vista (foja 547) del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Sexta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró: i. Nula la sentencia del veintitrés de abril de dos mil dieciocho que absolvió a Aby Jaskel Gomberoff Snaiderman, por la presunta comisión del delito contra el honor-difamación calumniosa agravada, en perjuicio de Scotiabank Perú S. A. A., y nulo el auto admisorio del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, que dispuso iniciar una investigación sumaria contra Aby Jaskel Gomberoff Snaiderman por el citado delito y agraviado, y todo lo actuado con posterioridad, retrotrajo la causa hasta el momento de producido el vicio procesal. ii. No ha lugar a abrir sumaria investigación contra Aby Jaskel Gomberoff Snaiderman por el delito y el agraviado señalados. iii. Dejaron a salvo el derecho del querellante para que lo haga valer ante la autoridad competente. iv. Mandaron el archivo definitivo de lo actuado. Con lo expuesto por el fiscal supremo en lo penal.

Intervino como ponente el juez supremo Brousset Salas.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Delimitación de agravios

La defensa del querellante, en su recurso de nulidad del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (foja 558), solicitó se declare la nulidad de la recurrida y se ordene la emisión de un nuevo pronunciamiento. Precisó que si bien el artículo 132 refiere que la conducta delictiva “se atribuye a una persona” ello no debe interpretarse como un supuesto en el que solo las personas naturales son las únicas pasibles de ser afectadas en su honor; las personas jurídicas también lo son pues gozan de prestigio, reputación y buen nombre, conforme ha desarrollado la Corte Suprema (Recurso de Nulidad número 1695-2012) y el Tribunal Constitucional (Expediente número 4072-2009-PA/TC). La Sala Penal se ha apartado de la línea jurisprudencial expuesta, por lo que su fundamentación resulta defectuosa y contraviene el derecho de debida motivación. Es de suma gravedad que el Colegiado refiera que la vía de protección del honor de las personas jurídicas es la extrapenal, entendiéndose, la civil, lo que afecta su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

SEGUNDO. Imputación fáctica

Fluye de la demanda de querella del diecisiete de enero de dos mil diecisiete (foja 01) que el querellado Aby Jaskel Gomberoff Snaiderman ha manifestado, a través de su cuenta de la red social Facebook, comentarios falsos y ofensivos con respecto a la querellada, entidad financiera Scotiabank Perú S. A. A., donde además atribuye conductas que pueden subsumirse en el tipo penal de cohecho activo genérico regulado en el artículo 397 del Código Penal.
Se presentaron tres hechos en concreto:

2.1. El veintinueve de octubre de dos mil quince, el diario Semana Económica publicó en su página de la red social Facebook un artículo bajo el siguiente título: “Scotiabank registró 3000 cuentas de ahorros para menores de edad en una semana”. En esa misma fecha el querellado comentó desde su cuenta de Facebook lo siguiente: “Los funcionarios de ese banco tienen denuncias penales en el Ministerio Público”.

2.2. Posteriormente, el treinta de octubre de dos mil quince, el querellado, en respuesta a su propio comentario en la red social Facebook, indicó: “Para que sepan todos, el actual gerente general es investigado por fraude procesal y falsedad genérica. No le importa nada a este banco porque ofrecen sus productos a los fiscales para que no los denuncien. Queeee”.

2.3. Luego, el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, ante una nueva publicación del diario Semana Económica en su página de Facebook titulada: “Utilidad de Scotiabank creció 19 % en el primer trimestre”, el querellado, el veinte de julio de dos mil dieciséis, comentó lo siguiente: “Recordemos sus orígenes. Bco. Wiese Sudameris… la crema y nata de la corrupción depositaba en ese bco. a punto de quebrar. Ese E. Bertini recomendando a tío Vlady dónde esconder la plata”.

Precisó el querellante que se tienen como antecedentes las disputas legales existentes con el querellado desde el año dos mil ocho.

TERCERO. Fundamentos de la sentencia impugnada

La Sexta Sala Penal con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de vista, Resolución número veinticuatro, del cinco de noviembre de dos mil dieciocho (foja 547) fundamentó resumidamente lo siguiente:

3.1. En el delito de difamación calumniosa se protege el bien jurídico: honor. El sujeto pasivo de este bien jurídico puede recaer en cualquier persona física, mas no en la persona jurídica, por tratarse de una creación ficticia que solo es titular de prestigio o reputación. En el caso no se ha individualizado a los funcionarios afectados ni estos se han presentado a título personal.

3.2. En la calificación efectuada por la jueza penal de la querella formulada no se debió emitir auto admisorio dada la calidad del querellante (persona jurídica). Además, se verifica que se planteó una excepción de improcedencia de acción por el querellado, la que fue admitida a trámite pero no resuelta.

3.3. Lo expuesto constituyen irregularidades insubsanables que ameritan la aplicación del artículo 298, numeral 1, del Código de Procedimientos Penales. Queda expedito el derecho de Scotiabank para salvaguardar su prestigio y reputación en la vía legal que corresponda.

FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO

CUARTO. El objeto procesal del recurso de nulidad, por exigencia de los principios de rogación y contradicción, queda delimitado a las alegaciones de hecho y derecho expresadas en los agravios1. No obstante, previo a ingresar al análisis de los agravios expuestos por el querellante, es preciso verificar si la acción penal se encuentra vigente, debido a que la ley, ante la verificación de un ilícito penal, impone un límite temporal para el ejercicio de la acción penal; de modo que, si este se encuentra vencido, no puede existir condena.

QUINTO. La prescripción de la acción penal se erige como una institución de relevancia constitucional, cuyo sustento nos remite al fin mismo de todo estado constitucional y de derecho, esto es, a la protección de la persona, por resultar contrario a la dignidad humana que el Estado amenace, en cada caso concreto, con ejecutar su potestad punitiva sin limitación temporal alguna. Se encuentra vinculada con el contenido del derecho a la definición del proceso en un plazo razonable, el cual forma parte del derecho fundamental al debido proceso y opera como un límite al poder punitivo del Estado.

La regulación de la prescripción de la acción penal en nuestro ordenamiento legal está vinculada a la política criminal que adopta el Estado a través del órgano competente –poder legislativo o mediante facultades delegadas, poder ejecutivo– conforme con sus potestades. A la hora de regular la prescripción de los delitos, el legislador escogió ciertos parámetros objetivos, como el tipo de pena y el extremo mayor de la sanción, con el fin de procurar, de acuerdo con las características propias de cada delito, un normal desarrollo de la prosecución de la acción penal y del proceso, en caso de que llegue a ejercerse2.

SEXTO. La ley contempla los presupuestos de extinción de la acción penal3 en virtud de los cuales el Estado autolimita su ius puniendi; estas razones pueden tener como fundamento causas naturales (muerte del infractor), criterios de pacificación o solución de conflictos sociales basados en el principio de seguridad jurídica (cosa juzgada o prescripción) o razones sociopolíticas o de Estado (amnistía). En este orden de ideas, resulta lesivo a los derechos del justiciable que el representante del Ministerio Público, titular de la acción penal, sostenga una imputación cuando esta se ha extinguido, o que formule denuncia penal cuando la potestad persecutoria del Estado, por el transcurso del tiempo, se encuentra extinguida4. De conformidad con ello, si previsto el plazo no se ha podido terminar el procedimiento (prescripción de la acción penal) o imponer penas o medidas de seguridad (prescripción de la pena) en el tiempo tasado para los delitos cometidos, la ineficacia es del propio Estado, no pudiendo ser soportada por el justiciable, manteniendo en incertidumbre ad infinitum la resolución de su situación jurídica frente al delito5.

SÉPTIMO. La prescripción de la acción penal, conforme con lo previsto en el artículo 80 del Código Penal, es ordinaria, estableciéndose un plazo igual al extremo máximo de la pena privativa de libertad fijada para el delito; por su parte, el artículo 83 del citado cuerpo legal establece un plazo extraordinario, el mismo que es igual al plazo prescriptorio ordinario más la mitad. Por su parte, con respecto a la determinación del dies a quo, esto es, del comienzo del plazo de prescripción de la acción penal, se establece que: a) en caso de delitos en grado de tentativa, se cuenta desde el día en que cesó la actividad delictuosa; b) en caso de delitos de consumación instantánea, se cuenta a partir del día en que se consuman; c) en caso de delito continuado, se cuenta desde el día en que terminó la actividad delictuosa; y, d) en caso de delito permanente, a partir del día en que cesó la permanencia6.

De lo expuesto, se verifica que el análisis de la vigencia de la acción penal exige remitirnos en primer término a la descripción de cargos objeto de procesamiento, tanto en lo fáctico como lo jurídico, a fin de establecer la temporalidad del delito; así como la sanción conminada al mismo, para posteriormente realizar el cómputo respectivo de plazos.

OCTAVO. Del tenor de la imputación formulada contra el querellado Aby Jaskel Gomberoff Snaiderman, se tiene que este, mediante su cuenta de la red social Facebook, formuló comentarios falsos y ofensivos, así como la atribución de conductas penales (cohecho activo genérico) en agravio de la querellante entidad financiera Scotiabank Perú S. A. A. Así, se plantean en concreto tres momentos temporales, el veintinueve de octubre de dos mil quince7, el treinta de octubre de dos mil quince8 y el veinte de julio de dos mil dieciséis9, todas estas cometidas en respuesta a publicaciones formuladas por el diario Semana Económica en su página de Facebook.

NOVENO. Ahora bien, respecto al ilícito en cuestión corresponde indicar que esta Corte Suprema ha establecido que el delito de difamación se configura en un tipo penal de consumación instantánea, aun cuando sus efectos son permanentes en el tiempo10:

Este Supremo Tribunal, en el R. N. N.º 2525-2012, del veintidós de octubre de dos mil doce, estableció que el delito de difamación agravada se configura o consuma en el instante en que el agente realizó la conducta descrita en el artículo 132 del acotado Código, siendo dicho estadio del iter criminis independientemente de la permanencia en el tiempo que puedan mostrar sus efectos; esta circunstancia ha permitido que reiterada jurisprudencia peruana se haya referido a esta figura delictiva como delito instantáneo con efectos permanentes; sin embargo, la circunstancia de considerar al delito de difamación como un delito instantáneo de efecto prolongado no conduce a determinar su calidad de permanente.

Sin perjuicio de ello, merece evaluar caso por caso las circunstancias que rodean los hechos, pues es válidamente posible aquel escenario en el que el agente persiste y despliega actos posteriores similares en el tiempo, que representan una única manifestación de voluntad del agente penal, supuesto en que nos encontraríamos ante un delito continuado, conforme con lo normado en el artículo 49 del Código Penal, según el cual la configuración del delito continuado exige la verificación de los requisitos de pluralidad de acciones similares u homogéneas en diversos momentos, igualdad o semejanza de la norma penal afectada, unidad de sujeto activo y pasivo, así como la conexión temporal y espacial. Supuesto que se evidencia en el caso de autos pues leído el objeto de imputación postulado por el querellante, el querellado tras su primera publicación (presuntamente difamatoria) materializó dos hechos posteriores orientados bajo la misma resolución. El tenor de sus exposiciones así lo confirman.

Cabe precisar que ello no necesariamente refiere que este Tribunal Supremo coincida en la naturaleza ofensiva de lo depuesto, sino se limita, en estricto, al marco imputativo postulado por el querellante.

En tal sentido, podemos concluir que nos encontramos ante un delito continuado; por lo que corresponde tomar como punto de partida para el inicio del cómputo la fecha del último hecho desplegado, esto es, el veinte de julio de dos mil dieciséis, en atención al contenido del artículo 82, numeral 3, del Código Penal.

DÉCIMO. Establecida la temporalidad de la imputación y delimitado el momento de consumación del presupuesto fáctico incriminatorio, corresponde señalar que el régimen individualizado de prescripción de la acción penal del delito imputado en la presente causa (delito contra el honor–difamación calumniosa agravada) establece como plazo ordinario de prescripción tres años, al ser dicho quantum el de la pena máxima posible a imponer; siendo que, para establecer el plazo extraordinario de prescripción deberá añadirse la mitad de aquel, es decir un año y seis meses; que sumados resultan cuatro años y seis como plazo extraordinario de prescripción; por lo que, efectuando el cómputo respectivo desde la fecha de la postulación fáctica, esto es, veinte de julio de dos mil dieciséis, la acción penal debía prescribir el diecinueve de enero de dos mil veintiuno.

DECIMOPRIMERO. No obstante lo expuesto, se constituye en un hecho de conocimiento general que producto de la pandemia por la Covid-19 el Estado peruano adoptó un conjunto de medidas urgentes. Así, mediante Decreto Supremo número 08-2020-SA11, 020-2020-SA12 y 027-2020-SA13, se declaró estado de emergencia nacional, lo que conllevó la restricción y suspensión de diversos derechos fundamentales.

En atención a ello, el Poder Judicial mediante Resolución Administrativa número 115-2020-CE-PJ14, resolvió suspender los plazos procesales y administrativos, por el plazo de quince días calendario. Medida que fue ampliada mediante Resoluciones Administrativas números 117-2020-CE-PJ15, 118-2020-CE-PJ16, 061-2020-P-CE-PJ17, 62-2020-P-CE-PJ18 y 157-2020-CE-PJ19.20
Es de precisar que por Resolución Administrativa número 177- 2020-CE-P21 se especificó que la suspensión de plazos establecidos en los dispositivos normativos señalados ut supra, incluyen los plazos de prescripción y caducidad; así como para interponer medios impugnatorios, cumplir con mandatos judiciales, solicitar informes orales, absolver traslados, y en general incluye cualquier plazo perentorio establecido en norma legal de carácter general o específico o por mandato judicial en todo tipo de procesos judiciales. El fundamento de la precisión expuesta obedeció al estado de aislamiento social obligatorio producto de la declaración de emergencia sanitaria, lo que devino en imposible la atención en los despachos judiciales durante dicho período de tiempo. Por tanto, en el caso que convoca, dicho periodo de tiempo (cuatro meses) merece ser descontado del cómputo de plazos efectuado.
Si bien por Resoluciones Administrativas números 25-2021-CE- PJ22 y N° 000014-2021-P-CE-PJ23, se dispuso la suspensión de plazos procesales y administrativos, la naturaleza jurídica de dicha suspensión resulta disímil a la descrita en los considerandos anteriores. En este caso, las actividades jurisdiccionales y administrativas se efectivizaron y desarrollaron en el marco de la normativa implementada para al uso de herramientas tecnológicas. Así, se viabilizó el trabajo remoto, retiro de expedientes, celebración de audiencias virtuales y excepcionalmente presenciales, notificaciones electrónicas a través del SINOE, recepción de documentos mediante la Mesa de Partes Electrónica, para todas las especialidades, entre otros mecanismos que permitieron la labor jurisdiccional y el acceso del justiciable.

DECIMOSEGUNDO. Con las precisiones expuestas corresponde efectuar un nuevo cómputo del plazo de vigencia de la acción penal. Se verifica que en la presente causa se ha superado en exceso el plazo de prescripción extraordinario de la acción penal por el delito contra el honor-difamación calumniosa agravada (al diecinueve de mayo de dos mil veintiuno); operando de pleno derecho el efecto liberatorio del tiempo; razón por la que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo quinto in fine del Código de Procedimientos Penales, debe declararse la extinción de la acción penal, feneciéndose el proceso.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los jueces y juezas integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República:

ACORDARON:

I. DECLARAR EXTINGUIDA POR PRESCRIPCIÓN LA ACCIÓN PENAL seguida contra Aby Jaskel Gomberoff Snaiderman (querellado), por la presunta comisión del delito contra el honor-difamación calumniosa agravada en perjuicio de Scotiabank Perú S. A. A.; y, en consecuencia: FENECIDO el presente proceso.

II. DISPONER el archivo definitivo del proceso y MANDARON la anulación de los antecedentes generados como consecuencia de este presente y se registre.

III. Se devuelvan los autos al tribunal superior para los fines de ley y se HAGA saber a las partes procesales apersonadas en esta sede suprema.

Intervino el juez supremo Bermejo Ríos por licencia del juez supremo Prado Saldarriaga, respectivamente.


1 SALA PENAL PERMANENTE. Recurso de Nulidad número 4104-2010-Lima. Fundamento jurídico número veintidós.
2 SALA PENAL PERMANENTE. Recurso de Nulidad número 777-2019-Lima, del primero de octubre de dos mil veinte. Fundamento jurídico número 4.
3 Artículo 75 del Código Penal.
4 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente número 02407-2011-PHC/TC Lima, del diez de agosto de dos mil once. Fundamento jurídico número 3.
5 MIXAN MASS, Florencio. Cuestión previa, cuestión prejudicial, excepciones en el procedimiento penal. Trujillo: Ediciones BGL, 1999, p. 174.
6 Artículo 82 del Código Penal.
7 El querellado comentó desde su cuenta de Facebook lo siguiente: “Los funcionarios de ese banco tienen denuncias penales en el Ministerio Público”.
8 El querellado en respuesta a su propio comentario en la red social Facebook indicó: “Para que sepan todos: el actual gerente general es investigado por fraude procesal y falsedad genérica. No le importa nada a este banco porque ofrecen sus productos a los fiscales para que no los denuncien. Queeee».
9 El querellado comentó lo siguiente: «Recordemos sus orígenes. Bco. Wiese Sudameris… la crema y nata de la corrupción depositaba en ese bco. a punto de quebrar. Ese E. Bertini recomendando a tío Vlady dónde esconder la plata”.
10 SALA PENAL TRANSITORIA. Recurso de Nulidad número 819-2019-Lima, del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Recurso de Nulidad número 3414-2015-Lima, del veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis.
11 Del once de marzo de dos mil veinte.
12 Del tres de junio de dos mil veinte.
13 Del veintiocho de agosto de dos mil veinte.
14 Del dieciséis de marzo de dos mil veinte. 15 Del treinta de marzo de dos mil veinte. 16 Del once de abril de dos mil veinte.
17 Del veintiséis de abril de dos mil veinte.
18 Del diez de mayo de dos mil veinte.
19 Del veinticinco de mayo de dos mil veinte.
20 Conforme también ha precisado el fiscal supremo en lo penal mediante Dictamen número 039-2021-MP-FN-1FSP, del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno (Cfr. fundamento 3.5).
21 Del treinta de junio de dos mil veinte.
22 Del veintinueve de enero de dos mil veintiuno.
23 Del trece de febrero de dos mil veintiuno.

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